Ayutla de los
Libres, Guerrero 7 de junio de 2021.– La masacre del El Charco perpetrada
por el ejército es uno de los crímenes más pérfidos y cobardes que han
perpetrado los militares contra padres de familia que pernoctaban en uno de los
salones de la escuela primaria indígena Caritino Maldonado Pérez. Los gritos
del general Oropeza Garnica de “salgan perros” condensaron el odio y la acción
irracional del uso de la fuerza que ha utilizado el ejército contra la
población pobre del estado de Guerrero. Estos hechos atroces se focalizaron
contra indígenas del pueblo Na Savi que han pagando con su sangre la lucha
contra la pobreza y la discriminación racial.
En la
madrugada del 7 de junio de 1998 elementos castrenses de la XXVII zona militar
arremetieron cobardemente contra los indígenas. De acuerdo con los testimonios
de las víctimas y otros datos de prueba, los militares dispararon 284 municiones
y lanzaron dos granadas de fragmentación. El saldo fue de 10 indígenas y un
estudiante asesinado, 4 adultos y un niño, heridos de gravedad y posteriormente
detenidos ilegalmente, mientras que otros 22 indígenas, cuatro de ellos niños y
una estudiante, fueron detenidos ilegalmente y torturados.
Por
estos hechos las autoridades nunca investigaron a los militares, por el
contrario, los indígenas de El Charco fueron sometidos a proceso por diferentes
cargos penales como rebelión, sabotaje entre otros. Algunos de ellos fueron
privados de su libertad. Para acallar este crimen el gobierno señaló a los
indígenas como subversivos para garantizar impunidad a los militares y encubrir
las ejecuciones arbitrarias, torturas, lesiones y detenciones ilegales que arrancaron
la vida de los indígenas.
A la
fecha el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que ha emitido un informe de admisibilidad, mientras en el plano interno las
autoridades se han mostrado indolentes ante el asunto.
Como
centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, condenamos la impunidad
en la que se encuentra el presente caso. Es inconcebible que a 23 años no se
haya iniciado alguna indagatoria ni que las autoridades locales y federales
realicen investigaciones objetivas e independientes para esclarecer el caso y
brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
Pese a
estas acciones deleznables, las víctimas y las comunidades Na Savi sobreviven
en la pobreza y marginación, sin que los gobiernos atiendan las demandas
históricas de los pueblos indígenas de Ayutla. Desde aquella fecha funesta
quedaron en la orfandad 44 hijas e hijos de los indígenas que fueron
ejecutados, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de concluir la primaria y de
encontrar un trabajo digno. El gobierno los ha condenado a sobrevivir en
condiciones deshumanizantes. Su fortaleza como hombres y mujeres de la lluvia
que se forman en el campo, ha sido la fuente de su salvación. Siguen dando la
batalla contra el oprobio y resistiendo los embates de gobiernos racistas y
etnocidas. Pese a los nuevos cambios en el gobierno federal, no se ha iniciado
un proceso de justicia transicional para el esclarecimiento de estos crímenes.
No se
puede mantener en la impunidad hechos cruentos catalogados como graves
violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones arbitrarias de los 10
indígenas y un estudiante, porque en los hechos los militares tienen licencia
para matar. Esta herida abierta se desangra a lo largo y ancho del estado con
los crímenes atroces de la guerra sucia, las matanzas y masacres perpetradas
por el instituto castrense y las corporaciones policiacas.
A 23
años de la masacre de El Charco, exigimos que se abran las investigaciones
prontas e imparciales para dilucidar estos hechos y ofrecer verdad, justicia y
reparación del daño a las víctimas. Es impostergable la
implementación de políticas públicas orientadas a resarcir los daños y proteger
los derechos fundamentales de la población indígena de Ayutla de los Libres.
ATENTAMENTE.
Centro
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
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