sábado, 12 de diciembre de 2015

Comunicado del PDPR - EPR

AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

El Estado burgués mexicano en la defensa e imposición de los intereses oligárquicos en todo lo largo y ancho del país ha implementado una ofensiva general de represión y terrorismo de Estado contra el pueblo, orquestada principalmente con los instrumentos policíaco-militares y la transfiguración de los mismos en grupos paramilitares que conforman el aparato represivo.

Toda la fuerza del Estado ha entrado en acción con un solo propósito, imponer por encima de cualquier voluntad los intereses de la oligarquía y los designios de la dictadura del capital, cuya necesidad primordial en la actualidad es la imposición a fondo de las reformas burguesas de carácter neoliberal en beneficio del capital monopolista.

La violencia burguesa desplegada con los operativos policíaco-militares que se están implementando en torno a la "aplicación de la evaluación docente" en los estados donde se ha manifestado la oposición a tal examen por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), refleja el grado de terrorismo de Estado con el que se impone la voluntad oligárquica por encima de la voluntad del pueblo y los rasgos fascistas del régimen; las fuerzas represivas como puntal sobre el que se sostiene el actual régimen; y pone de manifiesto la guerra de baja intensidad (GBI) como estrategia imperialista aplicada por la actual junta administrativa para ejecutar los dictados y exigencias de oligarcas nacionales y extranjeros.

El actual contexto de ofensiva represiva contra la CNTE desnuda y exhibe el verdadero carácter del actual régimen, deja claro que la ley de las botas y las bayonetas es el verdadero estado de derecho que se aplica de facto contra el pueblo, este hecho evidencía la esencia de clase de la actual junta administrativa, revela cuales son los intereses que se protegen a sangre y fuego, ya que quien se beneficia específicamente de la reforma educativa, es un grupo de oligarcas entre los que figuran Claudio X González y Carlos Slim. Tal es el estado de derecho al que los voceros, defensores del régimen, funcionarios y personeros, apelan y llaman para que se ejerza la violencia burguesa con el Estado policíaco-militar contra el pueblo organizado y no organizado para que no proteste ni luche.

Estado policíaco-militar con rasgos fascistas que en varios estados de la República intensifica la violencia y terrorismo burgués en múltiples formas, sobresale cada vez más una propia de las dictaduras fascistas, la implementación del estado de sitio en ciudades y regiones determinadas para el control de la población, ejemplo de ello lo hemos visto en Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde el Estado ha fijado su objetivo en esta escalada represora contra la CNTE en particular y contra el pueblo en general, escalada en la que han cerrado filas y a la que se han sumado las correspondientes administraciones locales como fieles lacayos a las directrices federales.

Los presos políticos del magisterio democrático que en Oaxaca mantiene el Estado en calidad de rehenes, así como la constante represión de la que han sido víctimas los normalistas en Guerrero y Michoacán, es la muestra fehaciente de la política de criminalización de la protesta popular y de la táctica de terrorismo de Estado que se ejecuta en nuestro país; donde si el hostigamiento y la amenaza, no es efectivo para disuadir al pueblo de la lucha por sus derechos, viene el encarcelamiento político así como el asesinato y la desaparición forzada. Esta es la verdadera política del Estado mexicano que sus defensores y voceros de oficio se desviven en tratar de ocultar con tinta y saliva, jugando a conciencia su papel que se traduce en cómodas mensualidades.

La imposición de la reforma educativa neoliberal, desde que se planteó como necesidad y condición de los intereses del capital hasta la fecha, ha ido cobrando una lista de miles de víctimas que configuran un baño de sangre para el pueblo; no satisfechos en la cuota de sangre y terror la oligarquía, lo más reaccionario y retrógrada del país así como los defensores y voceros de oficio del régimen, exigen que se desate aún más la violencia institucional contra todo aquél que se oponga a la reforma educativa y contra todo aquél que se atreva a cuestionar al régimen, tal es la exigencia sobre la que han cerrado filas y emprendido una cruzada de terror desde el representante de la junta administrativa federal, hasta las supuestas organizaciones civiles, como "Mexicanos Primero", así como cámaras empresariales.

Empresarios, junta administrativa y lacayos del régimen neoliberal ven en la actual coyuntura de terrorismo de Estado la oportunidad de terminar con varias décadas de lucha y organización magisterial-popular combativa, organización y lucha que ha representado la CNTE contra el charrismo sindical, esta es parte de las exigencias y planes oligarcas para la privatización de la educación en México y que explica la represión contra lo más combativo y consecuente al interior del magisterio en todo el país.

A esto obedece que la tan festejada evaluación docente, por parte del secretario de educación Aurelio Nuño Mayer, se tenga que realizar bajo el amparo de miles de elementos de la Policía Federal, con operativos policíaco-militares que incluyen la anulación de las garantías constitucionales de aquellos que acuden a la "evaluación", dándoles trato de criminales de alta peligrosidad y como objeto de deshumanización al perder la dignidad humana por aceptar las medidas de corte fascista de control total. Todo desde la coerción policíaca, administrativa y judicial. La aplicación de la evaluación docente lleva implícito aceptar el fascismo por parte de quien lo realiza, una condición a priori que indica cual es el objetivo y los resultados a futuro de la "reforma educativa" crear al sujeto cretino y al siervo dócil para el capital.

Ante este contexto de ofensiva y escalada del terrorismo de Estado, las fuerzas reaccionarias y afines al régimen han celebrado y aplaudido con júbilo la materialización del estado policíaco-militar como instrumento y método para imponer los intereses de la oligarquía, en este caso con la evaluación docente; se han congraciado con la represión ejercida contra normalistas y profesores, exigen con gritos y alaridos que no se pare la represión, que se intensifique sin titubeos, haciendo eco a las exigencias de empresarios reaccionarios y oligarcas. No ocultan ni guardan recato alguno al manifestar sus ansias por bañar en sangre al pueblo.

¡Cuánto desprecio y odio de clase asumido por estos esbirros del capital! Al grado que han expresado un "para que no intenten siquiera retener autobuses" dentro del marco de los operativos policiaco-militares implementados en la evaluación docente. Hoy está claro, y que nadie lo olvide, cada quien como sujeto político ha decidido qué intereses defender, los del pueblo o los de una oligarquía criminal.

De esto queda constancia en la memoria del pueblo. Personeros, administradores, voceros y defensores del capital, que no se les olvide y ténganlo presente, cada afrenta y agresión contra el pueblo queda inscrita y gravada en la consciencia del mismo; cada acción que han emprendido en campaña contra el pueblo, su odio y desprecio de clase hacia los explotados y oprimidos, se trocará en acción popular resuelta contra sus verdugos.

Históricamente el pueblo sólo actúa conforme la realidad y las condiciones se lo exigen, y hoy, la violencia de clase de la oligarquía le está imponiendo una necesidad ineludible; es derecho inalienable del pueblo luchar por sus intereses por los métodos que la necesidad demande. Ante un estado de derecho oligárquico y profascista, donde se criminaliza la lucha popular bajo el ardid jurídico de "violación a derechos a terceros y ofensas a la sociedad", señores procuradores de justicia del país, no se confundan y ténganlo presente: en todo régimen de explotación y opresión siempre habrá un pueblo ofendido y organizado con voluntad de combatir con objetivo de la transformación radical de la sociedad con métodos revolucionarios.

La violencia organizada del pueblo y aplicada por los medios y formas que éste considere en el actual contexto de terrorismo de Estado, no sólo es legítima, sino que se hace necesaria, el único límite es la iniciativa y creatividad.

Hoy es la reforma educativa neoliberal la punta de lanza del terrorismo de Estado en el país, y en torno a ella se ha desatado una cruzada de clase contra el pueblo, que no sean los sectores sociales un obstáculo para cerrar filas contra el terrorismo de Estado, como pueblo explotado y oprimido tenemos un enemigo de clase común y ante ésto la necesidad exige unidad y lucha en la acción revolucionaria. ¡Qué nadie se detenga en expresar su repudio al actual régimen de explotación y opresión bajo los medios y formas que su iniciativa y creatividad dispongan!

En la defensa del derecho por la educación gratuita para el pueblo no hay lugar para los titubeos, para la conciliación o actitudes derrotistas, si desde la oligarquía y sus personeros se pretende quebrantar la voluntad popular de combatir, desde las fuerzas populares se debe organizar e impulsar la resistencia popular combativa en todas sus expresiones y dimensiones como expresión de la combinación dialéctica de todas las formas de lucha.

La dignidad humana nunca debe perderse, en cualquier circunstancia cuando hay conciencia podemos desarrollar lucha anticapitalista e instrumentar formas superiores de organización y lucha para hacer frente a la embestidura del capital, ante las vejaciones policíaco-militares resistencia y organización, acción política consciente que desbarate los instrumentos de dominación y control policíaco-militar hacia el pueblo. ¡Qué la resistencia popular combativa atruene en todo el país!

¡A LUCHAR TODOS CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ DE PRENSA Y PROPAGANDA
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

Año 51

República mexicana, a 07 de diciembre de 2015

In Memoriam a 41 años de la caída en combate del Comandante Lucio Cabañas

Huapango al Comandante Lucio Cabañas


Comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Liberación del Pueblo

COMUNICADO No.7

A todos los pueblos del Mundo.
A todos los pueblos de México
HERMANAS, HERMANOS.

Se cumplen hoy 41 años de la caída en combate del comandante Lucio Cabañas Barrientos en el Otatal, municipio de Tecpan de Galeana, producto de la delación de José Isabel Ramos Ramírez, quien junto con su hermano Anacleto, formaban parte de la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres (BA-PDLP); un día antes José Isabel había pedido permiso para ausentarse del grupo y al llegar a su casa fue detenido junto con sus familiares por el ejército; ante la tortura y las amenazas negoció la libertad a cambio de entregarles al comandante, traición que le sería cobrada con su vida.

Este día también se cumplen 2 años que decidimos salir a la luz pública para dar a conocer a nuestros hermanos mexicanos un mensaje combativo por la grave situación económica derivado de las políticas neoliberales y entreguistas que implanta el Estado mexicano para satisfacer al capital nacional y extranjero, quienes se han apropiado de las riqueza nacional por medio de las reformas estructurales (energética, educativa y laboral). Hoy más que nunca el eje central del ideario del comandante Lucio Cabañas de “Ser Pueblo, Hacer Pueblo y Estar con el Pueblo” sigue vigente porque ser pueblo significa sentir en carne propia las injusticias de un gobierno injusto, hacer pueblo significa marchar con el pueblo enarbolando y haciendo suyas las demandas más sentidas, defendiendo sus derechos civiles, hoy pisoteados por una camarilla que gobierna al país.

Hoy más que nunca el número de familias mexicanas que vive en extrema pobreza continúan creciendo, pese a los programas asistencialistas como Prospera y Sin Hambre que la administración de Enrique Peña Nieto anunció con bombo y platillo, hoy esa política social ha demostrado ser un fracaso; cifras oficiales de la CEPAL indican que México es el único país en América Latina que vio incrementado el número de pobres e indigentes en los últimos años, tendencia que se fortaleció desde el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional y de una camarilla de funcionarios que se han servido con la cuchara grande para lograr beneficios a costa de vender el patrimonio de los mexicanos.

La corrupción de alto nivel ampliamente documentada por medios nacionales e internacionales como la Casa Blanca, valuada en más de 86 millones de pesos que la empresa HIGA, le “regaló” a la esposa del presidente de la República Angélica Rivera así como la casa de Malinalco de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda, son la punta del iceberg de la corrupción galopante de la administración de Enrique Peña Nieto, ambas residencias les fueron entregadas a cambio de jugosos contratos de obra pública para el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, preferido de Peña Nieto.

Sabedores de la inconformidad del pueblo de México, el Estado recurre al uso de la fuerza para imponer la reforma educativa a golpe de tolete y gases lacrimógenos, la violencia institucionalizada instrumentada por el ejército mexicano en los casos de Tlatlaya, en el estado de México y la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Gro., han logrado despertar la conciencia de muchos mexicanos, pero no lo suficiente para que se deshaga del letargo; ahora más que nunca el llamado a resistir el embate represivo del Estado nos obliga a intensificar la preparación de los cuadros revolucionarios en donde existe la semilla que germinará en el país para lograr el cambio anhelado donde todos los mexicanos puedan aspirar a un nivel de bienestar, la dirección colectiva alienta la solidaridad con otros grupos de ciudadanos y campesinos que demandan la preparación revolucionaria que replicaran en cada rincón de la República Mexicana para acelerar la insurrección nacional.

La lucha del pueblo hoy por hoy, debe ser la toma del poder por la vía de las armas. Ha quedado demostrado que la vía electoral solo ha permitido que camarillas de los distintos partidos políticos se repartan cuotas de poder, aliados con grupos de narcotraficantes que mantienen el control de una economía subterránea que genera riqueza por medio del cobro de piso, cuotas, extorsiones, secuestros, dinero que es repartido entre quienes promueven la cultura de la violencia que crece al amparo de los políticos enquistados en los distintos niveles de gobierno. Ante ello, mantenemos el llamado a seguir luchando juntos, cada quien desde su trinchera pero demandando una coordinación efectiva con otras expresiones armadas y grupos de maestros, campesinos, obreros, amas de casa, médicos, luchadores sociales, estudiantes, sacerdotes para lograr vientos de cambio que sean capaces de destruir y revertir el mal que está causando la camarilla que gobierna al país, sigamos el ejemplo de Guatemala que pudo rescatar la democracia de un gobierno podrido por la corrupción.

Aquí estamos, esperando el momento, mientras seguimos en un proceso de acumulación de fuerzas con una ideología de cambio verdadero, en ello se basa la fortaleza del grupo para mantener viva esa esperanza, por eso hoy en esta fecha quiso honrar la memoria de Lucio Cabañas Barrientos y para que nunca pase desapercibido.

¡¡Viva el pueblo de Oaxaca!!.
¡¡Viva el pueblo de Guerrero, Veracruz y Michoacán!!
¡¡Viva el Magisterio Popular de Oaxaca!!.
¡¡Viva Ayotzinapa!!.
¡¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!!

Comandancia General:

Emilio, Camilo, Tlacaélel, Esperanza.

Corrido a Lucio Cabañas compuesto por Rosendo Radilla



jueves, 27 de agosto de 2015

Violaciones a los derechos humanos del periodista Ramón Alfonso Sallard por parte del GDF

Verdad legal y verdad histórica

Es una verdad legal que el Gobierno del Distrito Federal me fabricó un delito y me encarceló injustamente. Violó el debido proceso. Hay una sentencia absolutoria que así lo establece y que la administración capitalina no se atrevió a impugnar. Esa es también una verdad histórica. ¿Por qué entonces recibo un trato distinto al del extesorero del SME, a quien se le ofreció una disculpa pública hace unos días y se le entregará una indemnización, aparentemente cuantiosa, por concepto de reparación del daño? ¿Por qué, si yo inicié las acciones legales mucho antes que él, y su caso fue posterior al mío? La respuesta es política, no jurídica.

La Casa de los Derechos de Periodistas hizo énfasis en la violación al debido proceso, en tanto que la CDHDF se centró en las violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información. El CCTI documentó la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como también otras violaciones graves a mis derechos humanos: Derecho a la vida y privación ilegal de la libertad. Hoy estoy exigiendo que mi caso se vea en conjunto, y no de manera parcial, para atenuar la responsabilidad de los cómplices en el complot, así fuera por acción u omisión.

A partir de hoy trataré de responder a las seis preguntas básicas del periodismo: qué, quiénes, cuándo, cómo, dónde y por qué.

Insisto: que cada quien se haga responsable de sus actos, de sus palabras y de sus silencios.

Ramón Alfonso Sallard.

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 Texto íntegro del oficio que presentó la CDP al GDF. La respuesta de Miguel Ángel Mancera, vía Juan José García, fue: "Gánenme en juicio y me disculpo". En enero de 2013, vale decir, Mancera todavía gozaba de popularidad.


Casa de los Derechos de Periodistas A.C.
Solicitud de intervención
Ciudad de México, a 25 de enero de 2013.

Lic. Juan José García Ochoa


Subsecretario de Gobierno
Gobierno del Distrito Federal



Estimado Juan José:
Le presento el caso del periodista Alfonso Sallard López, para el que solicito su intervención.



Antecedentes:



Por iniciativa de nuestro Asociacdo, el periodista Miguel Badillo Cruz se recibió la solicitud de apoyo del periodista Alfonso Sallard López el viernes 18 de enero de 2013. Se abrió expediente. De acuerdo con nuestro Protocolo de Procedimientos de Protección la primera condición para abrir expediente es que la petición sea presentada directamente por el afectado y/o por un Asociado. Se cumplió la condición.



El mismo día fueron enterados del asunto la Presidenta, Judith Calderón Gómez, y el Coordinador de Asuntos Jurídicos, Edgar Omar Viniegra Ávila. Ambos avalaron que la Asociación iniciara un Procedimiento de Protección Correctiva. Tal procedimiento fue respaldado, el 25 de enero, por el abogado Manuel Fuentes Muñiz, integrante del Consejo Directivo de la Asociación.



Procedimiento de Protección Correctiva:



Esta Coordinación realizó una evaluación del caso, tras considerar el testimonio como la documentación que presentó el periodista Alfonso Sallard López los días 18 y 25 de enero. Después de ello determinó adoptar su caso e iniciar un Procedimiento de Protección Correctiva por las siguientes razones:



1. El periodista sufrió un encarcelamiento injusto de seis meses por una acusación falsa y un indebido proceso judicial en el Distrito Federal. Fue exonerado después de ese tiempo por falta de elementos probatorios. Este hecho interrumpió el ejercicio de su profesión, le afectó su honorabilidad y credibilidad profesionales, dañó seriamente a su patrimonio y lo puso en situación de vulnerabilidad. El encarcelamiento injusto y sus efectos pueden ser considerados como agravios a la libertad de expresión y a la libertad de prensa del periodista y a sus derechos de presunción de inocencia y del debido proceso.



2. El periodista funge como Presidente y Director General de la empresa Periodismo desde la izquierda S.A. de C-V., misma que tenía como productos El Periódico (diario) y otras publicaciones tanto impresas como por vía electrónica- El encarcelamiento injusto también impidió la continuidad de los trabajos de dicha empresa. Por tanto, el encarcelamiento injusto y sus consecuencias pueden ser considerados como agravios a la libertad de expresión y a la libertad de prensa contra una empresa legalmente constituida y el Derecho a la Información del sector de población al que llegaba.



3. El periodista considera que tales hechos lo pusieron en condición de extrema vulnerabilidad porque se dañó su personalidad profesional, fue afectado su patrimonio personal, se lastimó la imagen y continuidad de la empresa que representa y que, por lo tanto, corre riesgos porque enfrenta severos obstáculos para recuperar, como persona física, las fortalezas profesionales y patrimoniales que tenía antes del encarcelamiento, así como las propias de la empresa que está compuesta por alrededor de 200 socios, entre comunes y preferentes. Tal vulnerabilidad le hace correr otro tipo de riesgos, incluso de agresiones de segundas o terceras personas vinculadas al expediente judicial.


4. El periodista Alfonso Sallard López considera que la acusación falsa y el indebido proceso judicial tuvieron como origen una decisión política, tomada en las oficinas del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para impedir que él y la empresa que representa prosiguieran haciendo el tipo de periodismo que realizaban durante la línea de tiempo 2009-2010. Este enfoque tendrá que probarse en caso de iniciar una querella judicial.


Acciones de protección



De acuerdo con el Protocolo de Procedimientos de Protección, la Casa de los Derechos de Periodistas le propuso al periodista Alfonso Sallard López un programa mínimo de Protección Correctiva, que él aceptó para su implementación inmediata. Tal programa consiste en lo siguiente:



• Con el fin de frenar, desvanecer o impedir un posible conflicto con las actuales autoridades del Gobierno del Distrito Federal (del cual el periodista podría sufrir más afectaciones) solicitar una entrevista personal con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en la que se le explique esta injusticia. Mientras tanto el periodista se compromete a no ventilar la injusticia, ni judicial ni mediáticamente.



• Con el fin de allegarle fortalezas para que pueda recuperar el control de su vida y su profesión de periodista, solicitarle al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dos acciones de justicia: una declaración pública de su gobierno acerca del proceso judicial indebido y de la honorabilidad como periodista del afectado; y encontrar la vía para una indemnización económica como reparación del daño.



• Con el fin de prevenir agravios o amenazas, la Casa de los Derechos de Periodistas y el periodista Alfonso Sallard López acuerdan seguir un protocolo de Autoprotección, por el cual él tomará medidas precautorias, preventivas y cautelares que dificulten algún tipo de agresión física contra su integridad o la de su familia, y la Asociación realizará un monitoreo sistemático de incidencias de seguridad.



Por todo lo anterior, respetuosamente solicitamos su intervención para que el periodista Alfonso Sallard López pueda entrevistarse con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera a la brevedad posible y se logre encaminar este caso hacia una resolución.



Agradecemos de antemano su atención y quedo atento a sus respuestas.



Atentamente



Rogelio Hernández López



Coordinador del Programa de Protección de la CDP



Integrante del Mecanismo de Prevención y Protección a Periodistas, Colaboradores Periodísticos, así como a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Situación de Riesgo con Motivo del Ejercicio de sus Actividades en el Distrito Federal.



Consejero del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.



c.c.p. Judith Calderón Gómez, Presidenta de la CDP
c.c.p. Omar Viniegra, Coordinador Jurídico de la CDP
c.c.p. Alfonso Sallard López, periodista adoptado por la CDP

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"Les comparto también este otro documento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Por cierto, ya reactivaron el asunto después de dos años de mantenerlo en la congeladora. Aunque no soy optimista de un organismo que ha actuado de manera obsequiosa con el actual jefe de Gobierno del DF, espero, al menos, que su titular actúe con decencia. O que exhiba su conflicto de intereses, como socia fundadora que fue de la CDP. Espero que Manuel Fuentes, apoderado legal de la empresa editora de El Periódico (con poderes notariados legalmente) y adversario de Perla Gómez en la presidencia de la CDHDF, no sea un obstáculo para que emita ya, a la brevedad posible, la recomendación que obligue al GDF a la disculpa pública y a reparar el daño causado por la utilización política del aparato de justicia." Ramón Alfonso Sallard.



Calificación de la Queja por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: 


VIDEO: 10 millones de ejemplares para 2012 Y Laura Itzel Castillo

El Periódico que según Marcelo Ebrad no existió y por eso encarceló arbitrariamente a su Director General, el Periodista Ramón Alfonso Sallard, violando sus derechos humanos a la vida, la libertad, integridad física y psicológica, propiedad y honra.

Represión policial a jóvenes en el metro Zócalo

Represión de la policía del DF contra jóvenes que realizaban Metro Popular en la estación Zócalo, al término de la Acción Global por Ayotzinapa. Agosto 26 de 2015.


El Periódico censurado por Marcelo Ebrard cuando era Jefe de Gobierno del DF







Este es un testimonio contundente de que El Periódico existió. No como sostuvo la PGJDF y el Juez 37 Penal del DF al dictar el Auto de Formal Prisión, quienes afirmaron que éste había sido un invento.

martes, 25 de agosto de 2015

Presentación del libro “Descolonizar el Pensamiento Crítico y las Rebeldías”


Gilberto López y Rivas

Raùl Zibechi

Sesiòn de preguntas y respuestas

De arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia. EZLN


EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

MÉXICO.

16 de Agosto del 2015.

A la Sexta Nacional e Internacional:

Al Congreso Nacional Indígena:

A l@s de abajo en el mundo:

A quien corresponda:

Una vez más se remarca que, de arriba, no vendrán la verdad ni la justicia.

Nunca.

Jamás.

De arriba sólo hay que esperar simulación, engaño, impunidad, cinismo.

El criminal de arriba siempre tendrá absolución y recompensa.  Porque quien lo juzga es el mismo que le paga.  Son los mismo criminales y jueces.  Son cabezas venenosas de la misma Hidra.

Y ahora tenemos un nuevo ejemplo:

Como zapatistas que somos, nos hemos dado cuenta de que, gordos y contentos, han regresado a sus casas en el poblado de La Realidad, dos de los autores intelectuales del asesinato del compañero maestro Galeano.  Supuestamente estuvieron presos por el asesinato de nuestro maestro y compañero.  Sabemos ya que han sido declarados inocentes del crimen por los mismos que los financiaron y apoyan: los gobiernos federal y estatal de Chiapas.  El autodenominado “juez” Víctor Manuel Zepeda López, del ramo penal de Comitán de Domínguez, Chiapas, el día 12 de agosto de este año, sentenció que los señores Carmelino Rodríguez Jiménez y Javier López Rodríguez son inocentes, a pesar de que ellos y sus cómplices de la CIOAC-Histórica saben que son culpables de organizar el crimen.  No los únicos, pero también lo son.

A escondidas los llevaron de vuelta a La Realidad.  Les dijeron que no se mostraran mucho y fueran discretos, pero la soberbia de quien se sabe impune frente a la justicia de arriba, les suelta la lengua.  Ahí declaran, a quien quiera escucharlos, que no estuvieron presos, sino guardados en una casa donde recibían todas las atenciones y la felicitaciones del gobierno estatal de Manuel Velasco y de los líderes de la CIOAC-Histórica por el asesinato del maestro Galeano, y que les dijeron que tenían que esperar un tiempo para volver a su pueblo “y seguir con lo que quedó pendiente”.

Ahora falta que salgan a declarar a su favor sus cómplices: Pablo Salazar Mendeguchía, Luis H. Álvarez, Jaime Martínez Veloz, Juan Sabines Guerrero, Manuel Velasco, Manuel Culebro Gordillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Rosario Robles.  Estas personas son algunas de quienes domaron a la CIOAC-Histórica y la convirtieron en lo que es ahora: una banda paramilitar útil para el acarreo de votos y para el asesinato de luchadores sociales.

También falta que los periodistas progres los entrevisten y los presenten como víctimas del “feroz” Galeano (él solo contra más de dos decenas de criminales cioaquistas), reediten la mentira de un enfrentamiento, publiquen sus fotos amañadas, y cobren con la mano derecha el servicio prestado, vehículos con chofer incluidos, mientras en sus medios ensalzan el “gran” desarrollo del suroriental estado mexicano de Chiapas y, con la mano izquierda, celebran su “compromiso con las luchas sociales”.

Pero…

Como zapatistas que somos, miramos y escuchamos no sólo nuestra rabia, nuestro coraje, nuestro odio hacia quienes allá arriba se sienten dueños y señores de vidas y destinos, de tierras y subsuelos; y hacia quienes se venden, con sus movimientos y organizaciones, traicionando su historia y principios.

Como zapatistas que somos, también miramos y escuchamos otros dolores, otras rabias, otros odios.

Miramos y escuchamos el dolor y la rabia, hechos reclamo en los familiares de miles de desaparecid@s y asesinad@s nacionales y migrantes.

Miramos y escuchamos la tenaz búsqueda de justicia de los familiares de los niños y niñas asesinadas en la guardería ABC en Sonora.

Miramos y escuchamos la rabia que se hace digna y rebelde huelga de hambre de anarquistas pres@s en México y en otras partes de mundo.

Miramos y escuchamos la rabia en los pasos incansables de los familiares de los 47 ausentes de Ayotzinapa.

Miramos y escuchamos la rabia en el pueblo hermano Nahua de Ostula, agredido por el ejército.

Miramos y escuchamos la rabia en el pueblo hermano Ñahtó de San Francisco Xochicuautla por el despojo de sus bosques.

Miramos y escuchamos la rabia del pueblo hermano Yaqui por los presos injustamente y por el robo descarado de su territorio.

Miramos y escuchamos la rabia por la burla que es la investigación por el asesinato de Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Nadia Dominicque Vera Pérez, Mile Virginia Martin Gordillo y Rubén Espinosa Becerril, en la Ciudad de México.

Miramos y escuchamos la rabia del magisterio democrático que resiste la guerra mediática, policíaca y militar que padecen por el delito de no rendirse.

Miramos y escuchamos la indignación de quienes, en el norte revuelto y brutal, son atacados por el color de su piel y por ese color son sentenciados y condenados.

Miramos y escuchamos la rabia y el dolor por las mujeres desaparecidas, asesinadas por el delito de ser mujeres; por l@s diferentes atacad@s porque el Poder no tolera lo que se sale de su estrecho pensamiento; por la niñez que es anulada sin que siquiera alcance una cifra en las estadísticas de la macroeconomía.

Miramos y escuchamos que sólo se reciben mentiras y burlas de quienes dicen administrar la justicia y en realidad sólo administran la impunidad y fomentan el crimen.

Miramos y escuchamos en todas partes las mismas promesas de verdad y justicia, y las mismas mentiras.  Ni siquiera cambian las palabras, como que ya tienen un escrito que leen, y mal, todos los de arriba.

Ya es el tiempo en que, cuando el de abajo pregunta por qué se le ataca, la respuesta del de arriba es “por ser quien eres“.

Porque en este mundo que dolemos, el criminal está libre y el justo está preso.  Quien asesina es premiado y quien muere es calumniado.

Pero también miramos y escuchamos que cada vez son más las voces que desconfían, que no se dejan, que se rebelan.

Nosotras, nosotros, como zapatistas que somos, ni confiamos antes, ni confiamos ahora, ni confiaremos después en los de arriba, cualquiera que sea el color de su bandera, cualquiera que sea el modo de su palabra, cualquiera que sea su raza.  Si está arriba, lo está porque oprime a los de abajo.

No tiene palabra el de arriba, no tiene honor, no tiene vergüenza, no tiene dignidad.

De arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia.

Tendremos que construirlas desde abajo.  Entonces el criminal pagará hasta que quede cabal la cuenta.

Porque lo que arriba no saben es que cada crimen impune no hace sino enardecer el odio y la rabia.

Y cada injusticia cometida no hace sino abrir el camino para que esos odio y rabia se organicen.

Y en la balanza romana de nuestros dolores, pesaremos lo que nos deben.

Y pasaremos la cuenta… y la cobraremos.

Entonces tendremos, sí, la verdad y la justicia.  No como una limosna de arriba, sino como una conquista de abajo.

La cárcel será entonces para los criminales y no para l@s just@s.

Y la vida, digna, justa y en paz, será para tod@s.

Eso, sólo eso.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.                Subcomandante Insurgente Galeano.


México, agosto del 2015.

Conferencia de prensa . Caso Presos en Huelga de Hambre



DENUNCIA POR HOSTIGAMIENTO DE LA PGR AL COMPAÑERO DAVID CABAÑAS BARRIENTOS


A LA OPINIÓN PÚBLICA:

Los integrantes de la Organización Política Nacional Izquierda Democrática Popular (IDP) denunciamos lo siguiente:

El pasado  6 de agosto a las 9.30 de la mañana, se presentaron dos hombres que dijeron ser de la PGR al domicilio del compañero David Cabañas Barrientos en el D.F., y descaradamente le preguntaron por su hermano Manuel Serafín Gervacio quien fue desaparecido por el Estado Mexicano en Acapulco, Guerrero en septiembre de 1974, fecha de la que hasta hoy ninguna autoridad ha dado explicación de su paradero, exigencia que  ratificamos hoy.

Dada la ofensiva represiva del Estado Mexicano no dudamos que esta "visita" de la PGR al compañero David, ex preso político por más de 8 años, recluido en un penal de máxima seguridad y puesto en libertad por absolución, miembro de nuestra organización Izquierda Democrática Popular (IDP), tenga el objetivo de intimidar, advertir o más claramente amenazar con también convertirlo otra vez en víctima del régimen que asesina, desaparece y tortura a quien se opone y lucha en contra de que lleve a la práctica sus  políticas privatizadoras. Responsabilizamos al Estado Mexicano de toda agresión a David Cabañas, a su familia y de cualquier compañero de los movimientos populares del país.

Además exigimos junto a nuestro pueblo y sus organizaciones la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, presentación con vida de los más de 152 miembros de la familia Cabañas desaparecidos y de más de 1500 desaparecidos durante la denominada guerra sucia de los años setenta, así como  juicio y castigo a todos los responsables de estos delitos de lesa humanidad. También  Llamamos a la unidad de todo el pueblo y exigimos la libertad de todos los presos políticos y cese a la ofensiva contra todos los movimientos populares del país.

¡POR LA PATRIA EL PODER POPULAR!

COLECTIVO DE PODER POPULAR LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS DE
IZQUIERDA DEMOCRATICA POPULAR

IDP

viernes, 21 de agosto de 2015

COMUNICADO DEL PDPR - EPR

COMUNICADO DOS

AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO
AL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

El terrorismo de Estado es una realidad inocultable en el país; constituye política represiva de la actual junta administrativa, en donde los crímenes de lesa humanidad como la detención-desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos políticos, la represión generalizada contra la CNTE son una constante a lo largo y ancho del país. Las interminables listas de víctimas del terrorismo de Estado dejan al descubierto día a día este actuar de la actual junta administrativa y el odio de clase contra el pueblo.

Dentro de este contexto se sitúa la intensificación de la permanente ofensiva represiva contra la CNTE en lo general y en lo particular contra la sección 22 del SNTE en Oaxaca, expresada en un conjunto de medidas punitivas y autoritarias como el asalto policiaco-administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en acción conjunta del gobierno estatal y federal.

Una venganza política del Estado contra la CNTE por haber desenmascarado el carácter antipopular de la democracia burguesa, por ser parte del sindicalismo independiente de los trabajadores de la educación, por oponerse de manera combativa a las reformas burguesas de carácter neoliberal y por constituir un contingente en lucha en la defensa de la educación pública como derecho inalienable del pueblo mexicano.

Ofensiva represiva a exigencias de la oligarquía que pretende eliminar todo obstáculo para la realización de sus inversiones en la privatización de la educación pública y la mercantilización de los derechos constitucionales, oligarquía que no ceja en sus intentos por apropiarse de la rectoría absoluta de la educación pública.

Violencia institucionalizada comandada por un grupo oligárquico que pretende concentrar y centralizar más el poder económico y político para imponer una hegemonía absoluta en función de sus intereses de grupo y de clase, para destruir todo esfuerzo e iniciativa popular que busca mejorar las condiciones materiales de existencia del pueblo como es el derecho a la educación pública y que los trabajadores de la educación ejerzan legítimamente su derecho a asumirse como sujetos políticos en la práctica del sindicalismo independiente.

La cruzada represiva nacional contra los trabajadores de la educación tiene sus antecedentes inmediatos en la política asumida por éstos antes, durante y después del proceso electoral, por ser parte del conjunto del movimiento popular independiente que se resiste a que sus derechos sean conculcados y sus demandas sean ahogadas en el autoritarismo, la demagogia y la represión en nombre de la democracia burguesa.

Así como también, en los dichos y señalamientos policiacos que se vertieron desde los monopolios de la comunicación y las plumas mercenarias por mandato expreso del CISEN y la PGR, al señalar dolosamente a trabajadores de la educación de tener vínculos con la guerrilla, específicamente con nuestro partido y ejército, con el claro propósito de armar un expediente judicial que justifique desde actos represivos hasta crímenes de Estado contra trabajadores de la educación, luchadores sociales y revolucionarios. Que el pueblo sepa que ninguno de los acusados dolosamente desde algunos medios de comunicación pertenece a nuestro partido y ejército.

Políticos de oficio de toda índole han cerrado filas una vez más para atentar contra los intereses y derechos del pueblo, es el caso del servilismo del gobierno perredista-panista de Oaxaca para con la oligarquía, su vocación represiva evidencia que la filiación política dentro de la democracia burguesa es en esencia antipopular y represiva, sello característico de estos politicastros.

Funcionarios de gobierno federal encabezados por Emilio Chuayffet Chemor a las órdenes del grupo oligarca representado por Claudio X González, son los directamente responsables de todos los crímenes de Estado que se han cometido y se cometan contra los trabajadores de la educación; responsabilidad compartida por todos aquellos voceros oficiosos del Estado mexicano.

Dentro de los más recientes crímenes de Estado está la múltiple ejecución extrajudicial cometida en el Distrito Federal el viernes 31 de julio. Este múltiple crimen tiene patente de Estado, es inocultable el sello característico de los asesinatos políticos cometidos por el PRI desde antaño.

Todos los hilos del cometido de este crimen apuntan hacia el gobierno priista de Veracruz confabulado con el gobierno federal, porque Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista de la revista proceso, en su trabajo se destacó por ser crítico de las políticas gubernamentales, por lo cual no dejó de ser hostigado hasta el último día de su existencia, razón por la que se encontraba desplazado de manera forzada en el DF, cuyo jefe de gobierno le hace el juego a ambos gobiernos priístas.

La activista política y ambientalista Nadia Vera Pérez que fue violada y torturada antes de ser asesinada, al igual que al resto de mujeres ahí ultimadas, también tiene el signo de cómo castigan los gobiernos priistas a los opositores políticos; a la vez es evidente la mano de los grupos paramilitares patrocinados por las empresas transnacionales.

Múltiple crimen de Estado que por todos lados pone en evidencia la típica acción de terrorismo de Estado y contrainsurgencia impulsadas por el Pentágono. Otra prueba de la autoría del crimen son las líneas de investigación que el Estado desliza y que sólo conducen a la impunidad, al pretender diluirlo en la mítica "delincuencia organizada", presentando chivos expiatorios que como en todos los casos resultan ser parias del capitalismo.

La lucha de los trabajadores de la educación por la defensa de la educación pública, así como la lucha contra el terrorismo de Estado no es exclusiva de ningún sector por separado, constituye necesidad política enfrentarlo en un sólo frente con la acción popular combativa; al terrorismo de Estado se le combate con la organización de la autodefensa de las masas; a las leyes neoliberales se les hace frente con la acción política de las masas generalizada en todo el país bajo un frente unitario contra el gobierno antipopular y represivo.

Construyamos juntos estrategia y táctica de forma creativa y combativa que se equipare y supere la embestida gubernamental-oligarca. El pueblo tiene el derecho de recurrir a cualquier forma de autodefensa.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A SEGUIR EXIGIENDO LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!
¡A ORGANIZAR LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL DE ZONA
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

AÑO 51

República mexicana, a 12 de agosto de 2015.

Comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Liberación del Pueblo

Comunicado No.6

A todos los pueblos del Mundo.

A todos los pueblos de México


HERMANAS, HERMANOS.

Desde nuestra trinchera les damos un fraternal saludo. Hemos permanecidos callados, lo que no es sinónimo de desánimo, no es querer ignorar o no querer ver todo lo que acontece en el país; trabajamos en silencio para que los órganos de inteligencia del Estado Mexicano no puedan saber dónde estamos.

A los padres y familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a casi un año de que se cumpla el primer aniversario del peor crimen de lesa humanidad, les refrendamos nuestra solidaridad y compromiso de actuar, estamos en pie de lucha en espera del llamado del pueblo para actuar en consecuencia.

A los maestros del estado de Oaxaca les damos un fraternal y combativo saludo, desde nuestra trinchera ponemos su disposición la voluntad de accionar de manera coordinada en la lucha para contrarrestar el embate del gobierno asesino y represor que encabeza el sátrapa, ratero y vende-patria Enrique Peña Nieto para imponer la nefasta reforma educativa que conlleva la privatización de la educación en México.

El gobierno asesino, envió a Oaxaca más de 20,000 elementos de la División de Gendarmería y de la Policía Federal al estado de Oaxaca, entrenados por mercenarios franceses e israelitas para disolver la protesta social, pretenden en esa entidad poner en funcionamiento nuevas estrategias para el aniquilamiento de los opositores al sistema, con el uso de equipo sofisticado para reprimir.

Hace un año y nueve meses hicimos una declaración de guerra contra el Estado Mexicano, hoy decimos que está vigente. El Magisterio Popular de Oaxaca no está solo; si está planeando reprimir para acabar con ellos, le decimos al Estado mexicano que al hacer sus cuentas, sumen a las FAR-LP y demás movimientos que están unidos en la defensa de Oaxaca.

A todos nuestros hermanos de lucha y que todavía no se integran al movimiento, es el momento de decir no a la política fratricida del gobierno, el pueblo de Oaxaca y de México lo demandan.

¡¡Viva el pueblo de Oaxaca!!.
¡¡Viva el Magisterio Popular de Oaxaca!!.
¡¡Viva Ayotzinapa!!.
¡¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!!

Comandancia General:

Emilio, Camilo, Tlacaélel, Esperanza.

Dictan nueva orden de aprehensión contra Suástegui, informa el gobierno a sus abogados

*Es la sexta causa penal contra el vocero del Cecop, y se emite cuando el Tribunal debe resolver si es liberado, dice Vidulfo Rosales. Se evidencia la intención de mantener a los luchadores sociales en prisión, señala

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El gobierno del estado confirmó que la Fiscalía General del Estado pidió una nueva orden de aprehensión contra el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, por ataques a las vías de comunicación.

Con esta acusación sumarán seis causas penales en contra de Suástegui, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, que se encarga de la defensa del vcero del Cecop.

Después de una reunión con funcionarios del gobierno del estado, ayer en el Palacio de Gobierno, Vidulfo Rosales informó que ahí les dijeron que en unos días se emitirá una nueva orden de aprehensión contra el luchador social, pero añadió que lo grave es que se emite justamente cuando magistrados del Tribunal Superior de Justicia tienen que resolver un recurso de apelación que redundaría en su libertad.

Aclaró que el vocero del Cecop aún no ha sido notificado y la defensa ya tenía antecedente de la nueva orden de aprehensión.

Ayer, en la reunión, los funcionarios del gobierno estatal justificaron la nueva acción penal en que grupos de derecha lograron influir en la Fiscalía General del Estado, en alusión a los protestas contra la libertad de Suástegui en Acapulco.

Aunque el gobernador insiste ante la prensa en que nunca se comprometió a liberar a los luchadores sociales en prisión, porque esa tarea sólo corresponde a los jueces y magistrados, Rosales Sierra dijo que funcionarios del gobierno del estado llamaron a los abogados defensores de Suástegui porque les preocupa esta situación.

Agregó que las autoridades estatales evidencian que la intención es mantener a los luchadores sociales en prisión.
Detalló que en las cinco causas penales contra Suástegui están señalados 30 activistas opositores al proyecto la Parota, de los cuales sólo están detenidos dos, el vocero y María de la Cruz Dorantes.

Desconoce por qué no se aplicaron todas las órdenes de aprehensión, “no sé qué esperan, creo que calculan los momentos políticos. Para ellos era imperativo detener a Marco Antonio y líderes visibles”.

Reconoció que la estrategia contra el Cecop funcionó, “ya lograron el objetivo de mermar fuerzas, de debilitar, el Cecop atraviesa por eso, el debilitamiento de su estructuras, sí está causando efectos la acción del Estado”.
El 29 de septiembre se giró la sexta orden de aprehensión

Se dictará una nueva orden de aprehensión en contra del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, por el delito de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte girada en septiembre del 2014. Es la sexta orden de aprehensión, y el sexto proceso penal su contra.

Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, hay una sexta orden de aprehensión en contra de Suástegui Muñoz, bajo la causa penal 150/2014-I y la averiguación previa TAB/SC/03/0409/2014.

Según un oficio 188/2014, firmado por la Fiscalía del Estado de la que tiene copia El Sur y fechado el 29 de septiembre del año pasado, se libró orden de aprehensión contra el vocero del Cecop y otros tres integrantes.

En dicho oficio se ordena a la policía ministerial aprehender a Marco Antonio Suástegui Muñoz, Francisco Cortés Mendoza, Carlos Victoriano Loeza y José Facundo Hernández Ángel “por ser probables responsables del delito de ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte cometidos en agravio de la sociedad”.

En dicho documento no se precisa cuándo se cometió el delito, pero se indicó que dicho expediente está radicado en el Juzgado Décimo Penal, y allí se libró la orden de aprehensión con fecha 23 de septiembre del 2014, y fue notificada el 29 de ese mismo mes y año. (Carlos Moreno).


Fuente: El Sur

Situación Jurídica del Vocero del CECOP Marco Antonio Suástegui.


Sesión de preguntas y respuestas en conferencia de prensa caso Marco Antonio Suástegi. Agosto 14 de 2015.


LIBERTAD A MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI DIRIGENTE DEL CECOP; EXIGEN DEFENSORES COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

México DF, 14 de agosto de 2015

BOLETÍN DE PRENSA

LIBERTAD A MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI DIRIGENTE DEL CECOP; EXIGEN DEFENSORES COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

El 17 de junio de 2014 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero detuvo a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), movimiento que desde el 28 de julio de 2003 se opone de manera pacífica a la imposición de la presa La Parota en Guerrero, México, quienes han sido ejemplo y esperanza de muchos movimientos por el territorio y en defensa de la vida. El CECOP es piedra angular de la lucha en contra de las presas y en defensa de los ríos en México y fundador del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

A más de un año de su injusta detención, las organizaciones abajo firmantes, junto a muchas otras que se han sumado a esta causa, urgen a la Segunda Sala Penal en Acapulco tomar una decisión expedita, independiente y justa, que contemple las pruebas presentadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que representan a Marco para que se declare su libertad inmediata.

Durante una visita al penal de La Unión, Zihuatanejo, Guerrero, el pasado 12 de agosto, diferentes organizaciones de la sociedad civil que hoy respaldan este boletín conocieron de primera mano el testimonio de Suástegui que relató las violaciones a derechos humanos que ha sufrido desde su detención y las amenazas de las cuales ha sido víctima. El día de su aprehensión, sin que se le mostrara una orden en su contra, Marco fue sometido a tratos inhumanos y degradantes por parte de las autoridades que lo detuvieron al haber sido duramente golpeado y haber sufrido el arranque de 3 uñas de los pies. En el traslado al penal federal de máxima seguridad de Tepic en Nayarit –que fue ilegal por incurrirse en violaciones al derecho al debido proceso y a la defensa legal- el defensor de los derechos humanos fue privado de agua para beber durante dos días además de no contar con una revisión médica oportuna. En los 7 meses de permanencia en este penal fue alimentado de manera escasa, lo que impactó y mermó su salud, derivando en actos de hostigamiento y discriminación. Finalmente, ya en el penal de la Unión, el 31 de julio de 2015 Marco Antonio recibió una carta anónima con amenazas de muerte, acción que se suma a una serie de otras situaciones previas que le hacen temer por su vida y su familia.

Las graves violaciones a derechos humanos anteriormente relatadas están estrechamente relacionadas con la lucha emprendida por el CECOP y por su vocero hace más 12 años a favor de la defensa de la tierra, el territorio y formas de vida de los/as campesinos/as que serían despojados de todo lo que tienen por la construcción de la Presa La Parota. En palabras de Marco Antonio “el CECOP es la expresión del amor por la tierra”. El único delito cometido por este movimiento, que ha sido duramente reprimido en diferentes ocasiones y que aun así se ha mantenido firme, es el de no plegarse a las decisiones que actores públicos y privados han querido imponerles en nombre de un supuesto desarrollo e interés general que nunca ha sido demostrado.

El caso de Marco Antonio se suma a una serie innumerable de historias de defensores y defensoras de derechos humanos que a lo ancho y largo del país están siendo criminalizados y detenidos injustamente incluso en penales de máxima seguridad, a causa de su compromiso con la defensa del territorio y la vida. En esta lista se encuentra otra integrante del CECOP, María de la Cruz Dorantes, también encarcelada por delitos similares a los que se le imputan a Marco Antonio.

La Segunda Sala de lo Penal de Acapulco tiene en estos momento la posibilidad de hacer justicia y, tomando en consideración las pruebas presentadas que demuestran su inocencia al destacarse que los testimonios en su contra no cuentan con sustento y por el contrario, las pruebas exhibidas demuestran la fabricación de los delitos y ponen de relieve las violaciones al debido proceso que ha enfrentado, por lo que se debe dejar a Marco Antonio en libertad.

Las organizaciones abajo firmantes, somos parte de amplias redes de articulación nacional e internacional, en defensa de los ríos, el agua y los derechos económicos, sociales y culturales y estamos pendientes y preocupados por nuestro compañero Marco Antonio Suástegui, por lo que exigimos su libertad inmediata, la tutela de su vida y el cese de las amenazas en su contra y de su familia.


Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (Redlar), Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), International Rivers (IR), Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua (COMDA), Espacio de Organizaciones Civiles por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDTT), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

AMLO en Oaxaca. Agosto 16 de 2015.



martes, 4 de agosto de 2015

Foro “ A 7 años de la Desaparición de Edmundo y Gabriel”

Foro “ A 7 años de la Desaparición de Edmundo y Gabriel”. Mayo de 2014.

“Son Seres Humanos”


Padre Miguel  Concha

Abogado Sandino Rivero
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Gilberto López y Rivas


Cierre del Foro

Comunicado de la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda del caso Gabriel Cruz y Edmundo Reyes a la Opinión Pública y al EPR

A la opinión publica

A los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez

Al Ejército Popular Revolucionario.

Los integrantes de la COMISIÓN CIVIL DE SEGUIMIENTO y BÚSQUEDA DE EDMUNDO REYES AMAYA Y DE GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ nos dirigimos a ustedes para informarles, que después de haber sostenido una reunión el pasado 26 de mayo, con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ministro Luis María Aguilar Morales, éste le solicitó a la Primera Sala de la Corte que ejercitara la facultad de atracción respecto del recurso de queja presentado por los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y sus representantes legales.

Es importante recordar que el 19 de junio de 2014, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito mediante resolución ordenó al Procurador General de la República, Ministerio Público Federal y otros se trasladaran a los lugares de detención y ocultamiento y realizaran la búsqueda de EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ en las principales instalaciones militares, tomaran la declaración de funcionarios de la PGR, funcionarios estatales y mandos militares que hubieran estado en función en 2007 para que declararan en relación a la desaparición; así como informaran sobre inhumación de cadáveres en centros de detención e instalaciones militares que pudieran coincidir con la de las víctimas para en su caso realizar diligencias de identificación forense.

Si bien, la resolución judicial fue categórica sobre las acciones que deben realizar las autoridades responsables, tanto éstas, como el Juez de Distrito se han negado a acatarla en los términos en que fue dictada, lo que dio lugar a la presentación de un recurso de queja.

Luego de escuchar los argumentos de la Comisión Civil y de realizar un análisis del juicio de amparo y la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado, el Ministro Presidente le solicitó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que “atendiendo a las particularidades del caso concreto y con el objeto de obtener un pronunciamiento de la Primera Sala, que genere criterios de interés y trascendencia sobre las medidas para la localización de las personas en relación con las cuales se haga valer una demanda de amparo por su desaparición forzada”.

Para la Comisión Civil resulta evidente que la sentencia es la primera en su tipo que emite un Tribunal del Poder Judicial de la Federación sobre un caso de desaparición forzada, en la cual claramente se señalan las acciones que deben llevar a cabo las autoridades civiles y militares para localizar a las personas cuya desaparición forzada se les atribuye.

A diferencia de otros casos, las autoridades civiles y militares no pueden negarse a declarar y a abrir los cuarteles militares, so pena de incurrir no sólo en desacato sino también en evidenciar la inexistencia de un orden jurídico que retóricamente utilizan para soslayar sus obligaciones. La sentencia no sólo pone a prueba la obligación del Estado sobre el cumplimiento de los mandatos judiciales, también pone a prueba las facultades legales del Poder Judicial de la Federación para hacer cumplir sus sentencias.

Dejando a un lado la distancia, la resolución emitida por el Noveno Tribunal Colegiado guarda similitud con la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras y que fue la base para establecer los criterios que se siguieron en los casos subsecuentes de desaparición forzada.

Ante los miles de casos de desaparición forzada que existen en nuestro país, la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte que emita a partir del caso de EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ, puede hacer efectivo el camino para que otras personas reclamen mediante el amparo la desaparición forzada de sus familiares.

Atentamente
Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda para el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez integrada por:

Gilberto López y Rivas, Miguel Concha Malo, Dolores González Saravia, Santiago Corcuera Cabezut, Miguel Álvarez Gándara, Luis Daniel Vázquez Valencia, Pablo Romo Cedano, Augusto César Sandino Rivero Espinosa, Leonel Rivero Rodríguez, Margarita Cruz Sánchez y Nadin Reyes Maldonado.


Ciudad de México 31 julio 2015

Ayotzinapa Entre el Dolor y la Esperanza Carlos Fazio

Participación de Carlos Fazio en el Foro "Ayotzinapa. Entre el Dolor y la Esperanza" celebrado en Casa Lamm el 10 de Octubre de 2014.


Batallón 27: ¡investigarlo ya!

Batallón 27: ¡investigarlo ya!

Carlos Fazio

El pasado 29 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió relevar al coronel José Rodríguez Pérez de la comandancia del 27 batallón de infantería en Iguala, Guerrero. Como responsable de la unidad, el mando castrense firmó las bitácoras con los movimientos de entradas y salidas de oficiales y tropa los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fueron detenidos-desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según la Sedena, el relevo del coronel Rodríguez Pérez forma parte de la política de rotación de mandos en el Ejército Mexicano. Sin embargo, la remoción se da en el marco de fuertes presiones de familiares de las víctimas y misiones internacionales que coadyuvan de manera oficiosa en la investigación del caso, para que se les permita conversar con integrantes del batallón activos la noche de los hechos. La Defensa no informó qué nueva asignación se le daría al coronel, lo que ha alimentado la versión de que podría ser llamado a declarar.

Autoridades estatales y federales han demostrado la comisión de delitos por policías municipales de Iguala y Cocula. Entre 2011 y 2014, los jefes de policía de Cocula fueron militares retirados: el teniente Tomás Bibiano Gallegos (luego ejecutado) y el mayor Salvador Bravo Bárcenas. Ambos habían sido recomendados por el general de división Alejandro Saavedra, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo (entonces superior del coronel Rodríguez por la cadena de mando). Un tercer ex militar, César Nava, era subdirector de seguridad pública del ayuntamiento y es señalado como uno de los principales operadores en la desaparición de los normalistas.

De acuerdo con el testimonio de Bravo, los jefes militares de Guerrero sabían que mandos y tropa bajo sus órdenes estaban involucrados con grupos criminales. Otras testimoniales señalan que los coroneles Juan Antonio Aranda y José Rodríguez Pérez, ambos del 27 batallón; el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 batallón y coordinador del Operativo Guerrero Seguro, así como el almirante José Rafael Durán, comandante de la octava región naval de Acapulco, habían recibido denuncias sobre tales nexos. Según obra en los expedientes, conocían el modus operandi de las policías municipales de Iguala y Cocula y de Guerreros unidos para secuestrar, extorsionar, fabricar metanfetaminas y desaparecer personas en fosas clandestinas.

En ese contexto tampoco se explican las públicas relaciones del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca con los coroneles Juan Aranda y José Rodríguez, y el capitán José Martínez Crespo. Por acción u omisión, las huellas de los mandos militares del 27 batallón son evidentes. Pero, según el ex procurador Murillo Karam, investigar al Ejército –como le demandaban los padres de las víctimas− era un absurdo completo.

Documentos desclasificados en virtud de la Ley de Transparencia demuestran que el Ejército conoció en tiempo real los ataques a los estudiantes y no hizo nada para evitarlos. Un reporte entregado por la Sedena a Proceso señala que aproximadamente a las 22:30 horas arribaron al lugar “tres patrullas (…) de las que bajaron policías vestidos de negro, encapuchados, los cuales les dijeron a los estudiantes que se bajaran…” En una edición posterior la revista reveló que los policías encapuchados formaban parte del grupo de élite Los Bélicos, integrado por policías municipales de Iguala y civiles vinculados con Guerreros unidos, misteriosamente tolerado por los mandos del 27 batallón. El grupo operaba como una fuerza de acción inmediata y utilizaba un uniforme camuflado gris, similar al del Ejército, pero cuando salían a sus operativos iban encapuchados y vestidos de negro, portando armas de alto poder.

Los reportes iban dirigidos a la 35 Zona Militar y estaban firmados por el coronel Rodríguez Pérez. Otro mando citado en los reportes era el capitán José Martínez Crespo, quien al mando de la Fuerza de Reacción del 27 batallón patrulló toda la noche y estuvo presente en los hospitales General y Cristina.

Según el juez Ulises Bernabé García, los normalistas nunca fueron llevados a la base de la policía municipal de Iguala, como dijo la PGR. García declaró a Anabel Hernández y Steve Fisher que a la hora señalada por la procuraduría (23 horas), un militar que se identificó como capitán Crespo llegó a la comandancia con un grupo de 12 soldados y durante 15 minutos realizaron una minuciosa inspección de la base.

En su informe Estado de la investigación del caso Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sugirió la comparecencia o ampliación de la declaración de nueve militares del 27 batallón. Según la CNDH, cuatro miembros del Ejército recibían diariamente información de seguridad en el municipio de Iguala y sus testimonios y reportes serían valiosos para conocer la sucesión de hechos después del ataque a los estudiantes. También pidió la comparecencia de tres militares que con posterioridad a las agresiones acudieron a verificar qué estaba sucediendo en las calles de Iguala, y de otros dos para que declaren acerca del entorno que imperaba en la ciudad el 26 de septiembre. La CNDH pidió que se le permita entrevistar directamente a nueve de los 38 soldados que rindieron testimoniales en los expedientes.


El coronel José Rodríguez Pérez sabe mucho y debe declarar. También se ha solicitado que se investigue a los mayores Raymundo Barrera y Luis Al­berto Rodríguez Chávez, jefes de per­sonal y de información, respectivamente, del 27 batallón. Según el organigrama de la unidad, serían los superiores inmediatos de dos oficiales que participaron en los hechos: el teniente Vicente Barbosa y el capitán Miguel Hernández Crespo, ambos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. A raíz de una manta firmada por El cabo Gil, supuesto líder de Guerreros unidos, existe confusión si un tal capitán Crespo, protector del narco, es Miguel Hernández Crespo o José Martínez Crespo; si son la misma persona o ambos están involucrados.