Más allá de la consulta, los enemigos del pueblo deben ser expropiados
En torno a la llamada
"consulta popular para enjuiciar a actores políticos del pasado"
señalamos lo siguiente.
En primer lugar sostenemos la
tesis de que todo alto gobernante del Estado mexicano es culpable. Han cumplido
y siguen cumpliendo el rol de defensores de la explotación, son los
lugartenientes de los capitalistas en la lucha de clases, han actuado y siguen
actuando como enemigos del pueblo en esa función. Es esa función y la base
económica del imperialismo la que naturalmente mueve a utilizar métodos acordes
a tal; desapariciones, masacres, asesinatos, terrorismo de estado, colusión con
el crimen organizado, despojo, tráfico de influencias, latrocinio, soborno,
corrupción, etc.
Si se está de acuerdo con el
criterio científico de que es el interés de clase que defienden el que sirve
para tener un punto de vista objetivo; y tras partir de esa generalidad adecuar
el grado de participación del individuo, y no el del criterio de la
fantasmagórica moral de sus características personales, entonces podemos notar
la primera contradicción de dicho planteamiento. La consulta para enjuiciar a
unos es simultáneamente la consulta para guardar la impunidad de otros. Es a
leguas una farsa que se enjuicie a Salinas de Gortari por el fraude de 1988 sin
enjuiciar al operador del mismo; y actual titular de CFE, Manuel Bartlett. Es a
leguas una farsa que se enjuicie a Enrique Peña Nieto por los crímenes de Lesa
Humanidad en Ayotzinapa sin enjuiciar a operadores aún más directos y hoy
intocables como el General Cienfuegos, Omar García Harfuch, y el magnificado
Ejército Mexicano, etc. Es a leguas una farsa que se enjuicie a Ernesto Zedillo
por el FOBAPROA que endeudó terriblemente a todo el pueblo mexicano para
beneficio estricto de los banqueros y que no se enjuicie a los banqueros
beneficiados; es más se les premia colocando a la consejera de Banorte en la
Secretaría de Gobernación. Y así, ad nauseam pudiéramos continuar. Ninguno de
los crímenes contra el pueblo fue infligido a título individual y su ejecución
misma presupone una fuerza organizada, misma que debe ser sometida y
desmantelada.
En segundo lugar y derivado de la
primera, sostenemos la tesis de que ningún juicio es serio sin enjuiciar al
beneficiario del crimen contra el pueblo y sin restituir el daño. Si solo
existieran los Presidentes como una fuerza externa y sobrepuesta a la sociedad;
como se presenta en la tesis de los responsables personales, la lucha general
de "toda la sociedad" contra dichos individuos y sus allegados sería
de fácil y sencilla resolución para zanjar. La realidad es sin embargo
distinta, la realidad es que no existe una "sociedad toda" como tal
ni los gobernantes le son exteriores, existen clases en pugna y es la clase que
domina económicamente la que monta su aparato estatal, y éstos individuos los
que encabezan sus juntas de administradores, sucediéndose conforme la lucha
requiere de métodos más o menos sanguinarios, más o menos demagógicos, conforme
el ciclo del capital está en expansión o en crisis. Los beneficiarios de las
políticas de las 3 décadas que se ponen en la picota con la llamada Consulta
son ocultados, y esto es lo más grave y central. No serviría privatizar si no
hubiera como precondición un privado que reciba el bien público en calidad de
nuevo capital acumulado. No es factible el planteamiento de que existen quienes
venden en calidad de mercancía su voluntad expresada como votos del poder
legislativo, fallos del poder judicial, órdenes del poder ejecutivo, etc., sin
existir simultáneamente compradores de dicha mercancía. Es culpable el
funcionario público enriquecido durante los 3 o 6 años de su encargo, lo son
aún más en calidad de autores intelectuales y beneficiarios principales los
capitalistas beneficiados por 30 o 60 años de acumulación a partir de dicho
acto.
La consulta para enjuiciar a los
actores políticos es la consulta para ocultar a los beneficiaros económicos.
Éstos ahí siguen con nuevos operadores, a saber los actuales gobernantes. Carlos
Slim, Emilio Azcárraga, Salinas Pliego, etc., los capitalistas son los
beneficiarios máximos de todos esas gestiones criminales y la actual gestión
criminal. Los 72,000 desaparecidos y 350,000 asesinados bajo Calderón, Peña
Nieto y Obrador son el corolario de la acumulación capitalista donde la
burguesía de traje y la de cuerno de chivo se entrelazan financiera y
políticamente con sus gobernantes de turno. Ninguna justicia pudiera si quiera
de lejos ostentarse como tal señalando solo a uno o dos de los responsables
materiales sin señalar a los responsables intelectuales, sin restituir el daño.
La restitución del daño; y en esto vamos a insistir es la expropiación a los
beneficiarios de los crímenes contra el pueblo. A la fecha ninguna de las más
de 1100 empresas privatizadas ha sido expropiada, estatizada, nacionalizada,
socializada, lo arrancado a la soberanía popular no le ha sido ni se plantea
devolver. Ni Telmex, ni Altos Hornos, ni las mineras, ni la banca privatizada,
etc. Al contrario; partiendo de dicha tesis podemos señalar también el carácter
criminal de la actual gestión que antepuso las ganancias de los capitalistas a
las vidas obreras en el manejo de la pandemia al costo de un cuarto de millón
de fallecidos al momento, la inmensa mayoría trabajadores.
En tercer lugar sostenemos la
tesis de que el pueblo ya ha emitido un fallo en este rubro. Es una verdad
reconocida el que el sentido de la votación del 2018 fue en favor del castigo a
tales enemigos del pueblo del pasado, un acto que ni inició ni concluyó la
lucha contra ellos. Ya el fallo del pueblo está fundamentalmente dado, años de
luchas callejeras, levantamientos, choques masivos, expresan dicho sentido. Esa
ira justa que motiva a no pocos proletarios a participar la entendemos. La
entendemos porque esos enemigos del pueblo que tienen cuentas pendientes en lo
general, tienen también cuentas pendientes con los comunistas de este país a
quienes nos deben la sangre de nuestros muertos y desaparecidos en Guerrero y
Tamaulipas. Pero no se trata solo de simpatía, sino de reconocer lo que no se
reconoce en la consulta. Esa ira es el resultado natural de todo lo que los
administradores de la burguesía llevan a cabo para sostener la acumulación de
nuestros patrones, que en México el sistema supura lodo y sangre a cantidades
bárbaras todos los días y el objetivo de la consulta no es acabar con lo que
origina la ira de la clase trabajadora, sino de confundirla, apaciguarla,
ofuscarla, y alejarla de encontrar una solución satisfactoria. De ahí que en lugar
de que el poder constituido supuestamente con tales votos cumpla con el sentido
del mandato para el que se le dio la mayoría absoluta en todos los niveles de
gobierno por parte de sus apoyos populares; pues era una de sus banderas de
campaña, se entrega una consulta en términos oscuros, equívocos, etc.
La consulta no va acorde con el
veredicto popular, le pone un serio obstáculo. Básicamente se pide que se le
ratifique con una votación similar y ampliada a la del 2018 a Morena a cambio
de iniciar "pesquisas" y "procedimientos" contra algunos de
los funcionarios del pasado; salvando a otros funcionarios civiles y militares,
y encima ignorando a los beneficiarios de dichos enemigos del pueblo. A
diferencia de las campañas electorales donde; aún de manera marginal, pudiera
caber la posibilidad de presentar una plataforma en el mero interés de
confrontar con ella a las fuerzas políticas burguesas, en este ejercicio se
presenta un falso dilema una verdadera jaula para atrapar nuestra posición
política. O con los funcionarios enemigos del pueblo que siguen en sus mismos
partidos de origen o con los funcionarios enemigos del pueblo que se afiliaron
al nuevo Partido gestionador de la explotación. Se pide enjuiciar a los
administradores pero legitimar lo administrado, la explotación.
Por todo lo anterior no
participaremos de dicha consulta. El sentido de nuestra propaganda y agitación
en los siguientes días será en el sentido de que es necesario expropiar para
enjuiciar a los enemigos del pueblo y castigar a todo el que participó y
participa como su operador estatal. Para lograr esa justicia que va más allá de
encarcelar a los presidentes, y muchísimo más allá de pretender que se hace, se
requiere de un Nuevo Estado, un Estado de los trabajadores. Que somos partidarios
de que los bienes mal habidos que la burguesía arrebató bajo el manto de tales
funcionarios le sean arrebatos a su vez para ponerlos a disposición de las
necesidades de la clase obrera y el pueblo.
¡Proletarios de todos los países,
uníos!
El Buró Político del Comité
Central del Partido Comunista de México
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