La batalla por medir la inflación

La medición de la inflación se ha convertido en un factor de enfrentamiento político entre el Banco de México y el Inegi, ambos organismos con autonomía técnica que asoman, sin embargo, posiciones encontradas en la medición de los precios. La disputa no es menor: el indicador sirve de argumento para adoptar políticas económicas públicas que afectan a millones de mexicanos

Isabel Cárdenas

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), que encabeza Guillermo Ortiz, buscará por todos los medios legales, institucionales y mediáticos que la metodología para medir la inflación permanezca sin cambios, aunque sea responsabilidad de otro organismo.

Mientras tanto, Eduardo Sojo, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se prepara para asumir en un futuro próximo dicha medición y aunque esto sería en los próximos tres años, ya sumó a la nómina del organismo más de 400 nuevos colaboradores, con el propósito de fortalecer, primero, sus cuadros panistas y, después, tomar el control de la generación de las principales estadísticas en el país, entre las que se encuentran la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el Índice Nacional de Precios al Productor.

La información sobre estas nuevas contrataciones puede ser consultada ahora por cualquier trabajador del Inegi a través del sistema Intranet del organismo.

La tarea de medir la inflación ya no será competencia del Banco de México, luego de que el Congreso de la Unión autorizó la autonomía del Inegi y la conformación de su Junta de Gobierno. Guillermo Ortiz y Manuel Ramos Francia, en el Banco de México, manifestaron a funcionarios del Instituto su deseo de que no se modifique el sistema de cálculo de la inflación.

En abierta oposición a la petición de los directivos del Banxico, el Inegi respondió su interés de ampliar, desde ahora, dicha medición y difundir otros indicadores sobre precios, tanto en sectores urbanos como rurales, y cobertura en medios agrarios que actualmente no se realiza.

El Banco de México teme, sin embargo, que la difusión de un mayor flujo de información sobre una variable tan sensible para el control de las tasas de interés genere incertidumbre en los mercados financieros y en la economía, y que sus decisiones en materia de réditos pareciese que no corresponden con la realidad del país.

Pero será a partir de 2011 –un año antes de las elecciones presidenciales del próximo periodo– cuando concluya la etapa de transición para que el banco central deje en manos del Inegi la medición y liberación de información sobre la inflación, lo que podría convertirse en una herramienta política en manos del gobierno panista, esto preocupa desde ahora a algunos priistas.

Algunos analistas, como Jonathan Heath, del banco inglés HSBC –a quien se le considera un acérrimo crítico del Banco de México y de algunas decisiones de su gobernador, Guillermo Ortiz–, han sugerido que se revise la disposición de la nueva ley del Inegi en materia de medición de inflación.

El cambio de mandos en el banco central también agudiza el enfrentamiento. El próximo año, el presidente Felipe Calderón tendrá que enviar su propuesta de relevo para ocupar el puesto de gobernador del Banco de México que dejará Guillermo Ortiz. Los nombres de Agustín Carstens y algunos de los subgobernadores se mencionan para ocupar ese cargo, que la Cámara de Senadores podría vetar o apoyar.

En Argentina, por ejemplo, se ubica un caso interesante de manipulación del ritmo de crecimiento de los precios en beneficio de los políticos. Fue en la recta final de las elecciones que llevaron a Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia, cuando se aplicó un control de precios y, a pesar de ello, la inflación no cedía. En ese momento, el organismo responsable de medir el ritmo de los precios (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) aplicó, por órdenes de Néstor Kirchner, una metodología distinta para reducir la inflación y mejorar el ambiente electoral para su esposa.

La lucha por la inflación no será sencilla. En la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, la legislación orgánica del Inegi –que lo dota de autonomía– establece que si bien será en 2011 cuando se entregue por completo la estafeta de la medición de la inflación, la participación de ese Instituto será creciente en las actividades del Banco de México relacionadas con este objetivo. Esta posibilidad de injerencia es la que ha desatado el enfrentamiento entre ambos organismos.

El argumento técnico que ofrecieron el gobernador y el director general de Investigación Económica del banco central a funcionarios del Inegi, fue que, tal y como se levantan y dan a conocer los resultados de la muestra, la metodología resulta útil y eficaz para la aplicación de la política monetaria nacional. Esta última determina la oferta de papel moneda a través de las subastas de Certificados de la Tesorería (Cetes) y el nivel de las tasas de interés.

Lo más relevante, sin embargo, es que el Banxico emite papel para financiar al gobierno federal y ello, en sí mismo, fue considerado por los legisladores como un claro conflicto de interés. El Banco de México podría manejar las tasas a su favor para reducir los costos financieros del gobierno federal o, en el peor de los casos, ignorar que la población sí está sujeta a presiones de precios en su consumo básico, pero informar que mantiene bajo control los precios.

Además, argumentaron, según funcionarios del Inegi que confirmaron el enfrentamiento entre ambos organismos, que el INPC ya recibió la certificación ISO-9001, que garantiza que su elaboración y actualización responda a procesos de alta calidad.

La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Irma Sandoval, asegura que uno de los principales problemas que enfrenta el Inegi es que la reforma que lo convirtió en organismo con autonomía técnica incurrió en un pecado de origen: que el nombramiento de su presidente y los miembros de su Junta de Gobierno son potestad del presidente y que difícilmente podría cambiar el Senado.

El Banco de México, sin embargo, tampoco se ha caracterizado por la transparencia de sus procesos, a pesar de que la medición de la inflación se encuentre avalada por una certificación ISO-9000.

“Banxico se precia mucho de ser la primera institución autónoma y de gran autonomía, pero yo creo que es momento de tener una lectura crítica”, dice la académica que realizó una investigación sobre los conflictos de interés y la opacidad en la toma de decisiones de la Comisión de Cambios que preside el gobernador del Banco de México.

El problema, asegura la investigadora, es que la transparencia se está convirtiendo en un cliché, en un momento en el que se está pugnando por una herramienta efectiva para el combate a la corrupción. “Esa transparencia no está sembrando frutos”, dice Sandoval.



La lucha por la credibilidad

Desde 1929, el Banco de México se hace cargo de la medición de la inflación. No obstante, fue hasta después de la devaluación de diciembre de 1994 y de su proceso de autonomía técnica cuando el banco central comenzó a adquirir credibilidad en la elaboración de este indicador. Las tasas de inflación de sólo un dígito también contribuyeron a alimentar esta creencia sobre la certeza y transparencia de sus mediciones. Pocos analistas dudaban de los resultados del Banco de México. Ahora el Inegi, con la sombra de un control panista, tendrá que ganar la misma credibilidad.

En 1993, cuando el Poder Legislativo aprobó la ley que dotó de autonomía al Banxico, también se estableció el compromiso de trasladar al Inegi –una vez que también adquiriera la condición de autonomía técnica y que su Junta de Gobierno entrara en funciones– la responsabilidad de la inflación.

En ese momento, se argumentó que el banco central enfrentaba un claro conflicto de interés al medir los precios, el principal factor que determina la política monetaria. Su Junta de Gobierno, conformada por Ortiz, Everardo Elizondo –a punto de ser relevado–, José Sidaoui, Roberto del Cueto y Guillermo Güemez, también tiene en sus manos la emisión de papel moneda y la determinación de los montos de Cetes a subastarse entre bancos nacionales y extranjeros.

Con un ejército de encuestadores en todo el país –más de 700–, Javier Salas Martín del Campo, director de Medición de Precios de Banco de México, levanta encuestas en 46 ciudades de al menos 315 productos genéricos y más de 180 mil precios. Antes de cada reunión de la Junta de Gobierno de Banxico, en donde se determina la política de tasas de interés para la economía nacional, Salas entrega al gobernador y a los vicegobernadores un detallado informe de las tendencias que amenazan al control de precios.

En una entrevista, Javier Salas aseguró que al estar certificada la metodología de medición de precios y que el INPC se trabaje con una guía por escrito y con reglas claras, no se le permite al Banco de México utilizar o manipular la información.

Hasta hace año y medio, cuando los precios del maíz y la energía no modificaban sustancialmente el espectro de costos de muchas cadenas de consumo, la inflación permanecía en línea con las expectativas y objetivos del Banxico y la Secretaría de Hacienda. Ahora, sin embargo, el Banco ha ajustado en varias ocasiones sus metas para la inflación correspondiente a 2007 y 2008, bajo el argumento de que los precios de las materias primas siguen impactando a la economía mexicana.

En enero de 2008, luego del alza al precio del maíz y de la tortilla, la inflación comenzó su espiral ascendente. La inflación, considerada como el impuesto más oneroso para los pobres, hoy es sujeto de negociación política.

Otro de los puntos de controversia entre el Banco de México y el Inegi es la contratación de los encuestadores, entre quienes Salas Martín ha reclutado a extrabajadores pensionados del Banxico y a amas de casa que, en su opinión, son verdaderas expertas. Salas califica a sus encuestadoras como verdaderos profesionistas de carrera en medición de precios.



El pago por la inflación

Una empresa externa, contratada bajo el esquema de outsourcing, mantiene bajo contrato a los encuestadores del Banco de México, con prestaciones y paquetes sociales similares a los del Instituto, lo que en opinión de este último resulta muy costoso. El Banxico, hasta ahora, no ha dado a conocer los detalles de la operación tras bambalinas, en la medición de la inflación, aunque sí revela las fórmulas matemáticas y los logros para la certificación de ISO 9000.

A mediados de 2007, cuando el proyecto legislativo para dotar de autonomía técnica al Instituto registraba un retraso de seis meses, el banco central ya se preparaba para la transición al Inegi de un índice de precios perfectamente armado y documentado con el aval del modelo ISO 9000.

Entre el Banco y el Instituto, pedía Salas, debía haber una comunicación profesional para que éste recibiera el índice en las mejores condiciones bajo el estándar que ya fijó el Banxico. Esa transición comienza de manera accidentada. El Banco de México, de acuerdo con las fuentes consultadas, tampoco considera que el levantamiento de esas encuestas deba utilizarse, como pretendía el Inegi, para generar otros productos, lo que permitiría maximizar la inversión que se realiza y que ahora sólo beneficia a las decisiones de política monetaria del banco central.

No obstante, los funcionarios de alto nivel del Banxico consideran que el Instituto no tiene que buscar objetivos de ese tipo, porque simplemente no recibe recursos del presupuesto público, sino que se ha convertido en un organismo totalmente autónomo que obtiene recursos del manejo y rendimientos de las reservas internacionales.

Funcionarios del Inegi argumentaron, sin embargo, que se trata de recursos públicos, dado que las reservas son propiedad de la nación y sus rendimientos también.

Ahora, el Instituto puede producir cualquier otra información de interés nacional cuando así lo determine la Junta de Gobierno, sujeto a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente. Por ello, buscaban aprovechar estos años de transición con los recursos que aún invierte el Banco de México.

El banco central ya prepara la embestida. Ante las críticas de opacidad que ha recibido el Inegi, no sólo por el manejo de los recursos sino por la nula información que ofrece sobre las resoluciones de su Junta de Gobierno, Guillermo Ortiz asegura que en el Banco de México el ejercicio de la transparencia no se ha limitado a cumplir con el requisito normativo, sino que la ha utilizado activamente como un instrumento para cimentar el consenso social en torno a la estabilidad, a la misión de reducir la inflación y, por supuesto, para dar mayor efectividad a la política monetaria: su única preocupación.