Adiós a las armas… ¡nunca!

J. JESúS ESQUIVEL

En teoría, a través del discurso de sus funcionarios,  el gobierno estadunidense reconoce el tráfico ilegal de armas que abastece a los cárteles y alimenta la narcoviolencia en México, y hasta se ha comprometido a tratar de contenerlo. En vísperas de la visita de Barak Obama a México, nadie ve posible en el país vecino  un cambio legislativo que resuelva el problema. Para algunos, las presiones de Calderón resultan "ridículas" ante el poder económico de quienes cabildean para preservar el derecho a exportar la muerte.

 

Este es un adelanto del reportaje, contenido completo en la edición 1693 de Proceso.

 

WASHINGTON.- La exigencia de Felipe Calderón de que Estados Unidos asuma la parte de responsabilidad que le toca en la lucha contra el narcotráfico enfrenta serios problemas en el Capitolio, donde algunos legisladores consideran "casi imposible" cambiar la Constitución para detener el tráfico ilegal de armas de fuego a México.

"En estos momentos, y en un futuro cercano, yo no veo ninguna posibilidad de que hagamos un cambio constitucional sobre la venta de armas, simplemente porque nos lo pide el gobierno mexicano", dice a Proceso el demócrata neoyorquino Eliot Engel, presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes. "Es lamentable, pero es la realidad", sostiene.

Calderón culpa a la laxitud en la venta de armas de fuego y municiones en Estados Unidos de ser el motor de la narcoviolencia que priva en gran parte del territorio mexicano. De hecho, la secretaria de Estado Hillary Clinton reconoció en su reciente visita a México que el 90% de las armas de fuego que usan los cárteles del narcotráfico mexicano son de manufactura estadunidense.

En Washington, tanto el presidente Barack Obama como el Congreso federal admiten el problema, pero aunque públicamente se dicen dispuestos a contener el flujo ilegal de armas, políticamente están sometidos a los intereses que alimentan la cultura armamentista estadunidense.

Engel, uno de los pocos líderes del Congreso estadunidense que aboga por "hacer todo lo que se pueda" para detener el tráfico ilegal de armas de fuego a México, resume: "Hay muchos millones de dólares detrás de la defensa constitucional para poseer y portar armas en este país, y está demostrado en nuestra historia reciente que quien se atreve a promover un cambio constitucional en este sentido está destinado al fracaso y a la pérdida  de su puesto como funcionario público. Aunque el presidente Obama quiera ayudar a México en este sentido, no se va a atrever a hacerlo, ni nosotros (los demócratas) en el Congreso y mucho menos los republicanos".