AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y
REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
La desaparición forzada de
personas en México es aún práctica recurrente a pesar de la promesa y discurso
presidencial; tres años del actual gobierno y el fenómeno registra día a día
nuevas víctimas.
Como en el pasado, desde el
gobierno se pretende diluir la responsabilidad en la supuesta delincuencia;
para los familiares de las víctimas de este flagelo no hay justicia y se les
niega el acceso a la verdad.
El 25 de mayo de 2007 fueron
detenidos desaparecidos nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y
Edmundo Reyes Amaya en la Cd. de Oaxaca, Oaxaca, desde esa fecha han
transcurrido 14 años de injusticia, impunidad, dilación y de ignominia, tiempo
durante el cual las desapariciones forzadas en México se cifran en cientos de
miles.
Catorce años han transcurrido con
administraciones distintas, con el denominador común de asumir la misma
política de gobierno en torno a la desaparición forzada de personas por motivos
políticos o sociales; ambas, por comisión u omisión son responsables al darle
continuidad a la política de gobierno que ejerce violencia contra el pueblo.
En el caso de nuestros camaradas,
Gabriel y Edmundo, se comprobó que el autor material e intelectual es el Estado
mexicano a través de sus agentes y el aparato policíaco militar; las
instituciones, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son
parte del entramado para impedir que se haga justicia y se conozca la verdad,
así como el paradero de nuestros militantes.
El actuar de la SCJN, como el
máximo representante del poder judicial, respecto al caso de nuestros
compañeros denota el carácter de clase por el que se conduce, es decir, le da
vida al estado de derecho oligárquico; al aplazar de manera indefinida asumir
una posición sobre el caso actúa como ente político, en los hechos se traduce
en protectora del Estado mexicano y las estructuras criminales que se encargan
de planificar y ejecutar los crímenes de lesa humanidad.
Mientras los poderes del Estado
mexicano se consumen en las diatribas político electorales, las víctimas del
terrorismo de Estado continúan sometidas al desgate, la revictimización y en la
indiferencia tanto del poder Judicial como del Ejecutivo; para la maquinaria
político electoral de la democracia burguesa todos los recursos y atención de
Estado, mientras que para las víctimas de desaparición forzada desdén y apatía.
La omisión es corresponsabilidad
en la comisión de un crimen de lesa humanidad, la SCJN ha sido omisa en
garantizar justicia y verdad a las víctimas de la violencia de Estado; el
Ejecutivo federal también incurre en dicha responsabilidad por guardar
silencio, ser omiso ante el clamor popular de la presentación de los detenidos
desaparecidos, e incluso, con la agravante de negar públicamente la existencia
de la desaparición forzada en nuestro país.
La desaparición forzada de
personas en México y la violencia de Estado que azota al país tiene explicación
en el origen criminal del Estado mexicano, éste fue construido sobre cimientos
de la traición, el asesinato político, la demagogia, el robo; su origen está en
el pasado violento, traidor, oportunista y de clase de los Madero, los
Carranza, los Obregón... amparados en el constitucionalismo burgués para
imponer sus intereses de clase.
¡Basta de simulación
institucional! ¡Basta de maniobras jurídicas! El pueblo exige justicia y
verdad; las víctimas exigen juicio y castigo a los criminales de Estado;
¡PERDÓN, NUNCA! ¡OLVIDO, JAMÁS!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS
QUEREMOS!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS
PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO
DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 57
República mexicana, a 25 de mayo de 2021
