JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Ante el rápido aumento de las violaciones a los derechos humanos por parte de militares, varias organizaciones sociales, e incluso países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, abogan por la modificación del fuero militar en México. Pretenden combatir la impunidad que se escuda en los operativos contra el narcotráfico y que las víctimas de abusos castrenses obtengan justicia en tribunales civiles.
Con más de mil 600 quejas contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos al amparo de los operativos antinarco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está sometida a prueba por familiares de una de las víctimas asesinadas por militares en Sinaloa, que le piden revisar el fuero militar para que los tribunales castrenses dejen de investigar casos que involucran a civiles.
La misma demanda le fue planteada al Estado mexicano apenas en febrero pasado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra. Varios de los países integrantes insistieron en que México debe modificar su legislación para que el Ejército deje de investigar los casos en los que civiles son víctimas de militares, y de esa manera el país respete los instrumentos internacionales que ha firmado.
En el gobierno de Felipe Calderón, los abusos cometidos por militares se han incrementado en número y en gravedad. Tal es la incidencia, que de 23 recomendaciones dirigidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Sedena desde el año 2000, 20 han sido emitidas en los últimos dos años.
La CNDH recibió un total de mil 602 quejas en contra de efectivos militares entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. Esa cifra excluye las quejas recibidas por las acciones del Ejército en Chilpancingo, Guerrero, y Cancún, Quintana Roo, después del asesinato de una decena de militares, unos en activo y otros en retiro.
De esas quejas, en por lo menos ocho casos la CNDH ha comprobado que se trata de violaciones graves, como privación arbitraria de la vida, tortura, violaciones, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego, sobre todo en Michoacán, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, donde actualmente el Ejército despliega operaciones especiales contra el narcotráfico.
Lea el texto completo en la edición 1688 de Proceso, que está ya en circulación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario