Crear un estado de bienestar, sustento del Proyecto Alternativo de Nación
México, Distrito Federal
Domingo 25 de julio de 2010
* PROYECTO ALTERNATIVO DE NACIÓN (SÍNTESIS)
Todos a participar en la Consulta Nacional
Es tiempo de reconstruir a México. La actual crisis moral, económica, ambiental, política y social marca el fin de una época. Esta degradación ha causado grave daño a las conquistas históricas de los mexicanos y pone en riesgo nuestra viabilidad como nación.
La rapacidad de la mafia del poder no tiene límites: Concentra la riqueza en unas cuantas manos, a cambio de condenar a millones de mexicanos a una vida de pobreza y exclusión inaceptables, cancelando el futuro de jóvenes y niños. Esa oligarquía se considera dueña de México y nos han convertido en uno de los países más desiguales del mundo. Con ambición desmedida, ha secuestrado las instituciones, atropellado las garantías constitucionales, entregado los bienes nacionales a extranjeros y devastado el medio ambiente.
La única manera de terminar con estas injusticias es una transformación profunda del país. Por eso convocamos al pueblo mexicano a defender sus derechos, a llevar a cabo una revolución de las conciencias, de alcances históricos, para reconstruir la nación desde sus cimientos, para hacer realidad la libertad, la fraternidad, la justicia y la democracia.
El renacimiento de México necesita de la participación de todos los ciudadanos libres que trabajen en la construcción del bien común. Queremos un país que dé seguridad y bienestar a sus habitantes, que respete las libertades y la diversidad; una nación de personas dignas, solidarias y dichosas: mujeres, hombres, jóvenes, indígenas, campesinos, obreros, profesionistas, empresarios, estudiantes, niños, ancianos.
Este país ya está cambiando. La energía social está en marcha. Somos millones quienes estamos comprometidos con la transformación. Nuestra guía es la historia de las gestas populares, el ejemplo de Hidalgo al fundar la nación independiente; el de Morelos quien hizo valer la soberanía popular; el de Juárez al defender la República y el Estado laico; el de Madero que convocó a una revolución por el sufragio efectivo. Retomamos la bandera de Zapata por tierra y libertad, recuperamos el espíritu justiciero de Villa y el compromiso de los Flores Magón por acabar con la injusticia y la explotación. Nos inspira el general Lázaro Cárdenas quien defendió la soberanía y la independencia económica del país.
Estamos convocando al pueblo de México a unir voluntades y esfuerzos colectivos en un proceso constituyente: para crear la organización ciudadana que defienda los derechos de todos y las nuevas instituciones públicas que hagan de México una nación democrática, incluyente y soberana.
Es la hora de actuar, de organizarse desde abajo y desde la izquierda, de luchar pacíficamente. Aspiramos a sumar a esa mayoría que quiere un cambio porque defendemos una razón fundada en el amor a la igualdad y en el aprecio a la diversidad.
El proyecto de Nación que ponemos a consulta es un punto de partida para el debate nacional sobre el México que soñamos y queremos construir. Este documento fue elaborado por un grupo amplio y plural de intelectuales y especialistas comprometidos con el cambio democrático. Lo ponemos a discusión para que sea enriquecido con las experiencias, propuestas, ideas y demandas de todos los sectores. El México que queremos debe ser construido entre todos. Hasta diciembre de 2010 se recogerán las aportaciones individuales, colectivas y de los foros de discusión que se realicen; en marzo de 2011 será presentado el resultado de la consulta nacional.
El Proyecto Alternativo de Nación definitivo será obra de la participación, amplia y plural, del pueblo mexicano.
10 puntos para el renacimiento de México
1. Promover la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico
Frente a la degradación de la sociedad, el desmantelamiento de las instituciones públicas, la destrucción de la naturaleza, la desigualdad, la corrupción, la deshumanización, la concentración del poder y de la riqueza, es imprescindible e impostergable un profundo cambio político, económico, social, cultural y, sobre todo, moral, ético.
Alcanzar el crecimiento económico, la democracia, el desarrollo y el bienestar, sólo será posible con una revolución de las conciencias sustentada en la cultura del pueblo mexicano, en su vocación de trabajo y en su generosidad; con valores sociales como la solidaridad, el respeto a la diversidad, el sentido de comunidad, el amor al prójimo y a la naturaleza y la protección del medio ambiente, que impidan el predominio del dinero, del engaño, de la corrupción y del afán de lucro, sobre la dignidad, la moral y el bien común.
Superar la crisis moral
La actual crisis de valores tiene su origen en los principios neoliberales de la oligarquía que justifican el individualismo, la desigualdad social, el abuso de poder y la antidemocracia. Esa minoría que domina la economía y el poder, impone sus concepciones y sus intereses, por encima del interés público, de las necesidades y del bienestar de la mayoría de la sociedad.
Una nueva forma de vida
Impulsaremos una forma de vida donde cada mujer y cada hombre —sin importar condición social, étnica, creencias o preferencias sexuales— valga por su trabajo, sus acciones solidarias, su fraternidad, su lealtad a las normas de convivencia y sus aportes al bienestar de la sociedad; una sociedad en la que prevalezcan la dignidad, el honor, la ética y la búsqueda de la felicidad.
Un país donde la virtud sea el hábito de hacer el bien, en el que la mayor satisfacción de cada uno sea el bienestar de todos, y donde se recupere el espíritu de servicio a la comunidad.
Recobrar el sentido de comunidad
Esa es la piedra angular de este proyecto. Hay que colocar a la comunidad y a la vida comunitaria en el centro de la nueva sociedad. Recuperar los valores de las comunidades rurales y urbanas que aún existen y resisten por todos los rincones del país, y que aún forman parte de la idiosincrasia nacional. Superar el individualismo y el egoísmo, mediante el ejercicio crítico frente al poder, la violencia de la desigualdad, la ignorancia y el oscurantismo.
Establecer una ética política
La vida pública ha sido corrompida por la subordinación de los políticos a los intereses del mercado y de los potentados. La corrupción, la demagogia, el corporativismo, el clientelismo, el paternalismo y el autoritarismo, son prácticas perversas de la política.
La ética política demanda la participación del pueblo en los asuntos públicos y el cumplimiento de la obligación de actuar en función de los intereses de los ciudadanos por parte de los servidores públicos. La sociedad debe adoptar una actitud conjunta contra la injusticia, el racismo, el sexismo, la opresión, la desigualdad y la corrupción que forman parte del sistema de dominación. Y entender la justicia como un bien común, como equidad de trato hacia todos y deberes colectivos para eliminar cualquier tipo de opresión.
Crear instituciones de participación
La democracia efectiva es el poder del pueblo. El espíritu republicano nace de la convicción de que el interés público corresponde al interés general. La comunidad democrática proviene de la intervención de la ciudadanía en la vida pública. La recuperación ciudadana de las instituciones requiere la ampliación de la democracia representativa, comunitaria y participativa: con elecciones limpias, rendición de cuentas de partidos, gobernantes y representantes populares; creando figuras electorales ciudadanas y de participación social en la decisión y ejecución de planes y programas de gobierno; con el reconocimiento y respeto de la democracia comunitaria que se practica en pueblos y comunidades indígenas; y con la instauración de mecanismos de participación ciudadana.
Promover una cultura democrática
Una conciencia de la responsabilidad entre ciudadanas y ciudadanos, implica aceptar la pluralidad, entender que todos tenemos los mismos derechos y reconocer la desigualdad de oportunidades que actualmente impera y, por tanto, la necesidad de la equidad. Hacerse cargo de las tareas públicas, proponer, vigilar y participar en las decisiones de gobierno. La cultura democrática se construye en el ejercicio de los derechos, en la convicción de que el Estado somos todos. Esta cultura democrática también implica el diálogo y la acción de los ciudadanos hacia un fin común, la solidaridad de todos, el respeto y la ayuda mutua de los diferentes, así como la existencia de un Estado plural y justo.
Impulsar una visión integral de los derechos humanos
Los derechos y las garantías individuales deben ser firmemente asegurados, junto con los derechos colectivos económicos, sociales y culturales. En esto consiste el enorme poder moral de los derechos humanos, hoy negados en la práctica en México.
Las libertades civiles y políticas sólo pueden ejercerse a plenitud si se cumplen el derecho al bienestar, a la educación, a la seguridad social, a la propia identidad y a las condiciones de vida que hacen la felicidad de los hombres en sociedad. Es un imperativo ético incorporar plenamente los derechos humanos a la Constitución y hacerlos cumplir. Para ser completamente libre, una persona requiere satisfacer sus necesidades más elementales de sobrevivencia (alimentación, vestido, salud, habitación, seguridad de vida) y de convivencia.
Diversidad biológica y cultural
México es uno de los tres países con mayor diversidad cultural y biológica del mundo. El corazón de esta doble riqueza, herencia milenaria, está en los pueblos indígenas y en las comunidades agrarias, en sus relaciones con la naturaleza y en la vida comunitaria. El colonialismo cultural ha negado la diversidad, imponiendo una visión nacional única y excluyente, de la misma forma que los modelos agroindustriales acaban con la enorme variedad de recursos de la naturaleza. Un México pluricultural y biodiverso implica crear nuevas condiciones democráticas, de igualdad y equidad para los pueblos originarios, no sólo culturales sino también económicas, políticas y sociales, así como formas de producir que conserven la riqueza biológica. La autonomía indígena es una forma concreta de ejercer el derecho a la autodeterminación en el marco de la unidad nacional, potestad reconocida por las leyes internacionales.
Por una modernidad alternativa
Nuestro proyecto está inscrito en el contexto planetario. Hoy se vive una crisis de la civilización industrial, del capitalismo tardío, materialista y tecnocrático. El destino de la nación no está aislado de lo que ocurre en el mundo. El reto político del país es también un dilema civilizatorio: o seguir alimentando una modernización que explota, margina y enajena a la ciudadanía, que vuelve al mundo un lugar de mayor degradación, que es una amenaza ecológica, que concentra los capitales y pone a la política al servicio de las élites; o, por el contrario, una modernidad alternativa basada en el equilibrio ecológico, el uso democrático y racional del agua, la energía, la biodiversidad, la tecnología y los conocimientos científicos, el control social del mercado y de los poderes políticos, la democracia participativa y la recuperación de la cultura en tanto riqueza diversa y factor dinámico de nuestra historia. Esto supone reconocer la necesidad de descolonizar el pensamiento. Asumimos como referentes las visiones basadas en el “buen vivir” y las valiosas innovaciones culturales, morales, políticas e ideológicas nutridas en la vida de nuestros pueblos originarios y afroamericanos. En consonancia, la transformación que proponemos representa un cambio democrático del poder político y la reconstrucción del poder social.
El nuevo espacio de lo público
Hay que detener la mercantilización de los espacios públicos y convertirlos en centros de la vida democrática. Frente a la apropiación privada de todas las esferas de la vida (la salud, la educación, la ciencia, la cultura, el ocio…), promovemos la creación y ampliación constante del espacio de lo público (lo que es bueno para todos y el espacio común de todos), para que se constituya en lugares, ámbitos, dimensiones, en donde confluir, habitar, dialogar y convivir los unos con los otros. Un espacio de la diversidad y la pluralidad cultural.
2. El Estado debe estar al servicio del pueblo y de la nación
Actualmente, el Estado mexicano se encuentra bajo el control de una minoría que utiliza el poder público para su propio beneficio. La oligarquía tiene secuestradas a las instituciones. Por eso, como pueblo, debemos recuperar democráticamente al Estado, a través de la participación activa y del voto ciudadano, y reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido enajenados en forma anticonstitucional. En especial, deben revisarse concesiones y contratos en los casos de la minería, la industria eléctrica, el espacio radioeléctrico y el petróleo. Es indeclinable e inalienable el dominio directo de la Nación sobre el territorio, el subsuelo, los litorales, el espacio aéreo y los recursos estratégicos, que deben ser administrados en beneficio de los mexicanos.
La soberanía reside en el pueblo
Hay que restablecer el principio de la soberanía popular para que el Estado esté al servicio de los ciudadanos y de la nación, y para que las leyes garanticen los derechos del pueblo.
Establecer un Estado social y democrático
Es Estado debe asumir su responsabilidad con la sociedad, combatir la desigualdad, tener un papel activo en la economía para impulsar el desarrollo y el bienestar del pueblo, restablecer el Estado de derecho y la participación ciudadana en las decisiones de gobierno.
Un gobierno democrático defiende el voto popular, garantiza elecciones limpias, equitativas y sin dispendio de recursos; dialoga, hace acuerdo y respeta todas las expresiones ideológicas y políticas; asegura el ejercicio de la crítica, la expresión libre y el derecho a disentir.
Los Poderes de la Unión deben estar sujetos al imperio de la ley y de la Constitución, representando en todo momento los intereses generales de la sociedad y no sólo a una minoría. Impulsaremos una verdadera división de poderes que dé lugar a una mutua vigilancia que limite todos los excesos en el ejercicio del poder, que cumpla con los objetivos que se fijan en las leyes, la rendición de cuentas y sean acordes con la voluntad popular. La administración pública federal obedecerá a los principios de estricta legalidad y transparencia en sus actos y la permanente rendición de cuentas.
El nuevo federalismo
La relación entre la federación y los estados y municipios debe replantearse y dejar de lado el centralismo o el faccionalismo a la hora del reparto del prepuesto público. La capital de la República debe recuperar su condición de entidad fundadora de la Federación y tener plena igualdad de derechos respecto a las demás. La refundación democrática del Estado debe comenzar desde el municipio.
En nuestro país la justicia tiene precio y la impunidad constituye el pilar fundamental del sistema político mexicano; los tribunales legalizan los atropellos y los despojos cometidos por los poderosos y castigan a los indefensos y a los que oponen a las ilegalidades. El Poder Judicial de la Federación debe ser un auténtico garante y defensor de la Constitución y sus leyes. Los jueces deben ser intérpretes de la Constitución y actuar con independencia. Se propone elegir democráticamente a los ministros de Corte para que representen los intereses de los ciudadanos y no del poder. No hay democracia sin justicia para todos.
Construir un Estado democrático de Derecho
En tanto que en México no hay Estado de Derecho, proponemos que el ejercicio del poder sea democrático, transparente y rinda cuentas a la sociedad; que existan vías efectivas para garantizar todos los derechos humanos; que el principio de supremacía constitucional sobre el resto de las normas legales sea una obligación para cualquier autoridad; mejores mecanismos de control de constitucionalidad y de las controversias constitucionales; reconocer la figura jurídica de acciones colectivas para proteger derechos colectivos e intereses difusos, sobre todo de los consumidores; establecer mejores mecanismos de rendición de cuentas; que existan herramientas participativas para que la ciudadana influya permanentemente el comportamiento de las autoridades (referéndum; plebiscito; revocación; iniciativa popular; presupuesto participativo; acción ciudadana de inconstitucionalidad; auditoría ciudadana; inconstitucionalidad por omisión legislativa, administrativa o de otras autoridades; audiencia pública; cabildo abierto; consulta popular).
En un Estado democrático la tarea de la seguridad pública es garantizar la vida, la integridad física, las propiedades y la tranquilidad de la población. Frente a la actual crisis de seguridad pública y la violencia desbordada por la equivocada política de combate al narcotráfico sólo mediante medidas coercitivas. La solución de fondo, la más eficaz, es combatir el desempleo, la pobreza, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas sociales. Las fuerzas armadas no deben ser usadas en funciones civiles o para reprimir a los movimientos sociales. No se permitirán más actos de impunidad desde el poder y se investigarán las violaciones a los derechos humanos.
La recuperación democrática del Estado será posible con una insurgencia cívica que reconstruya la República desde abajo, creando creando modalidades de poder ciudadano, las nuevas instituciones públicas, los nuevos instrumentos legales y políticos para gobernar con el pueblo y para el pueblo.
Reconstruir la política exterior
La política exterior debe estar fundada en la igualdad soberana entre los estados, en la no intervención y la solución pacífica de las controversias entre naciones y la solidaridad entre los pueblos, que defienda los derechos de los migrantes, proyecte los valores históricos de independencia y libertad.
Ejercer la soberanía nacional médula de la política exterior
Ante la realidad de un mundo desigual, dominado por grandes centros de poder económico y político, es indispensable procurar la equidad económica, la igualdad soberana y jurídica de los Estados, la solidaridad internacional y el apoyo a la expresión democrática de los pueblos. La fuerza de la política exterior será la justicia y la estabilidad internas. La soberanía nacional se refuerza con una política que promueva el desarrollo y la democracia, y que nos haga respetados y respetables en el mundo.
Recuperar nuestro lugar en AL y diversificar las relaciones
México debe recuperar su pertenencia a América Latina y el Caribe y diversificar las relaciones internacionales hacia todas las regiones y continentes, con países como Brasil, India y China.
Nuestra unión solidaria con los países del Sur se inscribe en los objetivos de descolonización y liberación política, económica y cultural que compartimos con esos países.
Con Estados Unidos, una relación equilibrada, de cooperación, respetuosa de las
soberanías y conciente de las asimetrías
La relación con Estados Unidos debe ser equilibrada, de cooperación, de beneficio mutuo y respetuosa de las soberanías, haciéndose cargo de las asimetrías. Debe revisarse el TLCAN. La agenda bilateral debe dejar de estar centrada en el tema del narcotráfico para proteger nuestra seguridad y soberanía. Ha de comprender diversos rubros como la migración, la energía, el agua y el medio ambiente. El gobierno democrático está obligado a defender a los derechos humanos de los connacionales que viven y trabajan en la nación vecina. El clima de intolerancia y de violencia contra los migrantes es inaceptable, los consulados les deben brindar todo el apoyo legal y la ayuda necesaria. Nuestra frontera común representa un desafío y una oportunidad para ambos países pero sin militarización ni muros que nos dividan y confronten. Generaremos proyectos de desarrollo regional en la frontera para mejorar los niveles de vida y reducir el flujo de migrantes.
Privilegiar una política multilateral
La política multilateral será el ámbito privilegiado de la acción internacional de México para recuperar la historia de liderazgo en la defensa de la paz mundial, de la no intervención, la autodeterminación y el diálogo del Norte y el Sur. La globalización a que aspiramos es la de la solidaridad y la cooperación; opuesta a la discriminación o segregación; afirmativa de los principios de pluralidad, tolerancia y reconocimiento del otro y de los otros, así como de la integridad cultural de las comunidades en cualquier parte del mundo.
3. Democratizar el acceso a los medios de comunicación
Es inaceptable que un pequeño grupo posea el control de la televisión y de la radio, y medre con la ignorancia, el sensacionalismo y la desinformación en función de sus intereses. Las señales radioeléctricas, de televisión, telefonía e Internet son bienes públicos concesionados para cumplir una función de beneficio social. El Estado debe hacer cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información y el acceso a los medios de comunicación. La sociedad debe contar con medios propios para expresar su pluralidad y su diversidad.
El control y la manipulación que ejerce la oligarquía a través de los medios de comunicación electrónicos es uno de los principales obstáculos para instaurar la democracia en México. La transformación del país reclama un cambio de las relaciones entre la sociedad y los medios, por eso proponemos:
Democratizar el acceso a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías
La libre competencia y la desconcentración de las concesiones que otorga el Estado evitará los monopolios de radio y televisión. Estas medidas abaratan, democratizan y universalizan el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Abrir los canales de televisión y de radio suficientes para brindar este servicio público indispensable y acabar con los monopolios
La ley debe impedir su concentración en unas cuantas manos y regular la relación de los medios con la sociedad y el Estado.
Garantizar el derecho a la información de los mexicanos.
Establecer figuras como el derecho de réplica y de información sobre asuntos de interés público. Crear una defensoría del público y de los derechos de la audiencia, encargada de recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión. Formar un fondo de fomento para la producción de programas educativos, culturales y de entretenimiento de calidad para niños y adolescentes y jóvenes. Vincular la formación educativa a los contenidos de la televisión. Promover el cine nacional en la televisión abierta y por cable.
Promover el acceso a los medios de comunicación de toda la población, sobre todo a la radio y a la televisión
Los medios audiovisuales son un servicio público, de interés nacional y son esenciales para el desarrollo cultural y social de la población. Representan la materialización del derecho inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones sin ningún tipo de censura.
Establecer medios públicos que cumplan con el derecho a la información
Medios públicos que reflejen la pluralidad política, étnica, social y cultural de los mexicanos. Estos medios públicos, al ser entes de interés colectivo, contarán con presupuesto público, patrimonio propio y los regulará un consejo ciudadano.
Impulsar y garantizar el funcionamiento de medios comunitarios
Se promoverán las radiodifusoras y televisoras locales y regionales que permitan el acceso y el manejo de estos medios a pueblos indígenas, comunidades campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de formación educativa y cultural.
Garantizar el acceso universal a Internet como parte del derecho a la información y de acceso a las nuevas tecnologías y medios de comunicación.
4. Por una ética republicana y el combate a la corrupción
La revolución de las conciencias y la participación popular y ciudadana en los asuntos públicos crean las condiciones para que florezca una ética republicana que regenere a la nación, moralice la política, con servidores públicos con vocación de servicio. El servicio público es una distinción en sí misma y no debe basarse en altas remuneraciones y derroches que ofenden a los gobernados.
Austeridad republicana
Toda vez que en la vida política e institucional existe gran dispendio de recursos públicos, excesivos salarios y prestaciones de la alta burocracia, proponemos, entre otras medidas: la reducción de la mitad de los salarios de todos los servidores públicos de mandos medios y superiores, en los tres niveles de gobierno, eliminando bonos extraordinarios y privilegios de los altos funcionarios, así como acabar con los dispendios en la operación del gobierno.
Combate a la corrupción
La corrupción implica la violación al sistema normativo para obtener un enriquecimiento ilícito, mediante el tráfico de influencias, el clientelismo, el cohecho y el fraude, prácticas ilícitas que en la actualidad no son castigadas casi nunca. Queremos acabar con las conductas indebidas y la impunidad; aprobar una ley general que evite los conflictos de interés; que establezca el delito de corrupción y que castigue el uso electoral del presupuesto público.
Comisión para investigar la corrupción
Los órganos de fiscalización actúan bajo consigna, no son independientes y carecen de competencias para revisar el ejercicio de los recursos públicos. Frente a los graves niveles de corrupción en la administración pública federal proponemos crear una comisión de que investigue la corrupción y haga públicas sus conclusiones; hacer de la Auditoría Superior de la Federación un órgano constitucional autónomo con mayores atribuciones que las que ahora tiene; eliminar los fondos y fideicomisos en la administración pública; aprobar una Ley General de Contraloría Social para abrir canales de participación ciudadana y control social; rechazar la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas que pretende liquidar las áreas estratégicas y la rectoría del Estado en ámbitos fundamentales de la vida nacional como educación, salud, seguridad pública, comunicaciones e infraestructura.
Transparencia
La fiscalización efectiva por parte de la sociedad y de la opinión pública depende de la transparencia. Más vigilancia sobre los poderes formales y fácticos mediante la autonomía constitucional del IFAI y órganos equivalentes en los Estados; se requiere una ley de transparencia y acceso a la información pública, para todos los poderes y órganos del Estado; una ley de transparencia que obligue a abrir su información a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, empresas nacionales, trasnacionales y medios de comunicación electrónica, entre otros; los fideicomisos, fondos, mandatos o figuras análogas, vigentes deberán ser totalmente transparentes; construir un sistema nacional de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas que sustituya a las actuales instituciones y mecanismos anticorrupción.
Un sistema electoral democrático
Si la recuperación democrática del Estado implica la participación electoral de los ciudadanos para ganar la mayoría a favor del cambio verdadero, y si el actual sistema electoral carece de legitimidad suficiente y permite prácticas fraudulentas, se deben tomar medidas como la garantía plena de la equidad electoral mediante una nueva ley de radio y televisión que evite la desmedida y distorsionadora influencia de los medios de comunicación electrónica; disminuir en más de la mitad el financiamiento público y el costo de las campañas; aprobar el derecho de réplica y reglamentar la publicidad gubernamental; eliminar el financiamiento privado; crear instituciones electorales nacionales que sean realmente ciudadanas e independientes del gobierno, partidos y poderes fácticos; establecer acciones afirmativas de género en las candidaturas a cargos de elección popular y en las instituciones públicas; garantizar el voto de los mexicanos en el exterior; sancionar cualquier mecanismo de clientelismo y corporativismo en las elecciones; establecer mecanismos para impedir la intervención de los cárteles de la droga en elecciones, y perfeccionar la fiscalización de los partidos, coaliciones, candidatos, dirigentes partidistas y de quienes intervengan en los procesos electorales.
Acabar con la exclusión social y política
En tanto que el sistema político no le da suficiente voz y representación a sectores como los pueblos indígenas, las mujeres, jóvenes, y “minorías” como los homosexuales, proponemos un sistema político que garantice los derechos humanos de todos y el acceso efectivo de los ciudadanos a los cargos públicos mediante un sistema de acciones afirmativas.
5. Crear una nueva economía
La actual crisis financiera y económica mundial revela que el mercado, sin la regulación apropiada del Estado, no es capaz, por sí mismo, de ofrecer un desarrollo económico balanceado, eficiente y a la vez justo. Por esta razón el papel del Estado en la economía ha adquirido un perfil más activo, concorde con la evolución de la economía y el mundo. Los gobiernos para fortalecer sus economías están retomando el espacio que cedieron al mercado y al capital financiero, a la vez que introducen nueva supervisión y regulaciones en diferentes actividades económicas y financieras.
En México, el fracaso del modelo económico neoliberal, implantado hace más de un cuarto de siglo, ha sido evidente: en la práctica el país no creció, unos cuantos acumularon inmensas fortunas y la mayoría de la población subsiste en la pobreza. La apertura comercial indiscriminada y el sometimiento a los dictados de los organismos financieros internacionales que impusieron los gobiernos neoliberales, no se tradujeron en un desarrollo económico sostenible e incluyente. La realidad es que México es de los países que menos crece, que menos empleo genera, así como la nación con mayor migración y de más grave desigualdad. Estas son las razones prácticas por las que se requiere reformular el modelo económico y la estrategia de desarrollo.
Los gobiernos neoliberales desmantelaron la planta productiva nacional, las instituciones y las políticas sociales y económicas del Estado mexicano, auspiciaron el saqueo con las privatizaciones de empresas y bienes públicos, apostaron todo a la dependencia con el exterior y entregaron el control de la economías a unas cuantas empresas y monopolios; políticos y corporativos formaron un grupo oligárquico que se apoderó del poder público para perpetuar sus privilegios.
El Estado debe asumir su obligación de velar por la prosperidad de la población y no sólo por los negocios de un puñado de empresarios. Estamos comprometidos con un Estado de bienestar y el combate a la desigualdad, que apoye a las empresas y productores nacionales, que impulse las cadenas productivas regionales y la creación de empleo.
Un Estado que fortalezca el tejido social y los mecanismos económicos de subsistencia, solidaridad comunitaria, ayuda mutua, asociacion; además del mercado justo y la economía local.
El nivel de vida de la gente será el principal indicador de la nueva economía
El objetivo central del nuevo modelo económico es aumentar el bienestar de los ciudadanos y reducir la desigualdad social, uno de los mayores problemas de nuestro país. Esto se puede lograr reorientando la economía para favorecer la producción y el empleo. El propósito principal no es sólo lograr buenos indicadores financieros, sino mejorar los niveles de vida reales de la gente, a través del crecimiento, el empleo y mejores salarios.
La nueva política económica se enfocará en la economía real, en el trabajo y en la producción de los bienes que necesitamos, en lugar de privilegiar estímulos a los capitales financieros y especulativos. Sin producción no hay empleos, industrias, consumo, mercado, bienestar colectivo, ni economía poderosa, ni nación soberana. La nueva economía debe generar mayor equidad, competencia y competitividad. Asimismo, se proponen mecanismos para un crecimiento incluyente, cuyos frutos se distribuyan de forma equitativa entre la población, logrando una mejoría creciente y permanente en el bienestar de los mexicanos.
El Estado debe reasumir su responsabilidad de conducir el desarrollo
La nueva política económica debe basarse en la planeación del desarrollo de acuerdo con el interés nacional y el ejercicio democrático. Es fundamental la intervención pública –de sociedad y gobierno– para reactivar la economía y generar empleos, sobre todo en épocas de recesión. Debe anteponerse el interés nacional a cualquier participación de México en acuerdos o proyectos impulsados por gobiernos extranjeros y organismos financieros internacionales, sin detrimento de la continua participación de México en el mundo. El Estado mexicano recuperará su papel de promotor del desarrollo y, con la participación de los sectores privado y social, desarrollará planes para integrar cadenas productivas locales y regionales y maximizar el empleo y el valor agregado nacionales. En el desarrollo nacional es clave el apoyo a la educación, la ciencia y la tecnología.
Las llamadas reformas “estructurales” que impulsa el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya están desacreditadas en el resto del mundo –en México justificaron el pillaje, en particular con las privatizaciones y los rescates como el Fobaproa. A pesar del fracaso, el PRI, el PAN y la oligarquía, insisten en continuar la misma política económica y aprobar la reducción de prestaciones y del poder de negociación de los asalariados, la sustitución de impuestos directos por indirectos, haciendo más injusto el sistema fiscal al restarle progresividad y la privatización de la industria eléctrica y petrolera.
Una economía fuerte con mayor competencia interna y competitividad frente al exterior.
La competitividad es clave para crecer; la competencia interna es clave para lograr la competitividad, ya que precios altos en lo interno dañan la competitividad. El combate a los monopolios y precios competitivos en los energéticos son requisito indispensable para crecer, así como para evitar la concentración excesiva del ingreso e ir mejorando la equidad social.
Una economía nacional firme en la globalidad
La globalización económica es real y debe tomarse en cuenta. Hay países como Brasil, India y China que han sacado buen provecho de las tendencias globales; otros, como México, se han quedado atrás. En esos países el papel del Estado ha sido central en su desarrollo.
Nuestra propuesta considera el contexto internacional para fortalecer nuestra economía interna y aprovechar las oportunidades del mercado mundial. En las relaciones comerciales con el exterior se buscará equilibrio y reciprocidad con los distintos socios comerciales.
Fortalecer la economía popular y la pequeña y mediana empresa
El fortalecimiento de la economía familiar y de la economía a baja escala es parte fundamental de la nueva política económica.
Son las pequeñas y medianas empresas las que más generan empleo en México, por lo que habrá programas de crédito y facilidades para el autoempleo para multiplicar este tipo de empresas.
Apuntalar al hogar como unidad económica fundamental
La sociedad no sólo debe recuperar su lugar en la economía local y regional como generadora de bienestar, riqueza y empleo, también debe alcanzar a la propia economía doméstica o del hogar, que es una dimensión habitualmente olvidada de la planeación económica. En plena sinergia con el Estado, los ciudadanos deben tomar acciones en relación con la alimentación, la salud, la vivienda, el agua y el crédito, con conciencia ecológica y social, a fin de adoptar una nueva forma de vida y de edificar hogares seguros, sanos y autosuficientes. Lo anterior significa construir un poder doméstico para enfrentar de mejor manera y solidaria los retos e incertidumbres del futuro.
Planeación sectorial y regional con participación social y privada
La cooperación estrecha de los sectores público, social y privado es un principio básico para construir una economía fuerte y una sociedad más justa. Se debe propiciar la convergencia de la inversión pública y privada mediante estrategias de desarrollo regional.
El Estado apoyará la viabilidad y facilitará el diseño y ejecución de los planes, con la participación de los sectores social y privado de las propias regiones, poniendo el énfasis en el incremento del valor agregado y la creación de empleos.
Aumentar la inversión pública en infraestructura
En este rubro, el gobierno recuperará, gradualmente, los niveles que se registraron en los periodos de alto crecimiento económico. La inversión en infraestructura genera mucho empleo y requiere de menos divisas que otras actividades.
Financiamiento accesible y barato para las actividades productivas
A través de diversos canales (banca nacional, banca regional, banca de desarrollo) se instrumentarán esquemas para asegurar financiamiento a la actividad productiva en montos y condiciones comparables a las de nuestros competidores.
Se requiere promover el apoyo de la banca privada a este propósito, además de impulsar los bancos regionales y reestructurar la banca de desarrollo para que apoye directamente a los agentes económicos.
Los movimientos de capitales y operaciones financieras especulativas no deben estar exentas de impuestos
Se deben gravar con tasas vigentes de impuestos sobre la renta y con ello evitar ineficiencias en la asignación de recursos o sobrevaluación artificial de la moneda que al final sólo dañan la planta productiva y el empleo.
El Banco de México debe velar por el crecimiento y no sólo controlar la inflación
Que el BM haga un nuevo balance de riesgos en donde es un riesgo la inflación, así como también un alto desempleo de la planta productiva. Se propondrá al Poder Legislativo cambiar el mandato del Banco de México, para que incluya crecimiento y no solamente combate a la inflación.
Revisar los tratados de libre comercio para lograr relaciones equitativas
Se buscará aumentar la producción en el campo, lograr la autosuficiencia alimentaria y crear las condiciones para que los campesinos y agricultores puedan arraigarse en sus comunidades. Debe revisarse el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, para que sirva como instrumento para una relación equitativa en la región. Particularmente, se debe renegociar su capítulo agropecuario, sobre todo en granos como el maíz y el frijol.
La mejor defensa de los derechos de los trabajadores es impulsar la democracia sindical
Para lograr una mejor distribución de los frutos del crecimiento, se buscará garantizar la plena representación de los asalariados, mediante una verdadera democracia sindical, incluyendo el voto secreto, la mayor transparencia y rendición de cuentas del uso de los recursos sindicales y evitando cualquier injerencia patronal o gubernamental. También se impulsará la recuperación del ingreso de los trabajadores. Se alentará la productividad con reparto de beneficios. Se dará protección al trabajo y se promoverá el empleo formal y la justicia laboral imparcial y oportuna.
Todas las políticas de desarrollo y proyectos económicos tendrán en cuenta sus impactos ambientales y serán sustentables desde el punto de vista ecológico
Hoy los recursos naturales y la calidad del aire, suelos y agua, han sido objeto de agudos procesos de deterioro. Ello es especialmente notable en los casos de la minería, el turismo, la extracción petrolera, la expansión urbana, y las modalidades industriales de agricultura, pesca, ganadería y producción forestal.
Consumo responsable
Promover en la sociedad la responsabilidad en el consumo y la información técnica para normar la adquisición de productos naturales sanos y artículos que no dañen la naturaleza. Reducir el consumo de productos contaminantes. Poner en práctica la reutilización y el reciclamiento. Auspiciar el consumo solidario, el pago justo por el trabajo realizado, eliminar discriminaciones, potenciar alternativas sociales y de integración para procurar un nuevo orden social.
6. Combatir los monopolios
Los monopolios producen altos costos económicos y sociales y el enriquecimiento de unos cuantos privilegiados. En México los grandes monopolios están vinculados al poder político y, sin justificación, encarecen bienes y servicios, dañando la economía de sectores populares, clases medias, pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, que se ven obligados a pagar precios exagerados.
Los intereses de los monopolios están representados en la oligarquía que domina la vida política y los protege de la competencia. Sus prácticas disminuyen el poder adquisitivo del salario, dañan a la planta productiva, afectan la calidad de vida de las familias y profundizan la desigualdad social.
Los monopolios y los precios abusivos son anticonstitucionales
La apertura comercial acabó con la mayoría de las empresas nacionales y privilegió a unas cuantas, muchas de ellas extranjeras. Los monopolios imponen su ley en el mercado, a pesar de estar prohíbidos por el artículo 28 de la Constitución mexicana.
En este país empobrecido, la población paga más por bienes y servicios que en las naciones ricas, a cambio de pésimas condiciones de calidad.
Es injustificable e inaceptable que, por ejemplo, con un salario mínimo doce veces menor que el mínimo en Estados Unidos, los mexicanos paguemos por el cemento gris 100 por ciento más que los estadounidenses; 17 por ciento más por teléfono de línea fija; 240 por ciento más por llamadas de larga distancia nacional; 205 por ciento más por la electricidad residencial de alto consumo; 20 por ciento más por electricidad de alta tensión; 116 por ciento más por la tarjeta de crédito; 309 por ciento más por servicio básico de televisión por cable; 176 por ciento más por crédito a la vivienda.
Los precios exagerados quitan hasta el 15% de los ingresos de la gente
Los precios exagerados quitan a las familias entre 10 y el 15 por ciento de sus ingresos y reducen el consumo y el ahorro de las familias.
Las grandes empresas privilegiadas están protegidas contra la competencia
Desde del gobierno se protege a los monopolios y se frena cualquier intento de entrada de nuevos competidores. De continuar estas prácticas, México no podrá competir con otros países ni habrá nuevos empleos y, a la larga, tampoco habrá oportunidades para las nuevas generaciones.
Los monopolios acaban con las inversiones productivas y el empleo
Una parte de las utilidades que legítimamente podrían obtener las empresas de menor tamaño o el ahorro que podrían hacer los consumidores, son transferidas en forma de precios altos a los monopolios.
Las empresas no favorecidas para operar deben reducir los salarios. Eso obliga a las pequeñas industrias a operar muy por debajo de su potencial y a los consumidores a reducir su consumo.
Con una regulación efectiva contra prácticas monopólicas, la economía crecería más
Si se evitaran los abusos de precios de los monopolios, sin precios exagerados, la economía nacional podria crecer entre 2 y 4 puntos porcentuales del producto interno bruto. Las prácticas monopólicas son un freno del crecimiento económico y el empleo.
La competencia debe ser una prioridad de Estado
La actual Ley de Competencia es ambigua, impecisa y sin sanciones suficientes; no garantiza eliminar precios abusivos, atiende solo algunas prácticas anti-competitivas, pero está muy lejos de resolver el problema estructural de precios abusivos. La Comisión de Competencia tiene poca capacidad administrativa y regulatoria. México está en la posición número 60 de 134 países en materia de competitividad. Sin competencia, México no crecerá ni creará empleos.
Aplicaremos nueva legislación para acabar con los monopolios y actuar directamente contra los abusos y precios exagerados de productos y servicios, para crecer y crear empleo y oportunidades.
7. Abolir los privilegios fiscales para redistribuir la riqueza con justicia
La economía mexicana atraviesa por una de las peores crisis de su historia; en 2009 la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 8 por ciento, significó un retroceso importante en los niveles de vida de la población. Ante esta circunstancia, las medidas aplicadas por el gobierno de Felipe Calderón han sido totalmente contrarias a las necesidades de la mayoría.
Basta mencionar los aumentos al IVA como al ISR, a las gasolinas que repercuten en los precios de los bienes y productos que consume la gente, afectando a los que menos tienen.
Se incrementaron los principales impuestos y se crearon nuevos, por el afán del gobierno federal de aumentar la recaudación inmediata sin planeación alguna. Se instrumentó el Impuesto Empresarial a Tasa Única que no resolvió la necesidad de allegarse recursos financieros importantes. Por el contrario, complicó aún más el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Eliminar los regímenes fiscales preferenciales
Se ha castigado fiscalmente a la mayoría de la población para no enfrentar a los sectores de la economía que gozan de privilegios fiscales y reducen en forma importante los ingresos del Estado.
En México 60 por ciento de la recaudación fiscal del ISR recae en las personas físicas: trabajadores, empleados, profesionistas, pequeños y medianos empresarios, lo que no sucede en otros países con un desarrollo económico similar al nuestro. Las personas físicas, proporcionalmente, pagan más al fisco que los grandes grupos corporativos.
En 2009, el erario público dejó de percibir cerca de 700 mil millones de pesos debido a que las leyes fiscales permiten una serie de privilegios tributarios denominados “Gastos Fiscales” que benefician sobre todo a los contribuyentes de mayores ingresos.
La propia Ley de Ingresos del 2009 reconoce que los grandes corporativos, 420 grupos empresariales constituidos a lo largo del país, pagaron sólo el 1.78 por ciento de sus ingresos totales en materia del ISR.
Los privilegios fiscales, tratamientos fiscales especiales con fines diversos, deben desaparecer ya que son altamente regresivos y benefician mayormente a las grandes empresas.
Con la desaparición de estos regímenes, la recaudación se incrementaría en 5 por ciento del PIB, lo que contribuiría a mejorar la distribución del ingreso en beneficio de las clases más necesitadas.
La recaudación tributaria en nuestro país apenas alcanza el 11 por ciento del PIB, y en algunos años de la presente administración ha sido menor.
La paradoja es que en México, mientras las empresas producen entre el 55 y 60 por ciento del ingreso nacional, su contribución de ISR es apenas 2.65 por ciento del PIB; en cambio los asalariados, que aportan el 25 por ciento del ingreso nacional, contribuyen con 2.20 por ciento.
Por otra parte, basta mencionar que un asalariado de ingreso medio contribuye con 20 por ciento de su ingreso total en impuestos, en tanto que las grandes empresas lo hacen en un promedio de 3 por ciento de sus utilidades, lo cual es altamente inequitativo.
La autoridad tributaria también ha fallado en su intento de incrementar la recaudación a pesar de la creación del Sistema de Administración Tributaria y del incremento sustancial de la burocracia en esta entidad, que cuenta con más de 20 mil empleados.
Aumentar en tres años la recaudación fiscal en 10%del PIB
La propuesta en materia tributaria que se hace a los ciudadanos busca, en el corto y mediano plazo –en un máximo de 3 años–, aumentar la recaudación en 10 por ciento del PIB.
México ha alimentado sus finanzas principalmente con los ingresos públicos que provienen del petróleo. Esos recursos deben beneficiar a las clases más necesitadas del país.
Incrementar la recaudación con equidad
En primer lugar, se trata de suprimir los privilegios fiscales preferenciales, con lo cual incluso se simplificaría el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entre los principales:
-Gravar los ingresos generados de las ventas de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
-Eliminar por completo el régimen fiscal de consolidación.
-Eliminar la depreciación acelerada de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
-Eliminar los regímenes fiscales preferenciales para las grandes empresas del sector primario y del transporte.
-Eliminar otras exenciones que benefician principalmente a las asociaciones civiles que persiguen fines de lucro.
Hacer eficiente la Administración Tributaria
Es necesario que la administración fiscal sea más eficiente; que el fisco federal recupere recursos derivados de las distintas auditorias que realiza la Secretaría de Hacienda, con una mejor fiscalización y procesos jurídicos adecuados que conlleven a obtener fallos favorables para recobrar dinero para el fisco. Basta mencionar que en 2008, apenas se pudo recobrar el 1.95 por ciento de 463 mil millones de pesos ganados por la SHCP en distintos procesos judiciales.
Fortalecer la fiscalización a las grandes empresas
Las grandes empresas nacionales como extranjeras, debido a su capacidad financiera y a su composición corporativa, eluden al fisco de manera muy considerable, por lo que hay que fortalecer los instrumentos de fiscalización hacia ese sector.
Certeza jurídica
El contribuyente espera certeza jurídica de largo plazo del sistema fiscal. Hay que reducir al máximo las modificaciones fiscales. Hoy es altamente cambiante el sistema, incluso a través de circulares administrativas se modifica mensualmente, lo que complica el cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales y la propia administración fiscal.
Eliminar el Secreto Fiscal
Es necesario transparentar los procesos de recaudación y las aportaciones de los contribuyentes del Sistema Tributario Mexicano. Que Congreso de la Unión y la población en general tengan acceso a la información fiscal con base en la Ley de Acceso a la Información. Esto con el objeto de conocer las razones y circunstancias tanto de las personas físicas como de las empresas que deben de contribuir en forma equitativa y proporcional al gasto público, como lo señala la Constitución de nuestro país.
Eliminar el Impuesto Empresarial a Tasa Única
Este gravamen se originó con el propósito de anular los privilegios o gastos fiscales contemplados en la ley del ISR. El gobierno federal no quiso enfrentar a los diversos sectores económicos modificando la ley del ISR, sino creó un nuevo impuesto, lo cual complica aún más el pago correcto de las obligaciones fiscales. Ese gravamen debería incluirse en la base gravable de la ley del ISR.
La política fiscal debe contribuir a la redistribución justa de la riqueza
México necesita una política tributaria que sea instrumento esencial de una política económica que contribuya a mejorar la distribución del ingreso de los mexicanos. En el mediano plazo, se puede lograr el incremento de la recaudación federal a 10 puntos del PIB, sin subir impuestos ni crear nuevos, a través de una reforma fiscal equitativa y haciendo eficiente la administración tributaria.
8. El sector energético, palanca del desarrollo nacional
Los gobiernos neoliberales, en sistemática contravención del orden constitucional, han provocado el abatimiento del sector energético nacional, especialmente en el ámbito público, reservado al Estado.
Las actividades del sector han sido convertidas en centros de negocios privados. Se han desplazado y sustituido las capacidades nacionales de ejecución y desarrollo tecnológico, al grado de convertir a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad en simples administradoras de contratos que favorecen predominantemente a particulares, sobre todo extranjeros.
Los más recientes ejemplos, son la desintegración de Luz y Fuerza del Centro, el despojo al Sindicato Mexicano de Electricistas y el remate a Televisa de 21 mil kilómetros de estratégica fibra óptica instalada con presupuesto público.
Actualmente campean la corrupción generalizada y la falta de dirección prácticamente en todas las áreas del sector. Como una de sus consecuencias, se han vulnerado los resultados de las inversiones públicas, ya de por sí insuficientes, debido a que el sector energético no ha recibido el tratamiento que su relevancia estratégica requiere. Tal es el caso de la inseguridad de las instalaciones, la falta de mantenimiento preventivo, y los riesgos no evaluados de la perforación en aguas profundas.
Con base en estas consideraciones, proponemos el fortalecimiento del sector energético mexicano, a fin de orientarlo al logro del desarrollo nacional, la equidad social y el bienestar general de la población:
El petróleo al servicio de la Nación
Poner toda la producción y la transformación de hidrocarburos al servicio exclusivo de la Nación, como lo ordena nuestra Constitución. La exportación debe ser consistente con las necesidades del país de optimizar el uso de sus recursos en el corto y en el largo plazo bajo esquemas racionales. Se buscará no exportar ni un solo barril más de petróleo crudo sin valor agregado, ni permitiremos contrato alguno de explotación al margen del espíritu y el mandato expreso y claro de nuestra Constitución.
Restitución integral de las reservas. Restituir gradual y consistentemente el cien por ciento de las reservas que se extraigan cada año. Para lograrlo, se debe reforzar la exploración para encontrar nuevas reservas de hidrocarburos, así como invertir lo necesario donde se tiene evidencias científicas de que existen mayores probabilidades de éxito. Asimismo se debe detener la perforación inútil, donde solamente obtienen ganancias los contratistas.
Tres refinerías para reducir importaciones y precios de combustibles. Hay que disminuir y finalmente eliminar la desproporcionada importación de gasolinas. Para ello, se construirán tres grandes nuevas refinerías, en los sitios más convenientes para el interés de la nación. Eso permitiría disminuir los precios de las gasolinas, el gas y el diesel a los consumidores y a la industria mexicana. De la misma forma, se requiere promover el uso eficiente de la energía y de los combustibles para evitar su desperdicio.
Reactivar la petroquímica nacional. Aprovechar de forma óptima los recursos nacionales y con ello reducir de manera eficiente y competitiva la importación de productos petroquímicos, mediante la reactivación de esta rama de la industria mexicana, a partir de las materias primas que hoy se desaprovechan y se queman a la atmósfera, principalmente el gas etano, que es imprescindible para múltiples ramas industriales. En vez de privilegios a los monopolios, deben darse estímulos y oportunidades a emprendedores mexicanos.
Acabar con el contratismo en Pemex. Erradicar el contratismo y fortalecer las actividades sustantivas de Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Petróleo. Para ello, se debe incorporar la mayor integración nacional posible. También se debe otorgar preferencia a la formación y la experiencia de nuestros técnicos, profesionales y científicos de altos niveles, a fin de lograr la autosuficiencia, mediante la asimilación y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Para tales fines, se debe utilizar como puntal y favorecer a la Universidad nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional y a otras universidades y tecnológicos de todo nuestro país.
Terminar con la privatización de la industria eléctrica.
A fin de recuperar la soberanía en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y para llevar las tarifas eléctricas a niveles justos y competitivos, se debe:
• Cancelar la contratación a particulares para generar energía eléctrica.
• Rescatar para la Nación, las centrales de generación establecidas al margen de nuestra Constitución.
• Reforzar a la Comisión Federal de Electricidad, con la modernización, rehabilitación y ampliación de su parque de generación, sobre todo en la región central donde desde hace décadas no se construyen plantas generadoras.
• Revertir los procesos de privatización del servicio público de electricidad tras la liquidación de Luz y Fuerza del Centro y reconocer los derechos de los trabajadores electricistas, despedidos injustamente, y su participación en el fortalecimiento de la industria eléctrica nacional en el centro del país.
• Dar impulso al Instituto de Investigaciones Eléctricas para el desarrollo de ciencia y tecnología aplicadas a la energía.
Fortalecer la investigación científica y tecnológica nacionales
Otorgar prioridad a la investigación y asimilación de tecnologías para el desarrollo de ingenierías mexicanas como mecanismo de independencia y asimilación tecnológica en el sector de la energía.
Impulsar energías alternativas limpias.
Tradicionalmente, el sector energético no se ha preocupado mucho en proteger nuestro ambiente natural. Tenemos que ser cuidadosos con nuestro patrimonio ambiental. Para ello, se debe impulsar el desarrollo de fuentes de energía alternativas, renovables y limpias, a fin de limitar y revertir los efectos nocivos que la combustión de hidrocarburos causa a nuestro planeta, como el calentamiento global por efecto invernadero y, en general, la contaminación de suelos, aire y aguas de nuestro país.
Impulsar la transición energética.
El mundo vive el fin de la era del petróleo. Por ello se debe impulsar de manera inmediata una política de transición energética que incremente las fuentes de energía renovables (solar, eólica, hidráulica, biomasa, etc.). Se debe impulsar el desarrollo de fuentes de energía alternativas, renovables y limpias, a fin de limitar y revertir los efectos nocivos que la combustión de hidrocarburos causa a nuestro planeta, como el calentamiento global por efecto invernadero y, en general, la contaminación de suelos, aire y aguas de nuestro país.
Comisión de la Verdad para investigar la corrupción en Pemex y CFE
Erradicar y limpiar a profundidad, toda forma de corrupción y daño patrimonial al sector estatal de la energía, con énfasis en Petróleos Mexicanos y en CFE. Asimismo, establecer un sistema de verdadera y total transparencia. Por su importancia para la economía del país y por el gran daño que se ha causado a los mexicanos por los malos manejos en Pemex y CFE, proponemos una investigación a fondo para lo cuál se integrará una Comisión de la Verdad.
Bajar las tarifas de electricidad y los precios de los combustibles
En atención a las características de cada región de nuestro país, aplicar un nuevo sistema de tarifas y precios justos y competitivos de combustibles y de energía eléctrica, que permitan garantizar el suministro suficiente y eficiente, tanto a la industria mexicana, como a los consumidores nacionales.
Estas propuestas corresponden a un nuevo modelo para el sector energético, que defina una nueva cultura energética, una nueva relación entre la energía y la sociedad, basada en fuentes para suministrar y prácticas de consumo de la energía, con procedimientos más seguros, más económicos, más limpios y más eficientes.
La expropiación del petróleo encabezada por el general Lázaro Cárdenas del Río, ha sido escamoteada y, sobre todo, suplantada por una política contraria a su espíritu original, que consiste en que los recursos energéticos sean de beneficio para todos los habitantes y sirvan de base para la independencia económica de México.
Por ello necesitamos encaminarnos hacia un nuevo modelo energético que sea la base de la verdadera independencia, la cabal soberanía, así como el desarrollo económico y social que merece el pueblo de México. En otras palabras, un modelo que actualice los principios históricos que llevaron a nuestro país a nacionalizar el petróleo y la industria eléctrica y que siguen vigentes.
9. El campo y la soberanía alimentaria
Reanimar al campo y a la agricultura
Revalorar y reactivar al agro arruinado por las políticas neoliberales es prioritario y constituye un asunto de seguridad nacional pues de eso depende la alimentación del pueblo mexicano y el empleo e ingreso de millones, pero también la preservación del medio ambiente, de la cultura y la convivencia y de la seguridad interna. O revitalizamos al campo o seguiremos destruyendo la naturaleza, importando comida, perdiendo nuestra identidad, expulsando mexicanos a Estados Unidos y sometidos al narco que aprovecha la pobreza rural para controlar regiones enteras.
Recuperar la soberanía y autosuficiencia alimentarias
Porque un pueblo que importa 40% de lo que come es un pueblo sometido a las potencias agroexportadoras, ejerceremos el derecho a definir y aplicar nuestras propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente adecuados. Y lo haremos promoviendo, ante todo, la pequeña y mediana agricultura campesina, única que puede ser a la vez socialmente justa, ambientalmente sana y económicamente viable, es decir sostenible.
Preservar el mercado agroalimentario interno y reactivar las cadenas productivas
Fracasado el modelo agroexportador y maquilador que sólo ve hacia fuera, habremos de atender de nuevo la demanda nacional y los mercados locales, lo que significa integrar cadenas económicas donde la producción se vuelve mercado de la producción, impulsando sistemas comerciales, agroindustriales y financieros, sobre todo de carácter asociativo.
Proteger y restaurar el medio ambiente con un aprovechamiento responsable y una agricultura orgánica y ecológica
La crisis ambiental resulta de patrones de industrialización-urbanización insostenibles, pero también de una agricultura destructiva que degrada tierra, agua, aire, flora y fauna, al tiempo que envenena al cultivador y al consumidor. Por ello, cambiaremos el rumbo: no más promoción a los agrotóxicos y semillas transgénicas impuestos por las transnacionales, y si en cambio impulso a las prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza.
Impulsar la economía rural solidaria
Gracias a la Revolución de1910 y la Reforma Agraria, la tierra y los bosques de México son, en su mayor parte, de las comunidades campesinas e indígenas, no así su explotación que es cada vez más privada y depredadora. Devolver el usufructo de estos recursos a sus legítimos poseedores supone respetar y potenciar desde la administración pública las prácticas económicas autogestivas y solidarias, tradicionales e innovadoras, habituales entre indígenas y campesinos.
Defender los derechos del migrante y el derecho a no emigrar
El éxodo campesino a Estados Unidos es un hecho, de modo que defenderemos aquí y allá los derechos de los migrantes, tanto de los nacionales como de quienes en su camino cruzan por México. Pero no podemos conformarnos con que el campo y el país se sigan vaciando. Porque sin el derecho a quedarse la emigración es expulsión, dignificaremos la vida del campo y trabajeremos con el Congreso para darle contenido y exigibilidad a los derechos al trabajo y el empleo digno, que garantiza la Constitución.
Preservar el carácter público y el usufructo colectivo de los recursos naturales y saberes comunitarios
Porque la vida no es una mercancía, defenderemos de la privatización nuestro rico patrimonio físico, biológico y cultural amenazado por empresas trasnacionales que pretenden apropiarse de tierras, aguas, minas y bosques pero también patentar los conocimientos tradicionales y los códigos genéticos de los seres vivos.
Hacer valer los derechos de las mujeres campesinas
A la opresión y marginación que prevalece en el agro se añade, en el caso de las mujeres, la opresión proveniente de la sociedad patriarcal. Por ello haremos prevalecer sus derechos reproductivos, económicos, laborales, sociales, políticos, culturales y agrarios. Cuestión que no se reduce a establecer cuotas por sexo en los programas públicos, sino que demanda asumir ante todos los temas una perspectiva de género, pues hasta ahora el reconocimiento de sus aportes y la aguda visión femenina de la problemática agraria ha estado ausente en la política y la vida publica rurales.
Trabajar para restablecer la esperanza y recuperar para el agro a los jóvenes rurales
El México urbano no tiene futuro sin el México rural, pero las nuevas generaciones campesinas desertan de un agro que sienten cárcel y condena. Es de vida o muerte para el país recuperar para el campo a los jóvenes, igualando los servicios rurales con los urbanos pero también impulsando proyectos de desarrollo agropecuarios, pesqueros y forestales a la altura de sus capacidades y de sus legítimas aspiraciones y expectativas.
Reconocer los derechos autonómicos de los pueblos indígenas
Porque durante cinco siglos los indígenas han sido oprimidos casi hasta la extinción, no puede haber cambio profundo sin abatir el colonialismo interno. Esto significa reconocer sus derechos políticos, socioeconómicos y culturales, lo que incluye formas específicas de autogobierno en sus territorios, derechos colectivos al usufructo de los recursos naturales ubicados en sus ámbitos de dominio, aplicación de normas consuetudinarias de convivencia, preservación y desarrollo de su cultura.
Revitalizar nuestra cultura y nuestra identidad
En el campo están nuestras raíces y México perderá su identidad si no se reconcilia con el México profundo, que es en gran medida el México rural. Pero el agro ha sido postergado por tecnócratas que lo consideran como cosa del pasado. Nosotros, en cambio, vemos al campo también en el porvenir. Impulsaremos, por ello, un nuevo y más justo pacto entre el México urbano y el México rural, y en este marco, una relación más justa y respetuosa entre el gobierno y el mundo agrario.
Fortalecer la rectoría del Estado en la promoción y regulación de los mercados agroalimentarios
Ante el fracaso y distorsiones del modelo de libre mercado y la falacia de la autorregulación de los mismos, fortaleceremos el papel constitucional del gobierno para conducir, promover y regular el desarrollo y funcionamiento de los mercados agroalimentarios, impulsando la participación de los agentes sociales y privados en forma equitativa y realmente competitiva, con una visión de Estado y de largo plazo, propiciando certidumbre y estabilidad para la cadena e incluyendo entre otras acciones el establecimiento de una reserva estratégica de alimentos, precios mínimos garantizados, producción nacional de insumos, control de precios de los mismos y acceso universal al crédito y servicios financieros.
10. Estado de Bienestar y lucha contra la desigualdad
El bienestar de la población debe ser el eje principal de todas las acciones de un gobierno comprometido con la transformación democrática de la sociedad. Las libertades y derechos no pueden ejercerse plenamente si los mexicanos no tenemos resueltas necesidades elementales como el trabajo, alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad y tranquilidad social.
Los gobiernos neoliberales de los últimos 28 años adelgazaron al Estado, redujeron el gasto social y desmantelaron instituciones sociales y culturales, ocasionando el deterioro de la seguridad social, salud, educación, cultura y sobre todo el deterioro de nuestra calidad de vida.
Hoy millones de mexicanos tienen como único horizonte el hambre, la pobreza, la desigualdad, la iniquidad, la violencia, la intolerancia y la opresión.
No permitiremos más la continuidad de este régimen de injusticia promovido y defendido por políticos, funcionarios y hombres de poder inescrupulosos y voraces, que ponen sus ganancias y privilegios por encima del interés y de las necesidades de todos los demás.
Tenemos la esperanza de que en nuestro país podamos estar seguros, protegidos, acompañados; donde puedan florecer la creatividad, las capacidades, la inteligencia y la bondad de todos y de todas.
Por eso, nuestro compromiso es:
Construir un Estado de bienestar
El primer paso es hacer cumplir los principios constitucionales referidos a los derechos sociales. El Estado asumirá su responsabilidad social para garantizar que cada hombre y cada mujer reciban, desde su nacimiento, una alimentación básica saludable y suficiente; tengan acceso a servicios públicos y gratuitos de salud y educación; puedan ejercer su derecho al trabajo con salarios justos y prestaciones sociales; dispongan de una vivienda digna y servicios públicos básicos de agua, energía eléctrica y transporte; participen libremente de las decisiones colectivas que se tomen y accedan sin condiciones a los programas económicos, sociales y culturales que se establezcan en su beneficio; cuenten con bases materiales, recursos e instrumentos para desarrollar su inteligencia, sus capacidades y su creatividad; con reconocimiento y respeto de sus preferencias, identidad cultural, género y decisiones sobre su vida y su cuerpo; que su patrimonio familiar y su seguridad sean salvaguardados; que reciban una pensión al cumplir los 70 años.
Garantizar la universalidad y gratuidad de los programas sociales
Las inversiones públicas para garantizar los derechos sociales, no son dádivas del gobierno, son una obligación que se debe cumplir. Acabaremos con el sistema de focalización que es discriminatorio y se condiciona su ingreso y permanencia. Estableceremos mecanismos que garanticen efectivamente la defensa, exigibilidad y cumplimiento de cada derecho.
Erradicar el hambre
El programa de emergencia de erradicación del hambre deberá ser el primer paso para establecer el derecho constitucional de todos a la alimentación.
Derecho a la educación, base de la transformación del país
Es fundamental para el desarrollo del país, garantizar que todo niño o niña, y joven, pueda ingresar, permanecer y concluir satisfactoriamente sus estudios. El fomento a la lectura y la formación artística y cultural deben formar parte de la educación desde la primaria. Se garantizará la educación pública científica, laica y gratuita en todos los niveles. A ningún joven o niño se le negará el derecho a la educación.
Se reconocerá a universidades públicas como la UNAM que han aportado mucho al desarrollo nacional. Para lograr estos objetivos, revertiremos los procesos de mercantilización y privatización de la educación y se buscará asignar un presupuesto público equivalente al 7 por ciento del PIB. Este hará posible garantizar que se disponga de:
- Una infraestructura suficiente, adecuada y digna;
- Becas escolares, útiles, libros de texto, uniformes y almuerzos a todos los inscritos en el nivel escolar básico;
- Becas escolares a estudiantes de bachillerato y nivel superior del sistema público;
- Un programa especial de fortalecimiento y ampliación de los recursos educativos en las zonas de mayor rezago y pobreza del país. En el caso de las zonas indígenas y apoyo con albergues y transporte a estudiantes de comunidades aisladas. Es indispensable involucrar a los pueblos indígenas en el diseño de una educación que respete su identidad cultural.
- Una transformación profunda de los objetivos, procedimientos y programas de todos los niveles educativos, para asegurar el desarrollo integral de los estudiantes y el reconocimiento de maestros, trabajadores y autoridades, al servicio del pueblo de México.
Servicios públicos de salud y medicamentos gratuitos para todos
La promoción, prevención y atención a la salud deben ser consideradas las bases en que pueda erigirse el bienestar físico, espiritual y emocional de nuestra población. Se garantizarán servicios de salud en todas las etapas de la vida accesibles, eficaces, con calidad, dignos e integrales. Se ampliará la infraestructura pública de salud con personal, equipo y medicamentos suficientes. Se reconocerán los aportes de la medicina tradicional indígena y la herbolaria,. Y avanzaremos hacia un sistema público único de salud con acceso garantizado y sin obstáculos económicos, geográficos, culturales o burocráticos.
Reconocer al trabajo como una realización del ser humano
Es urgente que recuperemos el derecho al trabajo como valor fundamental para el rescate de nuestra sociedad.
Estableceremos como divisa fundamental, la organización y el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad y del campo, la creación de los empleos que se requieren para reconstruir nuestro país y la apertura de opciones satisfactorias para quienes se incorporan a la vida laboral.
Pensión universal a todos los adultos mayores y un sistema de jubilaciones solidario y redistributivo
Disfrutar de tranquilidad y seguridad después de una larga vida de trabajo es un derecho.
Por tanto se garantizará que todos los adultos mayores cuenten con una pensión alimenticia.
Y se construirá un sistema de jubilaciones eficiente y justo, rescatando las Afore de manos de los bancos y creando un Instituto Nacional de Pensiones.
Hay que tomar medidas para garantizar que los fondos de los trabajadores administrados por el Instituto sólo puedan canalizarse a inversiones en áreas estratégicas de la economía nacional o en obras de beneficio social.
El cuidado de la naturaleza es una tarea de todos
Enfrentar la catástrofe ambiental mundial, fruto de una modernización neoliberal, implica una ineludible participación personal, familiar y comunitaria de todos los pueblos. Requiere cambiar hábitos, prácticas y costumbres. La defensa del medio ambiente debe ser incorporada a nuestra agenda de deberes ciudadanos. Mantener la biodiversidad, la salud, la calidad del aire, el agua y el suelo a niveles que permitan sustentar la vida y el bienestar de los seres humanos, la vida animal y vegetal es un principio de una responsabilidad ambiental.
Cultura, memoria, identidad y voluntad: las fuerzas del cambio
La cultura lleva necesariamente a la democracia porque la creatividad hace al hombre libre y sobre todo más crítico. El disfrute de la cultura en todas sus manifestaciones también es un instrumento no sólo de respeto por uno mismo, sino de liberación.
Una sociedad como la nuestra, hundida en la tristeza y sometida al terror constante de la violencia y la inseguridad, requiere hacer un inmenso esfuerzo para recuperar los valores y principios que dieron sentido a la formación de nuestra nación y que se hallan plasmados en las obras que constituyen nuestro patrimonio histórico y cultural, así como en el potencial creador de miles de hombres y mujeres dedicados al arte y la cultura en nuestras comunidades y pueblos.
Un Estado fraterno y solidario
La enorme desigualdad social de nuestro país ha provocado la fractura de la convivencia y la armonía de nuestra sociedad, y es uno de los principales problemas de la nación.
Construiremos un estado fraterno y solidario que atenderá a todos, pero en primer lugar a la mayoría de la población que vive en la pobreza. La solidaridad con los desposeídos no sólo es un asunto de justicia, es la manera más eficaz, más humana y más barata para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Por eso reiteramos que por el bien de todos, primero los pobres.
Se requiere un nuevo pacto social para reafirmar los derechos de la población y la nueva República.
El derecho a ser felices y al bienestar, son la inspiración fundamental del proyecto alternativo de nación. Con ella construiremos juntos, los caminos que conduzcan a la liberación de nuestra patria.
Un México de todos y para todos. Un gobierno democrático del pueblo y para el pueblo.
* (Esta propuesta fue elaborada por una comisión integrada por Arnaldo Córdova, Enrique González Pedrero, Luis Javier Garrido, José María Pérez Gay, Víctor Flores Olea, Lorenzo Meyer, Rogelio Ramírez de la O, Adolfo Hellmund, Juan José Paullada, Octavio Romero Oropeza, Luis Linares Zapata, Ignacio Marván Laborde, Julio Scherer Ibarra, Jaime Cárdenas, Luciano Concheiro, Héctor Díaz Polanco, Elena Poniatowska, Laura Esquivel, Víctor Manuel Toledo, Cristina Barros, Víctor Suárez, Bolívar Echeverría, Armando Bartra, Jesusa Rodríguez, José Eduardo Beltrán, Agustín Díaz Lastra, Antonio Gershenson, Claudia Sheinbaum Pardo, Asa Cristina Laurell, Raquel Sosa Elízaga, Martha Pérez Bejarano, Bertha Elena Luján Uranga, Eréndira Sandoval y Jesús Ramírez Cuevas).
Este documento es la síntesis de un trabajo más extenso que será publicado posteriormente para contribuir al debate nacional.
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Fuente: Gobierno Legítimo
Difusión AMLOTV
