Provocan al México Bronco

Eduardo Ibarra Aguirre

Seis muertos y una decena de heridos es el saldo del desalojo de ejidatarios de Miguel Hidalgo, ubicado en el municipio de La Trinitaria , Chiapas, que realizaron la tarde del viernes 3 a punta de gas lacrimógeno y balazos durante 40 minutos, 250 elementos uniformados de la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal Preventiva.

Las autoridades federales, por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dirigido por Alfonso de María y Campos Castelló , y las estatales encabezadas por Juan José Sabines Guerrero , formalmente de filiación perredista, sostienen un litigio con los 7 mil habitantes de Miguel Hidalgo porque éstos acordaron en asamblea, realizada el 7 de septiembre, apoderarse de la zona arqueológica de Chincultik, que se ubica en medio de los terrenos ejidales, bajo el argumento de que el INAH “la tiene muy abandonada”. Ésta, por cierto, no es la excepción sino la constante del país.

Desde entonces, cuenta un lugareño al reportero Elio Henríquez , ”cobramos 20 pesos por la entrada, no los 35 que cobraba el INAH”. Entre semana obtenían entre 300 y 400 pesos diarios, y los sábados y domingos entre mil y mil 500.

Enseguida comenzaron las negociaciones y la más reciente reunión con funcionarios del gobierno estatal se efectuó un día antes de la masacre y acordaron continuar las pláticas, pues los ejidatarios rechazaron el ofrecimiento de un apoyo de 600 mil pesos para cosechar jitomates, aguacates y duraznos.

Al día siguiente por la mañana, asegura José Vázquez López , uno de los representantes del ejido, llegaron elementos de la PFP y desalojaron a los 25 campesinos que cuidaban las ruinas e incluso a personas ajenas. Previamente desalojaron a los indígenas de otras comunidades que tenían el control de los lagos de Montebello, ubicados a 10 kilómetros del ejido. ( La Jornada , 5-X-08, p. 3).

Enseguida, 250 elementos de la PFP y de la PEP lanzaron gases lacrimógenos en las casas y la escuela primaria, y sitiaron el poblado. Los integrantes de la comunidad se defendieron con machetes y palos, detuvieron a 77 policías, los desarmaron y encerraron en la casa ejidal.

La respuesta de los agentes --convertidos en energúmenos-- y sus jefes tardó cinco horas, con el trágico saldo mencionado. Entre los seis muertos se encuentran tres heridos rematados en el vehículo particular que los trasladaba al hospital, incluido el conductor.

De corroborarse esta última parte de la versión ejidal, estaríamos ante una conducta policiaca de naturaleza delincuencial sin la menor duda, como bien lo entiende Amador Rodríguez Lozano , ministro de justicia chiapaneco.

El ejidatario Vázquez López formula públicamente una interrogante que encierra la clave del problema y que es indispensable darle una respuesta ministerial y judicial pronta y veraz: “Preguntamos al presidente Felipe Calderón y al gobernador Juan Sabines: ¿por qué nos mandaron matar si un día antes habíamos tenido un diálogo con las autoridades para resolver el problema?”

La masacre de La Trinitaria pone en relieve el resurgimiento en Chiapas de una añeja tradición de violencia represiva contra las protestas campesinas e indígenas que hicieron crisis con Carlos Salinas de Gortari y perduran bajo el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa , pasando por Ernesto Zedillo Ponce de León y su guerra de contrainsurgencia y el torpe y derrochador Vicente Fox Quesada .

Difícilmente puede sustraerse esta provocación al México bronco, el de las praderas demasiado secas y la irritación popular a flor de piel, de la relativamente nueva pero peor tradición autoritaria del panismo hecho gobierno, integrada por los criminales y falocráticos episodios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México; el asesinato de metalúrgicos en Sicartsa, Lázaro Cárdenas, Michoacán; las cobardes agresiones a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca...