Educación en México, cada vez más pobre y desigual

La marginación y la penuria educativa tienen a México en el lugar 55 en acceso a la educación a nivel mundial. Más de 34 millones de personas sufren rezago, analfabetismo o tienen apenas cuatro años de estudio. “Las poblaciones pobres reciben una educación pobre”: relator especial de la ONU

En México, 34 millones de personas están en rezago educativo; 7 millones son analfabetas; 1.4 millones de niños no asisten a la escuela; más de 1 millón 324 mil tienen menos de cuatro años de estudio, y hay un número inestimable de analfabetas funcionales.

Cifras del relator especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) dan cuenta de la marginación y la penuria educativa.

El análisis Llegar a los marginados. Informe de seguimiento de la educación para todos 2010, de la UNESCO, identifica a quien está en la marginación educativa como quien no tiene acceso a los servicios escolares; mientras que aquel que está en la penuria educativa tiene menos de cuatro años de estudios y carece de conocimientos básicos en lectura, escritura y matemáticas.

A nivel mundial, México tiene el lugar 55 en el índice Educación para Todos, que mide el acceso a los servicios educativos. De acuerdo con el informe, tiene el lugar 65 en la cantidad de alumnos que alcanza el quinto grado, y el 66 en alfabetización para adultos. Mientras que en el acceso de las mujeres a la educación, está en la posición 58.

Vernor Muñoz Villalobos, relator especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, advierte que en México existen grandes asimetrías estructurales y desigualdad en la educación. El país “enfrenta dos grandes retos: abatir la exclusión que genera el propio sistema educativo y elevar la calidad”.

Durante la presentación de los resultados preliminares de su evaluación, en su primera misión a México, apuntó que la exclusión de las oportunidades educativas tiene destinatarios muy precisos: “Las poblaciones pobres reciben una educación pobre”.

Desigualdad y exclusión

El informe Llegar a los marginados. Informe de seguimiento de la educación para todos 2010 apunta que la desigualdad en el aprendizaje tiende a ser más amplia en los países de bajos ingresos.

Según expone el informe, el que se hable una lengua diferente a la oficial está asociado al bajo desempeño escolar. En México, la población indígena cursa tan sólo 1.5 años en la escuela, mientras que a nivel nacional el promedio alcanza los ocho años.

Ocho de cada 10 indígenas no cuentan con educación básica. La tasa de analfabetismo alcanza hasta al 50 por ciento de la población en las zonas rurales; sin embargo, de los 1.5 millones de indígenas en rezago educativo, sólo se atiende a 66 mil.

A diferencia del 17 por ciento de la población nacional que ingresa a la universidad, únicamente el 1 por ciento de los indígenas que cursan la primaria acceden a estudios a nivel superior.

En su visita a México, el relator especial sobre el Derecho a la Educación, Muñoz Villalobos, reconoció que pese a que el país ha reconocido formal y constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas, la eficacia educativa está por debajo de los estándares.

“El modelo educativo es insuficiente para el rescate y la potenciación de las culturas y las lenguas indígenas”. Describió que éste deja sin oportunidades a la población de las zonas rurales o les ofrece opciones de baja calidad.

En los últimos años, abundó, el presupuesto para educación intercultural se ha reducido dramáticamente. Únicamente existen nueve universidades de este tipo.

El relator considera que la lucha contra la deserción y el rezago está relacionada con la necesidad de fortalecer la capacitación y la formación docente, la que “muchos expertos han calificado como primigenia, irregular e inconsistente”.

Respecto de la situación de los jornaleros agrícolas, refirió que el 70 por ciento del total del rezago educativo proviene de estas familias. Alrededor de 1 millón de niños tienen dificultades para continuar con sus estudios. Por lo que Muñoz Villalobos llamó reforzar la boleta única y el Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes.

Respecto de la inclusión de los menores con discapacidad, el relator observó que la educación integradora y especial no termina de armonizar. Es necesario, comentó, traducir los compromisos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en normas locales.

“Detrás de esta situación de asimetría y desigualdad –expuso el relator–, hay un problema más estructural que tiene que ver con la ausencia de una política pública articulada y sistémica”.

Para el relator, esta realidad contrasta con el principio de derechos humanos sobre el acceso universal a una educación de calidad. Por lo que “es fundamental que se fortalezcan los mecanismos de exigibilidad del derecho a la educación”.

La desigualdad además se observa en el desempeño. De acuerdo con la UNESCO, los niños del 25 por ciento de las familias más ricas obtienen calificaciones en matemáticas entre 25 y 30 por ciento mayores que las de los niños que pertenecen al 25 por ciento de las familias más pobres.

Según el reporte, las mujeres mexicanas tienen de 1.5 a 1.7 veces más probabilidades de ser analfabetas que los hombres. En el caso de las mujeres que hablan una lengua indígena, hay 15 probabilidades más de ser analfabetas que aquellas que hablan español.

Al respecto, entre 1984 y 1994 había 6 mil 397 adultos analfabetas: 62 por ciento eran mujeres. Para el periodo comprendido entre 2000 y 2007, el porcentaje de mujeres analfabetas aumentó un punto. No obstante el rezago educativo, la Secretaría de Educación Pública destina únicamente 0.86 por ciento de su presupuesto a la educación para adultos.

El documento describe que los estados del sur del país tienen un pobre desempeño para combatir la desigualdad educativa. Mientras a nivel nacional, los jóvenes entre 17 y 22 años tienen un promedio de educación de ocho años, y en regiones como el Distrito Federal alcanzan hasta los 10 años; en Chiapas, la media oscila entre 5.7 y 6.6 años de escolaridad. Casi un cuarto de la población joven tiene poco más de cuatro años.

Deserción y bajo desempeño

Durante la presentación de los resultados preliminares de su evaluación, Muñoz Villalobos alegó que “más que contentarse con los estándares de matriculación en primaria, el Estado debe ocuparse con determinación en garantizar la trayectoria exitosa de las personas a lo largo del proceso educativo”. Al respecto, mencionó que el promedio de éxito escolar es de apenas 8.5 años.

El informe Llegar a los marginados. Informe de seguimiento de la educación para todos 2010 señala que, en México, más del 40 por ciento de la población estudiantil que ha presentado la prueba Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes tiene un nivel uno o menor de lectura: “Luego de ocho años de escolaridad, esta población fue incapaz de demostrar niveles de lectura y escritura que alcanza la media en la primaria”.

Aunque el país alcanza coberturas en primaria y secundaria del 98 y 92 por ciento, respectivamente, señaló el relator, de cada 100 niños que ingresan a primaria, sólo 66 terminan en tiempo normativo, 17 entran en la universidad y dos o tres en posgrado.

Cerca del 35 por ciento de los alumnos de educación media superior deserta. Ello, advierte el relator, se agrava con un sistema de examen único que conduce a un proceso selectivo y castiga a los que no tienen buenas oportunidades educativas”.

Metas lejanas

La UNESCO advierte que millones de niños de los países más pobres del mundo corren el riesgo de verse privados de recibir educación como consecuencia de la crisis financiera.

El reporte Llegar a los marginados. Informe de seguimiento de la educación para todos 2010 anticipa que probablemente un gran número de naciones distará mucho de alcanzar las metas aprobadas por sus gobiernos en 2000, pues no erradican las desigualdades, y los países donantes no cumplen sus promesas.

“Las desigualdades extremas y persistentes debidas a la pobreza, la disparidad entre los sexos, la pertenencia étnica y el idioma frenan los progresos de la educación, despilfarran el potencial humano y socavan la prosperidad”, observa el organismo.

A nivel mundial, estima la UNESCO, 72 millones de niños no asisten a la primara, como 71 millones de adolescentes no cursan el primer ciclo de secundaria. Señala que de persistir las tendencias actuales, en 2015 todavía habrá 56 millones de niños sin escolarizar.

Describe que las disparidades entre los sexos están profundamente arraigadas. En 28 países en desarrollo, por cada 10 varones en primaria, hay menos de nueve niñas. La población femenina representa todavía el 54 por ciento del total de niños sin escolarizar.

Además, señala, son escasos los avances para reducir a la mitad el analfabetismo entre los adultos, toda vez que 759 millones de personas no saben leer ni escribir. Identifica, además, a 22 países donde el 30 por ciento de los adultos jóvenes no llega a alcanzar los cuatro años de escolaridad.

El reporte calcula que se van a necesitar en todo el mundo 10 millones 300 mil docentes para lograr el objetivo de universalizar la enseñanza primaria de aquí hasta 2015.

Escasa ayuda de países ricos

La ayuda internacional, subraya la UNESCO, es una parte vital para alcanzar la educación para todos. América Latina y el Caribe reciben una parte relativamente pequeña del total de la asistencia oficial, alcanzando menos del 7 por ciento. Con la desaceleración económica de Estados Unidos, hay atrasos en los apoyos. México registra una caída del 10 por ciento.

Según el organismo internacional, los países donantes no han logrado cumplir la promesa formulada en 2000, según la cual, ningún país comprometido se vería frustrado, por falta de recursos, en su empeño por apoyar la educación en los países pobres.

En 2007, los compromisos de ayuda a la educación básica se redujeron en un 20 por ciento. El informe Llegar a los marginados. Informe de seguimiento de la educación para todos 2010 apunta que los presupuestos de los tres mayores donantes (Alemania, Francia y Japón) muestran una atención relativamente escasa.

La UNESCO expone que los países de ingresos bajos podrían por sí solos recaudar una suma adicional de 7 mil millones de dólares anuales para educación; no obstante, aun con ese esfuerzo, el déficit en 46 países suma 16 mil millones de dólares anuales, “que debe saldarse si se quieren alcanzar los objetivos principales de la Educación para Todos”.

Kevin Watkins, director del informe, declara que “los países ricos han desplazado montañas de recursos financieros para estabilizar sus sistemas bancarios y proteger sus infraestructuras socioeconómicas vitales, pero sólo han prestado una ayuda muy modesta a los pobres del mundo”.

El informe admite que, en una época de fuertes tensiones presupuestarias, el incremento de la ayuda va a resultar una empresa difícil para los países donantes; sin embargo, “tendrá que aumentar sustancialmente”.

Políticas sugeridas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para contrarrestar la desigualdad educativa

1. Mejorar el acceso a la educación y hacerla más accesible, eliminando los gastos extraoficiales y ofreciendo incentivos específicos

2. Fortalecer el entorno de aprendizaje con maestros calificados y extendiendo la enseñanza intercultural bilingüe

3. Hacer extensivos los derechos y ofrecer más oportunidades, integrando las estrategias de educación en políticas más generales de lucha contra la marginación

Marginación y penuria educativa en México

Mexicanos en rezago educativo: 34 millones

Mexicanos analfabetas: 7 millones

Niños mexicanos que no asisten a la escuela: 1.4 millones

Mexicanos con menos de cuatro años de estudio: 1 millón 324 mil

Analfabetas funcionales en México: número inestimable

Población estudiantil mexicana en el nivel uno de lectura: 40 por ciento

Indígenas que no cuentan con educación básica: ocho de cada 10

Puntuaciones calificativas de los niños del 25 por ciento de las familias más pobres: entre 25 y 30 por ciento menores que las del resto de la sociedad

Las mujeres indígenas tienen 15 por ciento más de probabilidades de ser analfabetas

FAEB contribuye a la desigualdad

Aurora Loya Brandila, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, anota que las desigualdades educativas tienen su origen en las últimas modificaciones al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica para los estados (FAEB).

En 2007, los criterios en su distribución fueron reformados, pues se reparte de acuerdo con la matrícula escolar, que significa un 50 por ciento; el rezago educativo y la inversión estatal en educación, que significan cada una un 20 por ciento, y la calidad educativa, que significa un 10 por ciento.

Para la especialista en actores y políticas educativas, bajo estos factores, las entidades con el mayor rezago educativo están lejos de mejorar la calidad de sus servicios. Señala que no queda claro si el criterio de equidad, que favorecería a las entidades más rezagadas, se toma en cuenta. Por el contrario, “se favorece a los gobiernos que más contribuyen fiscalmente a la Federación. No toma en cuenta la necesidad de igualdad”.

El FAEB representa más de 50 por ciento de las partidas presupuestales que destina la Federación a estados y municipios por medio del ramo 33. Sin embargo, mientras 20 entidades recibieron menos recursos del FAEB en 2008, en 2009 ese número se elevó a 23.

En opinión de Loyola Brandila, tienen que haber más recursos, no sólo económicos, para garantizar el acceso a la educación. Subraya que la educación está muy ligada a una mejor vida democrática y plural: “Ello está aceptado en el discurso, pero no se corresponde con los hechos. Garantizar que llegue por igual a todos es especialmente importante en este momento para contrarrestar el desánimo general que persiste. Puede ser un pivote para convertirnos en una sociedad más articulada”. (PM)

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

Videos: Presentación del Libro Camisas azules, Manos negras. El saque de Pemex desde los Pinos

Miguel Badillo



Ana Lilia Pérez



Granados Chapa



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EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Industria eléctrica: del modelo reaganeano-thatcheriano-pinochetista al síndrome Enron

Consideramos que estando en la lucha de clases, teníamos que declararles la guerra [a los trabajadores] y la única manera de hacerlo era atacando los puntos vulnerables, las centrales eléctricas, los depósitos de carbón y de coque, los suministros… Deseábamos paralizar la economía de la nación. Siempre tenemos que ponernos a salvo del enemigo interior [los trabajadores], mucho más peligroso, difícil de batir y nocivo para la libertad

Margaret Thatcher

Marcos Chávez M.

El desastre en que se ha convertido el abastecimiento eléctrico en el Distrito Federal y los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos –que afecta a 400 colonias, aproximadamente, de la zona metropolitana, directamente a más de 360 mil usuarios con un pésimo servicio, e indirectamente a más 400 mil con el suministro de agua, además de provocar pérdidas del orden de 100 millones de pesos a las empresas, hasta el momento– no es un simple accidente. Esa situación formaba parte del cálculo político de Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont, Genaro García, Javier Lozano, Georgina Kessel y Alfredo Elías Ayub, entre otros involucrados, desde el momento en que planearon y decidieron el brutal asalto policiaco-militar en contra a de las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el 10 de octubre, con el objeto de destruir a la paraestatal y al Sindicato de Trabajadores Electricistas (SME), aumentar las tarifas del energético y reducir o eliminar los subsidios a la población, los cuales ya se transfieren a los empresarios que, como buitres, devoran los despojos que les arrojaron, y a los nuevos que llegarán al festín o que ampliarán su participación en el mismo.

Es un deliberado precio “colateral”, económico y sociopolítico, necesario e inevitable, que conscientemente aceptaron asumir los líderes referidos del proyecto neoliberal de nación, dentro del proceso de devastación del Estado, cuando resolvieron allanar el terreno de esa manera para acelerar el desmantelamiento y la reprivatización de las industrias petrolera y eléctrica, y las telecomunicaciones asociadas a la última. Desde luego que esas infamias pudieron sortearse o atenuarse, pero ello implicaba una estrategia diferente, normalmente empleada en las democracias formales: la reorganización a fondo de la empresa para tratar de subsanar sus deficiencias, a través de una mejor planeación y manejo administrativo, una dirección profesional, responsable, sometida a una supervisión rigurosa y la evaluación interna y externa de sus resultados (la Secretaría y Comisión de Energía, el Congreso, representantes de la sociedad), lo que hubiera implicado el despido y la sancionar de sus últimos funcionarios, el cambio en la política de precios y subsidios; la demostración seria de su inviabilidad operativa y financiera para justificar el imperativo de fusionarla con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desaparecerla o crear otra; el consenso social; negociar con los trabajadores, respetar sus derechos laborales y constitucionales y ofrecerles opciones laborales; respetar las leyes primarias y secundarias y apegarse a los procedimientos e instancias (el Congreso), jurídicamente establecidos, si la decisión era desaparecerla o integrarla a la CFE; evaluar la pertinencia de la reprivatización luego del fracaso de todas las experiencias mundiales, entre ellas las emblemáticas inglesa, estadunidense y chilena, cuyo rescate resultó más oneroso que los ingresos redituados por su venta; diseñar un programa que anticipara esos problemas y los enfrentara satisfactoriamente, lo que hubiera implicado reforzar la CFE o crear una nueva sólida financiera y operativamente, con un periodo de transición y una ruta crítica, en un plazo razonable.

Para nadie es un secreto el premeditado estrangulamiento financiero de la CFE –al igual que LFC y demás empresas estatales– que explica, en gran medida, el deterioro de su eficiencia y su descrédito público –estimulado por el gobierno–, proceso reforzado por la voracidad de los impresentables líderes de su sindicato corporativo que, con la venia oficial, y la depredación a que es sometida por los empresarios nacionales y extranjeros, le venden sus gravosos, turbios e inconstitucionales servicios –obras y fluido–. Su deplorable estado, al que se le añadió súbitamente la carga de trabajo de LFC, sin la ampliación de su presupuesto y de su plantilla de empleados, garantizaba la crisis energética que padece el centro del país. Pero el primer objetivo de Calderón y sus rudos no era evitar el síndrome Enron, sino reventar a LFC y al SME. El colapso forzado ofrecería la coartada intencional esperada para la segunda meta: reprivatizar y ampliar la presencia empresarial en el servicio. Ese oscuro interés particular fue ocultado con la fachada de la “seguridad nacional”.

¿Qué razones existen para esperar una acción distinta a la asumida, que Calderón se apegaría a las leyes si, como un “moderno” Atila, siempre las ha violado impunemente, con la infame complicidad de quienes han convertido en una zahúrda a los poderes Legislativo y Judicial y que legitimaron la villanía al largarse despectivamente de vacaciones en lugar de enfrentar las tropelías, como legalmente les correspondía, y sufrir una insultante amnesia de los problemas cuando regresaron? ¿Si cometieron una vileza en contra de más de 40 mil trabajadores electricistas y arteramente han sacrificado a millones de mexicanos con su política antisocial, por qué esperar que no se ensañaran con las más de 20 millones de personas que habitan en las entidades citadas y dependían del servicio de LFC, en especial en contra los capitalinos que han derrotado a Calderón y su clerical partido, que se han convertido en un fastidioso valladar contra su neoliberalismo y su rabioso mandato teocrático?

La crisis eléctrica, diabólicamente o no planeada, constituye una venganza ejemplar que se magnifica ante la ausencia de normas, mecanismos legales e institucionales que permitan a los usuarios defender sus derechos ante los abusos y los daños ocasionados por el gobierno y los empresarios. Los que existen son simples celestinas o se suman en contra de ellos, como ocurre con los “representantes populares”. Quién y cómo compensará los perjuicios cometidos en contra de los usuarios: la reducción y parálisis de la producción, el atraso en la entrega de pedidos o la atención de los servicios, el deterioro de los equipos, las pérdidas pecuniarias, la afectación de los aparatos, alimentos y otros productos o la falta de agua en los hogares.

¿Acaso esperan que traten de hacer justicia por sus propios? Si la violencia policiaco-militar se ha convertido en un escándalo mundial, ante la indiferencia calderonista, ¿qué más da otra represión?

Al cuantificar Estefano Conde (CFE) que el servicio podría tardar 18-20 meses en normalizarse, está ponderando la magnitud del ultraje cometido. La forma en que han sido contratados los trabajadores de las firmas que sustituyeron a LFC –salarios por 4-6 mil pesos mensuales, menores a los pagados a los empleados despedidos, sin prestaciones sociales y ocupados temporales– envía otros mensajes: no les afecta la ilegalidad del proceso; fomentar la división y el conflicto de clase, entre los nuevos empleados, cuyas necesidades les obliga a aceptar una deplorable ocupación para subsistir, los que fueron ilegalmente arrojados a la calle y que defienden sus intereses y los de la nación y que ven a aquellos como saboteadores, y los usuarios descontentos que los cusan de la crisis, sin ver que el responsable está en los Pinos; la incitación y el solapamiento de Calderón a la violación de las leyes del trabajo, la regla con que buscan medir, “flexibilizar” e inmolar a todos los asalariados con la contrarreforma laboral que impulsa con su consistorio, empresarios y congresistas, para favorecer la acumulación capitalista.

Para lograr sus propósitos, Calderón no inventó nada, sólo empleó los bárbaros métodos conocidos: las pezuñas para pisotear la legalidad y el puño de hierro para aplastar a quien se interponga; la sanguinaria ferocidad empleada en los tres laboratorios donde la derecha radical diseñó el bacilo de la peste neoliberal y que luego diseminó a escala mundial para justificar la fingida superioridad del mercado sobre el Estado: imponer la terapia de la liberalización, la privatización, la desregulación y embestir a los trabajadores. Con las bayonetas y del brazo de los Chicago boys, Augusto Pinochet pudo aplastar a los opositores y vender corruptamente cuantas empresas públicas quiso, entre ellas a Endesa, responsable de la industria eléctrica (generación y distribución), e “inventar” el “capitalismo popular”, la venta de acciones a los trabajadores, como se pretender hacer con Petróleos Mexicanos. Al final, todo quedó suciamente en manos de los “hijos de Pinochet” y los españoles (Edasa-España). Margaret Thatcher privatizó Electricity Distribution (1990) y Electricy Generation (1991). Para asegurar las ventas, aplastó a los trabajadores, destacándose la histórica arremetida en contra de los 240 mil mineros que en 1984 iniciaron una ola de huelgas. Miles de ellos fueron despedidos y golpeados; varios, encarcelados. En 1986, Ronald Reagan quiso vender las cinco empresas “administradoras” de energía eléctrica, pero el Congreso lo impidió. Pero la desregulación de la producción y distribución eléctrica provocó la crisis de California y otros estados (2000-2001), que develó la picardía de las empresas, entre ellas Enron: los altos precios, la especulación en el servicio, la defectuosa infraestructura y las fabulosas ganancias, que costaron millones de dólares a los estados y los contribuyentes.

El fracaso de la privatización y la desregulación eléctrica en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia (Sharon Beder, Energía y Poder. La lucha por el control de la electricidad en el mundo. FCE, México, 2005), Chile, Argentina y otros países, se resume en varios en varios puntos: la sustitución de los monopolios públicos por los privados, extranjerizados, sin competencia, que manipulan el mercado y subordinan el intereses nacional al particular, y que se crearon en turbias ventas, donde convergieron los oscuros intereses de los funcionarios estatales y los empresarios beneficiados; el privilegio a la máxima ganancia sobre la tecnología, la infraestructura y la cobertura, concentrada en las zonas densamente pobladas, descuidando al resto de la población; los altos costos operativos, convertidos en altos precios para los pequeños consumidores, afectados adicionalmente por la reducción o eliminación de los subsidios, y bajas tarifas para las empresas y las personas de altos ingreso; peores servicios y mayores abusos a los indefensos usuarios; los reiterados apagones y el desabasto que han obligado a racionar el consumo. Los grandes apagones de California, Nueva York-Sureste de Canadá, Buenos Aires, México, Italia, Europa y Australia son algunos ejemplos; una mala regulación, el solapamiento o la debilidad oficial para fiscalizar, controlar y garantizar que las productoras y distribuidoras se apeguen a la ley y las políticas energética de largo plazo ante el poder adquirido; la corrupción, evasión de impuestos, trato “privilegiado”, protección otorgada por el gobierno y la clase política, prácticas fraudulentas y manipulación contable o salidas de capitales que han caracterizado a las operaciones de las empresas; la pérdida y la precarización del empleo (inestabilidad, recorte de salarios y prestaciones, subcontratación, arbitrariedades laborales); la quiebra de algunas empresas cuyo costo para rescatarlas resultó mayor que el recibido por su venta y que se convirtieron en deuda pública que pagan los contribuyentes; la pérdida de la soberanía energética y el riesgo que implica para la seguridad nacional la entrega de la industria a los monopolios privados.

Nada de eso les importa a los déspotas orientales calderonistas. Lo que desean lo están obteniendo: arrollar a los electricistas y a la población, y reprivatizar la industria y las riquezas de la nación. El pasivo fastidio mostrado por la población ante sus intereses afectados, el escaso apoyo dado al SME y el vació generado alrededor de los problemas han facilitado las injusticias. Si se mantiene ese curso, los neoliberales se anotarán otro éxito.

Fuente: Revista Fortuna

Difusión: AMLOTV

Migraciones, el próximo tsunami

En las próximas décadas se registrarán los mayores índices de desertificación y hambre en el mundo. Una de las primeras consecuencias será la migración masiva de pueblos que huyen de la muerte y destrucción, algo para lo que la humanidad no se ha preparado

Katia Monteagudo / Prensa Latina

Una emigración humana masiva sin precedentes ocurrirá durante las próximas cuatro décadas, debido al cambio climático, prevén expertos y entidades internacionales.

Para 2050, el mundo tendrá mayores índices de desertificación, erosión de suelos, deforestación, aumento del nivel del mar y salinización de sus recursos hídricos, y en paralelo, habrá más cantidad de desplazamientos poblacionales permanentes.

Tales impactos incidirán en la eliminación de actividades económicas y modos de vida, como la agricultura, la ganadería y la pesca, a la par de la destrucción de viviendas e infraestructuras.

Este movimiento podría ser superior en las regiones con bajos niveles de desarrollo económico y humano, precisa la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

Y aunque los peores días del tsunami humano están por llegar, hoy más de 50 millones de personas están desplazadas de sus localidades como consecuencia de los efectos del calentamiento global, según estadísticas de la OIM.

A la alerta de esta institución se suman las voces de la Organización de las Naciones Unidas y su Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa, por su acrónimo en inglés), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, además de las entidades humanitarias Care International y Cristian Aid.

La OIM estima que 200 millones de personas podrían estar fuera de sus lugares de origen para 2050, aunque otros cálculos, como el de la Cristian Aid, eleva esa cifra a 1 mil millones.

Estos desplazamientos masivos podrían ocurrir, incluso, de manera poco pacífica en las regiones de recursos materiales limitados y con mayores índices de pobreza, concuerdan todos.

Afganistán, Bangladesh, la mayor parte de Centroamérica y varios países de África Occidental y el sureste de Asia podrían ser los focos centrales de estos movimientos futuros, especifican los analistas de los organismos citados.

Estos países y regiones tienen hoy altas tasas de emigración y enfrentan enormes retos socioeconómicos e impactos significativos relacionados con el clima, que repercuten en su seguridad alimentaria o en el acceso al agua potable.

“Los pobres son los más fáciles de desplazar, son los primeros en ser golpeados por las guerras, los abusos, los desastres naturales, ellos viven en situaciones insostenibles, precarias”, especifica Dennis McNamara, asesor especial de ayuda de emergencia de Naciones Unidas.

El cambio climático ha generado un nuevo tipo de migrante, aseguran expertos como Charles Ehrhart, de Care Internacional; Rachel Baird, vocera de Cristian Aid, y el propio McNamara.

Este emigrado está representado por capas pobres de población, forzadas a salir de sus localidades o países, como consecuencia de sequías, inundaciones, deforestación, erosión de los suelos o desertificación.

A pesar de que estudiosos y entidades encargadas del asunto tienen bien definido el concepto de refugiados medioambientales o climáticos, estas personas sufren de una vulnerabilidad extra al no poseer un estatus distintivo en el derecho internacional.

La Convención de Ginebra de 1951 sobre refugiados establece claramente que la noción de persecución es fundamental para otorgar dicha condición a un individuo.

Tal indefinición impide que esas personas reciban una asistencia adecuada por parte de los Estados a los que se acogen o los refugian.

Estados Unidos aplica el Estado de Protección Temporal, con el cual suspende las deportaciones de inmigrantes ilegales que llegan por catástrofes, aunque sólo lo activa cuando convienen las circunstancias, según conocedores del tema.

También, Finlandia y Suecia acogen a desplazados por desastres, según criterios específicos de elegibilidad.

Aunque los mayores desplazamientos previstos serán internamente, los expertos ponen mucho cuidado a la hora de dar cifras probables de migrantes transfronterizos.

“Alegar que el cambio climático inundará las costas de los países desarrollados, con millones de personas en busca de un entorno menos hostil, podría ser utilizado como una justificación para adoptar políticas migratorias aún más restrictivas”, refiere Philippe Boncour, analista de la OIM.

Estas limitaciones propician el actual auge de las migraciones clandestinas y las redes de traficantes, las cuales hacen su agosto a costa del drama de estos individuos, advierten constantemente entidades humanitarias.

Aunque el concepto de cambio climático y sus impactos son más que conocidos, a juicio de los entendidos, el asunto se hace más complejo porque muchos lo consideran un problema del futuro, sin poner ojos ni oídos al avance de este nuevo tsunami del clima.

Ningún organismo ni experto del siglo XX pudo prever con exactitud las cuantías migratorias humanas de la actual centuria, como consecuencia del cambio climático y la intensidad de los eventos naturales extremos.

Aunque estos desplazamientos han sido parte del desarrollo de la humanidad, y consecuencia además de la desigualdad económica y social, desde finales del pasado siglo y principios del XXI, el fenómeno ha tomado niveles nunca antes calculados o imaginados.

Hoy, los países en vías de desarrollo tienen las mayores cifras de emigrados, aunque en épocas pasadas los europeos y algunos asiáticos fueron los primeros en buscar otras latitudes para mejorar sus estilos de vida, refiere la OIM.

Según esta entidad, existen aproximadamente 914 millones de personas que se trasladan en todo el mundo, y sólo 700 millones de éstas lo hacen dentro de sus propias fronteras. Hacia otras regiones cercanas o países desarrollados se desplazan 214 millones, precisa.

Pero tan sólo en el transcurso de 2009, 243 millones de personas en el mundo fueron afectadas por más de 200 catástrofes, que dejaron un saldo de 16 mil muertos y millones de desplazados.

Así lo refiere una investigación conjunta del Centro de Ciencias Geográficas de la Universidad de Columbia, la Universidad de Naciones Unidas y la organización internacional humanitaria Care.

Entre 2000 y 2005, 106 millones de personas resultaron dañadas por inundaciones; 38 millones, por huracanes, especifica este análisis.

No obstante, estas cifras representan un pálido número de lo que puede sobrevenir a corto y a largo plazo, repiten expertos y organismos mundiales.

En América Latina, el cambio climático mantiene en la primera línea de riesgo a las personas que viven en las zonas costeras e islas, quienes representan uno de cada 10 habitantes de la zona, precisa un estudio del Unfpa.

“El nivel de las aguas en los mares de la región no ha dejado de subir y las proyección es que continúen ascendiendo, incluso a nivel global”, explica Marcela Suazo, directora para América Latina del Unfpa.

Para 2010, los mares del mundo podrían elevarse 2 metros más, como consecuencia del derretimiento de la Antártida y Groenlandia, especifica el texto, en referencia a los cálculos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, con sede en Panamá.

Cada metro que se incremente puede desplazar a 130 millones de personas, por lo cual algunos países comienzan a desarrollar políticas públicas para hacer frente a esas posibles consecuencias.

Pero los expertos y las entidades internacionales coinciden en que los océanos continuarán calentándose y expandiéndose, y para 2100, el nivel de esas aguas podría ascender hasta 6 metros.

Durante ese proceso, quedarían sumergidos, al igual que la Atlántida de la leyenda, territorios insulares como las Maldivas, en el océano Indico, y Tuvalu y Kiribati, del Pacífico, los tres que encabezan la lista de las posibles a desaparecer bajo las olas.

Las predicciones indican que después vendrían otros y que hasta el 10 por ciento de la población mundial, tan sólo por esta causa, puede verse afectada, sin contar las cifras de desplazados por sequías, deforestación o desertificación.

Millones y millones de personas, incluidos ciudadanos del Primer Mundo, integrarán los grupos de refugiados climáticos, aún sin reconocer en el derecho internacional, originando nuevos conflictos y aumentando la competencia actual por los recursos existentes.

Esto sería una catástrofe de alcance global y un desafío humanitario de enormes proporciones, saben todos, y a pesar de las advertencias y predicciones, todavía el mundo no consigue construir el arca solidaria que lo podría salvar del nuevo tsunami que se avecina.

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

Call centers: Todo por un empleo

Gracias a la mano de obra barata - jóvenes y mujeres - los centros de contacto en México, también conocidos como call centers, se ha convertido en la gran apuesta de empresas como Telefónica de España. Pero a cambio de un empleo, los mexicanos que trabajan en estos negocios están expuestos a la violación de las garantías mínimas para un empleo digno

Por tercera ocasión el teléfono suena. Usted responde ya cansado de la insistencia del operador que en el otro lado de la línea le ofrece un servicio de telefonía más económico. De que usted responda la llamada y, en el mejor de los casos, de una respuesta afirmativa depende que el joven del otro lado de la línea obtenga un bono (tal vez tres pesos) que le permita incrementar su magro ingreso de apenas 1,800 pesos al mes. La renuncia de este operador, además, se firmó junto con su contrato eventual. El peor de los escenarios.

Así, el trabajo en los call center es identificado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como uno de los más precarios dentro del sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, esta industria tiene dos caras: “Una es que proporciona empleo a un sector muy crítico de la sociedad que son los jóvenes, la otra cara es que se trata de una actividad no regulada, con ritmos muy fuertes de trabajo y, como se manejan vía outsourcing, sólo en algunos casos los trabajadores reciben prestaciones y el mínimo de ley”, explica Jordy Micheli Thirión, profesor-investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Micheli, especialista en la operación de los centros de llamadas telefónicas, señala que para los corporativos de esta industria, como ocurre con la mayoría de las trasnacionales, “México es un paraíso laboral, producto del debilitamiento de la estructura laboral, del enorme desempleo, y de la falta de atención de las autoridades en la materia”.

Cenise Monteiro, coordinadora de “Tell Telefónica”, una campaña internacional que tiene como objetivo exigir que el Grupo Telefónica, en su empresa filial Atento, respete los derechos de los trabajadores de sus call centers, indistintamente del país donde se ubiquen, confirma que la situación que hoy enfrentan los trabajadores mexicanos es la más grave a nivel mundial. “México es el peor país en el desempeño de la empresa Atento”, dice Monteiro. Atribuye la responsabilidad a la política de la administración local, que tiene a los trabajadores bajo supervisión estricta. Se les exigen resultados poco realistas, ganan salarios muy bajos, no gozan de derechos sindicales o laborales y carecen de seguridad en el empleo.

Entre las disposiciones dictadas por el director de Telefónica en México, Francisco Gil Díaz, Atento amplió su horario y recortó el tiempo de comida de los trabajadores a 20 minutos de break, siempre y cuando permanezcan conectados durante las seis horas que dura su turno, sin un minuto de tiempo muerto. Cuantas veces se levantan al baño cada segundo es cronometrado, pues una vez que termina la jornada el supervisor les informa el tiempo de conexión que “deben” a la compañía. Se optó por despedir a las mujeres embarazadas, pues tal estado las obliga a ir frecuentemente al baño. Se recortaron las comisiones por venta de tarjetas y seguros; se incrementaron las metas de ventas diarias y los requisitos para los bonos de productividad que los hace prácticamente inalcanzables, y aunque un trabajador llegue a la meta, tampoco es garantía de que lo reciba.

El engaño en Atento, ahonda el empleado Carlos (quien pidió no mencionar sus apellidos), no sólo es para los clientes, sino para los trabajadores, pues se les prometen comisiones y bonos por productividad que nunca llegan. Félix, otro trabajador, refiere que en el caso de la campaña de las “migraciones” de planes de telefonías, donde se les prometió una comisión de 12 pesos por cada una, en su cheque se pagaban 3 pesos y sólo ocasionalmente. O está el caso de Juan Carlos, quien desde hace seis meses espera un bono por sus comisiones por ventas de tarjetas Bancomer, Sam’s y Suburbia. Hasta hoy, el bono no ha llegado, pero le entregaron un diploma y un termo impreso con la marca de la compañía.

Entrevistados por separado, trabajadores de varios call centers de Atento denuncian “robo” de horas extras, comisiones y bonos, y la reducción del 30 al 50 por ciento de sus salarios con el argumento de la crisis mundial. Explican que en el último año se aceleró la rotación de personal y los despidos injustificados. Ahora firman su contrato junto con su renuncia en blanco para que no generen derechos, antigüedad y, sobre todo, disuadir los intentos de sindicalizarse.

La necesidad económica y los altos niveles de desempleo que azotan al país llevan a los trabajadores a aguantar no sólo el maltrato, sino agravios como la reducción a su salario sin razón aparente. En junio pasado, los trabajadores de diversos centros telefónicos del país recibieron su pago quincenal con 40 por ciento menos; cuando reclamaron, el departamento de Recursos Humanos se les dio una somera explicación: “Nos alcanzó la crisis”. Sin embargo, los estados financieros de Telefónica, por ejemplo, reportan que en el tercer trimestre de 2009 el consorcio registró “un fuerte repunte de la actividad”. En este sentido, los trabajadores acusan a Gil Díaz de “fraude” por el reparto de utilidades, ya que sólo se les han entregado entre 47 y 67 pesos.

Elizabeth, del call center de la colonia Roma, dice que de plano su supervisora les prohibió tomar agua “para que no nos levantáramos al baño”. En sus 12 meses en la compañía, la jovencita ha vivido abusos de todo tipo: tortura sicológica y acoso sexual de sus supervisores, robo de sus comisiones y bonos y el agravio que produce la tensión de sentir que en cualquier momento sin razón alguna pueden despedirla. Su testimonio es elocuente de la situación de los trabajadores en los call centers del Grupo Telefónica:

“Mi sueldo mensual es de 1,800 pesos. Lo más atractivo parecen ser las comisiones: 15 pesos por venta de tarjetas de crédito. Si cubro la cuota diaria, que son 10 tarjetas, mi comisión sería de 150 pesos al día. Vendo mucho, siempre supero la cuota, pero cuando quiero cobrar mis comisiones me dicen que han tenido problemas para entregar la tarjeta y ya no me pagan, aunque el sistema me indica que las tarjetas se entregaron sin problema. No reclamo porque a quienes lo han hecho de inmediato los despiden. Cada vez que nos depositan, corro al cajero esperando que esta vez si me lleguen mis comisiones.

“Cuando no hay tantas ventas se agudiza el acoso contra nosotros. Delante de todos mi supervisor me grita ‘¡te tardaste siete minutos en el baño!’, y me los descuenta cuando me toca el break. Una vez, según sus cálculos, sólo me quedaban dos minutos de descanso. ‘¿Qué crees?’, me dijo, ‘que sólo tienes dos minutos de break porque le debes tiempo de conexión a la compañía’. Si hay muchas llamadas en ruta aunque quieras no te dejan desconectarte ni para ir al baño, te dicen que hasta que ‘bajen’ las llamadas.

Así como les cronometran el tiempo de conexión que “le deben” a la empresa, les miden cada llamada: 300 segundos, un segundo extra detona en reprimenda, tocándoles el hombro el supervisor increpa: ‘¡Tu TDO (tiempo de llamada), ya perdiste el bono, ya no hay comisión’.

“Todo el tiempo nos ponen obstáculos para no darnos el bono de productividad: si no le insistes al cliente te penalizan. Si le insistes y no compra también te penalizan porque dicen que le insististe mucho. Si hablas pausado dicen que tu voz provoca flojera y te penalizan. Si hablas rápido también te penalizan. También te prohíben que seas muy propio porque no generas empatía con el cliente. Y hay palabras prohibidas: ‘okay’, ‘espéreme tantito’ o ‘un momentito’. Por cada una que uses te penalizan. De todos los bonos que he ganado no me han entregado ninguno, pero me dieron un diploma y un termo de Atento porque mi trabajo es muy bueno. Pero tampoco me confío. Un día te dicen que haces las cosas bien y al otro día pueden despedirte sin que sepas por qué”.

María Xelhuantzi López, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha dado un seguimiento histórico al sector de los telefonistas, dice que “parece que Francisco Gil Díaz tiene la necesidad de demostrar que hay un buen manejo financiero de la empresa, es decir, que se mantengan niveles altísimos de utilidad al menor costo posible, y desde luego, ello incluye el costo laboral, porque ése es parte de su compromiso para quedar bien con Telefónica: reducir costos a expensas de lo que sea”.

Y es que la clave de la economía de un centro de llamadas radica en su estructura de costos. De acuerdo con el estudio Regulación laboral en la industria de call centers. Los casos de Atento y Tecmarketing, de los investigadores Jordy Micheli y Arnulfo Arteaga, el gasto laboral constituye más del 60 por ciento de los costos totales del call center, de allí que éstos se ubiquen “en países que tengan menores salarios pero que ofrezcan una fuerza de trabajo idónea para la operación de telemercadeo”.

En esta obcecación por ahorrar costos, la política de Gil Díaz es que todos los teleoperadores sean multifuncionales: que atiendan varias campañas simultáneamente, que produzcan en serie “el mismo trabajo que antes hacían tres personas”, dice José Antonio, quien tiene tres años en el call center de la colonia Roma.

Inestabilidad laboral

Entre los incesantes gritos de sus supervisores y las deficientes condiciones físicas de los centros (sillas y diademas rotas, insuficientes e insalubres baños de tres casetas para 500 empleados por turno, entre otras), los trabajadores enfrentan el terror de los frecuentes despidos masivos.

La incertidumbre laboral es uno de los principales factores que abonan al estrés permanente en que se desempeñan los 13,500 empleados en Atento México. Comienzan y terminan la jornada pensando que quizá es su último día. “Por recorte de personal, por tu falta de disposición, porque no pones de tu parte, porque tu supervisor ya no te quiere, porque no estás a la altura de la compañía…”, son argumentos que escuchan los trabajadores al momento de su destitución.

Producto de los despidos masivos, Atento es una compañía que permanentemente contrata personal, sobre todo para sus centros en el Distrito Federal. Los requisitos y el reclutamiento son relativamente sencillos: “ser mayor de edad, facilidad de palabra y aptitudes para venta y cobranza”. Como se contrata particularmente a los jóvenes, la principal oferta de empleo se ubica en los portales de internet. Una vez dentro, la ilusión de incluirse en el mercado laboral choca con su realidad.

La mayoría de los jóvenes entrevistados por Contralínea que fueron despedidos tenían entre ocho y 11 meses en la empresa. Antes del despido casi a todos se les impuso lo que la compañía denomina PSG, es decir, permisos sin goce de sueldo. José Manuel Sánchez, extrabajador del call center en Plaza Inn, explica:

“Ese PSG que inventaron en Atento te lo anuncia el supervisor. De un día a otro, te dice: ‘mañana tienes PSG’, y no te pagan. Te consuelan con que no te van a poner la falta ‘para que en tu expediente no diga que eres faltista’. En cambio, cuando alguien se enferma no le hacen válidas las incapacidades médicas”.

Recientemente José Manuel demandó a Atento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal por despido injustificado; recuerda que éste ocurrió minutos después de que sus jefes lo felicitaron por su alta productividad: “Me llamaron a recursos humanos, me dijeron ‘aquí está tu renuncia, fírmala’. Pregunté y me respondieron: ‘Entraste a una rifa y resultaste elegido para tu despido’”.

La antigüedad de César Ortega también alcanzó los ocho meses, todos en el call center de Dinamarca 51. El último día su supervisor lo felicitó, le recordó que “ya casi” llegaba su monedero electrónico de regalo. “Y ahora te vas a una capacitación en Recursos Humanos, ¡baja, allí te están esperando!”, le dijo. Pero lo que César se encontró fue su notificación de despido “por reestructuración de la empresa”. Se negó a firmar y demandó a Atento.

César recuerda su trabajo con amargura: “La gente habla desesperada, no pueden solucionar sus problemas con las tarjetas, te dicen que los orienten, y si tratas de hacerlo, tienes al supervisor recordándote la política de la empresa: ‘Estamos para vender no para ayudar’”.

Cuando hay resistencia al despido, los telefonistas son literalmente expulsados por el cuerpo de seguridad de la empresa. Sus compañeros sólo saben que los corrieron porque los supervisores cuelgan sus diademas frente a la que fue su computadora, en espera de un nuevo operador. Si alguien pregunta, la respuesta siempre es la misma: “Salieron porque estaban atentando contra la empresa”.

El caso de Félix Ariel Carrillo no fue mejor: “A las 18:30, poco antes de terminar mi turno, llegó una mujer de recursos humanos a decirme que me buscaba un directivo de la empresa: era el encargado del trabajo sucio. ‘Estamos pasando por una etapa difícil, la compañía tiene problemas financieros y requiere de recorte de personal, ¡y te tocó a ti, Ariel!’. Le dije ¿problemas financieros? ¿A qué se refiere? ¡Especifique por favor! ¿Problemas financieros cuando todos los días se contrata a 15 o 20 personas y cuando nos pasamos el día vendiendo? ¿Por qué a mi? ¿Dónde está mi productividad, mis asistencias, mi calidad?…”. El hombre de traje, como le llama Ariel, no le dio respuesta.

O está el caso de Cecilia, despedida de uno de los call center de Pachuca cuando le solicitó al área contable sus hojas de retención de impuestos. “Pero es que estoy embarazada, no puede correrme”, suplicó. “Pues perfecto que estas embarazada, aprovecha tus dos meses de seguros social”, le respondió el jefe.

Discriminación, el epílogo

El desamparo laboral de los trabajadores de Atento los hace víctima de todo tipo de abusos. En el caso de las mujeres se suma la discriminación de género y el acoso sexual de supervisores y directivos, una práctica común, dicen las trabajadoras, en la mayoría de las sucursales. La presidencia de Telefónica impuso la prohibición de usar falda, escotes, zapatos abiertos, perforaciones y el cabello teñido “en colores extravagantes”, pues “las mujeres son las que provocan y luego se quejan de acoso”, recuerda Marta este argumento del personal de recursos humanos cuando le explicaron el reglamento de la compañía.

Ni el no usar el atuendo prohibido libró a Marta de ser acosada sexualmente en el call center de Sevilla, y como el acosador era su supervisor, el agravio no cesó sino hasta que concluyó la campaña y la enviaron a otro centro.

Otro fue el caso de Laura. Dice que como no cedió a la proposición de su supervisor de “ser más amable con él”, la asignó a cuatro campañas al mismo tiempo: de venta de tarjetas, de cobro y de puntos. “No te alcanza el tiempo ni para respirar, pero no quise ceder, me sentí muy ofendida”.

Las prácticas de esclavitud moderna en la compañía que presume de ser “socialmente responsable” detonaron los intentos de sindicalización. En Pachuca, el apremio fue el caso de una telefonista que tuvo un aborto en el call center: comenzó a sangrar y los directivos se negaron a que tuviera cualquier tipo de asistencia. Para sus compañeros fue el indicio de que tenían que organizarse; en los siguientes meses, uno a uno fue despedido. Hoy, más cautos, los jóvenes vencen su miedo y hacen nuevos intentos de ejercer su derecho constitucional a la libre asociación y que la compañía respete la Ley Federal del Trabajo. “Tenemos hambre, pero también dignidad”, reflexiona Jaime, uno de los telefonistas.

Contralínea y Fortuna solicitaron una entrevista con Francisco Gil Díaz a través del área de prensa del Grupo Telefónica. Luego de que se informó que se le preguntaría sobre la situación de los trabajadores de Atento, no hubo respuesta. Se buscó también a los directores de Bancomer, quienes, a través de su área de comunicación se negaron a hacer comentario alguno sobre las irregularidades que reportan los operadores de Atento; por parte del corporativo Master Card, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Llamadas peligrosas

A través de Atento, Grupo Telefónica ofrece a la banca e industria los servicios de ventas, cobranza y gestión de reclamaciones. De enero a septiembre, generó ingresos por 970 millones de euros, según sus estados financieros, con México como su segundo mercado a nivel mundial, sólo después de Brasil.

En México tiene una docena de centros (ubicados en el Distrito Federal, las ciudades de Pachuca, Monterrey y Nuevo Laredo), atendidos por 13 mil 500 jóvenes -el 76 por ciento de la plantilla laboral del Grupo Telefónica-. Entre sus principales clientes se ubica Master Card, Santander, el Grupo Financiero BBVA-Bancomer, el grupo Wal Mart con sus respectivas tarjetas departamentales, Reader’s Digest y Zurich.

Pero las jugosas ganancias que Atento obtiene en el país están plagadas de anomalías, según denuncian los trabajadores de la compañía: uso de bases de datos gubernamentales para la venta de seguros y de tarjetas de crédito sin autorización de los clientes, cargos a tarjetas por comisiones ficticias e imposición de planes tarifarios a

Un negocio en ascenso.

Los call centers concentraron 61 por ciento de las inversiones anuales en mercadotecnia directa en 2007 y 2008.

En 2007 la inversión en call centers fue de 6 mil 597 millones de pesos en México.

En 2008 los call centers llegaron a 295 mil estaciones de trabajo operando, 10 por ciento más que el año anterior.

El segmento de los call centers tenía empleados a 420 mil personas en 2008.

Los servicios de los call center fueron utilizados por 23 mil empresas en 2008.

Otros: Correo directo, Mercadotecnia por internet, Consultoría y estrategia, Bases de datos, Otros (Ventas por catálogo, Ventas directas por TV y Campañas de fidelización).

Fuente: Revista Fortuna

Difusión: AMLOTV

Los 30 perredistas

Incrédulo, repasé una y otra vez el informe, y siempre se confirmaba el fenómeno: 30 diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) apoyaron, en los hechos, que en la mayoría de 17 estados se haya cercenado el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.

Pero ¿cómo es posible que esto haya ocurrido sin trascender mayormente?, me preguntaba.

Antes de eso, desde mediados de 2009, ya había escuchado y leído una denuncia que acusaba de una alianza de la jerarquía eclesiástica con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para aplicar una estrategia sorda, paulatina, para reformar las constituciones de los estados de la Federación. En varias ocasiones también se señalaba, aunque tangencialmente, que habían contado con legisladores perredistas para conseguir tal propósito.

Que participaran perredistas en tal estrategia me parecía muy difícil de creer. Pero a fines de 2009, otra vez apareció la denuncia recurrente. El Centro de Información para la Mujer, Asociación Civil (CIMAC), divulgó:

“Desde octubre de 2008, la alianza de los partidos PAN y PRI, apoyados por legisladoras y legisladores del Verde Ecologista de México, y en algunos casos por el PRD, ha logrado reformas constitucionales contrarias al derecho a decidir de las mujeres en 17 de los 31 estados del país.”

Para entonces ya estaba claro que 18 entidades de la Federación ya tenían reformadas sus constituciones en el mismo sentido de “proteger la vida desde el momento de la concepción o de la fecundación”. Es decir, se penaliza el aborto. Sólo en el caso de Chihuahua se hizo desde el 1 de octubre de 1994. Todas las demás, en el lapso de 14 meses, entre 2008 y 2009.

El daño

La estrategia está resultando exitosa. Se están desconociendo derechos de las mujeres; y en ello han participado perredistas.

¿Cómo confirmarlo? Busqué respuestas.

Una técnica de investigación en periodismo indica que los reporteros no tienen capacidad para saber todo suficientemente, pero sí tienen la obligación de saber quién lo sabe.

Así, el 4 de febrero de 2010 acudí al acto masivo convocado por mujeres activas del país a las puertas del Palacio Legislativo de San Lázaro. Ellas conocen bien del significado de tal reforma. Suponía que también identificarían a los actores de carne y hueso.

Allí informaron que el daño es tan mayúsculo que obligó a que, en diciembre de 2009, alrededor de 90 organizaciones de mujeres y feministas de 20 entidades se coordinaron para firmar el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres.

Unas 250 mujeres se plantaron toda la mañana para llamar la atención de los diputados federales. Hicieron denuncias verbales contra la jerarquía de la Iglesia Católica, contra los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, y sobre todo, exigieron a todos los partidos frenar el proceso.

Estas reformas, insistieron, significan un grave retroceso al criminalizar a todas las mujeres por decidir voluntariamente sobre su maternidad.

Más aún, explicaron, al penalizar el uso de anticonceptivos y el aborto –aún en casos de violación– se vulnera el carácter laico del Estado mexicano y se obstaculiza el avance científico al imponerse una visión religiosa respecto de la concepción de la vida.

En las entidades donde ocurrieron las reformas, ellas lo saben, se asienta la mitad de la población nacional y la mitad mayor es de mujeres. Ahora, las que decidan voluntariamente sobre su maternidad lo harán ilegalmente y bajo el riesgo de ser perseguidas penalmente. De ese tamaño es el daño.

Vienen otras

Las mujeres allí reunidas alertaron que están en proceso otras reformas. También por eso se concentraron y lo harán, cada primer jueves de mes, en todas las plazas públicas que puedan.

En el documento que entregaron formalmente a la Cámara de Diputados, demandan que no se acepte ni se discuta la iniciativa de reformar la Constitución Política Mexicana para proteger “la vida desde el momento de la concepción”, que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, a iniciativa del gobierno de Veracruz.

Advirtieron también que, en la Cámara de Senadores, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, la senadora Blanca Judith Díaz Delgado, del PAN, propuso la iniciativa para crear la “Ley General de Protección a la Maternidad y Paternidad”, que entre sus objetivos establece que “el gobierno debe garantizar la protección a toda persona, desde el momento de la concepción”.

Saben también que hay iniciativas de ley en otras entidades donde todavía no se reforman las constituciones: Aguascalientes, Estado de México, Nuevo León.

¿Cómo fue que ocurrió eso y los perredistas no se opusieron, y en la mayoría de casos ni alertaron? ¿Cuántos fueron? ¿Cómo se comportaron en cada reforma? Eran las preguntas por responder.

Treinta por acción u omisión

Busqué información más precisa entre organizaciones de feministas y defensores de derechos humanos, incluso en el mismo PRD.

En varias ocasiones, sobre todo de mujeres dirigentes del movimiento, ante mis preguntas aceptaban el hecho de que perredistas habían apoyado la reforma, pero acusaban que la estrategia era del PAN y del PRI. Cuando se pedían datos más precisos sobre los legisladores perredistas que habían apoyado, respondían con vaguedades, como tratando de no reñir públicamente con el PRD.

Seguí preguntando. Quería detalles. Y los hallé en unos de los organismos de mujeres más antiguos y serios: el GIRE (Grupos de Información en Reproducción Elegida).

El GIRE había realizado un meticuloso seguimiento y un pormenorizado informe que llamó Reformas aprobadas a las constituciones estatales que protegen la vida desde la concepción/fecundación 2008-2009.

En el informe se lee que 56 legisladores locales del PRD participaron en las 17 reformas a las constituciones estatales ocurridas de octubre de 2008 a diciembre de 2009.

De ellos, según el reporte, 26 se manifestaron contrarios a tales reformas y el resto (30) las respaldaron, por acción u omisión. Es decir, 15 votaron a favor y otros 15, en lugar de oponerse, se ausentaron de las sesiones.

Los datos indican el comportamiento de los diputados perredistas en cada entidad: se opusieron a las reformas dos legisladores en Campeche, seis en Morelos, tres en Nayarit, cuatro en Oaxaca, dos en Puebla, tres en Sonora, tres en Veracruz y uno en Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán, respectivamente.

En algunos estados optaron por salirse de las sesiones o francamente no llegar a ellas el día de las votaciones: dos diputados del PRD en Colima, uno de Durango, tres de Guanajuato, uno de Morelos, dos de Oaxaca, dos de Querétaro, uno en San Luis Potosí y uno de Veracruz.

Los diputados perredistas que francamente apoyaron fueron: uno de San Luis Potosí, uno en Nayarit y uno en Campeche.

Entre los que apoyaron, hubo casos extremos. Por ejemplo, en Chiapas, donde la reforma fue promovida por el mismo PRD y se aprobó por unanimidad (los 11 perredistas votaron a favor), o como en Jalisco donde uno de sus más notables legisladores argumentó a favor y los otros dos decidieron no estar en la sesión.

No se sabe de sanciones

¿Qué tiene esto de extraño? ¿Por qué aparece como asombroso ese comportamiento de los diputados del PRD? Pues porque el PRD tiene como objetivos, según su declaración de principios y su programa de acción, la defensa y promoción del Estado laico y los derechos de las mujeres, sobre todo si están ya normados en la Constitución Política del país:

“Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…”

Y los militantes del partido que actúen en sentido contrario a los principios del partido o que contravengan acuerdos específicos serán sancionados y, según la gravedad, retirados del partido.

En el informe del GIRE, sobre estos procesos legislativos, no aparecen los nombres de cada uno de los legisladores perredistas, únicamente de los diputados que propusieron las reformas, que por lo regular fueron del PAN.

En el PRD busqué información que pudiera presentarse públicamente sobre posibles sanciones o amonestaciones para esos diputados locales, pero no existe formalmente.

Lo único que pude confirmar es que el tema sí llegó, con visos de alarma, a la Comisión Política. Y lo que ésta resolvió fue permitir una resolución especial en el XII Congreso Nacional, pero en ella no hay reprimenda alguna para sus legisladores.

Esa resolución del Congreso fue hasta diciembre de 2009, cuando ya habían ocurrido las 17 reformas.

Allí sólo se exhorta, a sus legisladores locales, “dejar de lado las opiniones derivadas de los credos religiosos”.

Y para resarcir el daño, la resolución del Congreso insta a sus legisladores de los 17 estados donde ocurrieron las reformas a que “promuevan recursos de inconstitucionalidad”. Aunque para ello necesitan los votos de la mayoría del Congreso local; es decir, que no podrán hacerlo.

¿Cuánto le pesa el clero?

¿Qué pasa con este partido? ¿Qué peso tiene en su interior el clero católico? Son preguntas que seguramente se harán más de un observador y muchas mujeres que se saben agraviadas.

Ése es un tema de investigación. Mientras se averigua, hay que retener esos datos de lo que hicieron sus diputados locales en las 17 reformas estatales, al igual que las imágenes y significados del 19 de enero de 2009, cuando los senadores Carlos Navarrete, Silvano Aureoles y el diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo se reunieron con personeros del Consejo del Episcopado Mexicano.

Navarrete, según el comunicado de su partido, afirmó después que ese encuentro había sido “la oportunidad idónea para definir que sólo a través de la comunicación, las diferencias pueden ser resueltas en un ambiente distinto, sin llevar a niveles inconvenientes la relación entre el PRD y la Iglesia Católica”.

“Hemos logrado un diálogo de confianza. Con este encuentro estamos iniciando una nueva etapa de una relación institucional del PRD con la dirigencia de la Iglesia Católica, que me parece debe ser valorada adecuadamente por todos”, exaltó el legislador perredista en el puesto más alto del Poder Legislativo.

Por todo esto, mi incredulidad inicial con los perredistas se volvió desconfianza. La misma suspicacia debe haber invadido a muchas mujeres que suponen aliado al PRD.

rogeliohl@hayoo.com.mx

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

Reportan 708 muertos en Chile

Reportan 708 muertos en Chile

la redacción

MÉXICO, D.F., 28 de febrero (apro).- A 40 horas del terremoto de 8.8 grados ocurrido en Chile, el número de muertos ascendió a 708 informó la Presidenta Michelle Bachelet.

"Estamos ante una catástrofe de magnitud impensable, que requerirá un gigantesco esfuerzo", dijo Bachelet, luego de valorar con su gabinete el tamañó del desastre, luego del sismo de la madrugada del sábado.

"Hacemos un llamado a todas las autoridades, tanto civiles como militares y privados, para ponerse a disposición en la colaboración de la multiplicidad de tareas que se vienen por delante", agregó en rueda de prensa.

Bachelet advirtió que hay un número creciente de personas desaparecidas, por lo que el número de muertos seguirá creciendo.

De los 708 muertos, al menos 541 se concentran en la región del Maule, a unos 300 kilómetros al sur de Santiago, cuyos lugares costeros sufrieron, además del terremoto un tsunami.

Bachelet declaró el estado de excepción de catástrofe en las regiones más afectadas, para lo que se desplazará a la zona un contingente policial.

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV