Abogado de Carlos Cabal y Raúl Salinas, Fernando Gomez-Mont

■ Lankenau y Montemayor fueron clientes del nuevo secretario

Claudia Herrera Beltrán

Lejos de apostar por la nueva generación panista, el presidente Felipe Calderón dio un viraje en la conformación de su gabinete al dejar la Secretaría de Gobernación en manos de Fernando Gómez-Mont Urueta, heredero de una de las familias custodias del partido y abogado penalista que ha litigado casos de personajes polémicos.

Hombre cercano al ex senador Diego Fernández de Cevallos, este penalista ha defendido, entre otros, a los banqueros Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau, a Raúl Salinas de Gortari, y a Rogelio Montemayor, ex director de Petróleos Mexicanos.

Un día después de que Calderón exaltara en la figura del extinto secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño el “idealismo pragmático” de los jóvenes panistas, sorprendió con este nombramiento, que rompió con el esquema seguido en la primera etapa de su gobierno de integrar el equipo presidencial con amigos y colaboradores leales aunque de escasa o nula experiencia.

Aunque el sucesor de Mouriño no formó parte del círculo íntimo de Calderón en la campaña, sí tiene una relación de años. Como Calderón, Gómez-Mont nació (en 1963) en el seno de una de las familias tradicionales del blanquiazul; es hijo de Felipe Gómez Mont, fundador e ideólogo del partido. Su relación con el presidente data de la Escuela Libre de Derecho, donde ambos estudiaron, además Gómez-Mont comenzó su periodo de pasantía en el bufete de Sergio Vela Treviño, padre del presidente del CNCA y amigo de Calderón.

Además formó parte del equipo jurídico que presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las sanciones aplicadas al PAN en 2006 por el Instituto Federal Electoral por la llamada guerra sucia y los spots del Consejo Coordinador Empresarial.

Sus principales cartas están en el terreno partidista y en el ámbito privado; en el sector público se ha desempeñado sobre todo como asesor. Actualmente su hermano, Miguel Gómez-Mont, es director del Fonatur.

Desde su juventud ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional; recientemente se integró otra vez a ese órgano tras la renuncia de Javier Corral, y también ha formado parte del Consejo Nacional y de la Comisión Política de Acción Nacional.

Calderón y Gómez-Mont fueron compañeros de bancada en la 55 Legislatura. El ahora secretario de Gobernación presidió entonces la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

También fue miembro de la Comisión Federal Electoral y representante durante varios años del PAN ante el Instituto Federal Electoral. De hecho, el michoacano destacó ayer que su nuevo colaborador fue una “pieza clave” en el proceso de transición democrática pacífica que tuvo lugar en el país a partir de la elección de 1988; defensor de triunfos electorales obtenidos en distritos y municipios por parte de Acción Nacional, entonces oposición.

Resaltó su participación en el proceso de reformas electorales y en materia penal, de seguridad pública, así como de responsabilidad de los servidores públicos.

En el gobierno de Carlos Salinas estuvo involucrado en las investigaciones del asesinato de Luis Donaldo Colosio, inclusive, en aquella época Salinas lo propuso para encabezar la subprocuraduría especial encargada de investigar el homicidio; sin embargo la viuda, Diana Laura Riojas se opuso.

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, también asesoró al procurador Antonio Lozano Gracia a través de una empresa de consultoría.

En 1994 Gómez Mont recibió la invitación de Julio Esponda y Alberto Zinser para sumarse a su despacho y ese mismo año ganaron el juicio contra Carlos Cabal Peniche, acusado de fraude. Esto marcó el derrotero del despacho, que ha litigado otros casos de personajes como Tomás Peñaloza Webb, ex tesorero del IMSS; Gerardo de Prevoisin, ex director de Aeroméxico; Jorge Lankenau, ex banquero, y el de Rogelio Montemayor por el Pemexgate.

También alcanzó notoriedad cuando encabezó la defensoría jurídica de CNI Canal 40 contra Televisión Azteca. En esa época, el abogado panista acusó a Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora, de chantajearlo y difamarlo para proteger a su empresa.

La confesión de Kessel



Editorial

Ayer, en el contexto del foro empresarial México, cumbre de negocios, que se realiza en Monterrey, Nuevo León, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Georgina Kessel, dijo: “Alrededor de 70 por ciento de las actividades de Pemex (Petróleos Mexicanos) en exploración y producción ya las realizan otras empresas”. Tal aserto representa una confesión de ilegalidad, un reconocimiento de que la reforma petrolera recientemente aprobada, y aún no promulgada, simplemente busca regularizar una práctica ilícita, y una admisión de que el laberíntico proceso que condujo a su aprobación ha sido una simulación y una impostura del gobierno federal y de sus aliados en el Congreso.

Es necesario recordar que la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, aún vigente, afirma que “sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera (la cual) abarca (entre otras cosas) la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación”. Es decir, el gobierno actual y los precedentes han venido violando en forma deliberada y reiterada la Carta Magna y la ley reglamentaria –lo que conlleva una gravísima responsabilidad política–, y las reformas referidas han sido una mera forma de dar cobertura legal a una situación de facto a todas luces ilícita.

Por añadidura, la funcionaria dijo que las modificaciones pactadas por Los Pinos con las bancadas de Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y un sector del Partido de la Revolución Democrática “tienen los mismos objetivos” que la iniciativa abiertamente privatizadora que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, envió al Senado el 8 de abril. La pregunta obligada es, entonces, para qué se incluyeron en esas propuestas párrafos e incisos que entregaban segmentos enteros de la industria petrolera a consorcios particulares, a sabiendas de que habrían de enfrentar una fuerte oposición política, social y técnica, y por qué no se optó desde un principio por enviar una versión menos impresentable, como la que finalmente se aprobó. Sea cual fuere la respuesta, queda en el aire, tras las declaraciones de la titular de la Sener, una sensación de trampa, de simulación, de tomadura de pelo, como lo fue, desde un principio, el aserto gubernamental de que las iniciativas inicialmente ensayadas “no eran privatizadoras”.

Cabe preguntarse, por lo demás, qué explicación darán a sus bases y a sus electores los dirigentes y legisladores perredistas –Guadalupe Acosta Naranjo, Graco Ramírez, Carlos Navarrete y otros– que se sumaron con entusiasmo y “orgullo” a una maniobra que, ahora es meridianamente claro, apuntaba a legalizar una privatización que ya se venía dando en los hechos.

En cualquier forma, la escandalosa declaración de Kessel plantea una disyuntiva ineludible: o se emprende de inmediato un esclarecimiento de la sostenida ilegalidad en la que ha venido operando la industria petrolera (cuando menos, 70 por ciento de ella), o se concede la existencia de un poder público cínico, que sólo se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en las ceremonias de toma de protesta.

Refuerza Calderón teoría del accidente


PATRICIA DáVILA

MÉXICO, D.F., 10 de noviembre (apro).- El presidente Felipe Calderón exhortó a "todo el mundo" a evitar especulaciones sobre la trágica muerte de quien fuera secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Desde el pasado 4 de noviembre, esta es la primera vez en que el presidente Calderón reconoce que "la tendencia de la investigación apunta a un accidente".
En una improvisada conferencia de prensa ofrecida en las escalinatas del salón Miguel Alemán de la residencia oficial de Los Pinos, abordó el tema a propósito de una pregunta que le hizo esta reportera, en el sentido de que en varios sectores sociales existía la percepción de que el avionazo en que murió el secretario de Gobernación y ocho personas más fue consecuencia de un sabotaje orquestado por el crimen organizado.
Desconcertado, Calderón cruzó fugaces miradas con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y con Max Cortázar, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, antes de responder, titubeante, que su gobierno no tiene el menor interés ni la menor voluntad de ocultar nada.
Aseguró que las investigaciones encabezadas por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, han profundizado en que todos los indicios posibles y "no hay elementos hasta ahora que permitan asumir una hipótesis distinta a la de un accidente".
Abundó:
"He sostenido que hasta que se termine toda la investigación, se tenga que tomar el tiempo que se tenga que tomar, habrá una conclusión verdaderamente definitiva.
"Es una lástima que eso pueda prestarse a especulaciones de todo tipo, pero así lo entiendo. Simplemente exhorto a todo mundo a evitar las especulaciones y circunscribirse a los hechos, y los hechos que se han manifestado con toda transparencia a la agente, hasta ahora han venido mostrando esta circunstancia.
"Quiero que se sepa la verdad y quiero saberla yo mismo, pero, evidentemente, los elementos con los que se cuenta hasta este momento, no permiten afirmar la existencia de otra hipótesis diferente a la de un accidente".
Para ello, dijo, que esta investigación cuenta con el apoyo de las mejores instituciones del mundo: FWA, la mayor agencia aeronáutica de Estados Unidos y del propio FBI; así como de la mayor agencia aeronáutica de Gran Bretaña.
Señaló que si se corrobora la versión del accidente, se dará a conocer "con toda transparencia" a los ciudadanos mexicanos. "Si fue otra, no tendríamos ninguna razón en ocultarla."
Por su parte, el mandatario colombiano convocó a México a llevar a la cárcel a todos los narcotraficantes originarios de su país, y a todos los países del mundo, los conminó a dar un debate para la penalización de la droga.

Gómez Mont y Mouriño: coincidencias

áLVARO DELGADO

MÉXICO D.F., 10 de noviembre (apro).- Entre prominentes miembros del Partido Acción Nacional (PAN) circula una historia que conduce, por los imponderables de la vida, al transe que padece el gobierno de Felipe Calderón a raíz del deceso de Juan Camilo Mouriño, uno de los catorce muertos --catorce, no sólo él-- de la tragedia aérea de hace una semana:
Diego Fernández de Cevallos emitió hacia julio, ante correligionarios y de manera informal, severas críticas a la conducción y al equipo de gobierno, en el contexto de los saldos negativos de la "guerra" contra el crimen organizado, las negociaciones para la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las derrotas del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones de este año.
Calderón supo de las críticas e, hipersensible por su inseguridad, envió una señal de conciliación que se materializó en agosto: Fernando Gómez Mont y Juan Miguel Alcántara Soria, dos prominentes abogados allegados a Fernández de Cevallos, fueron acogidos en el PAN y en el gobierno federal.
Gómez Mont, retirado de la vida partidaria desde hace más de una década por las críticas que concitó su relación con los expresidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, así como la defensa de delincuentes de cuello blanco, se incorporó al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en sustitución de Javier Corral, quien renunció inconforme por el rumbo de su partido y del gobierno.
Alcántara Soria, retirado también de la vida partidaria desde que Vicente Fox ganó la Presidencia de la República --en cuyo sexenio estudió en España y de regreso litigó para hacer fortuna--, se incorporó a la Procuraduría General de la República (PGR), después de la limpia de subprocuradores de la que se salvó sólo Juan de Dios Castro, uno de los próceres panistas degradados en burócratas.
Curiosamente los dos asumieron sus respectivos cargos el mismo día, el lunes 18 de agosto, y ambos enfrentan una coincidencia macabra: Alcántara Soria sustituyó a José Luis Santiago Vasconcelos en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y Gómez Mont relevó a Mouriño en la Secretaría de Gobernación, justamente los dos más altos funcionarios fallecidos en el turbio avionazo del martes 4.
Al margen de estas coincidencias, que en política sí importan, Alcántara Soria y, sobre todo, Gómez Mont se suman a un grupo político que durante muchos años --más de los dos que llevan en el ejercicio de gobierno-- ha privilegiado la lógica de facción y que ahora, por una imperiosa necesidad política, Calderón los incorpora para, como lo dijo él mismo en su larguísima segunda homilía sobre Mouriño, dejar a un lado mezquindades y envidias que los han conducido a las derrotas.
Pero en este afán de recurrir a quienes aprecia con eficacia política, Calderón le echa abajo a Germán Martínez, a quien él impuso como presidente del PAN, una jugada que tenía el mismo fin de sumar: Apenas en junio, incorporó a Fox al comité estratégico de las campañas para, en el 2009, "guanajuatizar" México.
Pero con la dotación de poder a representantes de Fernández de Cevallos, sobre todo en la Secretaría de Gobernación, se reactivan los rencores contra Fox, quien calificó de cobarde --"coyón"-- al barbado litigante.
Aun sin haberse oficializado el nombramiento de Gómez Mont, pero muerto ya Mouriño, Fox se negó a suspender la "cumbre" de partidos de derecha en el rancho de su propiedad en San Francisco del Rincón, inaugurada el jueves 6, justamente cuando Calderón encabezó el homenaje en el Campo Marte, y pronunció su primera y desproporcionada homilía para describir, ya no como un héroe a la altura de Hidalgo y Morelos, ni como un superhombre, sino como un santo a quien fue su delfín.
A final de cuentas, sin embargo, a estas tres facciones del PAN --la de Calderón, la de Fernández de Cevallos y la de Fox-- las hermana una característica que, en efecto, nada tiene que ver con lo que alguna vez se definió como doctrina --identificada con la honestidad--: El pragmatismo, sin límites, para conquistar y retener el poder.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx

En mega marcha en la capital, CETEG exige renuncia de Torreblanca Galindo




Bloquean maestros, padres y normalistas la autopista del Sol y calles del centro

También demandan la salida del secretario de Educación, José Luis González de la Vegae_SFlb

Líderes del movimiento magisterial tienen órdenes de aprehensión por protestas, denuncian

El cierre de la vía federal se mantenía hasta las 10 de la noche en el cruce de Chichihualco

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 10 de noviembre. Con la demanda de la salida del secretario de Educación, José Luis González de la Vega, y del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, más 40 mil maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), padres de familia, estudiantes normalistas, organizaciones sociales y profesores estatales realizaron una mega marcha en esta capital a favor de la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

Hasta las 10 de la noche los maestros se habían declarado en plantón permanente en el crucero de Chichihualco, donde mantuvieron bloqueados hasta esa hora los cuatro carriles de la Autopista del Sol, y donde permanecían vigilados por policías.

Los profesores esperaban entablar comunicación con el gobernador, pero alrededor de las 10 de la noche enfilaron de nuevo en marcha hacia el centro de la ciudad.

El recorrido

El contingente multitudinario que partió del palacio de gobierno para ocupar, primeramente, dos de los carriles de Autopista del Sol (sur-norte), fue encabezado por más de 5 mil maestros de Sindicato Unico de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), en el que no participó su máximo dirigente, Luis Román Miranda.

A pesar del incesante sol, los inconformes sólo paraban para expandir su marcha, es decir que conforme avanzaban bloqueaban cualquier camino que permitiera el paso a los automovilistas.

A la altura del hotel Paradise Inn, cerca de las centrales de autobuses, los maestros decidieron ocupar los cuatro carriles de la autopista, y desde ese momento, cerca de la una de la tarde, quedó obstaculizada la vialidad de ambos sentidos: norte-sur y sur-norte.

Una vez concentrados en ese punto, quienes ocupaban los aparatos de sonido dijeron que la marcha aún no terminaba de salir de palacio de gobierno; fuentes de Gobernación estatal lo resumieron en 25 mil personas, aunque visiblemente era mayor, y más tarde los disidentes aseguraron que eran más de 40 mil asistentes.

Miles de voces coreaban venceremos con el puño en lo alto, lo que fue un impulso para el agotamiento que reflejaban algunos rostros de los maestros.

El contingente estuvo integrado en este orden: SUSPEG, CETEG (con sus siete regiones), padres de familia, estudiantes de las nueves normales, egresados de Tlapa y Ayotzinapa y organizaciones sociales, como el Taller de Desarrollo Comunitario y la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), quienes ayudaban a corear consignas como: “¡Zeferino, entiende, el magisterio no se vende!”, “¡No es Mickey Mouse, tampoco Topo Gigio, es una ratota, llamada Gordillo!”

Luis Muñoz Vázquez, quien aún es parte de la dirigencia de la CETEG, confirmó que los que dirigían el movimiento, entre ellos Jorge García Hernández, Taurino Rojas y él mismo, les fueron retenidos sus salarios y ya tienen orden de aprehensión girada a consecuencia del movimiento.

Entre el contingente se pudo apreciar a tres miembros de la dirigencia del PRD, Francisco Vergara Martínez, Raúl Suárez Martínez y José Francisco García; también estuvo encabezando el contingente del SUSPEG de Acapulco por el regidor electo de Convergencia, Ramiro Solorio Almazán.

Cerca de las 3 de la tarde, la marcha paró en el entronque a Chichihualco, y lo que se tradujo como un descanso, se convirtió en un plantón permanente declarado esta noche. La fluidez estaba detenida, cientos de carros varados y los policías, que para los maestros fueron amagos del gobierno. A esa altura los maestros bloquearon una tienda Oxxo.

Padres al acecho

Padres de familia de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, después de trasladarse a la capital en al menos 13 camioneras, fijaron su postura de apoyo a los maestros contra la ACE.

Uno de los padres, Heriberto García Jiménez, dijo que este es asunto no sólo concierne al magisterio, pues se ha convertido en un conflicto social; pidió a las autoridades educativas y a la sección 14 del SNTE ofrezcan una explicación sobre el pacto nacional, “pues sino tuvieran algo que esconder, ya hubieran proporcionado información”.

Mencionó que junto con padres de otras regiones mantendrán la lucha que ya es suya. Por la mañana también los padres de familia de las escuelas primaria José Martí, en esta capital se pronunciaron a favor y demandaron más información.