jueves, 18 de agosto de 2016

Comunicado del PDPR - EPR

AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

La magnitud del terrorismo de Estado en la actualidad se expresa en la detención-desaparición forzada por motivos políticos o sociales, la ejecución extrajudicial y el desplazamiento forzado entre otros crímenes de Estado contra el pueblo organizado y no organizado.

El terrorismo de Estado como violencia desenfrenada contra el pueblo de quienes detentan el poder es parte de la estrategia de Guerra de Baja Intensidad (GBI), que ha cobrado cientos de miles de víctimas, todas de origen popular donde no figura los personeros del régimen, tampoco apellidos de “abolengo”, integrantes de la cúpula policiaco-militar y mucho menos burgueses, oligarcas y cúpula eclesiástica. Esto evidencia el origen y carácter de clase de la violencia que se ejerce contra los mexicanos.

En esta danza macabra de violencia el mando único se revela como el encargado de organizar, ejecutar y dirigir el terrorismo de Estado y las campañas de contrainsurgencia a lo largo y ancho del país. Desde este organismo represivo se maquinan y ejecutan a diario los crímenes de lesa humanidad.

La política del terrorismo de Estado pretende minar la voluntad popular de combatir, para garantizar por todas las vías el despojo y proteger los intereses monopólicos; reprimir al pueblo organizado que lucha por sus justas demandas y al no organizado para que no ose protestar y cuestionar al régimen neoliberal, al gobierno antipopular, represivo y proimperialista. Política de gobierno que tiene por fin garantizar la continuidad del régimen de explotación y opresión.

Los crímenes de lesa humanidad, entre ellos los de la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y el desplazamiento forzado siempre han sido práctica recurrente de las dictaduras militares, los gobiernos fascistas y los gobiernos policiaco-militares con rostro “civil”, como es el caso de México.

En el país por el origen y el fin, el Estado es el único responsable de los crímenes de lesa humanidad, por lo que diluir la autoría de estos en el mítico crimen organizado y en supuestos particulares es una maniobra mediática con fines distractivos. Esa supuesta delincuencia en realidad son los grupos paramilitares creados exprofeso con participación directa de la marina, el ejército, la policía federal, las policías estatales, que se disfrazan de delincuentes, actuando todos bajo el mando único.

El año 2015 terminó sin poder ocultarse los crímenes de lesa humanidad; el 2016 lo iniciamos con la continuidad del terrorismo de Estado, comprobándose una vez más que el fenómeno es de carácter nacional porque obedece a la misma política, independientemente del partido política que gobierne.

Veracruz, con la reciente detención-desaparición de 5 jóvenes en un retén policiaco en Tierra Blanca, las fosas clandestinas de Maltrata y los cuerpos encontrados en la zona conurbada de Xalapa confirman la magnitud del cometido de los crímenes de lesa humanidad, la patente del Estado y la perversidad de utilizar dichos crímenes para dirimir sus pugnas interburguesas. Las declaraciones del señor Duarte son falsas y perversas, orientadas a procurar impunidad a los autores de los crímenes de Estado.

Guerrero, confirma lo sistemático de la estrategia contrainsurgente; ilustra el cinismo y la impunidad desde el Estado; muestra el ensañamiento hacia una población que no deja de denunciar los crímenes de lesa humanidad. Los “otros desaparecidos” han roto el muro del silencio, el temor y la censura para confirmar fehacientemente que suman miles en la entidad, si en Iguala son más de 900 detenciones desapariciones denunciadas y documentadas a parte de los normalistas de Ayotzinapa, ¿A cuánto asciende la criminal estadística con la suma de todos los municipios? prueba de que la detención desaparición forzada y la ejecución extrajudicial es política, consigna y estrategia contrainsurgente del Estado mexicano.

Morelos, las fosas clandestinas, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, así como otras expresiones del terrorismo de Estado, semasificaron y exacerbaron desde un gobierno de “izquierda” que impuso el mando único, habla de la sumisión a los intereses oligárquicos de aquellos que sin pudor político se dicen ser de la izquierda moderna, al ser gobierno se rigen por la misma esencia fascista que caracteriza al Estado mexicano.

Oaxaca, habla de la misma política de gobierno y de los amasiatos políticos de conveniencia de clase, las detenciones-desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales tienen conexión directa con la política económica burguesa para la defensa de los intereses oligárquicos, Gerardo Gutiérrez Candiani es beneficiario directo de esta política, eso explica por qué es promotor del terrorismo de Estado, ahora por su desempeño en esa lógica de violencia exige que sea premiado con la gubernatura para materializar la acumulación originaria de capital a sus intereses de grupo.

El fenómeno de la detención-desaparición forzada va de la mano del despojo violento para profundizar la acumulación originaria del capital, en donde cada ciclo los diferentes grupos y clanes oligárquicos se fortalecen con la centralización del capital y el pauperismo de las masas trabajadoras. El desplazamiento forzado obedece a estas causas y explica la ofensiva policiaco-militar-paramilitar en Guerrero, generalizar el terrorismo de Estado para garantizar la explotación de la minería.

Este es un fenómeno nacional que no han podido ocultar ni diluir el origen gubernamental, por tanto la respuesta es y debe ser nacional de todo el pueblo y sus organizaciones. Si desde el Estado se administra esta política de terrorismo con campañas mediáticas minimizando el problema en unos cuantos municipios, en unas cuantas víctimas y diluyéndolas en delitos del fuero común es para garantizar impunidad.

Es necesario destacar a los connotados promotores del terrorismo de Estado personificados en una cofradía de “sociedad civil” entre la que se erigen como ejecutores privados del estado de derecho oligárquico, para garantizar desde esta botarga los intereses del capital y sus oscuros negocios, es el caso de la señora Isabel Miranda de Wallace y el señor Alejandro Martí, quienes han hecho “justicia” con sus propias manos, en consecuencia las tienen manchadas de sangre al justificar los crímenes de lesa humanidad y al ensañarse contra los luchadores sociales, como es el caso de Nestora Salgado.

La denuncia política que desenmascare a este régimen fascista es asunto de todos los mexicanos, no debe parar, ni debe darse aisladamente, que la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy, que retiemble en su centro la tierra el llamado al combate político; rompamos todos prejuicios, ataduras, temores y censuras mediáticas para desembocar en la amplia movilización popular en donde la acción política de masas arranque al Estado de las mazmorras clandestinas a nuestros seres queridos.

Ante la indolencia gubernamental y la persistencia del terrorismo de Estado frente a las justas demandas del pueblo ¿Qué hacer? A los explotados y oprimidos sólo nos queda la unidad de todo el pueblo contra el enemigo común, desarrollando todas las formas de lucha, entre ellas la autodefensa armada de las masas y la justicia popular.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡POR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!

¡A ORGANIZAR LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA! ¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 52.

República mexicana, a 3 de febrero de 2016.

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