Alta burocracia devora presupuesto

Lejos del discurso propagandístico de un gobierno austero, el de Felipe Calderón Hinojosa resultó más burocrático y oneroso que los de sus predecesores. Durante los primeros años de su mandato, los puestos de mando absorbieron casi la mitad del presupuesto destinado a la nómina del gobierno. En seis dependencias –incluida la Presidencia de la República–, las plazas de mando superan en número al personal operativo y gastan más del 90 por ciento del presupuesto destinado a la manutención de toda la plantilla

Nuevos subsecretarios, jefes de unidad, directores generales adjuntos, directores y subdirectores de área, jefes de departamento y personal de enlace –que suman 1 mil 531 plazas– engrosaron la burocracia del Poder Ejecutivo federal en los primeros dos años de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, documenta el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para 2008, los 85 mil 11 servidores públicos en puestos de mando y de enlace de las 18 secretarías de Estado, la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) gastaron 30 mil 894 millones 71 mil pesos del presupuesto anual, equivalente al 45 por ciento de los recursos que se ejercieron en toda la plantilla de empleados del Poder Ejecutivo federal ese año.

En contraste, de 2006 a 2008 se redujeron 5 mil 120 plazas del personal de apoyo en dichas dependencias, cifra 3.3 veces mayor a la de los puestos de mando y de enlace creados en el mismo periodo. La ASF señala que, no obstante la reducción de plazas en los sectores centrales de las 21 dependencias, desde 2006 el gasto ejercido en mantener a los servidores públicos ha crecido 1 mil 354 millones 183 mil pesos (precios de 2008). El incremento en la manutención de la burocracia supera por poco la aportación que el gobierno federal hizo entre 2007 y 2008 para instalar 30 unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud.

Tal incremento en el costo de la burocracia “no es congruente” con la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 ni con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, ya que ambos proyectos plantean la reducción del gasto operativo y administrativo de las dependencias y entidades federales, concluye la ASF.

Lo mismo señala el decreto de austeridad que Felipe Calderón Hinojosa publicó recién iniciado su mandato. Desde entonces, el presidente ha hablado de promover la austeridad en su gobierno; incluso, el pasado 16 de marzo dio a conocer las medidas de austeridad y racionalidad del gasto que el gobierno desarrollará en lo que resta del sexenio. El proyecto, llamado Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, señala que desde 2006 se ha reducido el presupuesto en servicios personales de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Pero contrario al señalamiento del gobierno federal, el informe de la ASF revela que, en los primeros dos años del gobierno de Calderón, dicho rubro –que contempla los sueldos de los servidores públicos– creció 4.8 por ciento, alcanzando el monto de 223 mil 283 millones 800 mil pesos para 2008. Esta cifra es 60.2 por ciento mayor a la ejercida en 2000, cuando llegó al poder Vicente Fox Quesada.

Plazas de mando en expansión

De acuerdo con la ASF, de 2006 a 2008 se incorporaron a la nómina del Poder Ejecutivo federal siete nuevos subsecretarios de Estado, quienes, de acuerdo con información del Portal de Obligaciones de Transparencia, reciben en promedio una remuneración total mensual de 145 mil pesos. Dos jefes de unidad, 33 directores generales adjuntos, 219 directores de área y 54 jefes de departamento también se sumaron a la burocracia con sueldos de 16 mil a 139 mil pesos al mes, sin incluir prestaciones y percepciones extraordinarias de las que gozan.

Al personal de enlace se incorporaron 1 mil 216 nuevos empleados con salarios aproximados de 14 mil pesos mensuales, más del doble de lo que perciben como ingresos 2 millones 500 mil familias en el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El máximo órgano fiscalizador también señala que, en seis dependencias, el número de plazas ocupadas por personal de mando supera en más de la mitad al personal de apoyo. Se trata de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que cuenta con 83.2 por ciento más puestos de mando que operativos; la PGR, que para 4 mil 558 empleados de apoyo requirió 13 mil 873 puestos de mando; la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene 4.9 veces más personal de mando, mientras que en la CJEF, la proporción es de 4.7 empleados de mando por uno de apoyo; la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene 305 empleados operativos menos que de mando, y la Presidencia de la República cuenta con 594 plazas de apoyo y 898 de mando.

Esta desproporción ha ocasionado que los recursos también se distribuyan en forma desigual, de modo que más del 90 por ciento del presupuesto de estas seis dependencias se concentra en los puestos de mando, excepto en el caso de Gobernación, cuya alta burocracia recibe el 83 por ciento de los recursos destinados a servicios personales. Además de estas dependencias, las secretarías de Energía, Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social, Economía, Desarrollo Social y Medio Ambiente gastan en sus puestos de mando más de la mitad de sus recursos.

En esa situación también se encontraron dos secretarías que el año pasado fueron sentenciadas a desaparecer como una medida de ahorro en el gobierno: Reforma Agraria y Turismo. En el primer caso, la dependencia a cargo de Abelardo Escobar Prieto concedió 197 millones 36 mil pesos a sus 393 funcionarios de mando, mientras que 110 millones 272 mil pesos tuvieron que distribuirse entre 1 mil 149 empleados.

Turismo, que recientemente recibió a su nueva titular Gloria Guevara Manzo, dio a sus 454 mandos 143 millones 153 mil pesos, mientras que a su plantilla de 1 mil 515 puestos operativos le otorgó 96 millones 203 mil pesos. Si se dividiera este monto entre el número de empleados, a cada uno le corresponderían 63 mil 500 pesos, casi cinco veces menos de lo que reciben los altos burócratas, aunque los triplican en número.

Función Pública, aval del aumento en burocracia

De acuerdo con la ASF, el número de plazas autorizadas en los distintos ramos gubernamentales creció 14 por ciento de 2006 a 2008. Los mayores aumentos los reportan Seguridad Pública, con 101 por ciento, y Reforma Agraria, con casi 82 por ciento. Junto con éstos, los ramos de Gobernación, Defensa Nacional, Comunicaciones y Transportes, Economía, Educación Pública, Marina, Trabajo, Reforma Agraria, Desarrollo Social, Función Pública y la PGR mostraron un crecimiento en la cantidad de puestos de trabajo que podrían tener.

Respecto de las plazas de mando, la SFP avaló que para 2008 fueran 42 mil 13 puestos, 40 por ciento más que en 2006. Ese año, el último de Fox Quesada, Función Pública había autorizado 29 mil 955 plazas para las dependencias del Poder Ejecutivo federal, pero se ocuparon 34 mil 391, de acuerdo con la información que presenta la ASF.

Varias secretarías rebasaron la cantidad que se les había concedido, como Seguridad Pública, que ocupó 4 mil 407 plazas extra. Salud sobrepasó su límite, pues contrató a 485 empleados de más, mientras que la SRE y la Semarnat tuvieron 225 y siete puestos extra, respectivamente. Las secretarías vinculadas al campo también se excedieron: Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ocupó 58 plazas de más, y Reforma Agraria, 56. La propia SFP rebasó su límite: contrató a 16 empleados adicionales a los que tenía asignados. Si bien el cálculo de este exceso de plazas suma 6 mil 631, la ASF refiere un resultado inferior (4 mil 436) debido a que en su cuenta resta el total de puestos que no fueron ocupados, lo que hace que la diferencia sea menor.

Gasto corriente en aumento

En 2008, el gasto corriente de la administración pública federal sumó 1 billón 694 mil 230 millones 800 mil pesos, de los cuales el 42 por ciento (712 mil 135 millones) correspondió al pago de servicios personales. El 92.3 por ciento de dicho monto fue a parar a las arcas de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo, señala la ASF.

Asimismo, refiere que esta cifra es 48.7 por ciento más alta que el gasto corriente ejercido en 2000, y 25.8 puntos mayor al erogado en el primer año de la administración calderonista. No obstante las cifras que da a conocer la ASF, para el secretario de la Comisión de la Función Pública, Marcos Pérez Esquer, se trata de “datos mal analizados”.

El diputado panista explica que el gasto corriente es preponderante porque ahí se clasifica el pago de toda la nómina estatal, “de los maestros y los soldados. Por lo tanto, no debemos irnos con la finta de que todo gasto corriente es negativo”. Pero así como se pagan sueldos de maestros, el gasto corriente costea también la manutención de los servidores públicos de mando en las distintas entidades y dependencias del gobierno, así como de los diputados y senadores.

Cuestionado respecto de la responsabilidad de los legisladores –que son quienes aprueban el presupuesto de egresos– del aumento en el gasto corriente, el diputado perredista Vidal Llerenas Morales, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, justifica que hay muchas cosas dentro del presupuesto que resultan imposibles de ver, ya que hace falta un mejor análisis de las cuentas públicas para fiscalizar asuntos “muy específicos”, como el del gasto estatal en los servidores públicos.

Las prestaciones de la burocracia

Entre las prestaciones que enumera la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que reciben los funcionarios de mando de la administración pública federal, destacan las que reciben los órganos autónomos como el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México, pues el erario les paga becas escolares, dote matrimonial equivalente a un mes de sueldo, vales por 250 pesos en las celebraciones del Día del Niño, Día de Reyes y Día de las Madres, bonos de productividad, mercancías acordes con las fiestas decembrinas; incluso les reembolsa los gastos de instalación en caso de que sean cambiados de plaza. El erario también les costea ayuda para renta y alimentación, gastos de representación y pago por riesgo de trabajo; y para incentivar su trabajo, también contemplan un estímulo por desempeño, otro beneficio llamado “incentivo del segundo semestre” e incluso figura un Premio Nacional de Antigüedad. (MS)

Prestaciones fuera de la ley

Tanto la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 establecen que los beneficios y prestaciones del personal de base en las dependencias y entidades gubernamentales no se harán extensivos a los servidores públicos de mandos medios y superiores. A pesar de estas disposiciones, la ASF detectó dos casos dentro de la administración pública federal en que los empleados de mando gozan de beneficios que no les corresponden.

Las instituciones de banca de desarrollo Nacional Financiera (Nafin) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) incorporaron a ocho y cuatro empleados, respectivamente, en puestos de mando en 2008, sin haber realizado gestión alguna para excluirlos de los beneficios del personal de base.

Entre las prestaciones que los empleados de mando recibían, enlistadas por la ASF, se encuentran un subsidio deportivo de 6 mil 400 pesos en Nafin y compensación por horario discontinuo, así como participación en las utilidades dentro de Bancomext.

Ambas entidades respondieron al señalamiento de la Auditoría; apelaron al artículo 123 constitucional, cuya ley reglamentaria establece que instituciones de su tipo tienen la obligación de “otorgar y mantener con sus trabajadores los derechos y prestaciones sin distingo alguno”. De este modo, y en apego a un “mandato de orden superior”, dichas instituciones defendieron que una docena de servidores públicos recibiera del erario beneficios por 2 millones 232 mil pesos. (MS)

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

[RCP] Manifestación frente a Guardias Presidenciales 2007

Los camisas azules y la pobreza

Pocas radiografías tan completas y claras se han tomado de nuestra trágica impotencia ciudadana frente a los asaltantes de la empresa más importante de México, como la que logra Ana Lilia Pérez en su libro Camisas azules, manos negras. Petróleos Mexicanos (Pemex) es saqueado por una red interna de delincuencia organizada que ha capitaneado César Nava y demás sucesores en la oficina del abogado general de la paraestatal, cuyo organigrama con puestos, nombres y actividades hizo público Contralínea desde mediados del gobierno de Vicente Fox.

De este organigrama, Ana Lilia va describiendo, sin poderlos agotar por su magnitud, la infinidad de negocios supermillonarios que se hacen en la gran empresa que nació de un anhelo nacional por hacer que el petróleo fuera para beneficio de los mexicanos. La gran capacidad de la joven periodista por ir desentrañando los hilos de las concertaciones y el auspicio ilegal para su realización desde adentro de la empresa es un logro periodístico digno de encomio por su valor personal y calidad en la exposición. No es fácil, como Ana Lilia consigue hacerlo, llevar al lector a la comprensión de la madeja de intereses que se mueven en cada caso, ello porque para dar respaldo a sus aseveraciones tiene que mencionar nombres, dependencias, números de contratos, etcétera, que para obviar espacio se tienen que abreviar y, pese a ello, conseguir que no se interrumpa la secuencia del lector que no esté familiarizado con las denominaciones no siempre sencillas.

Si algo asombra de este trabajo es el descubrir la descomposición nauseabunda del neopanismo de derecha que primero engulló al panismo original de sus fundadores, casi todos de origen universitario que, ante todo, demandaban precisamente la vigencia de la ética en las acciones de gobierno. Toda esa propuesta política se trastoca para encubrir una voracidad insaciable por el dinero y por el poder. Es evidente que, incluso, la connotación de derecha en términos históricos, con esta derecha “de capitalismo de compadres” como alguien lo caracterizó, constituye, dentro de ella, todavía una degradación mayor. Antaño había, en ocasiones, fanatismos y sectarismos; a la derecha de los neopanistas de hoy sólo les sirven esos antecedentes para encubrir la patológica compulsión para acrecentar riqueza, sin límite para saciarse.

El libro de los camisas azules se inicia con un insuperable prólogo de Miguel Ángel Granados Chapa, que refuerza en un repaso histórico la degradación política que documenta Ana Lilia y que no da la información necesaria para producir una respuesta ciudadana de rebeldía.

De los primeros capítulos, la colusión César Nava, como abogado general de Pemex, con el alcalde de Coatzacoalcos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcelo Montiel Montiel, para cobrar a la empresa petrolera una supuesta obligación por evasión fiscal de 900 millones de pesos y el elaborado trámite para armar la pantomima legal de una “negociación” para dicho pago donde, al final, aparece también, como beneficiario de ese mega-fraude, aunado al de la construcción del túnel sobre el río en el propio puerto veracruzano, el suegro de Nava, Emilio Baños Urquijo. Es un hecho no sólo vergonzoso, sino descriptivo de la colusión familiar, ya que entonces Nava Vázquez estaba casado con María del Pilar Baños Ardarin.

En toda la trágica trama de la expoliación de Pemex, con un perfil bajo en lo público, pero eficaz en lo oscuro de manejo de la documentación comprometedora, se descubre a Rosendo Villarreal, consejero nacional del Partido Acción Nacional, “el espía en Pemex”, que transferido de la Secretaría de la Función Pública, donde dizque auditaba a la paraestatal (cobijó “el pago” negociado de Pemex por Nava), de repente, a la salida de Muñoz Leos, le otorgan la Dirección Corporativa de Administración responsable nada menos que de la supervisión de las redes de oleoductos desde donde se ordeñan alrededor de 10 mil millones de pesos anuales, misma posición dentro de Pemex en la que también se cuajan los acuerdos y tranzas con Carlos Romero Deschamps, y no menos para disponer, desde ahí, el pago de las canonjías a municipios favoritos con fondos de la Dirección de Desarrollo Social, así como el control de la “caja negra” para pagos electorales extraordinarios al estilo de los que se hicieron al PRI en la campaña de Labastida.

César Nava, García Reza, Mouriño, Bueno Torio, Nordhausen son nombres que Ana Lilia deja ya grabados al lado de Marta Sahagún, Jorge Alberto Bribiesca y Manuel Bribiesca, y muchos más; todos bajo las órdenes de los padrinos Vicente Fox y Felipe Calderón en ambos sexenios.

Los camisas azules o los “manos negras” seguirán pretendiendo salir impunes como sus predecesores de esta ignominia contra México. Será la ciudadanía la que, con todo el estupendo acervo probatorio que aporta Ana Lilia, tendrá la última palabra. Por lo pronto, el juicio público ha dado su veredicto contra quienes han traicionado al pueblo y a sus propias conciencias.

El colofón de todo esto: la consecuencia inevitable no es sólo anecdótica, es tan trágica y real como se da cuenta magistralmente en el espléndido libro de Miguel Badillo Morir en la miseria. ¡Nada menos, ni nada más!

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

Agresión a Contralínea

El sábado 10 de abril fueron allanadas –por cuarta ocasión en lo que va de la administración de Felipe Calderón Hinojosa– las instalaciones de la revista Contralínea. Los delincuentes saquearon archivos periodísticos, administrativos y contables

Redacción

El lunes 12 de abril de 2010, los trabajadores de Contralínea encontraron sus oficinas violentadas. Un día y medio antes –el sábado 10, cuando las instalaciones se encuentran cerradas– habían sido saqueados los archivos de periodistas y de personal administrativo.

Los delincuentes violaron las puertas de acceso de todas las oficinas de las áreas editorial y administrativa, sustrajeron documentación contable y expedientes periodísticos, equipo de cómputo, celulares, chequeras y diversos objetos de valor, así como actas constitutivas de la empresa que edita este medio de comunicación.

Los hechos se denunciaron la mañana del 12 de abril ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en la Agencia Investigadora del Ministerio Público Cuauhtémoc: expediente FCH/CUH-6/T1/00542/10-04.

El robo a las instalaciones de Contralínea se suma a la serie de acosos que los periodistas de este medio de comunicación han padecido desde 2007, derivada de su ejercicio profesional. El acoso y los agravios incluyen el allanamiento a sus instalaciones en tres ocasiones anteriores (5 de agosto de 2007, 13 de agosto de 2008 y 11 de febrero de 2009), el arresto de su director, Miguel Badillo (el 16 de enero de 2009) y la orden de arresto contra la reportera Ana Lilia Pérez.

Actualmente, los periodistas de este medio de comunicación cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y medidas precautorias dictadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Mediante el periodismo de investigación, Contralínea ha documentado casos de corrupción gubernamental y empresarial, asuntos de seguridad nacional y seguridad pública, narcotráfico, lavado de dinero, delitos de cuello blanco, así como problemas sociales derivados de la marginación: pobreza extrema, desnutrición, despojo a pueblos indios, conflictos y movimientos sociales, guerrilla.

Desde 2007 en este medio informativo se han recibido amenazas de muerte e intimidaciones por parte de corporativos privados contratistas de Petróleos Mexicanos como Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine. Estas compañías mantienen seis demandas civiles y una penal contra Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores, Jorge Meléndez y David Manrique.

El más reciente allanamiento y robo en agravio de la revista Contralínea se registra a siete meses de que la CNDH emitiera la recomendación 57/2009 –el 14 de septiembre de 2009–, en la cual determinó que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación.

En la recomendación –“sobre el caso de los señores Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez e integrantes de la revista Contralínea”– se acreditaron como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con la CNDH, fueron violados “los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos primero, párrafo tercero; sexto, párrafo primero; séptimo, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1, 2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

Además de la denuncia ante la PGJDF, Contralínea ha dado vista de hechos al relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de la Naciones Unidas y a la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares.

Sobre la reciente agresión, el 13 de abril la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitió una enérgica condena y se solidarizó con los periodistas. A iniciativa de la diputada Aleida Alavez, también solicitó al jefe del gobierno capitalino brindar las garantías necesarias a los trabajadores de esta revista.

Los periodistas de Contralínea refrendan su compromiso con la sociedad, con la verdad y con el periodismo de investigación, y exigen al gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa y a la administración local de Marcelo Ebrard Casaubón el esclarecimiento de los hechos violentos así como la sanción a los responsables de los mismos.

Cronología de las agresiones

Fecha	Hechos
5 de agosto de 2007	Representantes del Grupo Zeta Gas irrumpen en las instalaciones deContralínea, amenazan con desaparecer la revista y exigen que se les revelen las fuentes
6 de agosto de 2007	Inician acciones judiciales. Jesús Zaragoza López, director de Zeta Gas, presenta la primera de tres demandas por supuesto daño moral, ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
7 de noviembre de 2007	Oceanografía, SA de CV, interpone un juicio civil por “daño moral” en contra de la revista Contralínea y de los periodistas Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores y Jorge Meléndez
13 de agosto de 2008	Los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo Gonzáles Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas, allanan las instalaciones de Contralínea acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
12 de septiembre de 2008	Contralínea interpone una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por acoso judicial y amenazas de muerte
5 de enero de 2009	Elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal arrestan a Miguel Badillo, director de Contralínea
11 de febrero de 2009	Representantes del Grupo Zeta Gas allanan las instalaciones deContralínea; exigen ingresar a los escritorios y archivos de los trabajadores y periodistas
22 de abril de 2009	Blue Marine Technology Group demanda a Contralínea y a los periodistas Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez y Nancy Flores y al cartonista David Manrique por “daño moral”
14 de septiembre de 2009	La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite la Recomendación 57/2009
10 de abril de 2010	Desconocidos allanan y saquean las instalaciones de Contralínea

CONTRALÍNEA 178 / 18 DE ABRIL DE 2010

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

CRUCES

CRUCES

Por: Claudia Rodríguez

En Ciudad Juárez, Chihuahua, el sábado anterior apareció una narco manta. Asunto, advertirán quienes leen estas líneas, que no tiene nada de novedoso. Cierto. En Juárez este fin de semana como en otras tantas ocasiones, la delincuencia organizada dispuso de la plaza.

En un primer escenario, la mañana sabatina, en el puente peatonal que se localiza frente al inmueble de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, la manta escrita con pintura en aerosol de color rojo y negro amenazaba a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para que en sólo siete días diera de baja a 12 agentes de la CIPOL (corporación policiaca), quienes son acusados de proteger al grupo delictivo local. De no proceder, los

delincuentes se encargarían de quitarlos.

La manta permaneció por algunos minutos sobre el mencionado puente y posteriormente fue retirada por elementos policiacos, la cual fue resguardada para iniciar con las investigaciones.

En un segundo escenario, los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Chihuahua, iniciaron su arranque de campaña en la misma Ciudad Juárez.

De acuerdo a la legislación electoral local de la entidad fronteriza, bastaba que las manecillas del reloj marcaran el primer minuto del sábado 17 de abril para que iniciaran de forma oficial las campañas electorales, así que los aspirantes a gobernar, también tomaron la plaza de Juárez.

El candidato panista Carlos Borruel Baquera, arrancó con diversos espectaculares colocados en las más importantes avenidas de la ciudad, así como diversos pendones en los postes y para apoyar esta estrategia visual, el mismo Borruel, entregó propaganda en los puentes internacionales.

En otra parte de Ciudad Juárez, el candidato priísta César Duarte Jaquez, muy de mañana estuvo con los trabajadores del mercado de abastos. Más tarde, Duarte continúo su recorrido por otros puntos de la ciudad como la colonia La Cuesta y el monumento Benito Juárez.

Así, el cruce de la violencia, la delincuencia y el juego político se hizo presente en el tiempo y en el espacio de un mismo territorio.

Algo un tanto surrealista. Narco mantas conviviendo --¿o compitiendo?--, con la propaganda electoral.

¿Qué tanto vale una campaña electoral supuesta en un marco de legalidad y democracia cuando los cárteles de la droga –aún con todo y la presencia del ejército--, dominan de noche y de día el territorio de disputa política?

Acta Divina… La violencia generada por los cárteles de la droga en la entidad obligó a las autoridades del Instituto Estatal Electoral (IEE) en Chihuahua, obligó a modificar los horarios de las asambleas municipales y a cambiar a funcionarios que renunciaron por temor a los narcotraficantes que operan en la entidad.

actapublica@gmail.com

claudia.rodriguez.de.z@gmail.com

WIKIO

Fuente: Indice Político

Difusión: AMLOTV

Economía mexicana: improductiva y especulativa

Para que la economía pueda funcionar y, en lo posible, evite crisis económicas de gran envergadura, se requiere de una serie de gastos que coadyuven a la realización del excedente producido. Esto es, “en una economía de mercado, para usar los productos que integran el excedente, primero hay que comprarlos. Esto, a su vez, significa que en tal momento los correspondientes valores de uso se realizan como valores. Para dar cuenta de este muy crucial fenómeno, nos permitimos proponer una nueva categoría: gastos que realizan el excedente (GRE). Se trata de aquellos gastos o componentes de la demanda global que compran los productos mercancías que integran el producto excedente (o ‘plusvalía potencial’) y que, por ende, transforman a las correspondientes mercancías en dinero, en trabajo intercambiable por los resultados de cualquier otro trabajo. De este modo, el trabajo gastado o incorporado en esos bienes (gastado, inicialmente, a título privado) se reconoce como trabajo social; es decir, como valor” (Valenzuela, 2007).

Gastos para la realización del excedente

Los GRE son tres: a) La acumulación de capital; b) El saldo de la balanza comercial; c) Los usos o gastos improductivos que están compuestos por tres rubros: consumo de los asalariados improductivos, consumo de los capitalistas y consumo del gobierno” (Valenzuela, 2007).

Veamos cada uno de estos componentes:

a) La acumulación de capital es el motor a través del cual una economía funciona. No puede haber desarrollo económico si no existen niveles importantes de inversiones en maquinarias, equipo, herramientas, desarrollos tecnológicos, etcétera. Cuando una economía apuesta a la inversión en sectores improductivos y deja de lado aquellos generadores de riqueza material, se generan distorsiones que únicamente conducen al estancamiento o al retroceso económico que trae consigo desempleo, falta de ingresos, pobreza, delincuencia, inseguridad, etcétera.

Es por ello que el proceso de acumulación de capital es altamente significativo. En nuestro país, la tasa global de crecimiento (TGC) de la formación bruta de capital fijo o acumulación de capital fue de -7.8 por ciento entre 2007 y 2009, en términos reales (a precios de 2003). Esto es, la inversión productiva se desplomó a niveles alarmantes, dando la autoridad federal prioridad a actividades fallidas: lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, una política social que sólo incrementa el número de pobres, por señalar sólo dos ejemplos.

En México, los inversionistas (nacionales y extranjeros) no encuentran condiciones propicias para invertir, el mercado interno se ha estrechado, la población carece de poder adquisitivo, las tasas de interés ofrecidas por los bancos o las inversiones en cartera son más atractivas que arriesgar el capital en inversiones de mediano o largo plazo. Es por ello que el proceso de acumulación pareciera que está desapareciendo. Evidentemente que quienes se mantienen a la expectativa y sí invierten son los grandes monopolios que en la feria de quiebras de empresas, las adquieren a precio de ganga y engrosan más sus fortunas. A guisa de ejemplo tenemos a Carlos Slim que, paradójicamente, en el año de la crisis (2009) se levanta como el hombre más rico del mundo.

b) El saldo de la balanza en cuenta corriente. En un país dependiente como el nuestro (ya hasta resulta un eufemismo eso del “nuestro”), las cuentas con el exterior son de suma relevancia. Lo son más aún cuando los gobiernos priistas y panistas han apostado su resto al desarrollo del sector externo con la apertura indiscriminada de nuestras fronteras y con un Tratado de Libre Comercio de América del Norte a modo, particularmente, para Estados Unidos.

Durante los tres años de gobierno de Calderón, este rubro también presenta una derrota a la política económica instrumentada: la balanza en cuenta corriente incluye todos los movimientos realizados con el exterior: exportaciones, importaciones, servicios factoriales y no factoriales tanto de ingresos como de egresos con el exterior. El saldo en cuenta corriente tuvo un comportamiento global de -22.6 por ciento; en tanto que los ingresos totales con el exterior cayeron en -16.1 por ciento y los egresos, -16.7 por ciento, en el periodo estudiado. Éstas son las cuentas que se entregan en el sector externo: puro déficit. Tal vez si la cantidad de muertos, ajusticiados, decapitados, etcétera, contara para las cuentas nacionales, ahí sí tendríamos éxitos sin par.

c) Los gastos improductivos son tres: consumo de los asalariados improductivos, consumo de los capitalistas y consumo del gobierno.

Los asalariados improductivos, entre 2007 y 2009, tuvieron un incremento real de 4.8 por ciento en sus remuneraciones. Esto ayudó a franjas importantes de personas que laboran en el comercio, los servicios y el gobierno a paliar la crisis. Sin embargo, no evitó que sus poderes adquisitivos se vieran mermados y que dejaran de pagar hipotecas, tarjetas, aumentando sus adeudos.

Por su parte, el consumo de los capitalistas cayó en -6.9 por ciento y el consumo gubernamental tuvo un aumento de 2 por ciento, con lo que, evidentemente, no fue posible atenuar los efectos de la crisis.

La realización de los excedentes

Para que la economía pueda operar es menester que aquello que se ha producido en cada año se venda o realice. Lo importante estriba en que los excedentes generados se realicen tanto en el mercado interno como en el externo. De lo contrario, la economía se ve sometida a problemas de realización, lo que conlleva subconsumismo en la población, desempleo, baja en los ingresos, pobreza, etcétera.

La cuestión que sigue es la realización de la plusvalía producida. Para ello se requiere relacionar la plusvalía realizada o GRE con la plusvalía producida. Esta última será el resultado de añadir al producto interno neto (producto interno bruto deducido de la depreciación de los activos fijos) el total de las importaciones, ya que en una economía con una apertura comercial de más del 80 por ciento, las importaciones que entran al país son plusvalía que viene de otras naciones, por lo que debe considerarse en términos de la realización tanto la plusvalía generada al interior como la que viene de fuera.

Según vimos atrás, los GRE no son otra cosa más que plusvalor realizado en un periodo determinado, en este caso un año. De estos gastos, en ambos años, el 19 por ciento estuvo a cargo de la acumulación de capital; los gastos improductivos representaron entre el 75 y el 78 por ciento, lo que evidencia un sesgo demasiado parasitario e improductivo en la economía; el consumo del gobierno fue del orden de 13 por ciento; y el saldo de la cuenta corriente llegó a -7.8 por ciento en 2007 y a -5.2 por ciento en 2008. Este saldo agrava aún más la situación económica del país.

Dado el nivel de dependencia que tiene México con Estados Unidos, el papel de las importaciones es fundamental. Éstas representan el 27 por ciento de la plusvalía producida. Que las importaciones sean prácticamente la tercera parte de los excedentes o plusvalía generada evidencia una estructura económica desarticulada, ya que si esas importaciones no entraran al país, el problema para satisfacer las necesidades de demanda sería altísimo.

Conclusión

Podría decirse que hay un exceso de demanda que no obtiene su contraparte en la oferta generada, lo que trae como consecuencia baja en el ritmo de crecimiento de acumulación de capital, aumento del desempleo y la priorización de actividades improductivas y especulativas.

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Nota metodológica:

· Todos los cálculos fueron elaborados por el autor.

· La plusvalía es la riqueza generada por los trabajadores de los sectores productivos, y se obtiene restando, al valor agregado total de la economía, las remuneraciones realizadas a los trabajadores productivos.

Fuentes consultadas:

1) Banco de México, página web, consultada entre el 15 de marzo y el 3 de abril de 2010.

2) Valenzuela, José, Estancamiento y crisis en el México neoliberal, ed. UACH, México, 2007.

*Profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo; investigador nacional

palkacios@hotmail.com

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV