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YUNQUELAND ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.
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lunes, 27 de julio de 2009
OPINION Y VARIAS DEL POR ESTO!!!
Juicio contra 19 Zetas en Estados Unidos
Tras años de espionaje telefónico, los servicios de inteligencia de Estados Unidos llevan a juicio a 19 integrantes de Los Zetas –el brazo armado del cártel del Golfo, autonombrado La Compañía–. La copia de la acusación del gobierno federal estadunidense revela las entrañas de esta organización criminal, considerada la más violenta del país
Washington, Estados Unidos. Después de varios años de estudio e investigación, las agencias de inteligencia de Estados Unidos han logrado obtener información precisa de cómo funcionan Los Zetas, cómo están organizados, cómo le llaman a su banda, cuánto le pagan a los servidores públicos y qué ocurre cuando la policía estadunidense les confisca cargamentos de cocaína y marihuana.
Desde junio de 2006, los servicios de inteligencia de Estados Unidos han logrado seguir paso a paso los movimientos de Los Zetas, ahora agrupados bajo el nombre de La Compañía. Según la acusación del gobierno federal de Estados Unidos en una corte federal de Washington contra 19 integrantes de Los Zetas, esta organización criminal está encabezada por un “triunvirato”, integrado por Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta y hermano de Osiel Cárdenas; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el Cos, el Doble X o el Dos Equis, y por Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca o el Licenciado.
El documento indica que Los Zetas operan orgánicamente como La Compañía y que han desarrollado contactos para el abastecimiento de cocaína desde Colombia y Venezuela. Las operaciones registradas en el documento van desde Panamá hasta McAllen, Texas, en una ruta que abarca Chiapas, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas.
El primer miembro relevante de la organización en ser vigilado es Sigifredo Nájera Talamantes, el Canicón, Chito, Chito Can, Chito Canico o Chito Canicón. Según los informes de inteligencia, los negocios de Nájera con La Compañía comenzaron a ser registrados desde el 5 de junio de 2006. Ese día, Nájera, que entonces tenía 21 años, compra a Los Zetas 15 kilogramos de cocaína al precio de 13 mil 500 dólares por kilo. Nájera paga a La Compañía 202 mil 500 dólares.
Casi tres semanas después, el 18 de junio, Nájera vuelve a comprar otros 13 kilogramos de cocaína y paga 135 mil dólares. El 20 de julio, Nájera paga 270 mil dólares por otros 20 kilogramos del mismo material. Un mes después, el 17 de agosto, el Canicón vuelve a comprar otros 20 kilos, según los datos de inteligencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Desde entonces, los movimientos de Nájera parecían ser vigilados paso a paso por los agentes estadunidenses, según consta en evidencias presentadas ante la corte federal. Al año siguiente, Nájera transporta un cargamento de 300 kilogramos de cocaína que supuestamente pertenecía a Miguel Treviño Morales, el Z-40, uno de los presuntos líderes de más relevancia en la estructura intermedia de Los Zetas. La operación implica mover el cargamento de Río Bravo hasta Miguel Alemán, Tamaulipas, y queda registrada en una conversación telefónica interceptada entre Treviño y González Durán.
El 17 de agosto de 2006 Treviño Morales habla por teléfono con Jaime González Durán, alias el Hummer. Treviño le explica que los bonos se pagan según la “plaza” y la antigüedad de los miembros en La Compañía. En una segunda llamada telefónica, el mismo día, el Hummer le pide a Treviño un cargamento de marihuana. El Z-40 le dice que le puede dar 200 toneladas, pero González Durán le dice que sólo necesita 100 toneladas.
Para mayo de 2007, los agentes ya habían logrado interceptar las llamadas telefónicas de Antonio Ezequiel Cárdenas, Tony Tormenta. En una conversación telefónica interceptada el 1 de mayo del mismo año, Cárdenas discute con Samuel Flores Borrego, alias Tres o Metro Tres, la recolección de un cargamento de 300 kilogramos de cocaína enviados a McAllen, Texas. Flores Borrego era uno de los hombres más cercanos a Osiel Cárdenas. En 2001, el diario El Norte, con sede en Monterrey, lo mencionó como un expolicía municipal encargado de la seguridad de las casas de Cárdenas en Matamoros.
Según las evidencias presentadas ante la corte federal estadunidense, Flores Borrego se habría convertido en un hombre crucial para las operaciones de La Compañía. Entre otras labores, habría funcionado como el responsable de abrir contactos con cárteles colombianos y de brindar información de inteligencia sobre las operaciones del gobierno mexicano contra Los Zetas.
La interceptación de 37 llamadas telefónicas de Flores Borrego fue crucial para que los agentes estadunidenses desmenuzaran las operaciones de La Compañía. En esas llamadas, Flores habría discutido con Jorge Eduardo Costilla, Ezequiel Cárdenas y Miguel Treviño el traslado de narcóticos en la región fronteriza, la entrada de cargamentos de droga a Texas, la imposición del “derecho de piso” a los narcos que usan el territorio controlado y la expansión de contactos en Colombia para el abastecimiento masivo de cocaína.
El análisis de las evidencias presentadas ante la corte federal de Washington nos arroja otro dato importante: los agentes fueron capaces de registrar conversaciones personales y espiar las reuniones entre los principales líderes de La Compañía.
El 7 de junio de 2007, por ejemplo, los agentes estadunidenses registran una reunión de los principales capos de Los Zetas para discutir la estrategia de transporte y comercialización de cocaína y marihuana. Al día siguiente, los agentes registran una reunión entre Jorge Eduardo Costilla y Flores Borrego sobre el decomiso realizado por policías de Texas de 2.7 millones de dólares en efectivo en un camioneta deportiva Chevrolet Avalanche con placas de Tamaulipas.
Algunos detalles de las grabaciones podrían revelar también pormenores importantes de la corrupción en México. En una conversación telefónica interceptada el 8 de mayo de 2007, Mario Ramírez Treviño, alias el Mario Pelón o X-20, y Flores Borrego discuten la aprobación de Costilla para disponer de 2 millones de dólares para sobornar a funcionarios mexicanos.
Con las evidencias acumuladas, es posible que Estados Unidos pueda lograr la extradición de algunos de los 19 coacusados en la causa abierta en Washington, DC. Sin embargo, es posible que el Departamento de Justicia tenga que aclarar posteriormente si entregó o no al gobierno mexicano copia de toda la información y evidencias que tenía sobre Los Zetas desde 2006. Si no lo hizo, entonces el gobierno estadunidense tendría que explicar cuál fue la razón poderosa para guardar esta información y esperar hasta 2009 para entregar esas evidencias ante una corte estadunidense. Si la entregó a tiempo, el gobierno del presidente Felipe Calderón tendría que explicar por qué tardó meses o años en detener a algunos líderes de La Compañía.
En esos tres años, La Compañía logró expandir sus operaciones en Estados Unidos, México y Centroamérica. Casos de ejecución en Buenos Aires, Argentina, apuntan la posibilidad de que La Compañía haya llegado a Suramérica en búsqueda de países con regulaciones débiles del mercado de los precursores químicos para producir metanfetaminas.
Además de la creación de contactos con abastecedores de cocaína en Colombia y Venezuela, La Compañía ha extendido el negocio de la extorsión a la “frontera chica”, como se le conoce al corredor Nuevo Laredo-Matamoros, Monterrey, Nuevo León, Saltillo, Coahuila y regiones vastas de San Luis Potosí. La extorsión llegó a ser indiscriminada y alcanzó, incluso, a vendedores ambulantes de paletas en las calles de Reynosa.
El enfrentamiento con el Ejército –la institución de la que desertó el grupo de 31 fundadores originales de Los Zetas– ha ido creciendo y se ha vuelto más cruento. Algunos de los miembros de esa organización criminal, cuyo nombre aparece en el caso ante la corte federal estadunidense, están a su vez acusados en México del degollamiento de nueve soldados en Monterrey, Nuevo León, en octubre de 2008; el atentado contra el consulado de Estados Unidos en esa ciudad el 12 de octubre de 2008; el ataque a las instalaciones de Televisa el pasado 6 de enero de 2009, y de la ejecución del general de división Mauro Enrique Tello Quiñones, ocurrida el 3 de febrero del mismo año en Cancún, Quintana Roo.
Es evidente que la información de inteligencia recopilada desde 2006 fue muy precisa y podría servir para levantar un caso judicial sólido en la corte federal estadunidense. Sin embargo, la existencia de esa información tuvo un impacto muy limitado en las operaciones contra Los Zetas en México. Fue muy grande la distancia en tiempo entre la obtención de los datos de inteligencia y la integración de la acusación en Washington.
La rapidez con la que han escalado las operaciones del narcotráfico obliga a pensar en la necesidad de una nueva política de inteligencia binacional que haga posible detener a los narcotraficantes antes de que desarrollen su máximo potencial de violencia. Retrasar esa política ha tenido un alto costo en vidas de civiles, policías y soldados.
*Especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington
Pemex: muertes y pérdidas por contaminación
A seis meses del plazo que la Norma Oficial Mexicana 86 le impuso a Pemex para vender diésel bajo en azufre en las principales ciudades del país, la paraestatal estima cumplir con la normatividad hasta 2015. Más muertes y pérdidas millonarias, entre las consecuencias del incumplimiento, prevén organizaciones defensoras del medio ambiente. En un año, cuenta la OMS, 7 mil mexicanos pierden la vida a causa de la contaminación por combustibles
Al año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación por gasolina y diésel altos en azufre ocasiona 7 mil muertes en México. Publicada el 30 de enero de 2006, la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, Especificaciones de los Combustibles Fósiles para la Protección Ambiental, obliga a Petróleos Mexicanos (Pemex) a vender diésel limpio a partir de enero de 2009 en la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y desde septiembre, a nivel nacional.
Hasta la fecha no se ha cumplido. La paraestatal se ha fijado un nuevo plazo hacia finales de este año. Su subsidiaria Pemex Refinación reporta un costo de ejecución de 4 mil 683 millones de dólares –62 mil 284 millones de pesos a un tipo de cambio de 13.3 pesos por 1 dólar–; no obstante, asociaciones civiles advierten que el costo puede ser mayor.
Unidas en la campaña “El diésel sucio mata”, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Colectivo Ecologista Jalisco (CEJ), el Instituto de Transporte y Desarrollo de Políticas (ITDP) y la Red por los Derechos de la Infancia en México señalan que cada día de retraso significa la muerte de 19 mexicanos por enfermedades agravadas por la contaminación del aire. Con base en cifras de la OMS, desde el 1 de febrero (fecha en que Pemex debió comenzar la distribución de diésel limpio) y hasta el 14 de julio se contarían 3 mil 126 muertes.
“Las emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas a la atmósfera –dispone el Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera–, que se generen por fuentes móviles, no deberán exceder los niveles máximos permisibles de emisión que se establezcan en las normas técnicas ecológicas”.
En 2006 se etiquetaron cerca de 3 mil 600 millones en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para la reconfiguración y transformación de plantas que produzcan combustibles limpios. Bajo ese contexto, la NOM-086 ordena que en azufre la gasolina Pemex Premium contenga entre 30 y 80 partes por 1 millón.
Para octubre de 2008, en las zonas metropolitanas del valle de México, Guadalajara y Monterrey, la gasolina Pemex Magna tendría que reducir sus niveles de 300 promedio, 500 máximo a 30 promedio, 80 máximo. En el resto del país, el requisito debía ser cumplido en enero de 2009.
Puesto que Pemex Diésel contiene 500 partes de azufre por 1 millón, la disposición obliga a que se reduzca a 15 partes por 1 millón como máximo en la zona fronteriza norte, en enero de 2007; en las zonas metropolitanas del valle de México, Guadalajara y Monterrey, en enero de 2009, y en el resto del país, en septiembre de 2009. Para la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, los combustibles con más de 15 partes de azufre por 1 millón son inadmisibles.
La norma entraría en vigor 60 días después de su publicación. Según lo estipulado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) podría prorrogar hasta por 180 días las fechas previstas para cumplir con las especificaciones de azufre, siempre que los responsables demostraran 30 días después de la publicación que no pueden cumplir por causas ajenas a su voluntad.
El Centro Mario Molina estima que en México cerca de 8 millones de vehículos utilizan diésel alto en azufre. Los vehículos con este tipo de combustible expulsan hasta 100 veces más partículas, y de cinco a seis veces más óxidos de nitrógeno que aquéllos que funcionan con gasolina.
De acuerdo con el Consejo Internacional sobre los Transportes Limpios, este tipo de partículas son especialmente peligrosas porque su tamaño permite una penetración más profunda en pulmones y corazón, y contienen nitrobenzantrona, elemento considerado altamente cancerígeno.
El INE pronostica que si el 20 por ciento de los 700 mil vehículos nuevos utilizara el combustible alto en azufre, para 2020 se habrán emitido a la atmósfera 4 mil toneladas adicionales de partículas.
La Red por los Derechos de la Infancia en México estima que cuatro de cada 10 niños en México viven en atmósferas contaminadas. Las enfermedades respiratorias agudas están entre las principales causas de muerte y hospitalización en menores de cinco años; la tasa de mortalidad es de 28.7 por ciento. De 1998 a 2002, las infecciones se incrementaron de 7 mil 500 a 8 mil 100 por cada 100 mil niños de cero a cuatro años.
Respuesta insuficiente
Casi un año después de publicada la NOM-086, el Cemda, CEJ, ITDP y México Solar enviaron una carta a Felipe Calderón Hinojosa para solicitarle su cumplimiento, el respeto al calendario y que se hicieran públicos los avances realizados en el tema. El 6 de diciembre de 2007 el entonces secretario particular del presidente, César Nava, respondió que el asunto sería remitido a la Semarnat.
Ramón Torres Flores, director general de Energía y Actividades Extractivas de la Semarnat, señaló, el 14 de enero de 2008, que el calendario de la NOM-086 se cumplía puntualmente. En circular para las organizaciones, responde que el diésel UBA (Ultra Bajo en Azufre) se surte en la frontera norte del país. A la par que la gasolina Premium distribuida en el territorio nacional cumplía con esa característica.
Argumenta que reducir el contenido de azufre involucra formidables inversiones: “Su remoción implica adecuar y modernizar la infraestructura de procesamiento de nuestras refinerías, lo que trae una significativa movilización de recursos y amplios plazos para la preparación y ejecución de los proyectos de inversión”.
A las restricciones, el servidor público suma la escasez del mercado internacional de combustibles UBA y la imposibilidad de las instalaciones para importarlos y distribuirlos. No obstante, expone, “diversas dependencias del gobierno federal y, desde luego, Petróleos Mexicanos participan activamente en estas tareas a fin de cumplir con ellas”.
Frente a la falta de respuesta, Cemda, CEJ, ITDP y México Solar solicitan audiencia con Calderón Hinojosa el 4 de marzo para conocer el estatus del proceso de reconversión de infraestructura para la refinación de combustibles limpios. En la misiva enviada a la Presidencia de la República dicen no tener información respecto de la inversión que le permita a Pemex cumplir con la normatividad.
El 30 de abril, después de una reunión con Antonio Álvarez Morenos, subdirector de Seguridad y Protección Ambiental de Pemex Refinación, califican de parciales e insuficientes las acciones del gobierno federal para cumplir con la NOM-086.
El servidor público les confirma que se evalúa hacer cambios a las fechas previstas y que la paraestatal únicamente podría introducir diésel bajo en azufre para transporte público y flotillas controladas en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.
“Lo anterior –señalaron en un boletín– ataca únicamente el 15 por ciento de las partículas suspendidas que se emiten a la atmósfera, pero deja de lado las de vehículos pesados de carga que aportan más de 50 por ciento de esos contaminantes”. El 6 de mayo la Presidencia de la República remite la petición de audiencia al Instituto Nacional de Ecología.
Avances escasos
En un comunicado emitido en febrero sobre su Programa de Mejoramiento de la Calidad de los Combustibles, Pemex anota como hecho relevante el que desde 2006 se distribuye la gasolina Premium UBA en todo el país.
Desde enero de este año, las zonas metropolitanas del Distrito Federal y Monterrey ya cuentan con gasolina Pemex Magna UBA, mientras que Guadalajara contó con ella a finales de febrero. Nueve de cada 10 litros de gasolina que se consumen en México corresponden a gasolina Magna. Según cálculos de Pemex, en 2008 se vendieron 792 mil barriles diarios, de los que sólo el 11 por ciento fue de Premium.
También que en 2008 se iniciaron las licitaciones para la construcción de nueva infraestructura para producir la gasolina Pemex Magna UBA, que servirá para producir 75 mil barriles diarios. Para completar el volumen requerido para las tres principales ciudades y zonas fronterizas, Pemex Refinación importará 110 mil barriles por día. La distribución en el resto del país se dará de manera gradual.
Por lo que se refiere al Pemex Diésel UBA, indica que se vende en la frontera norte desde 2007, y desde 2009, en Monterrey y en el Sistema Metrobús del Distrito Federal. El suministro total para Guadalajara y la zona metropolitana del valle de México concluirá a finales de 2009. Para los demás estados, asegura la paraestatal, también se dará de forma gradual.
Agrega que el Programa de Mejoramiento de la Calidad de los Combustibles considera la construcción de 22 plantas: cuatro serán hidrodesulfuradoras, cuatro de hidrógeno, y tres para el tratamiento de azufre. Se modernizarán, además, otras 18 platas de destilados intermedios que permitirán el desarrollo de nuevos combustibles. En fases subsecuentes, pronostica, se incrementará la producción interna de combustibles UBA mediante la modernización de las instalaciones del sistema nacional de refinación.
No obstante, las organizaciones consideran que los avances que dice tener Pemex no constituyen el cumplimiento de la NOM-086; por el contrario, este cumplimiento parcial, observa Tania Mijares García, directora del Programa de Aire y Energía del Cemda, impide la introducción de nuevas tecnologías en transporte y el establecimiento de normas más estrictas en materia de eficiencia vehicular: “Nos resta competitividad frente a los socios comerciales y el país queda rezagado”.
Problema de salud pública
Al proyectar las consecuencias de un posible retraso de tres años de la NOM-086, el Instituto Nacional de Ecología (INE) asegura en un oficio, dirigido al entonces secretario particular de Felipe Calderón, César Nava, que los beneficios perdidos sumarían 4 mil millones de dólares. En la circular, fechada el 25 de junio de 2008, previene que según los estudios realizados durante esa demora, podrían evitarse 10 mil muertes prematuras, 30 mil casos de bronquitis crónica, 2 millones de días de trabajo perdidos y 15 millones de días de actividad restringida.
Tania Mijares García expresa que Pemex no puede estar por encima de la ley: “Si incumple la NOM-086, debe ser sancionado y obligado a publicar el nuevo calendario de introducción de estos combustibles a la brevedad”. Refiere que en una reunión celebrada con Pemex Refinación en abril de 2008 les explicaron que el calendario de la NOM-086 se negoció de una manera no adecuada y que sería difícil cumplir con los plazos.
La activista advierte que, según lo dicho por la paraestatal, la NOM-086 podría cumplirse hasta 2015, lo que significaría un atraso importante en eficiencia energética, protección al medio ambiente y seguridad de los mexicanos.
Indica que la Norma Oficial Mexicana es una herramienta jurídica muy noble, pues invita al sujeto obligado a participar en su creación. De esta forma, las fechas incluidas fueron propuestas y acordadas por Pemex y las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, Energía y Economía.
Para la activista, la falta de cumplimiento es reflejo de un problema de fondo en la planeación de la administración pública, pues falta comunicación de una oficina gubernamental a otra, e información de un sexenio a otro. Sin embargo, añade, la ignorancia no puede eximir de la responsabilidad.
No obstante, no debería haber un solo mexicano afectado, sostiene, pues ya existe la tecnología y el combustible para evitarlo; un retraso así significa más problemas de salud pública y más daños al ecosistema, por el aumento de lluvia ácida y el sobrecalentamiento global.
Opina que, pese a que el gobierno federal entiende que el tema es prioritario, organismos como la Semarnat se han centrado en promover negocios sustentables e inversiones verdes por encima de la protección al medio ambiente: “Falta concretar ese entusiasmo presidencial en verdaderas acciones de cuidado al medio ambiente”.
El director del Programa de Movilidad del Colectivo Ecologista Jalisco, Mario Silva, subraya que el tema del diésel limpio es una estrategia de salud pública: “Hablamos de 7 mil muertes que pueden ser evitadas y no se cuantifican los daños. Mientras los gobiernos estatales y federal se paralizan por problemas como la influenza humana, no se atiende un problema así de salud pública. No es sólo que el medio ambiente goce de una mejor calidad, sino de garantizar condiciones más óptimas para que la población no se enferme”.
En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, describe, es evidente que no existen tecnologías ni combustibles adecuados para reducir las emisiones en la zona metropolitana en Guadalajara. Los habitantes respiran 327 gramos de contaminantes todos los días. En días de doble contingencia ambiental, la ciudad ha superado en niveles de ozono al Distrito Federal. Y es que del total de transporte público, 4 mil 500 unidades, solamente 41 podrían aprovechar el diésel UBA.
Cuestiona que, mientras a nivel local hay un esfuerzo por hacer funcionar sistemas de transporte colectivo de calidad, como el Macrobús, a nivel federal no es prioritaria la introducción de combustibles limpios.
Sólo para ese sistema de transporte se contrata a particulares que suministren el diésel limpio. Para el ambientalista, hay disposición de los gobiernos locales, pero el obstáculo está en los procesos internos de Pemex.
“El incumplimiento de la norma no sólo está en el calendario sino en su relación intergubernamental con los gobiernos locales. Ellos han presionado al sector del transporte a adquirir tecnología, pensando que Pemex cumplirá con la distribución y no hay condiciones para satisfacerla”.
Observa que les han estado dando largas y tampoco se ha cumplido con hacer pública la información de diésel UBA a la flota controlada en las tres principales ciudades del país. Ha sucedido a cuentagotas, comenta Mario Silva, y no es suficiente: “Lo que está en el fondo es una estrategia para aletargar el proceso. No queremos que los gobiernos locales se desistan porque Pemex no ha cumplido”.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aceptó que hubo un incumplimiento a la NOM-086, lo que podría originar una multa o sanción contra la paraestatal.
Razones para cambiar a combustibles bajo en azufre
La contaminación del aire urbano mata (800 mil personas mueren en el mundo según la OMS)
Los vehículos son la fuente más importante de contaminación del aire urbano y la mayor fuente de partículas suspendidas
Casi el total de mortalidad es atribuida a las partículas de diésel
Altas concentraciones de ozono causan impactos severos en la salud
Existen tecnologías rentables para reducir las emisiones vehiculares
Los costos son bajos, alcanzables, y los beneficios son mayores
Aminoran la contaminación
Fuente: Consejo Internacional sobre los Transportes Limpios
México favorece y es vulnerable al cambio climático
México ocupa el lugar 15 a nivel mundial en emisión de gases de efecto invernadero, es decir, genera el 1.5 por ciento de contaminantes atmosféricos a nivel mundial. En la actualidad produce 643 millones de toneladas de dióxido de carbono, 14 por ciento más que en 2002. Cada habitante emite 3.7 toneladas.
Según el reporte Cambio climático del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el 73 por ciento de la producción de energía eléctrica se debe a hidrocarburos o combustibles fósiles. Los usos energéticos del país muestran una dependencia de los hidrocarburos de casi 90 por ciento.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece, como eje rector para alcanzar un desarrollo humano sustentable, la administración eficiente y racional de los recursos naturales. Incluye así a la política de cambio climático como necesaria para fomentar la eficiencia en la generación y uso de la energía, el uso de tecnologías de bajas emisiones en los procesos industriales, la deforestación y reducir las emisiones de otros gases de efecto invernadero.
Con el Programa Especial de Cambio Climático, anunciado el 9 de junio, México se comprometió a reducir la emisión de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono para 2012.
Dunia Ludlow Deloya, en su artículo “Efectos del cambio climático”, contenido en el informe, advierte que a la vez que México incide en el cambio climático, es uno de los países más vulnerables.
Un aumento de entre 3 y 5 grados centígrados –según proyecciones del Instituto Nacional de Ecología– ocasionaría sequías en el 50 por ciento de las tierras cultivables. Además, un clima más cálido de 2 a 4 grados centígrados para el periodo 2020-2080; reducción de las precipitaciones entre 5 y 15 por ciento; disminución del 10 por ciento en la disponibilidad del agua; aumento del nivel del mar de 1 a 5 metros, y el incremento en la extinción de mamíferos, aves y mariposas.
“La falta de crecimiento económico, la desigualdad, la existencia de marcos legales deficientes y las presiones demográficas –abunda– son factores que elevan la vulnerabilidad de nuestra población ante la variabilidad climática y los eventos hidrometeorológicos extremos”.
La situación traería consigo además problemas sociales y de salud pública: enfermedades como los golpes de calor, dengue, paludismo; enfermedades transmitidas por agua y alimentos. Frente a problemas de inundación y hambruna puede suscitarse un movimiento migratorio importante del campo a la ciudad. Ello se traduciría en desempleo, marginación y hacinamiento.
En el aspecto económico, además de las pérdidas causadas por desastres naturales, habría caídas en el sector agropecuario y turístico. Cierres de puertos y daños de rutas de transporte impactarían en el comercio interno y externo.
Por todo ello, Ludlow Deloya propone que se aprueben leyes y presupuestos para poner en marcha proyectos de energía renovable; que se apoye al campo con fertilizantes libres de dióxido de nitrógeno y sistemas de irrigación eficientes; que se orden el uso de suelo, y ser conscientes sobre qué y cuánto se consume. (PM)
El modelo del espionaje estadunidense
El Programa de Vigilancia del Presidente, que operó en Estados Unidos de 2001 a 2007, rompió el equilibrio entre la protección a la seguridad nacional, el respeto a los derechos humanos y las libertades civiles, consideran analistas. En México, persiste el riesgo de que el combate a amenazas como el narcotráfico perpetúe las violaciones a los derechos humanos y se amplíen indiscriminadamente los poderes presidenciales, advierten especialistas
La evaluación exagerada de una amenaza contra la seguridad nacional condujo a la administración de George Bush, desde el 11 de septiembre de 2001, a realizar actividades de vigilancia, como la intercepción de comunicaciones personales de ciudadanos estadunidenses y de extranjeros, que no siempre fueron legales y que se ocultaron al Congreso, refiere el Informe desclasificado sobre el Programa de Vigilancia del Presidente, realizado en julio pasado por los inspectores generales de los departamentos de Defensa, de Justicia, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), la Agencia Nacional de Seguridad y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.
El informe generó un intenso debate en el Congreso estadunidense. En México se aplica el mismo paradigma: exagerar deliberadamente las amenazas a la seguridad nacional, con la consecuente erosión de las libertades civiles, precisa Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del Centro de Política Internacional.
José Rosario, coordinador de comunicación y análisis del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aprecia que, cuando el Estado mexicano decidió atender otras amenazas que magnificó como el terrorismo –que no es un riesgo real– y fue incapaz de responder y combatir amenazas verdaderas contra los ciudadanos, como los efectos negativos de la globalización económica que se han traducido en desempleo, surgió la percepción de una mayor incertidumbre. Esa situación genera mayor exigencia ciudadana por la seguridad, incluso a cambio de ceder algunos espacios o libertades civiles, opina.
Coincidente con ambas visiones, el Programa de Vigilancia del Presidente (PSP, por sus siglas en inglés) –número de código 2009-0013-AS, desclasificado en Estados Unidos el pasado 10 de julio– explica que, en términos legales y constitucionales, lo más importante es mantener el equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto a la vida, las libertades civiles y los derechos de los ciudadanos.
El documento de 43 páginas indica que en las semanas que siguieron a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el presidente George Bush autorizó a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) conducir un programa clasificado para detectar y prevenir otros ataques contra Estados Unidos, que se conoció como Programa de Vigilancia al Terrorismo. Como parte de ese programa secreto, se aprobaron “diferentes actividades de inteligencia” a través de las llamadas autorizaciones presidenciales, que se renovaban cada 45 días con ciertas modificaciones.
Una de las actividades autorizadas como parte del PSP fue la intercepción de las comunicaciones dentro y fuera de Estados Unidos, “cuando había una base razonable” para concluir que una parte de la comunicación era “un miembro de Al Qaeda o de organizaciones terroristas relacionadas”. Aunque este aspecto del programa fue admitido públicamente por los funcionarios de la administración de Bush en distintas ocasiones, el fiscal general reconoció también con posterioridad que se realizaron otras actividades de inteligencia que aún permanecen clasificadas. Esas intercepciones comenzaron después del 11 de septiembre de 2001 y continuaron hasta el 17 de enero de 2007.
En estas tareas participaron –además de la NSA, que coordinaba la recolección y la difusión de información de inteligencia– el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia; la Agencia Central de Inteligencia, que recibía informes de inteligencia como consumidor del PSP, y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, así como el Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC, por sus siglas en inglés), en el análisis y posible investigación de esos materiales.
Además del FBI, también tuvieron injerencia otras instancias del Departamento de Justicia, como la Oficina de Consejo Legal, que proporcionaba asesoría a la Casa Blanca y al fiscal general sobre la legalidad del Programa de Vigilancia del Presidente.
Aún permanece como “altamente clasificada” la información de las actividades específicas de inteligencia que permitieron las autorizaciones presidenciales, excepto las que comenzaron en diciembre de 2005 el presidente y otros funcionarios, que “reconocieron que éstas incluían la intercepción sin orden de la corte para ciertas comunicaciones internacionales”, como cita la página seis del informe; también lo admitió en agosto de 2007 el exfiscal general Alberto González durante las entrevistas que realizaron los inspectores generales en 2008.
Por ello, ahora se conoce que el Programa de Vigilancia al Terrorismo y Otras Actividades de Inteligencia integraron el Programa de Vigilancia del Presidente. Una vez que las autorizaciones presidenciales se emitían, la CIA y el NCTC preparaban una evaluación de las potenciales amenazas terroristas en curso y un sumario de inteligencia. Esas autorizaciones continuaron con algunas modificaciones en las actividades de inteligencia, aprobadas entre 2001 y 2002.
Enseguida, la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia revisaba esa información y aquilataba si existían bases suficientes que mostraran la amenaza de ataques terroristas contra el país, al tiempo en que evaluaba que se cumplieran las normas de la Cuarta Enmienda constitucional –que establece que las pesquisas y aprehensiones que realiza el gobierno y sus entidades deben hacerse bajo bases jurídicas razonables para garantizar a sus ciudadanos el respeto a sus derechos civiles– para que el presidente siguiera autorizando las indagaciones de su programa de vigilancia.
Este proceso prosiguió prácticamente sin alteraciones durante varios años, hasta que la Oficina de Consejo Legal del segundo asistente del fiscal general, John Yoo, realizó una serie de memorandos para justificar el aspecto legal del PSP; él fue el único al que se le permitió conocer a fondo el alcance de ese programa –que comenzó en octubre de 2001– a excepción del entonces consejero para Política de Inteligencia, James Baker, y el fiscal general, que entonces era James Ashcroft.
Preocupado por la legalidad de las “actividades extrañas” de vigilancia electrónica, Yoo preparó en octubre de 2001 algunas opiniones preliminares; de esas nociones dejó un escrito el 2 de noviembre de ese año. Ese análisis provocaría gran preocupación a otros funcionarios de la oficina del segundo fiscal general a fines de 2003 y comienzos de 2004. Entre otras preocupaciones, Yoo expresó que no había una declaración de guerra previa para autorizar la intercepción de las comunicaciones de los ciudadanos estadunidenses y extranjeros.
La página 13 del informe desclasificado da cuenta de que John Yoo escribió en otros memorandos –de octubre de 2002– que el interés del gobierno se había superpuesto al interés privado de los individuos, “aunque ningún interés gubernamental es más convincente que el de la nación”. Cuando llegó el momento de renovar una autorización presidencial, ese debate legal dio lugar más tarde al enfrentamiento entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca.
El conflicto
El 4 de marzo de 2004 el general James Comey –quien fungía como subsecretario del Departamento de Justicia– coincidió con el fiscal general James Ashcroft y otros funcionarios en que persistían potenciales problemas legales en la aplicación del Programa de Vigilancia del Presidente. Esa tarde, Ashcroft sufrió una pancreatitis que lo llevó al Hospital de la Universidad George Washington, en donde permaneció en la zona de cuidados intensivos por varios días. El 5 de marzo, Jack Goldsmith, asistente del fiscal general, informó a Comey que por la condición médica de Ashcroft existían “claras bases” –como establece la norma 28 U:D:C: 508 (a)– para que el subsecretario determinara que ése era “un caso de ausencia o inhabilidad del fiscal general”.
Ese documento marcaba una copia para el consejero legal de la Casa Blanca, Roberto Gonzáles. Ese día por la tarde, el mismo Gonzáles pidió a Goldsmith –quien reemplazó a Jay Bybee como asistente del fiscal general en octubre de 2003– una carta en la que declarara que las primeras opiniones de John Yoo “cubrían el programa” en su parte legal. Tanto Goldsmith como Comey reexaminaron los memorandos de Yoo para determinar si en ellos se describían adecuadamente las actividades de la NSA bajo las autorizaciones presidenciales. Ambos funcionarios del Departamento de Justicia concluyeron que los análisis de Yoo no describían con seguridad algunas de las “otras actividades de inteligencia”, realizadas bajo las autorizaciones presidenciales, que aplicaba el PSP.
Entre el 6 y 9 de marzo de 2004 hubo reuniones entre estos funcionarios y Gonzáles en la Casa Blanca para discutir la legalidad de esas actividades adicionales de inteligencia que contemplaba el programa presidencial. No llegaron a un acuerdo. Ante esa situación, el presidente Bush instruyó a Richard Cheney para reunirse el 10 de marzo con oficiales de la comunidad de inteligencia estadunidense y líderes de los comités de inteligencia del Congreso. Ningún funcionario del Departamento de Justicia fue invitado.
El fiscal Ashcroft permanecía hospitalizado. Urgía renovar la autorización presidencial correspondiente, por lo que el presidente Bush instruyó a su asesor Gonzáles a entrevistarse con el fiscal y solicitarle su firma. La esposa de Ashcroft hizo saber por teléfono a los representantes de Bush que el funcionario no estaba en condiciones de atender la petición presidencial; sin embargo, Gonzáles y otro asesor insistieron en acudir al Hospital de la Universidad George Washington. Ante esa situación, el general Comey llamó a Robert S Muller, director del FBI, para que acudiera a auxiliarlo como testigo.
Entretanto, Comey urgió a Patrick Philbin, un oficial del Departamento de Justicia, para que también se presentara en el hospital, “porque Gonzáles y otro funcionario quieren que Ashcroft firme algo”. Comey dijo a los investigadores que redactaron este informe –ahora desclasificado– que Ashcroft estaba en cama, muy débil por el efecto de la cirugía y que “parecía verdaderamente fuera de sí”, por lo que Comey, Goldsmith y Philbin, después de entrevistarse con el fiscal general, decidieron montar un “puesto de comando” a su alrededor para evitar que fuera importunado.
De acuerdo con notas de agentes del FBI, hacia las 19:35 horas González y otro funcionario de la Casa Blanca ingresaron a la habitación del fiscal general. Gonzáles le extendió un sobre de papel manila mientras le preguntaba cómo se sentía. De acuerdo con el testimonio de Goldsmith, cuando Ashcroft respondió “no muy bien”, Gonzáles le manifestó: “Sabe usted que hay una reautorización que debe ser renovada”, a lo que el debilitado funcionario expresó: “No importa, porque ya no soy el fiscal general, hay otro”, y apuntó hacia Comey. Fue entonces cuando este hombre fue citado en la Casa Blanca por un funcionario de apellido Card, que acompañaba a Gonzáles para una reunión “sin testigos”.
A pesar del encuentro que tuvo lugar entre Comey y Gonzáles, no hubo respuesta positiva del Departamento de Justicia para firmar la nueva autorización presidencial. En reacción, el 11 de marzo de 2004, cuando expiraba la vigencia de este documento, el presidente Bush firmó una nueva autorización para su programa de vigilancia bajo tres consideraciones que, estimó, cumplían con los requisitos legales: expresaba que el ejercicio del presidente se apegaba al artículo II de la Constitución como comandante en jefe y con ello desplazaba cualquier otra provisión legal, incluyendo la Ley de Inteligencia y Vigilancia en el Extranjero de 1978.
En segundo lugar, el documento citaba que la descripción de “Otras actividades de inteligencia”, a las que hacía mención el PSP, había sido conducida de igual manera que bajo las anteriores autorizaciones presidenciales y, finalmente, declaraba que al haber aprobado las anteriores, el fiscal general avalaba las mismas actividades que ahora se aprobaban.
Poder clandestino
Al analizar las implicaciones legales de los poderes que adquirió el presidente para poner en práctica su programa de vigilancia, Laura Carlsen, politóloga estadunidense residente en México, observa: “Cuando a propósito se exageran las amenazas a la seguridad nacional” e implican la transferencia de poderes casi clandestinos al Ejecutivo, sin transparencia, se entra en un proceso de erosión de las libertades civiles porque se rompe el equilibrio que hace muy difícil a los ciudadanos defenderse ante las medidas de su gobierno.
En el contexto de los ataques del 11 de septiembre, el Programa de Vigilancia del Presidente “se expandió más de lo que el Congreso había aprobado en 1978, en materia de vigilancia en el exterior, con una ley anterior; ahora, los investigadores encuentran que no todas las partes del programa eran legales o sobrepasaron la ley y por ello hubo una disputa entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, pero lo fundamental es que los objetivos de localizar a los responsables del terrorismo no se lograron”.
Carlsen anota que Tom Barry, investigador del Centro de Política Internacional, realiza desde hace años una investigación para evaluar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y de otros países: “Lo que hemos visto es que consistentemente se exageran esas amenazas para justificar que se otorguen más poderes al Ejecutivo” y se permitan actividades extralegales, así como la violación de las libertades civiles. Expone el caso de Colombia, que tras recibir la ayuda en inteligencia de Estados Unidos, el Departamento Administrativo de Seguridad aplicó esos programas contra los disidentes y opositores, como quedó de manifiesto en el escándalo que surgió en aquel país durante el primer trimestre de 2009.
Advierte Carlsen que algo similar ocurriría en México bajo la aplicación de la Iniciativa Mérida: “Engloba juntos la guerra contra el crimen organizado y el terrorismo”, aunque tiene que cambiar: la actual preocupación de esa estrategia es la violación a los derechos humanos, porque el Ejército está involucrado. Agrega que el informe desclasificado en Estados Unidos debe verse en México como una llamada, un foco rojo para los ciudadanos y grupos de la sociedad civil defensores de los derechos humanos. “La sociedad civil debe exigir la información adecuada que transparente los programas que existen para combatir la delincuencia y evaluarlos a fondo para confirmar si hay vacíos legales que permitan observar si se rompe el equilibrio entre lo que realmente es la seguridad nacional” –un concepto que desde su punto de vista aún no está bien definido en este país.
José Rosario, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, describe que la exageración de las amenazas a la seguridad nacional también está relacionada con la presión internacional que se enfocó al combate contra el terrorismo en Estados Unidos durante la administración de Bush y sus secuelas tras los ataques terroristas en España y el Reino Unido. “En el caso mexicano, que también está vinculado a Estados Unidos, la amenaza no es el terrorismo sino el narcotráfico o la delincuencia organizada, y tiene que ver con la incapacidad del Estado para resolver otras amenazas, como el desempleo y la pobreza”.
Otras intercepciones
El 25 de mayo de 2007 el diario Los Angeles Times reveló que Estados Unidos financiaba en México la intercepción telefónica. El texto señaló que Washington pagaba 3 millones de dólares por tecnología para la intervención de comunicaciones. El sistema permitiría a las autoridades mexicanas seguir a los usuarios de teléfonos celulares mientras viajan: incluye una gran capacidad de almacenamiento que haría posible identificar a los usuarios mediante su voz.
En consecuencia, Isabel Uriarte, entonces responsable del programa de Seguridad Ciudadana del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, alertó que ese sistema de vigilancia “amenaza las libertades individuales en este país”. Susan Pittman, de la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado, indicó a Los Angeles Times que ésa era “una operación del gobierno de México financiada por Estados Unidos”.
Apenas el 26 de febrero pasado, la agencia española EFE publicó que el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ordenó retirar a la policía secreta (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) la facultad de hacer grabaciones telefónicas, tras la denuncia de intercepciones a magistrados, periodistas, políticos y funcionarios del gobierno. Al tiempo, anunció: “A partir de hoy, el DAS no ejercerá directamente la competencia para hacer intercepciones con orden judicial”.
En México, el 1 de junio pasado el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley de la Policía Federal que, de acuerdo con el artículo 8, tiene entre sus atribuciones y obligaciones “recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia preventiva. En el ejercicio de esta atribución se deberá respetar el derecho a la vida privada de los ciudadanos. Los datos obtenidos con afectación a la vida privada carecen de todo valor probatorio”. (NE)
MARCHA ANIVERSARIO DEL ASALTO AL CUARTEL MONCADA CUBA 1959
MARCHA ANIVERSARIO DEL ASALTO AL CUARTEL MONCADA CUBA 1959
Vídeo enviado por v4zq63z
Dentro del marco de los festejos del aniversario 55 del asalto al cuartel Moncada, 50 años del aniversario de la revolución cubana y 80 aniversario del nacimientos del Comandante, Doctor Ernesto Guevara de la serna.
Se realizo una marcha organizada por el movimiento 26 de julio y de solidaridad con cuba, en conjunto con diversas organizaciones de luchas sociales y el PT del DF México.
Concluyendo con un mitin en donde diversos oradores ratificación su admiración y solidaridad con la revolución cubana a pesar del bloqueo criminal y la detención de los cinco cubanos en los estados unidos.
Ricardo Rocha 27 de Julio de 2009 Detrás de la noticia
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YUNQUELAND ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.
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RESUMEN DE NOTICIAS TELESUR
27 de Julio de 2009
TITULARES DEL DIA
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COMUNEROS INDIGENAS RECUPERAN SUS TIERRAS
Muy cerca de la costa del pacifico, muy junto al estado de Jalisco, comuneros nahuas recuperan sus tierras Comunales.
comuneros nahuas de la comunidad de Sta Maria Ostula, en el estado de Michoacán, recuperaron mas de 700 hectáreas de propiedad comunal, las cuales se encontraban ilegalmente ocupadas por poderosos caciques mestizos desde hace más de cuarenta años.
Esta comunidad ha decidido fundar un nuevo asentamiento llamado San Migual Xayacalan.
En el video se puede escuchar la historia de estas tierras y los nuevos proyectos en voz de los comuneros y pobladores.
Un ejemplo de cómo vivir en armonía con la naturaleza con proyectos productivos sustentables y no destruir los ecosistemas para enriquecer a unos cuantos.
Un ejemplo de que otro mundo es posible.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::
26 DE JULIO, ASALTO AL CUARTEL MONCADA, UN POQUITO DE HISTORIA
CON MOTIVO DE UNA DE LAS EFEMÉRIDES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO EN AMÉRICA LATINA, ENVIAMOS UN SALUDO AL PUEBLO REVOLUCIONARIO CUBANO, QUE SE MANTIENE EN LUCHA CONTRA EL BLOQUEO COMERCIAL INFAME DEL GOBIERNO GRINGO. POR LO MISMO REPRODUCIMOS AQUÍ UNA NARRATIVA DE AQUEL ACTO HEROICO.
(FUENTE: http://www.radiomundial.com.ve/yvke/)
El asalto al Cuartel Moncada fue parte de una acción armada realizada el 26 de julio de 1953 con el fin de intentar derrocar al dictador cubano Fulgencio Batista. Fue intentada por Fidel y Raúl Castro, junto a otros 130 milicianos, luego de que fracasaran sus intentos legales de anular el gobierno de Batista en los tribunales. Batista había llegado al poder en 1952, luego de dar un golpe de Estado a Carlos Prío Socarrás anulando las elecciones de ese año. Castro lo había acusado de inconstitucional ante un tribunal de urgencia.
El ataque armado contra los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, se efectuó el 26 de julio de 1953 y buscaba propiciar un levantamiento popular armado y llamar a la huelga general vía radio. El ataque finalmente fracasó y los milicianos fueron capturados. Sólo 6 guerrilleros resultaron muertos en el combate; el ejército de Batista torturó y ejecutó a más de ochenta atacantes, de los 160 que integraban el grupo original, en el que habían dos mujeres.
Fidel Castro fue hecho prisionero, juzgado y sentenciado a quince años de prisión. En el alegato final del juicio, Fidel Castro pronunció un discurso conocido como "La historia me absolverá", en el que defendió sus acciones y explicó sus puntos de vista políticos. Castro fue condenado a prisión, en 1955 fue amnistiado y se retiró a México.
A pesar del fracaso del asalto, el mismo inspiró la creación del Movimiento 26 de Julio (M-26-7). Sus integrantes: los hermanos Castro, Ernesto "Che" Guevara, Camilo Cienfuegos y unos ochenta milicianos, llegan a Cuba el 2 de diciembre de 1956 a bordo del yate Granma procedentes de México, con la intención de invadir la isla. Esto desencabezó una lucha que concluiría el 1 de enero de 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana y la huida de Batista.
El ataque en detalle
El 26 de julio 1953, un grupo de jóvenes liderado por Fidel Castro atacó el Cuartel Moncada, la segunda fortaleza en importancia del país, entonces bajo la dictadura de Fulgencio Batista. Los objetivos eran claros: revertir la situación cubana, es decir, devolver la aplastada Constitución de la República, derrocando al general Batista, que apenas un año antes (el 10 de marzo de 1952) había dado un golpe de Estado militar desplazando del poder al presidente Carlos Prío Socarrás, electo democráticamente en las urnas.
El ataque debía realizarse en tres grupos: uno dirigido por Abel Santamaría (que debía tomar el Hospital Saturnino Lora), otro dirigido por Raúl Castro (que debía tomar el Palacio de Justicia) y el grupo principal dirigido por Fidel Castro (que debía tomar la jefatura del Cuartel). Vestidos de soldados y en noche de carnaval, los asaltantes pretendían tomar la edificación, apoderarse del armamento e iniciar la insurrección contra la dictadura de Batista. Un ambicioso plan, cuya principal arma era el factor sorpresa.
"Ese factor sorpresa falla, porque en el momento de la ocupación de la posta por el grupo de avanzada se produce el encuentro entre una patrulla de recorrido o guardia cosaca y los asaltantes", explica a TeleSUR Ana Santa Cruz, museóloga del Museo Histórico 26 de julio. Inmediatamente se da la alarma y se moviliza la guarnición completa del Moncada. Los disparos continúan desde la posta 3, el Palacio de Justicia y el Hospital Saturnino Lora, dos edificios cercanos tomados por los revolucionarios para apoyar el asalto.
Asesinados en prisión
Pero perdido el factor sorpresa, Fidel ordena la retirada. El grupo del Hospital permanece combatiendo. "Estos jóvenes quedaron luchando contra la posta número 4 del Cuartel Moncada hasta agotar todas sus balas", destaca Anisley Castillo, museóloga del Museo Abel Santamaría.
En la acción militar perdieron la vida seis asaltantes, sin embargo el número de muertos ascendió a 61. La orden del ejército fue asesinar a 10 jóvenes por cada soldado muerto y la masacre se produjo en las propias celdas del Moncada. Marta Rojas, periodista que cubrió los sucesos ese día, recuerda que "el primer shock fue ver todos esos muertos y percatarnos, tanto yo como otros que tenían más experiencia, que no parecía que habían caído en combate porque tenían los uniformes limpios y, sin embargo, muchas heridas".
Fidel Castro es hecho prisionero, juzgado y sentenciado a quince años de prisión. Abogado de formación, el líder revolucionario pronuncia su propio alegato conocido como "La Historia me absolverá", en el que defiende sus acciones y explica sus puntos de vista políticos. El revés táctico que significó el Moncada, pronto se convertiría en una victoria estratégica en el propio juicio a los asaltantes.
El Movimiento 26 de Julio
Tras 22 meses de prisión, Fidel Castro es liberado durante la amnistía general de mayo de 1955 y el 12 de junio del mismo año se funda en la clandestinidad el Movimiento 26 de Julio en La Habana. En ese momento quedó integrada la primera Dirección Nacional del M-26-7.
En la reunión se definieron la estructura y los objetivos de la organización: "El 26 de Julio se integra sin odios contra nadie. No es un partido político sino un movimiento revolucionario; sus filas estarán abiertas para todos los cubanos que sinceramente deseen restablecer en Cuba la democracia política e implantar la justicia social". El núcleo inicial, formando por el grupo que organizó el Asalto al Cuartel Moncada, se fusionó con el Movimiento Nacional Revolucionario que dirigía Rafael García Bárcenas y con la mayor parte de la Juventud Ortodoxa.
Poco después se uniría Acción Nacional Revolucionaria dirigido por Frank País. Debido a la amplitud ideológica y a su objetivo de derrocar la tiranía de Batista, el M-26-7 iría rápidamente sumando a jóvenes de las más diversas procedencias políticas. Este movimiento se convirtió en la guía de los cubanos en la lucha contra la dictadura, en él participaron destacados revolucionarios, muchos de los cuales cayeron en combate. Fidel Castro se exilia entonces en México, donde conocería más tarde a un joven médico argentino llamado Ernesto Guevara.
Desde allí salió el yate Granma que desembarcó en la costa oriental de Cuba con un grupo de revolucionarios que organizaron el movimiento guerrillero en la Sierra Maestra, desde donde muy pronto se logró llevar la lucha al llano y expandirla por todo el país hasta el triunfo revolucionario de enero de 1959.
(FUENTE: http://www.radiomundial.com.ve/yvke/)
El asalto al Cuartel Moncada fue parte de una acción armada realizada el 26 de julio de 1953 con el fin de intentar derrocar al dictador cubano Fulgencio Batista. Fue intentada por Fidel y Raúl Castro, junto a otros 130 milicianos, luego de que fracasaran sus intentos legales de anular el gobierno de Batista en los tribunales. Batista había llegado al poder en 1952, luego de dar un golpe de Estado a Carlos Prío Socarrás anulando las elecciones de ese año. Castro lo había acusado de inconstitucional ante un tribunal de urgencia.
El ataque armado contra los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, se efectuó el 26 de julio de 1953 y buscaba propiciar un levantamiento popular armado y llamar a la huelga general vía radio. El ataque finalmente fracasó y los milicianos fueron capturados. Sólo 6 guerrilleros resultaron muertos en el combate; el ejército de Batista torturó y ejecutó a más de ochenta atacantes, de los 160 que integraban el grupo original, en el que habían dos mujeres.
Fidel Castro fue hecho prisionero, juzgado y sentenciado a quince años de prisión. En el alegato final del juicio, Fidel Castro pronunció un discurso conocido como "La historia me absolverá", en el que defendió sus acciones y explicó sus puntos de vista políticos. Castro fue condenado a prisión, en 1955 fue amnistiado y se retiró a México.
A pesar del fracaso del asalto, el mismo inspiró la creación del Movimiento 26 de Julio (M-26-7). Sus integrantes: los hermanos Castro, Ernesto "Che" Guevara, Camilo Cienfuegos y unos ochenta milicianos, llegan a Cuba el 2 de diciembre de 1956 a bordo del yate Granma procedentes de México, con la intención de invadir la isla. Esto desencabezó una lucha que concluiría el 1 de enero de 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana y la huida de Batista.
El ataque en detalle
El 26 de julio 1953, un grupo de jóvenes liderado por Fidel Castro atacó el Cuartel Moncada, la segunda fortaleza en importancia del país, entonces bajo la dictadura de Fulgencio Batista. Los objetivos eran claros: revertir la situación cubana, es decir, devolver la aplastada Constitución de la República, derrocando al general Batista, que apenas un año antes (el 10 de marzo de 1952) había dado un golpe de Estado militar desplazando del poder al presidente Carlos Prío Socarrás, electo democráticamente en las urnas.
El ataque debía realizarse en tres grupos: uno dirigido por Abel Santamaría (que debía tomar el Hospital Saturnino Lora), otro dirigido por Raúl Castro (que debía tomar el Palacio de Justicia) y el grupo principal dirigido por Fidel Castro (que debía tomar la jefatura del Cuartel). Vestidos de soldados y en noche de carnaval, los asaltantes pretendían tomar la edificación, apoderarse del armamento e iniciar la insurrección contra la dictadura de Batista. Un ambicioso plan, cuya principal arma era el factor sorpresa.
"Ese factor sorpresa falla, porque en el momento de la ocupación de la posta por el grupo de avanzada se produce el encuentro entre una patrulla de recorrido o guardia cosaca y los asaltantes", explica a TeleSUR Ana Santa Cruz, museóloga del Museo Histórico 26 de julio. Inmediatamente se da la alarma y se moviliza la guarnición completa del Moncada. Los disparos continúan desde la posta 3, el Palacio de Justicia y el Hospital Saturnino Lora, dos edificios cercanos tomados por los revolucionarios para apoyar el asalto.
Asesinados en prisión
Pero perdido el factor sorpresa, Fidel ordena la retirada. El grupo del Hospital permanece combatiendo. "Estos jóvenes quedaron luchando contra la posta número 4 del Cuartel Moncada hasta agotar todas sus balas", destaca Anisley Castillo, museóloga del Museo Abel Santamaría.
En la acción militar perdieron la vida seis asaltantes, sin embargo el número de muertos ascendió a 61. La orden del ejército fue asesinar a 10 jóvenes por cada soldado muerto y la masacre se produjo en las propias celdas del Moncada. Marta Rojas, periodista que cubrió los sucesos ese día, recuerda que "el primer shock fue ver todos esos muertos y percatarnos, tanto yo como otros que tenían más experiencia, que no parecía que habían caído en combate porque tenían los uniformes limpios y, sin embargo, muchas heridas".
Fidel Castro es hecho prisionero, juzgado y sentenciado a quince años de prisión. Abogado de formación, el líder revolucionario pronuncia su propio alegato conocido como "La Historia me absolverá", en el que defiende sus acciones y explica sus puntos de vista políticos. El revés táctico que significó el Moncada, pronto se convertiría en una victoria estratégica en el propio juicio a los asaltantes.
El Movimiento 26 de Julio
Tras 22 meses de prisión, Fidel Castro es liberado durante la amnistía general de mayo de 1955 y el 12 de junio del mismo año se funda en la clandestinidad el Movimiento 26 de Julio en La Habana. En ese momento quedó integrada la primera Dirección Nacional del M-26-7.
En la reunión se definieron la estructura y los objetivos de la organización: "El 26 de Julio se integra sin odios contra nadie. No es un partido político sino un movimiento revolucionario; sus filas estarán abiertas para todos los cubanos que sinceramente deseen restablecer en Cuba la democracia política e implantar la justicia social". El núcleo inicial, formando por el grupo que organizó el Asalto al Cuartel Moncada, se fusionó con el Movimiento Nacional Revolucionario que dirigía Rafael García Bárcenas y con la mayor parte de la Juventud Ortodoxa.
Poco después se uniría Acción Nacional Revolucionaria dirigido por Frank País. Debido a la amplitud ideológica y a su objetivo de derrocar la tiranía de Batista, el M-26-7 iría rápidamente sumando a jóvenes de las más diversas procedencias políticas. Este movimiento se convirtió en la guía de los cubanos en la lucha contra la dictadura, en él participaron destacados revolucionarios, muchos de los cuales cayeron en combate. Fidel Castro se exilia entonces en México, donde conocería más tarde a un joven médico argentino llamado Ernesto Guevara.
Desde allí salió el yate Granma que desembarcó en la costa oriental de Cuba con un grupo de revolucionarios que organizaron el movimiento guerrillero en la Sierra Maestra, desde donde muy pronto se logró llevar la lucha al llano y expandirla por todo el país hasta el triunfo revolucionario de enero de 1959.
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