Gómez Mont: ante todo el negocio

JORGE CARRASCO ARAIZAGA


Fernando Gómez Mont Urueta ha sido más que un abogado patrocinador de lucrativos juicios de políticos y empresarios implicados en fraudes y corrupción. Desde el gobierno de Carlos Salinas ha influido en la vida pública del país como operador del maridaje del PAN con el PRI y promotor de reformas de las que se valió como litigante.
Hechura del exsenador Diego Fernández de Cevallos, Gómez Mont no sólo ha combinado la política y el litigio en casos que han sido muy costosos para el erario.
Pese a ser heredero del panismo doctrinario, fue uno de los panistas que legitimaron a Salinas y colaboraron con Ernesto Zedillo, en una pragmática relación con el PRI como preludio de la llegada del PAN a la Presidencia de la República.
Con Salinas y Zedillo fue autor, como diputado y asesor presidencial, de modificaciones constitucionales, al Código Penal federal y a distintas leyes, que facilitaron la absolución judicial en algunos casos de "delitos de cuello blanco".
Como parte de ese andamiaje legal participó en la elaboración de la Ley de Concursos Mercantiles, que en mayo de 2000 abrogó la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos. Con ello, quedaron sin castigo las quiebras fraudulentas registradas hasta ese momento.
De acuerdo con información obtenida por Proceso, entre los beneficiarios de la nueva ley estuvieron la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) y su abogado Antonio Lozano Gracia, con quien Gómez Mont había colaborado en la Procuraduría General de la República (PGR) en los dos primeros años del gobierno de Zedillo.
La intermediación de Lozano Gracia para que una de las subsidiarias de AHMSA, Micare, pudiera vender carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pesar de encontrarse en suspensión de pagos, le redituó al exprocurador 5 millones 200 mil dólares. AHMSA se acogió a la suspensión de pagos meses antes de que entrara en vigor la nueva ley. El contrato de Micare con la CFE fue de unos 2 mil 400 millones de dólares (Proceso 1434).
Conocido entre los abogados por su frase "los honorarios son sagrados", el litigante Gómez Mont, un hábil y duro negociador de 45 años, durante más de una década sacó provecho de sus vínculos con panistas y priistas que se convirtieron en abogados de miembros de las élites políticas y económicas involucrados en escándalos.
Al amparo del despacho de Fernández de Cevallos, surgieron firmas jurídicas satélites, como la de Lozano Gracia y Juan Miguel Alcántara Soria -actual subprocurador Jurídico e Internacional de la PGR- y la de Zinser, Esponda y Gómez Mont.
Clientela famosa
Junto con el bufete del exsenador priista Salvador Rocha Díaz, con quien Fernández de Cevallos negoció la década pasada el cogobierno en Guanajuato, esas consultorías jurídicas han asumido la defensa de personas acusadas de fraudes que han costado miles de millones de pesos al Estado mexicano. Rocha Díaz, incluso, es conocido entre los abogados, como el "dador" de asuntos.
Zinser, Esponda y Gómez Mont cuentan entre sus defendidos a los exbanqueros Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau, ambos acusados de fraude por autopréstamos no pagados en los desaparecidos Banco Unión y Banca Confía, respectivamente, que acabaron en el Fobaproa.
El caso Cabal, a quien defendió en la demanda de extradición de México al gobierno de Australia, representó el despegue de su despacho.
El nuevo secretario de Gobernación también defendió a Tomás Peñaloza Webb, acusado de fraude al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando fue su tesorero, así como a Gerardo de Prevoisin, exdirector de Aeroméxico, encarcelado por fraude en 1988 y acusado de transferir recursos al PRI. Así mismo, patrocinó inicialmente a Raúl Salinas de Gortari, acusado del asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu.
Otro de sus defendidos en materia de extradición fue al exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, acusado de triangular 500 millones de pesos de la paraestatal a la campaña presidencial del priista y ahora senador Francisco Labastida Ochoa, en el escándalo conocido como Pemexgate.
Más recientemente, asesoró a Javier Moreno Valle en su disputa con TV Azteca por el control del Canal 40, y a Germán Larrea, dueño del Grupo México, en su demanda contra el dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia, exiliado en Canadá.
Otra de sus defensas recientes fue la de Armando Medina Millet, procesado en el llamado "juicio del siglo" de Yucatán, por el asesinato de su esposa Flor Ileana Mafud. El caso lo perdió en la Suprema Corte en 2005.
Ahora, con la encomienda de echar a andar la reforma penal aprobada a principios de año, su excompañero de la Escuela Libre de Derecho (ELD), el presidente Felipe Calderón Hinojosa, designó a Gómez Mont sucesor de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación muerto el martes 4 al desplomarse el avión en que viajaba.
El lunes 10, cuando Calderón anunció su designación, lo calificó de "modernizador" y "reformador", así como "pieza clave en el proceso de transición democrática" a partir de la elección presidencial de 1988.
En la primera mitad del sexenio de Salinas, de 1988 a 1991, al tiempo que Fernández de Cevallos acercaba al PAN al salinismo con el propósito de contener el ascenso de la izquierda con Cuautémoc Cárdenas a la cabeza, Alcántara Soria era diputado federal del PAN y Gómez Mont encargado de representar al PAN en la creación del IFE y en la defensa del voto.
El poder como meta
El presidente del partido era Luis H. Álvarez; y sus operadores, Fernández de Cevallos y el ya fallecido Carlos Castillo Peraza, mentores, respectivamente, de Gómez Mont y de Felipe Calderón. Ambos, hijos de fundadores del PAN: Felipe Gomez Mont y Luis Calderón Vega.
El PAN justificó su actuación como la de una "oposición leal". La estrategia resultó: en la primera mitad del sexenio de Salinas el PAN se había convertido en la segunda fuerza política del país.
En entrevista con la reportera Verónica Espinosa, Alfredo Ling Altamirano señala que en 1988, junto con Felipe Calderón y Gerardo de los Cobos, actual presidente del PAN en Guanajuato, Gómez Mont fue enviado por Luis H. Álvarez a reclamar el triunfo panista en la presidencia municipal de Celaya, la primera que ganó el partido en el estado.
De 1991 a 1994, el ahora secretario de Gobernación fue diputado de la LV Legislatura. Fernández de Cevallos era el coordinador de la bancada del PAN. Desde entonces se le conoce como El Jefe Diego. Por su cercanía con Salinas, negoció la presidencia de la Comisión de Justicia para Gómez Mont. Compañero de esa fracción parlamentaria fue Felipe Calderón.
Apenas iniciada la Legislatura, Fernández de Cevallos avaló, en diciembre de 1991, la quema de las boletas de la fraudulenta elección presidencial de 1988 por la que Salinas llegó a la Presidencia de la República.
De comienzos de los noventa viene otra de las relaciones que con el paso del tiempo fue productiva para las actividades litigantes del nuevo secretario: la que estableció con el exsenador priista Salvador Rocha Díaz, quien fue secretario de Gobierno y presidente de la Comisión Electoral de Guanajuato durante el gobierno interino de Carlos Medina Plascencia.
De las "reformas modernizadoras" de Gómez Mont, en la primera mitad de los noventa, da cuenta René González de la Vega, procurador General de la República y subprocurador general de Justicia del Distrito Federal durante el gobierno de Carlos Salinas:
"En 1993, cuando yo era subprocurador del DF, y él presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, durante el debate de la reforma constitucional logró que se reformara el artículo 116 de la Constitución y desapareciera el concepto de cuerpo de delito.
"En su lugar se estableció el de 'atentado contra todos los elementos del tipo', lo cual complicó la labor del Ministerio Público y del juez, pues no sólo les resultaba muy difícil comprobar el tipo penal, sino que se pervirtió la averiguación previa y se convirtió en un prejuicio con enormes expedientes que hacen inútil el juicio."
En 1999, se tuvo que dar marcha atrás a esa reforma y se volvió al concepto del cuerpo de delito, pero el daño ya estaba hecho y hasta la fecha existe una práctica viciada y abusiva del Ministerio Público, añade el ahora profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Reformas a modo
Asegura que si bien en la reforma del 93 se fijó en el artículo 16 de la Constitución que ningún indiciado debe ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, también abrió la puerta para que en el Código de Procedimientos Penales los delitos financieros fueran considerados como "no graves"; lo que años después permitió la exoneración de implicados en operaciones fraudulentas.
Gómez Montt prolongó su influencia al siguiente sexenio, también de la mano de Fernández de Cevallos, quien le propuso a Zedillo que lo designara al frente de la PGR. Dos obstáculos se lo impidieron: la edad y su relativamente tardía titulación como abogado de la Escuela Libre de Derecho (ELD).
Con sólo 31 años de edad, para cuando Zedillo asumió la presidencia en diciembre de 1994, no cumplía con el perfil establecido en el artículo 102 de la Constitución. El ordenamiento exige una edad mínima de 35 años para ser el abogado de la República. Pero también, una antigüedad mínima de 10 años con título profesional de licenciado en derecho.
De acuerdo con el catálogo de exalumnos de la ELD, donde le pusieron el mote de El Feo, presentó su examen profesional el 28 de noviembre de 1986 con la tesis "El principio Nemo Auditur Turpitudinem Propian Allegans ante las excluyentes de la responsabilidad penal". Ese mismo año se titularon sus compañeros Felipe Calderón y Javier Lozano Alarcón, actual secretario del Trabajo.
En 1989, Gómez Mont se integró al despacho fundado por Fernández de Cevallos, aunque la relación profesional y política entre ambos es mucho más antigua, pues el exsenador y excandidato presidencial del PAN que compitió con Zedillo, trabajó en el despacho de Felipe Gómez Mont, padre del ahora secretario de Gobernación.
En 1995, al tiempo que fungía como asesor de Lozano Gracia en la PGR y de Zedillo en la Presidencia de la República, Fernando Gómez Mont se asoció con su compañero de generación Julio Esponda Ugartechea y Alberto Zínser Cieslik.
Como asesor de Lozano Gracia conoció de las investigaciones de los asesinatos del cardenal Jesús Posadas Ocampo, del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y del presidente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, ocurridos al final del sexenio de Salinas.
En el gobierno de Zedillo también conoció de la persecución de Zedillo contra Raúl Salinas, a quien Lozano Gracia lo responsabilizó de ser el autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu, su excuñado. Después de 10 años de cárcel, Raúl Salinas fue exonerado en 2005.