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lunes, 8 de febrero de 2010
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LOS COLOSIO Y LA JUSTICIA
LOS COLOSIO Y LA JUSTICIA
Por: Francisco Rodríguez
“SI ME ROBAN el reloj y después de algunos días veo que usted lo trae en su muñeca, no me queda sino pensar que usted fue quien se robó mi reloj”, me dijo alguna vez don Luis Colosio Fernández, padre del malogrado Luis Donaldo, al explicarme el porqué acusaba a Ernesto Zedillo de haber participado en el asesinato de su hijo.
“Zedillo fue el beneficiario. Él es ahora –agregaba con rabia e impotencia, en esa charla de sobremesa-- el presidente de México”.
Murió apenas don Luis y Ernesto Zedillo debe respirar tranquilo. Ya no habrá quien, de entre los próximos a aquél a quien sustituyó como candidato presidencial del PRI en 1994, le recuerden la sangre derramada sobre la que surgió su malhadado –remember Fobaproa, IVA al 15%, venta de los ferrocarriles a empresas estadounidenses de las que ahora es socio-- mandato.
Ya no habrá quien, como lo hizo don Luis Colosio en el décimo aniversario del asesinato de su hijo, diga a Carlos Salinas –“está pelón saber quién mató al candidato”, cual desde el primer momento rezaba la conseja popular-- y a Zedillo que “la apuesta de los asesinos, el olvido, les ha dado resultados.”
Don Luis ya no estará el próximo miércoles 10 con los amigos de Luis Donaldo, quienes le recuerdan en su cumpleaños. Este 2010 cumpliría 60.
Esta muerte cierra un capítulo. Ya no habrá quien insista en el esclarecimiento de aquel hecho proditorio acaecido en la tijuanense colonia Lomas Taurinas. Ya no insistirá don Luis, quien desde siempre fue malentendido:
“Mucha gente, de todas las edades y en muchos lugares del país, piensa que ya debemos callar, que ya dejemos las cosas en paz, que es imposible saber la verdad, que es un caso más de injusticia.
“Para algunos mi reclamo de justicia parece grotesco –decía el 23 de marzo de 2004--, hay quienes podrán pensar que soy un viejo necio en busca de lo imposible. Que ya no tiene sentido señalar negligencias y omisiones; rechazar remedos de investigación, pantomimas y teorías ridículas; condenar intereses mezquinos, traiciones y deslealtades.
“Que es suficiente ya el veredicto del pueblo que condenó a los poderosos, que ayer se hicieron un traje a la medida, con la teoría del asesino solitario, y que hoy sus inconsistencias y contradicciones inundan el ambiente con el fétido olor de la sospecha.
“Que a este gobierno –el de Vicente Fox--, ya no le toca llamar a cuentas a los que nos mintieron, a los que nos engañaron; que su falta de voluntad política obedece a que no quiere reabrir un caso espinoso, que intranquiliza a las buenas conciencias y enoja a los grandes intereses que lo asesinaron.
“Frente a estos mexicanos que cansados piensan así, con toda humildad les digo; que no me mueve el deseo de venganza, que no busco notoriedad, que no aspiro al poder, que no es la ambición la que me ciega; que sólo me mueve el amor de padre, que sólo me inspira el anhelo de mi hijo adorado, de un México mejor para todos.”
A don Luis Colosio, como a muchos mexicanos, lo mantenía vivo el deseo de justicia. “Sí, justicia que se le ha negado a un hombre que se brindó con generosidad. Justicia que es el elemento que cohesiona a las sociedades, porque en torno de ella se forja la cultura, se escribe la historia, se repudian los actos que nos avergüenzan y se reconocen los hechos que nos engrandecen.”
Y por la justicia, demandaba dignificar a la política: “ajustemos nuestra conducta personal a la edificación de una cultura política a la altura de los desafíos que enfrentamos. Abandonemos la frivolidad que envanece, evitemos las disputas animadas por conflictos personales, dejemos de lado la mezquindad de propósitos; rechacemos el culto a la popularidad a costa de lo que sea; vayamos al debate de las ideas, de proyectos, de soluciones de fondo para darle viabilidad a la Nación.
“Ideas que cobren vida en los hechos, palabras respaldadas en el ejemplo, ejemplos que honren las palabras; queremos hombres con ideas, sí, pero también que las ideas tengan hombres.”
Se fue don Luis, pero aún habemos muchos miles –quizá millones-- de mexicanos que también demandamos justicia, y no sólo para el llamado “caso Colosio”, sino para todas nuestras vidas.
Descanse en paz, don Luis.
Índice Flamígero: La página electrónica maquiavelo.com.mx ha puesto en circulación una fotografía de Fernando Gómez Mont tirado en el suelo, tras una espectacular caída. Y señala que este personaje “tuvo un desliz en su visita a Chalco. No fue oratorio, como ese que hace unos días soltó ante los medios, cuando al señalar que la fallida Administración del señor Felipe Calderón no presentará disculpas a los alcaldes michoacanos a quienes falsamente se acusó de narcotraficantes. Dijo entonces el ocupante del palacete de los Covián que primero tendrían que demostrar su inocencia. Y cualquier alumno de civismo –cuantimás un reputado abogado-- sabe que quien tiene que demostrar la culpabilidad es el acusador, porque “todo mundo es inocente, hasta que se compruebe lo contrario.” El desliz ahora fue físico. Se cayó. Y eso, como usted bien puede apreciar en la foto, provocó las risas y puede que hasta carcajadas de quienes le acompañaban. De desliz en desliz…”
www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com
Fuente: Indice Político
Difusión: AMLOTV
Mineria San Javier:
Ecologismo
Mineria San Javier:
Lunes, 01 de Febrero de 2010 00:00
poder judicial ecocida
Después de 10 años de lucha, las organizaciones ciudadanas y ecologistas que se oponen a la destrucción del Cerro de San Pedro por la canadiense Minera San Xavier, lograron que un juez ordenara la clausura de la mina que está acabando con el patrimonio cultural y natural de la región y amenaza con contaminar los mantos acuíferos que alimentan la ciudad de San Luis Potosí.
Sin embargo, el poder judicial, con el apoyo del gobierno de Calderón, revirtió la decisión y ahora el daño ecológico parece irremediable.
Fuente: Periódico Regeneración
Difusión: AMLOTV
En arenas movedizas las seudorreformas calderonistas
Huyendo hacia delante, para escapar de su final catastrófico, el inquilino de Los Pinos intenta forzar su permanencia con ineficacia política y administrativa, para ver si con sus polvaredas logra soltar una cortina tras su estampida que le cubra la retirada.
Ha fracasado su estrategia militar para abatir la inseguridad que reporta, tras el baño de sangre consuetudinario por todo el país, más de 20 mil homicidios, sistemáticas violaciones a los derechos humanos, asalto a domicilios de inocentes, asesinatos de civiles víctimas del fuego cruzado, abusos sexuales y deserción de militares que se pasan a las filas de los sicarios del narcotráfico.
Busca distraer a la opinión pública en cuyas individualidades plantean que Calderón debe renunciar por causa grave, al no someter al Congreso de la Unión la aprobación para ejercer la suspensión de las garantías para hacer frente “a la perturbación grave de la paz pública” (artículo 29 constitucional) en la frontera norte y los lugares de antemano localizados (Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa y Durango).
A la aterradora inseguridad creada por el narcotráfico y la delincuencia, hay que sumar las de cuello blanco en los bancos e instituciones financieras dedicadas al lavado de dinero, el tráfico de armas en las narices de las aduanas (por mar, tierra y aire) y la piratería que se aprovecha del “río revuelto”. Un narcotráfico que ya corrompió a gobernadores, presidentes municipales y otros funcionarios federales, en lo que se denomina narcopolítica dentro de la feudalización (enclaves de los caciques y la disputa geopolítica de los cárteles), que también está desgraciando la nación.
Además del explosivo problema del desempleo y empobrecimiento masivo, mientras suben los impuestos y los precios de servicios públicos, para reducir más el consumo que es el pivote hasta del más elemental capitalismo, pues que se sepa, la derecha calderonista, el yunquismo y el Partido Acción Nacional no están depauperizando a los mexicanos para poner las condiciones hacia algún tipo de socialismo y mucho menos al comunismo, sino para crear desesperación social.
Situación que tiene dos salidas: el golpismo militar con la aparición de un Victoriano Huerta (alcohólico y desquiciado), cuyo fantasma dibuja su sombra sobre el militarismo que se pasea por el país y que es la única manera de impedir la otra opción: el estallido de guerrillas, revueltas civiles y terrorismo que acabe por apurar la descomposición institucional por la impunidad, corrupción e ineficacia judicial, legislativa y de los poderes ejecutivos.
Y todos a una, como en Fuenteovejuna, sobre el botín del dinero público, las prebendas y beneficios en donde participan (con una reelección disimulada) hasta los familiares, sobresaliendo ahora los panistas con su amiguismo, devorándose al gobierno y a la administración para crear un presidencialismo fallido.
En ese sumarísimo contexto, Calderón, poniendo pies en polvorosa lanza, como el “globero” que soltaba, en cada reelección de Porfirio Díaz, sus globos para disolver los mítines donde un cómico opositor soltaba sus discursos, ha soltado su “reforma” sin tocarle un pelo al todavía desbordado presidencialismo de raíces, tronco y ramas porfiristas que centraliza y concentra facultades monárquicas.
Una “segunda vuelta para las elecciones presidenciales”, cuando él mismo se negó a revisar los votos que dudosamente obtuvo para una victoria contundente y lo convirtió en ilegítimo, la otra cara de la moneda, aferrándose a las cuestionadas y amañadas resoluciones del Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y una Suprema Corte que, en funciones de tribunal constitucional, se negó a conocer de oficio las violaciones al sufragio para la “elección” de Calderón que ahora nos sale con las 10 propuestas de su iniciativa legislativa, sin novedad de fondo al no tocar el presidencialismo, dejándolo tal cual sin una radical revisión de sus cuentas, pues su actual rendición es tramposa y con toda impunidad.
Ya lleva tres años Calderón sumergiéndose en las arenas movedizas de su ineptitud e ineficacia, acorralado por los problemas sociales a los que no ha sabido, dentro de su competencia política y económica como jefe de gobierno del Poder Ejecutivo federal, darles solución, encaprichado en esperar un “milagro” y encomendándose, con padresnuestros, a la mano invisible del mercado libre, incapaz de ejercer sus obligaciones constitucionales con la mano visible de la intervención gubernamental y más ahora que la crisis mundial recomienda hacerlo, dejando a un lado los prejuicios del neoliberalismo económico y del falso ajuste de la oferta y la demanda, mientras los países más capitalistas radicalizan su keynesianismo para reducir los efectos del capitalismo salvaje.
Y para distraer a los mexicanos ha soltado su mañosa “reforma” con la que trata de que olvidemos la sangrienta inseguridad (que aumentará a pesar de festinar el homicidio de un capo del tamaño de Arturo Beltrán Leyva, ya que la lucha contra los cárteles se ha convertido en la Ley del Talión entre sicarios versus soldados y policías, en cuyo terror no cesa de meter sus narices el embajador estadunidense Carlos Pascual, teórico de los gobiernos y Estados fallidos).
No hay nada nuevo en los “10 mandamientos” calderonistas, ya que desde hace más de medio siglo se reeligen legisladores y presidentes municipales (que malamente Calderón llama alcaldes, Esteban David Rodríguez, Los dueños del Congreso, editorial Grijalbo). Su reducción en el Congreso ha sido demandada hasta por los mismos partidos.
La “segunda vuelta” presidencial (solicitada desde la dudosa victoria de Salinas, creciendo cuando Calderón se opuso a “contar voto por voto” en su ilegítima elección) y facultar a la Suprema Corte para ejercer iniciativa de leyes serán posibles cuando le arranquen sus funciones constitucionales y se establezca el tribunal constitucional (y el tribunal de cuentas, para desaparecer la fiscalización superior de la federación). No tocó Calderón las inmensas y avasalladoras facultades del presidencialismo, ni de rendir cuentas sobre el botín del billonario presupuesto de ingresos, saqueando a los mexicanos con aumentos de impuestos.
Además de que cínicamente Calderón y sus eminencias grises saquearon la propuesta de reforma del Estado que se cocina en el Senado de la República gracias a los senadores priistas. Poco a poco, las arenas movedizas se tragan a Calderón, mientras su sexenio ya terminó en medio de un desierto de omisiones, inactividad y el exceso militar que presagia el regreso de un Victoriano Huerta o, por la explosiva situación social, que estallen revueltas sociales para que seamos (¡oh, Hobbes!) el escenario de una guerra de todos contra todos.
cepedaneri@prodigy.net.mx
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
República laica
República laica
Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 7 de febrero.- A pesar del voto en contra de diputados panistas, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio su primer paso una sencilla pero significativa reforma al artículo 40 de la Constitución. Se presume que el martes 9 de febrero será discutida en el pleno de San Lázaro. Con un puñado de legisladores panistas, ajenos al fundamentalismo de la mayoría, la enmienda puede ser aprobada y pasar al Senado, donde sus promotores esperan también de los liberales del PAN el apoyo preciso para lograr la mayoría calificada requerida en las adiciones constitucionales.
Se trata de agregar sólo una palabra a los adjetivos con que caracterizó el Constituyente a la República Mexicana. Ya dice que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal…”. Se trata de que diga también que la república es laica. El adjetivo cabría, según el dictamen de la comisión legislativa, en penúltimo lugar, antes de “federal”. Gramaticalmente la operación es fácil. No lo es políticamente.
Desde diversos orígenes, hace ya tiempo se alzan voces que alertan contra el riesgo en que se halla el carácter laico del Estado mexicano. Se da por sentado que esa nota definitoria existe, pero bien miradas las cosas no hay en el texto constitucional ninguna afirmación al respecto, definiendo como laico al régimen, si bien la palabra respectiva aparece claramente en el artículo 3º, al enumerar los atributos de la educación que imparta el Estado.
Ésta deberá ser laica, dice en primer lugar esa porción del credo constitucional. Y, además, debe ser obligatoria, democrática, nacional, gratuita, y “contribuirá a la mejor convivencia humana”. Para que la educación sea laica, la Constitución manda que se mantenga “por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”, que se base “en los resultados del progreso científico”, y luche “contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.
Hace ya tiempo que, por mudanzas en el temperamento político y en las leyes, la educación impartida por particulares ha quedado sustraída a esas definiciones constitucionales. No contenta con enseñar religión al mismo tiempo que cumple con los planes de estudios oficiales, la Iglesia católica pugna a través del PAN por avanzar hacia la libertad de enseñanza, especioso concepto que implica impartir cursos de religión en los establecimientos públicos. Amén de pretender con ello que el Estado cumpla un deber suyo, desatendido respecto del grueso de la población, de transmitir la historia, la doctrina y los valores del catolicismo, el clero respectivo pretende socavar el hasta ahora único fundamento constitucional de la laicidad, que aun sin definiciones está en la base de la convivencia nacional. Para que sea democrático, el Estado mexicano debe ser laico, es decir, mantenerse aparte y sobre las creencias religiosas, sin ceder siquiera a la censalmente mayoritaria.
Esa percepción constitucional está en jaque. Con la unión de dos partidos conservadores, el PAN y el PRI, 18 Constituciones locales han sido reformadas en un plazo menor a dos años, y, evidentemente, conforme a un plan rector para que declaren de manera solemne que esos ordenamientos jurídicos protegen la vida humana desde el momento de la concepción. Esa es una noción religiosa propagada por altos jefes de la Iglesia católica. Creen que así se entra en el ámbito de respeto a la vida privada. Los clérigos tienen derecho a enseñar ese dogma y a proponerlo como base de la conducta de sus feligreses, que con toda libertad pueden hacerlo suyo. Pero cuando esa verdad válida para los creyentes de una fe se convierte, como ha sido el caso, en norma legal que obliga a todos, aun a quienes no conceden crédito a ese concepto ni a sus fundamentos religiosos, se lesiona el Estado laico.
La reforma constitucional es la base requerida para enmiendas a la legislación penal. Si la vida está protegida desde el momento de la concepción, interrumpirla es un delito, y así debe ser estipulado en los códigos que antaño se llamaban “de defensa social”. Con ese criterio religioso, el fundamentalismo católico, que aspira a que sus dogmas se conviertan en leyes y a que las leyes divinas (definidas como tales por la jerarquía eclesiástica) se coloquen por encima de las leyes civiles, ha reaccionado exitosamente contra el riesgo de atentados contra la vida que tienen su origen en la Ciudad de México.
La cruzada por la reforma constitucional local en materia de protección a la vida es el blindaje con que el conservadurismo se propone evitar que cundan las nociones laicas, fundadas en la investigación científica, sobre la concepción. Como las nociones de que provee la ciencia aclaran que no hay vida de ser humano en el momento de la concepción y varias semanas después, no es delito interrumpir el embarazo dentro de un término fijado por la ley, que en el caso capitalino es de 12 semanas y en no pocos países es aun mayor, hasta llegar al extremo –australiano, según recuerdo– de fijar como plazo para el aborto lícito el doble del nivel mexicano, 24 semanas.
El fundamentalismo católico buscó impedir esa reforma. Sus diputados fracasaron en el empeño y tampoco pudieron iniciar una acción de inconstitucionalidad contra el ordenamiento que despenaliza el aborto practicado dentro de aquel término. Y entonces, en una operación de pinzas –por un lado las reformas constitucionales locales, y por otro estas acciones ante la Suprema Corte de Justicia–, dos órganos del Estado pugnaron por que el máximo tribunal declarara contrario a la Constitución lo que era ciertamente contrario a creencias religiosas respetabilísimas pero que no pueden ser impuestas a una sociedad heterogénea, donde diversas porciones minoritarias no deben ser obligadas a acatar el credo de la mayoría. Así como es reprobable que un juez municipal o un alcalde sancione con duras penas, que pueden llegar hasta la exclusión a quien no aporte dinero o trabajo para una celebración religiosa, lo es también la actuación de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que bregaron ante la Corte como si representaran el parecer del alto clero.
Fueron derrotadas en su empecinamiento. Pero la PGR ha vuelto a las andadas ante la reforma al Código Civil que define el matrimonio como la “unión de dos personas”, en vez de la “unión de un hombre y una mujer”. Ha iniciado una nueva acción de inconstitucionalidad, basada de nuevo en frágiles argumentos jurídicos; frágiles porque en realidad esconden alegatos propios de la moralidad católica, basada a su vez en una concepción religiosa de la vida. Hay que decirlo una vez más: tal noción es respetabilísima y los fieles de ese credo han de contar con plena libertad para profesarla. Pero no tienen derecho a convertirla en norma jurídica o en prohibición judicial que se imponga a los no católicos.
Por esos embates, voluntades tenaces procedentes de muchos orígenes –cito sólo a título de ejemplo a Juventino Castro y Castro, María de los Ángeles Moreno, Beatriz Pagés, Rodolfo Echeverría, Roberto Blancarte, Bernardo Barranco– pugnan por rebautizar a la república para que también se llame laica. No los asalta el candor de suponer que la realidad se modifica con una enmienda legal, por más que sea de rango constitucional. Fían, sí, en el carácter de escudo que la carta constitucional puede adquirir en la disputa por el tono y la densidad que debe tener nuestra convivencia, no una convivencia dificultada por la intolerancia, sino la que resulta de “desarrollar armónicamente las facultades del ser humano” y de fomentar en él, “a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia”.
Ese es el credo de la educación laica en una república que, siendo laica, debe ostentar ese carácter en su definición.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
Cómplices
Cómplices
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, DF, 6 de febrero (apro).- En un día sin definir y en secreto, el gabinete de seguridad “comparecerá” esta semana ante el Senado de la República.
El acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo para esa supuesta rendición de cuentas, más que un indicativo de la gravedad de la crisis de seguridad que padecemos, reafirma la protección que se guardan quienes son responsables directos de la vergüenza mundial que ahora representa México como un territorio de muerte.
Los capos, lugartenientes, sicarios, halcones y demás categorías con las que el narcotráfico ha etiquetado a cientos de miles mexicanos a su servicio, no llegaron solos, en un mero concierto de voluntades para ensangrentar al país por el control del mercado de las drogas.
Son producto de una clase política degrada que se ha acostumbrado a convivir con la delincuencia. El narcotráfico prospera donde las instituciones están corroídas.
Por definición, el narcotráfico o cualquier actividad de delincuencia organizada requieren de la protección oficial para surgir y mantenerse.
Los narcotraficantes tampoco son sólo resultado de “los malos policías o militares” que traicionan a sus corporaciones. Se valen de ellos, los utilizan para protegerse y obtener información. Para eso les pagan.
Soldados, marinos, policías y cualquier uniformado desde el nivel más bajo hasta el de un general encumbrado, son la más clara expresión de lo que significa tener un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad.
Lo mismo se puede decir de “honorables” empresarios, autoridades y “representantes populares” de los distintos órdenes de gobierno.
Quienes abrieron las puertas al narcotráfico y lo siguen haciendo han sido y son miembros de la clase política y sus aparatos de seguridad y de “procuración de justicia”.
No es nueva ni exclusiva de México, pero la infiltración de las instituciones en el país ha alcanzado tales niveles que hoy por hoy no existe ni una sola corporación uniformada digna de confianza entre la población, por más que el discurso oficial glorifique a las Fuerzas Armadas.
No hay institución del gabinete de seguridad a salvo. Las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina-Armada de México, de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República (PGR) tienen muchas historias que contar sobre el doble servicio que prestan y han prestado muchos de sus integrantes.
La Secretaría de Gobernación, que también forma parte del gabinete de seguridad, lo sabe y su titular, Fernando Gómez Mont, está empeñado en una cruzada nacional e internacional para negar lo innegable.
Lo titulares de esas dependencias les dirán a los senadores sólo lo que quieran escuchar. Los interlocutores, a su vez, atenderán como anfitriones y guardarán “secreto de Estado” porque, según el presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, “los asuntos de seguridad nacional no son para divulgarse en conferencias de prensa”.
Cierto que esos asuntos así se tratan en las sociedades democráticas donde hay una efectiva rendición de cuentas en la que los legisladores son un contrapeso para las acciones del Ejecutivo en esa materia.
No es el caso de México, donde la clase política ni se ha preparado técnicamente en el tema ni juega el rol de contrapoder, salvo cuando tiene que velar por los intereses de sus partidos. Peor todavía, cuando políticos de todos los partidos han hecho mancuerna con el narcotráfico. Y no pocos son producto de él.
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
DEBO NO NIEGO, PAGO LO JUSTO
Cómo Defender tus Derechos
DEBO NO NIEGO, PAGO LO JUSTO
Guía básica de los deudores con problemas de pago
Si has dejado de pagar al banco tu tarjeta o tu hipoteca, tienes que tomar unos minutos para reflexionar y darte cuenta que los deudores no somos delincuentes, sino más bien víctimas de la banca usurera y de la situación económica que atraviesa el país. Lo primero que hay que saber es que de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución, nadie va a la cárcel por no pagar una deuda bancaria o hipotecaria, no amerita prisión.
Debes estar preparado e informado para enfrentar el acoso del banco y de los despachos de cobranza, que llamarán a diario a tu casa y trabajo, harán visitas a tu hogar y enviarán citatorios amenazantes. Ellos no tienen derecho a acosarte, denúncialos.
Recuerda que debes declarar que reconoces tu deuda, pero que pagarás lo justo. El interés legal es del 9% anual, según lo marca el Artículo 2395 del Código Civil Federal. Sin embargo, los bancos manejan intereses superiores al 40% y, en algunos casos, llegan a cobrar hasta el 110%.
Aprende a leer tus estados de cuenta, vale la pena realizar el siguiente ejercicio:
1. Junta TODOS tus estados de cuenta,
2. Suma todas las compras y disposiciones que realizaste,
3. Suma todos los pagos que hiciste. Esto nos permite tomar conciencia del dinero que realmente tomaste prestado ya que los bancos aplican operaciones aritméticas a su favor y nunca vemos disminuir nuestra deuda por más que pagamos.
¡Advertencia! Tener cuidado con las cuentas de débito que se tengan en el mismo banco al que se adeuda, ya que en los contratos incorporaron una cláusula que autoriza al banco el cobro de los pagos atrasados de dichas cuentas. Cuida tu sueldo o tu pensión. Si tienes deuda en el mismo banco en donde tu nómina es depositada, pide en tu centro de trabajo que te paguen en efectivo, cheque o en otro banco.
Hay que dejar constancia de nuestro deseo de pagar lo justo mediante un escrito dirigido a la CONDUSEF, exponiendo la situación, alegando cobro excesivo de intereses y comisiones, y manifestando el monto aceptado como adeudo; no reconocer la cantidad que reclama el banco.
Hay que tener cuidado de no firmar ninguna reestructuración si no hay seguridad en poder pagar, porque entonces sí nos pueden embargar o meter a la cárcel. Es muy importante saber que al estampar nuestra firma estamos renovando adeudos que tal vez ya expiraron, pues los pagarés o vouchers prescriben a los tres años (Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 228 v).
Los deudores no estamos solos. Hay Casas del Movimiento en toda la República que te pueden brindar asesoría gratuita y orientación para promover la organización y la defensa de tus derechos como deudor.
¡ORGANIZATE Y LUCHA!
La usura es un delito, los banqueros son unos delincuentes.
Cuida tu dinero.
León Carballido. Casa del Movimiento
Deleg. Benito Juárez, D.F.
Fuente: Periódico Regeneración
Difusión: AMLOTV
Ayutla: la militarización y las ejecuciones selectivas
En los últimos 10 años han sido asesinados alrededor de 20 líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en Ayutla, pequeño municipio de la Costa Chica guerrerense. Las 107 medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana a favor de los activistas poco han servido para contener la violencia en una zona militarizada desde la masacre de El Charco de 1998. A pesar de los reclamos de la CIDH y de Amnistía Internacional, el Estado mexicano no ha detenido a una sola persona por los homicidios. Por el contrario, mantiene tras las rejas al activista Raúl Hernández Abundio, el único mexicano que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce “preso de conciencia”
Zósimo Camacho / Julio César Hernández, fotos / enviados
Ayutla de los Libres, Guerrero. Un pelotón de infantería se apuesta en la calle principal de esta cabecera municipal habitada por poco más de 6 mil personas. Si se les pregunta, los soldados dicen resguardar “los paquetes electorales” que supuestamente se encuentran en las oficinas de los distritos 14 (local) y sexto (federal).
Lo cierto es que los militares se encuentran en este lugar desde el 7 de junio de 1998, cuando fueron asesinados 11 indígenas en El Charco, comunidad serrana dependiente de este municipio. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó un enfrentamiento entre efectivos del Ejército Mexicano y guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI); pobladores y organizaciones de defensa de los derechos humanos señalaron que se trató de la matanza de indígenas indefensos.
Los militares han pasado a formar parte del paisaje. Durante semanas, son dos los pelotones que llegan del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande. En otras, sólo un pelotón permanece a las puertas de las oficinas.
A 200 metros, la plaza cívica es una algarabía en me’phaa o tlapaneco, na’saavi o mixteco y español: es día de tianguis y los puestos de los indígenas han desbordado los locales del mercado. La comandancia de la policía municipal despacha en el palacio del ayuntamiento. Entre 20 y 25 elementos con armas largas resguardan el parque. Los fusiles de asalto AR-15, las botas altas con casquillos de acero, los cabellos recortados y los uniformes camuflados hacen parecer a esta corporación policiaca un agrupamiento del Ejército Mexicano.
Militares y policías municipales no son los únicos armados en este pueblo de la Costa Chica guerrerense, también rondan patrullas de la Policía Federal, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Investigadora Ministerial, esta última dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y que viste de civil.
El pequeño municipio es el más peligroso, en todo el país, para los defensores de los derechos humanos. La saturación militar y policial es vista por las propias organizaciones no gubernamentales como parte del acoso orquestado en contra de ellas.
Desde el 9 de abril de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares a favor de 107 defensores de derechos humanos de las organizaciones que trabajan en la zona: la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (Kabaxo Xuaji Guini Me’phaa, OPIM por sus siglas en español), la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. La mayoría de los defensores son indígenas me’phaa y na’saavi.
En la resolución de la presidencia de la CIDH se establece que el Estado mexicano debe preservar “la vida y la integridad” de 107 personas. El documento enlista que las medidas de protección deben ser para 41 integrantes de la OPIM; 29 de Tlachinollan; Inés Fernández, me’phaa abusada sexualmente por militares, y su familia; Obtilia Eugenio, líder me’phaa, y su familia, y los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, líderes na’saavi de la OFPM asesinados en febrero de 2009.
A pesar de que el Estado mexicano se comprometió a cumplir con el dictado de la CIDH, los defensores de derechos humanos deben trabajar sin garantías. La oficina de Tlachinollan fue cerrada desde el 25 de marzo de 2009 y la dirección de la OPIM, encabezada por Obtilia Eugenio Manuel, se vio obligada a salir del municipio.
A diferencia de otras regiones de Guerrero, las de la Costa Chica y Montaña no son rutas de trasiego de drogas ni albergan campos de siembra de marihuana o amapola. Lo que abunda en la zona son las asambleas y los proyectos comunitarios impulsados por la OPIM y la OFPM. Más de 50 comunidades comenzaron a organizarse por estas dos vías para defender sus derechos humanos y colectivos y exigir carreteras, escuelas, clínicas y subsidios agrícolas.
—Los gobiernos siguen teniendo esta imagen conspirativa de los indígenas de Guerrero: si te organizas, seguro eres guerrillero. Y, en esta lógica, las organizaciones de defensa de los derechos humanos son el brazo político de la guerrilla. Si eres indígena pobre, seguro conspiras. Y si, además, te organizas, seguro preparas la subversión. Ésa es la visión con que se trata a los pueblos indios, señala el director de Tlachinollan, el antropólogo Abel Barrera Hernández.
La presencia del Ejército Mexicano y de las corporaciones policiales federales, estatales y municipales sólo parecería responder a la búsqueda de una columna del ERPI, la encabezada por el comandante Emiliano que anda en un corredor que va de la Costa Chica a la Montaña: 30 municipios con decenas de comunidades cada uno.
—En El Charco (el 7 de junio de 1998) mataron a varios líderes y comisarios de las comunidades. Los militares dijeron que los que estaban en la escuela de esa comunidad eran de un grupo armado. Pero cómo van a ser de un grupo armado si los compañeros asesinados no traían ni zapatos; unos, ni huaraches tenían –dice Arturo Campos Herrera, líder indígena de la comunidad de San Felipe y activista en la defensa de los derechos humanos.
Luego de la saturación policial y militar, comenzaron a aparecer en la región grupos paramilitares que, a decir de las organizaciones defensoras de derechos humanos, tienen la encomienda de entorpecer la organización de los pueblos indígenas y asesinar a los líderes de la región. De tal suerte, los hechos ocurridos en El Charco desataron una oleada de asesinatos que en número superan a los cometidos en aquella masacre.
El indígena na’saavi de 38 años de edad dice que más de 20 líderes comunitarios fueron asesinados después de la masacre de El Charco. Todos estaban organizados en la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), antecedente de la OPIM y de la OFPM.
—El Ejército metió mucha inteligencia militar en la zona y paramilitares. Y comenzaron a crear muchos conflictos en las comunidades. Los asesinatos comenzaron con el de Rogaciano González, de la comunidad Ocote Amarillo. Lo mataron allá en su comunidad. Luego siguió el de uno de los líderes de El Charco: Marcelino Petrunio. Lo mataron cuando venía bajando a Ayutla.
Al primero lo ultimaron con una pistola de calibre .9 milímetros. Al segundo, con un fusil AR-15. “En la zona no existen ese tipo de armas como para que el gobierno pueda decir que entre mixtecos se están matando”, advierte Arturo Campos, líder de la OIPMT de 2000 a 2002.
Bertoldo Martínez, activista por los derechos humanos y representante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, dice que los grupos de sicarios y paramilitares llegaron al mismo tiempo que la militarización y saturación policial.
—Eso de la delincuencia organizada es nuevo en Ayutla. Cualquier asesinato se dice que fue cometido por la delincuencia organizada, y ya: ahí queda. Pero esos grupos llegaron con el Ejército, y éste los protege: son los mismos. Lo que está ocurriendo en Ayutla es una cuestión de contrainsurgencia, y todo porque las comunidades indígenas se organizaron por sus derechos.
La lista de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos ejecutados continúa: Eugenio Librado, de Ocotitlán; Catalino Rodríguez, de La Concordia; Eugenio Ramírez, de Tenanitla; Francisco Morales Castro, de San Pedro Cuxcatlán; Porfirio Hernández y Armando García de El Paraíso; Esteban Pitazo…
—Está el caso del asesinato de casi una familia entera de la comunidad de Barranca de Guadalupe: mataron a la mamá, una hija y dos hijos –señala Arturo Campos Herrera.
Se trata de parientes de la actual líder de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel. Las cuatro personas fueron interceptadas y ejecutadas cuando regresaban a su domicilio luego de una jornada de trabajo. Los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2003. Fueron asesinados Eugenio Eugenio Neri, de 18 años; Antonino Eugenio Neri, de 20; Marcelina Eugenio Neri, de 23, y Fausta Neri Evaristo, de 48. Sobrevivió Ricardo Eugenio Rufina, de 53 años, padre y esposo de las víctimas. En la emboscada participaron aproximadamente 12 hombres.
También fueron ultimados: Severiano Lucas, de Barranca de Guadalupe; Héctor Romero Ríos, de Ayutla de los Libres; Raúl Lucas Lucía, de El Charco; Manuel Ponce Rosas, de La Cortina; Homero Lorenzo Ríos, de Ayutla de los Libres… El más reciente, el periodista Jorge Ochoa Martínez…
—Esto en cuanto a los asesinatos; pero también el mismo gobierno metió a la Secretaría de Salud (federal) para esterilizar forzosamente a todas las familias de la zona.
Arturo Campos Herrera se refiere a las vasectomías practicadas, entre 1999 y 2001, a 30 indígenas na’saavi y me’phaa de las comunidades El Camalote, La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán. Por estas acciones, se emitieron las recomendaciones 34/2004 y 18/2004 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente.
Además de los asesinatos y la esterilización forzada, las comunidades indígenas han padecido la instalación de campamentos militares sobre sus milpas, el robo de ganado y la destrucción de huertas. También, la violación de mujeres.
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo, entonces de 17 años, lavaba ropa en un arroyo cerca de su comunidad, Caxitepec, municipio de Acatepec. Fue atacada por ocho soldados. Luego de ser golpeada e interrogada sobre el paradero de una persona, fue violada por dos militares mientras seis observaban. Luego de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, la procuraduría guerrerense declinó su competencia ante la justicia militar, la cual archivó el caso por “no acreditar” la violación sexual.
Inés Fernández, de 27 años, se encontraba realizando labores domésticas cuando un grupo de soldados irrumpió en su casa de Barranca Tecuani, Ayutla. Fue golpeada y violada por militares el 22 de marzo de 2002. Como en el caso de Valentina, la justicia militar mandó el caso al archivo. A ocho años de los hechos, las indígenas esperan justicia con el fallo de la CIDH que está por emitirse.
La impunidad
Pasaba de la una de la tarde cuando tres hombres armados ingresaron abruptamente a la escuela secundaria Plan de Ayutla, ubicada en la colonia Barrio Nuevo de esta cabecera municipal. Transcurría el 13 de febrero de 2009; soplaban vientos perennes y cálidos en toda la Costa Chica de Guerrero.
Minutos antes se habían inaugurado las nuevas oficinas de la secundaria y los discursos ya habían concluido. El convivio también estaba por finalizar y el sopor comenzaba a ganar a los asistentes. Directamente, los secuestradores se plantaron ante Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario, respectivamente, de la OFPM, quienes, repantigados, ocupaban sendas sillas en el patio de la escuela.
—¡Tú, párate! –le espetaron a Manuel mientras lo sacudían bruscamente. Con sorpresa, Raúl se volvió a ver lo sucedido. Intentó preguntar, pero una tunda cayó sobre su cabeza. Los hombres armados dijeron ser policías y se llevaron a los indígenas na’saavi en un automóvil negro.
—Él fue a ese evento porque yo le dije que me acompañara –dice Guadalupe Castro Morales, viuda de Raúl. Contiene las palabras que salían en tropel. Guarda silencio. Respira.
—Comenzamos a buscar. Fui a las oficinas de Tlachinollan. Hicimos llamadas hasta las tres de la mañana y no supimos nada. Les dije: “Yo sé que ustedes son licenciados y han defendido a mucha gente. Ojalá puedan hacerlo con mi esposo”.
Buscaron en la cárcel de Ayutla, en agencias del Ministerio Público del estado, en el Juzgado Calificador, en el Centro de Internamiento y en las dependencias de la zona militar con sede en Acapulco, Guerrero. Más tarde se enterarían que las autoridades no sólo decían desconocer el paradero de los líderes mixtecos, sino que, a pesar de las denuncias, no movieron un dedo para dar con ellos. Meses después, el 28 de diciembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiría la recomendación 78/2009 dirigida al gobierno de estatal de Zeferino Torreblanca, toda vez que “se acreditó que servidores públicos” de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado “violaron en perjuicio de los agraviados occisos, así como de sus familiares, los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la procuración de justicia”.
Los restos mortales de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron “descubiertos” por policías ministeriales en un paraje solitario de la comunidad de San Francisco, en el municipio de Tecoanapa, el 20 de febrero de 2009, exactamente una semana después de que los líderes indígenas habían sido levantados.
—Me faltó fuerza. Sentí vacío. No quería que mis hijos se enteraran. Luego me sentí peor. Ya no era yo. Ya no escuchaba. Y me sentí como nunca me había sentido en mi vida.
Guadalupe Castro habla desde una modesta casa de tejamanil y palopique a las afueras de Ayutla. Aunque la familia es de la comunidad El Charco, debieron bajar a la cabecera por sentirse más vulnerables en su lejana comunidad de tierra rojiza, cañas de azúcar y trapiches.
Al interior de la choza ha levantado un altar en memoria de su esposo. Su hijo, de 17 años, y su nuera, de 16, sirven chilate. Sentada sobre el piso de tierra, la familia degusta el agua refrescante hecha con cacao. Esporádicamente, al interior de la casa corretea un par de lechones macilentos.
—Mi esposo había recibido amenazas, tanto de militares, como de policías del ayuntamiento y de la comandancia. Siempre tuvo problemas con ellos porque esas personas siempre tratan mal a la gente indígena, a la que no sabe hablar; la sobajan. Y, en los retenes, siempre bajan las bolsas de los indígenas para registrarlas. Y mi esposo se oponía.
Preso de conciencia
—Nosotros andamos defendiendo el territorio, nuestros hijos y la familia; por eso estoy aquí –dice Raúl Hernández Abundio desde la cárcel municipal de Ayutla. La luz y el bullicio de la calle se disipan apenas se cruza el umbral de rejas de hierro y gruesas puertas de madera carcomida.
El indígena me’phaa, de 30 años, se encuentra recluido en esta vieja casona de sórdidas paredes azules y techo de teja, que alberga a más de 200 internos, desde el 17 de abril de 2008. Ese día, junto con cuatro campesinos más fue detenido por efectivos del Ejército Mexicano y elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) en uno de los caminos terregosos que conducen de esta cabecera municipal a las comunidades indígenas de la sierra. Raúl se dirigía a su pueblo, El Camalote.
Los cinco indígenas me’phaa aprehendidos ese día fueron Orlando Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Romualdo Santiago Enedino, Natalio Ortega Cruz y Raúl Hernández Abundio.
Desde ese día, organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que la detención de los activistas era, en realidad, un acto represivo del gobierno mexicano en contra de los indígenas organizados en la OPIM. El 19 de marzo de 2009, tras obtener un amparo que declaró ilegal e injusta su detención, cuatro indígenas fueron puestos en libertad. Sólo Raúl permaneció en prisión porque el Poder Judicial Federal señaló que su inocencia se tiene que demostrar en el proceso que se le sigue en Ayutla. El 22 de enero pasado, Amnistía Internacional exigió al gobierno mexicano la liberación del campesino, a quien declaró “preso de conciencia”.
Orador en su lengua, se muestra frustrado ante su español entrecortado. Balbucea: “Me detuvieron (en el) año (de) 2008, 17 de abril. Ese día (nos) topamos con soldados en (el) crucero (de) Tecruz. Y eran soldados y AFI y judicial estatal; más de 15 carros”.
Los campesinos viajaban en una camioneta luego de asistir a una protesta contra el aumento al precio del fertilizante. Fueron interceptados en un retén de las Bases de Operaciones Mixtas, las cuales –según la Secretaría de la Defensa Nacional– se integran con fuerzas federales (Ejército, Marina Armada de México y Policía Federal) y estatales (corporaciones policiacas del estado). Según la propia dependencia, en respuesta a la solicitud de información 06122005, existen 35 bases de este tipo en todo el país.
—Nos bajaron de la camioneta y nos tomaron datos y fotos. Por radio dijeron: “Aquí está julano y julano”. Nos subieron a sus carros y nos trajeron para acá con bien harta polvareda.
A los campesinos se les acusó de haber asesinado al agente de inteligencia militar Alejandro Feliciano García. El informante del Ejército Mexicano fue muerto por arma de fuego el 1 de enero de 2008 en las inmediaciones de la comunidad El Camalote.
—Nos dijeron que teníamos orden de aprehensión. No nos espantamos nada porque la mera verdad nosotros no hicimos eso (el asesinato del informante del Ejército). A cada uno nos metieron en un cuarto y nos decían que dijéramos quién mero fue el que lo mató. Y querían que yo a fuerzas dijera que había sido uno de los compañeros –dice Raúl Hernández.
Explica que desde el momento de su detención se le prohibió hablar en su lengua con sus acompañantes. Incluso, los indígenas me’phaa fueron encañonados y golpeados con las culatas de los fusiles por comunicarse entre ellos que tenían hambre y sed.
Rechaza haber participado de alguna manera en el asesinato del agente de inteligencia militar: “No hay nada, nada, que me inculpe. Yo pido que el gobierno ya haga justicia”.
Rayos de luz se cuelan por las rendijas de las ventanas despostilladas. Las corrientes de aire no terminan de ventilar el ambiente acre del penal, pero alcanzan a traer parte de la gritería del mercado callejero. Raúl suspira y levanta la mirada. Sus palabras se aletargan aún más.
—En El Camalote sembramos maíz, jamaica, calabaza, frijol… Tengo que salir. Mi familia sufre. A veces mi familia se baja (a visitarlo a la cárcel) y gasta dinero. Mi familia me dijo: “Cuándo vas a salir, ahora quién va a sembrar”. Y yo le dije a mi familia: “Aguántate, el gobierno me está castigando por algo que no hice”. Mi familia no tiene dinero ni para jabón. Tengo una hija de 10 años que va a la escuela primaria y la maestra ya le dijo que si no compra el uniforme no va a entrar a la escuela.
La profesora que exige el uniforme a las paupérrimas familias de El Camalote es Fernanda Rojas Santana, esposa de Romualdo Remigio Cantú, a quien integrantes de la OPIM señalan como “el cacique” del lugar y adversario de la organización indígena.
Cabello recortado y bigote ralo, Raúl señala que los embates contra los pueblos indios y campesinos terminarán por revertirse contra las autoridades. “Nosotros los campesinos sólo queremos sembrar. Los campesinos somos los que producimos. Vendemos para toda la gente y también para el gobierno. Si nosotros no sembramos, ni modo que el gobierno coma papel nomás”.
Voces de Ayutla
“A mi comunidad El Camalote llegan los soldados y buscan terreno. Escarban donde sembramos. Andan molestando. Yo no les di permiso de que estuvieran donde sembramos porque se roban la planta que tiene uno: maíz, frijol, calabaza, mandarina, naranja, caña. Y cuando estamos sembrando y mi familia me lleva agua fresca y comida, los soldados la espantan”: Raúl Lucas Lucía
“Sentí que me volvía loca. Pero como no quería que mis hijos se dieran cuenta de que su papá estaba muerto, me quedé callada. Subí a la azotea a pensar y a llorar. Luego me paré y vi que nada había que hacer más que planear lo que iba a continuar de ahora en adelante. Bajé y les dije a mis hijos que no éramos los únicos que sufríamos en esta vida”: Guadalupe Castro, viuda de Raúl Lucas Lucía
“La organización nació para hacer gestiones de proyectos productivos, electrificación, construcción de escuelas. Hasta la fecha no hay mucha comunicación entre Ayutla (el gobierno mestizo) y las comunidades indígenas. Pero ahora la organización ya ha tenido que cambiar su actividad: está para defender a los presos, a las viudas de los asesinados. Ahora se ha tenido que concentrar en eso”: Arturo Campos Herrera
“Lo que pasa es que la organización de los pueblos mixtecos y tlapanecos nace para resolver las problemáticas de la zona: salud, educación… Empiezan a hacerse fuertes. Y tenían ya un consejo en el que luchaban por autonomía y por el poder popular en sus pueblos. Por eso quien los está reprimiendo es el Ejército, que hace una labor de contrainsurgencia. El gobierno piensa que los indígenas son base de la insurgencia; y como no tiene capacidad de combatir directamente a la insurgencia, se desquita con quien cree que son su base”: Bertoldo Martínez
“Vemos toda la fuerza del Estado contra grupos insurrectos y comunidades que supuestamente son aliadas a ellos, que en realidad son comunidades pobres, vulnerables e indefensas como las de Ayutla. Esto se ha traducido en graves violaciones a los derechos humanos, donde ahora el Ejército confronta directamente a la población civil no importando que sea gente de bien, ciudadanos que ejercen sus libertades, el libre tránsito. Ahora ya todos están catalogados como sospechosos. Estamos ante un estado de excepción en el que estamos viviendo”: Abel Barrera (ZC)
La división de la OIPMT
La Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos surgió en la primera mitad de la década de 1980. Alrededor de 50 comunidades na’saavi (mixtecas) y me’phaa (tlapanecas) trabajaron juntas por más de 20 años. A principios de 2002 decidieron constituirse en dos organizaciones.
“No se divide por problemas, sino por cuestiones de la lengua; cuando hacíamos las reuniones, se tenía que hablar en mixteco, luego en tlapaneco y luego en castellano; y si el dirigente era mixteco, cuando iba a las comunidades tlapanecas no se le entendía bien”, dice Arturo Campos, na’saavi líder de la OIPMT de 2000 a 2002.
A principios de 2002 se constituye la Kabaxo Xuaji Guini Me’phaa, (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, OPIM) y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).
“Pero nos seguimos viendo como compañeros y nos coordinamos. La división no fue por pleito, sino porque vimos que así podíamos crecer más y seguir caminando juntos.” (ZC)
Ayutla 1998-2010
Muertos en El Charco el 7 de junio de 1998: 11
Ejecuciones contra activistas y líderes comunitarios: alrededor de 20
Esterilizaciones forzadas: 30
Violaciones sexuales cometidas por soldados: 2
Preso de conciencia: 1
En Ayutla, el asesinato
En Ayutla, el asesinato 63 contra periodistas en México
El 29 de enero de 2010, alrededor de las 22:30 horas, fue asesinado en Ayutla de los Libres Jorge Ochoa Martínez, director de los semanarios El Oportuno y El despertar de la Costa. El periodista fue ejecutado entre las calles de Mina y Plan de Ayutla, cuando salía de un restaurante.
Ochoa Martínez también fue director de Comunicación Social del actual gobierno municipal, encabezado por el priista Armando García. (ZC)
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
Internet como herramienta de lucha
En la Red
Internet como herramienta de lucha
Lunes, 01 de Febrero de 2010 00:00
Los nuevos movimientos sociales y ciudadanos utilizan los modernos instrumentos tecnológicos de comunicación e información para difundir sus demandas, denuncias y para organizar acciones y movilizaciones coordinadas. Así, el uso del correo electrónico, mensajes de texto, blogs, redes sociales, celulares, sirve a causas populares, progresistas y democráticas como el Movimiento en Defensa de la Economía Popular, a luchas sociales (SME, Atenco, Oaxaca, Chiapas, indígenas, derechos humanos, ecologistas, defensa de los derechos de las mujeres y de la diversidad), a iniciativas ciudadanas (denuncias contra la manipulación de la información, protestas en la red contra abusos, campaña por la renuncia de Calderón). El Gobierno Legítimo de México mantiene en Internet una presencia muy importante, por medio de páginas y blogs propios y de simpatizantes y adherentes, y es frecuente encontrar envíos y mensajes de Andrés Manuel López Obrador en Facebook y en Twitter, sistemas en los cuales, además, han tenido lugar importantes movilizaciones de opinión para denunciar el inescrupuloso Teletón, oponerse a los aumentos de impuestos y a la criminalización del aborto del PRI y del PAN en diversos estados de la República. Éntrale a la computadora, también por la red podemos impulsar la revolución de las conciencias y las transformaciones que el país requiere
Fuente: Periódico Regeneración
Difusión: AMLOTV
Critica Tadeco apatía de las autoridades
CITLAL GILES SÁNCHEZ
El coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, lamentó que a más de tres de meses de poner su demanda por amenazas y hostigamiento contra integrantes de esa organización, las autoridades no les han dado informes sobre los avances de ésta. Mucho menos, dijo, han tenido respuesta para la audiencia que solicitaron con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
En entrevista, el activista indicó que hablaron con el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Albertico Guinto Sierra, quien les aseguró que se reunirían en el transcurso de estos días.
“Probablemente nos estemos reuniendo a mediados de febrero, entre el 10 y el 15, para ver los avances sobre la denuncia que hicimos por las amenazas que recibimos”, comentó.
Monroy Hernández explicó que aunque ya han cesado las amenazas, hostigamientos y persecuciones, temen que puedan resurgir.
Por otro lado, comentó que la audiencia con el gobernador para plantear las diversas propuestas que surgieron de los foros por la vida y la dignidad que desarrollaron durante el año pasado, aún no está programada, pues están a la espera de que el gobernador regrese de viaje por Japón para que puedan buscar una fecha.
Destacó que ya tienen un plan de acción a desarrollar durante todo el año, como enfocar el trabajo del Comité de Desaparecidos hacia un centro de apoyo a familiares de víctimas de la violencia, y no quedarse sólo con las denuncias de los familiares y amigos.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
En indefensión legal, miles de indígenas veracruzanos
Líderes del Movimiento Indígena Popular en Veracruz, acusaron que en el estado se han juzgado al menos 10 mil presos indígenas sin que hayan contado con una defensa legal adecuada, por lo que buscarán que el Tribunal Superior de Justicia del Estado les otorgue personalidad jurídica para entrar en los penales y conocer su situación legal y las cifras actuales.
“Sin exagerar, yo creo que habrá unos 10 mil casos y han de ser poquitos. Desgraciadamente ya purgaron una pena que relativamente no es acorde al delitos que cometieron. En Veracruz las injusticias salen de todas partes”, destacó el secretario general de la organización política nacional en el estado, Lorenzo José Cazarín Ruiz.
Y es que aseguró los presos indígenas a la hora de ser juzgados no cuentan con un defensor o un colegio de agogados que hable su lengua o dialecto, que se encarguen de comisionar a un profesionista para que lleve a cabo el procedimiento de una persona que se encuentra privada de su libertad.
Resaltó que las autoridades la mayoría de las veces juzgan sin antes comprobar que realmente haya la comisión del delito, porque los indígenas no tienen los medios para defenderse y sólo los sentencian.
Fuente: La Jornada de Veracruz
Difusión: Soberanía Popular
Howard Zinn y la otra historia
Por Amy Goodman
Publicado el 3 de Febrero, 2010
Howard Zinn, el legendario historiador, escritor y activista estadounidense falleció la semana pasada a los 87 años. Su obra más famosa es “La otra historia de Estados Unidos”. Zinn fue entrevistado por Democracy Now en mayo del año pasado y habló sobre su libro: “La idea de ‘La otra historia’ es ir más allá de lo que aprendí en la escuela o de lo que la mayoría de la gente aprendió en la escuela, y esa es la historia a través de los ojos de los presidentes y generales en las batallas libradas en la Guerra Civil. Y nosotros queremos las voces de la gente, de la gente común y corriente, rebeldes, disidentes, mujeres, negros, asiático-estadounidenses, inmigrantes, socialistas y anarquistas y los agitadores de todo tipo”.
Es pertinente escribir sobre la vida de Howard Zinn justo cuando comienza el llamado “Mes de la Historia Negra”. A pesar de que era blanco, Zinn escribió en forma elocuente sobre la lucha por los derechos civiles y también formó parte de ese movimiento. Hace cincuenta años, el 1° de febrero de 1960, cuatro estudiantes negros ingresaron en la tienda F.W. Woolworth de Greensboro, Carolina del Norte, y se sentaron en el mostrador que era “solo para blancos”. Se les negó el servicio, y regresaron día tras día. Cada día se les sumaban más personas. El movimiento contra la segregación en restaurantes se extendió a otras ciudades del Sur. En julio, el mostrador de Greensboro Woolworth estaba desegregado. Esta semana, se inauguró el Centro y Museo Internacional por los Derechos Civiles en el lugar donde se registró la protesta original.
En el momento de las protestas, Howard Zinn era profesor del Spelman College, una universidad históricamente de mujeres negras en Atlanta. Me contó por qué, luego de siete años de enseñar allí, fue despedido: “Durante las protestas, las estudiantes del Spelman College se alzaron, apartándose de ese ambiente tranquilo y controlado de la universidad. Fueron a la ciudad, fueron arrestadas y regresaron motivadas y decididas a cambiar las condiciones de su vida en la universidad que eran muy, pero muy anticuadas. Vivían en una especie de convento. Entonces se rebelaron contra la administración, las apoyé en su rebelión, y eso fue demasiado para la administración de la universidad.”
Zinn escribió en el epílogo de ‘La otra historia’: “Recién cuando entré al cuerpo docente del Spelman College fue…que comencé a leer a historiadores afroestadounidenses que nunca habían aparecido en mi lista de lecturas en la enseñanza secundaria. En ninguna etapa de mi formación en historia había aprendido acerca de las masacres de los negros, que sucedieron una y otra vez a lo largo de la historia estadounidense, en medio del silencio de un gobierno nacional comprometido por la Constitución a proteger la igualdad de derechos para todos”.
La escritora ganadora del Premio Pulitzer y autora de “El color púrpura”, Alice Walker, fue alumna de Zinn en Spelman. Dijo que Howard Zinn fue uno de sus profesores más divertidos. Recordó por qué había sido expulsado de Spelman hace décadas “Lo expulsaron porque nos amaba, y nos mostraba ese amor simplemente al estar con nosotros. Amaba a sus alumnos. No veía por qué debíamos ser ciudadanos de segunda clase. No veía por qué no podíamos comer donde queríamos y dormir donde queríamos, ni estar con la gente que queríamos estar. Entonces el estaba con nosotros”.
Hace algunos años, Zinn fue invitado a Spelman para dar el discurso de la ceremonia de graduación de ese año y recibir un título honorario.
El reconocido lingüista y disidente político Noam Chomsky, era un viejo amigo de Zinn: “La frase de él que siempre resuena en mi cabeza es su admiración y su estudio detallado de lo que denominó ‘las innumerables pequeñas acciones de gente desconocida’ que provocaron esos grandes momentos que forman parte del registro histórico, un registro que simplemente no se puede comenzar a entender a menos que se tengan en cuenta esas innumerables pequeñas acciones. Y él no solo escribió acerca de ellas en forma elocuente, sino que además participó en ellas”.
Howard Zinn editó, junto con Anthony Arnove, el libro “Las voces de la otra historia de Estados Unidos”, que recopila discursos, cartas y otros materiales originales de esos “desconocidos” que formaron este país. A partir del libro se hizo un documental con la participación de celebridades, que se estrenó en el History Channel apenas semanas antes de la muerte de Zinn. Matt Damon, el productor ejecutivo, le dio una gran difusión popular a ‘La otra historia’ en la famosa película ‘En busca del destino’ (Good Will Hunting, en inglés), cuando su personaje, Will, le recomienda el libro a su psiquiatra. Matt Damon fue vecino de Zinn en Newton, Massachusetts, y lo conocía desde los 10 años.
En mayo del año pasado, cuando entrevisté a Zinn, reflexionó sobre los primeros meses de gestión de Barack Obama: “Ojalá el Presidente Obama escuchara con atención a Martin Luther King. Estoy seguro de que le rinde homenaje verbal, como hace todo el mundo, a Martin Luther King, pero debería pensar antes de enviar misiles a Pakistán, antes de acordar este enorme presupuesto militar, antes de enviar soldados a Afganistán. Debería preguntarse: ‘¿Qué haría Martin Luther King? ¿Qué diría Martin Luther King de esto?’ Y si escuchara a King, sería un presidente diferente del que está resultando ser hasta ahora. Creo que debemos hacer que Obama mantenga su promesa de ser diferente y osado, y producir un cambio. Hasta ahora no ha cumplido esa promesa”. Howard Zinn, 1922 – 2010, te extrañaremos.
______
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2009 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Fuente: Democracy Now
Difusión: AMLO TV
Afirma López Obrador que Calderón abdica su responsabilidad en el combate al crimen organizado
Afirma López Obrador que Calderón abdica su responsabilidad en el combate al crimen organizado
Zihuatanejo, Guerrero
Domingo 07 de febrero de 2010
* La estrategia de inseguridad la manejan desde el extranjero, afirma el presidente legítimo de México
* Se tiene que atender las causas que han originado la descomposición social en el país, señala
Felipe Calderón es tan débil políticamente que ha abdicado su responsabilidad en el combate al crimen organizado y por ello la estrategia de seguridad la manejan desde el extranjero, afirmó Andrés Manuel López Obrador.
“La debilidad de Calderón está llevando a que haya mucho intervencionismo sobre asuntos nuestros, y nosotros no queremos ser colonia de ningún país extranjero”, señaló el presidente legítimo de México al conceder una entrevista.
Explicó que hace días hizo un llamado respetuoso al embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, porque ya estaba declarando un día si y el otro también sobre asuntos que solo competen a los mexicanos, porque nosotros somos un país independiente y soberano.
Comentó que mandó a decir, de manera respetuosa, al embajador de EU que no abusara de la debilidad de Calderón y que no insinuara tan abiertamente, con tanto desparpajo, que la política de seguridad la estaban manejando en Estados Unidos.
“Al embajador norteamericano no se le debe de olvidar que una cosa es Calderón y otra cosa somos los mexicanos que siempre vamos a defender nuestra soberanía”, subrayó.
Al pedir los representantes de los medios de comunicación su opinión sobre el llamado que hizo Calderón de cambiar la estrategia para enfrentar al crimen organizado, el presidente legítimo de México indicó que para resolver el problema se tiene que atender las causas que han originado la descomposición social.
También, prosiguió, se debe cambiar la política económica que mantiene en la pobreza a millones de mexicanos y que desde hace 27 años no se registra un crecimiento económico, ni la generación de empleos, y sobretodo se mantiene en el olvido a los jóvenes.
“Calderón cometió el error al pegar un garrotazo a lo tonto al avispero y nos metió a los mexicanos en una situación muy difícil y sólo hace tres días reconoció que se había equivocado”, sostuvo.
Expresó que no se solo demagogia el llamado de Calderón de cambiar la estrategia de combate contra el crimen organizado, porque debe de entender que los problemas de inseguridad y de violencia no se van a enfrentar nada más con policías, con militares, con cárceles o con amenazas de mando dura.
Ante la pregunta de los representantes de los medios de comunicación de que el PRD en Guerrero pretende aliarse con el PAN para participar en los próximos comicios estatales, el presidente legítimo de México opinó: “respetó ese punto de vista, pero no lo comparto”.
“Yo creo que la izquierda, el sector progresista del país, debe de ser consecuente. Debemos nosotros anclarnos en lo que somos, no desdibujarnos. El zigzagueo en política es fatal”, expresó.
Reiteró su desacuerdo sobre las alianzas electorales entre el PRD, PT y Convergencia con el PRI y el PAN, porque los últimos dos partidos políticos son lo mismo.
López Obrador negó manifestarse a favor de algún precandidato a la gubernatura, porque “su objetivo es la transformación del país, no lo electoral inmediato”.
Al conceder una entrevista a los representantes de los medios de comunicación en Zihuatanejo, lamentó los asesinatos de dos dirigentes perredistas en Tierra Caliente y pidió a las autoridades que investiguen y castiguen a los autores materiales e intelectuales de los crímenes.
Durante la reunión de evaluación de los comités municipales, el presidente legítimo de México estuvo acompañado por el senador perredista, Lázaro Mazón y por el coordinador de comités municipales del Gobierno Legítimo de México, César Núñez.
Fuente: Gobierno Legítimo
Difusión AMLOTV
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