Recorte a universidades: gobierno sin visión

Recorte a universidades: gobierno sin visión

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, anunció ayer, durante una reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que el gobierno federal aplicará un recorte presupuestal de uno por ciento a las universidades públicas en el país para lo que resta de este año, lo que representa un monto de 800 millones de pesos. Tras el anuncio, el funcionario agregó que serán las propias instituciones educativas las que irán definiendo con su buen juicio y criterio los rubros que se verán afectados por esta disminución, a la que calificó como francamente menor y muy pequeña, para garantizar que (las universidades) sigan operando sin ningún problema. Por su parte, en el mismo encuentro, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México –institución que verá reducida su participación presupuestal en más de 200 millones de pesos–, José Narro, lamentó la determinación del gobierno federal y advirtió que se ha perdido el interés por el futuro.

Debe advertirse en primer lugar que, contrario a lo que afirma el titular de la SEP, el recorte resulta por demás grave para las universidades públicas, porque en él no se cuantifica la pérdida que a consecuencia de la devaluación y la inflación han sufrido ya los recursos entregados a esas instituciones, consideración que, por sí sola, tendría que obligar a las autoridades a realizar los correspondientes ajustes al alza. En ese sentido, el anuncio de ayer es la profundización del acoso financiero aplicado a las universidades públicas en décadas recientes y expresa a cabalidad el desdén del que es objeto la enseñanza superior estatal a los ojos del modelo neoliberal y privatizador que aún prevalece en el país.

La presente crisis ha hecho evidente la pertinencia y necesidad de reactivar los motores del desarrollo y la economía interna. En México, tales propósitos demandan el empleo de recursos públicos en el sector educativo, del que depende la formación y la capacitación de la población y, con ello, el incremento en la competitividad nacional. Cabe señalar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) advirtió recientemente que elevar en un grado la escolaridad de la población de un país equivale a elevar su producto interno bruto en uno por ciento.

Ciertamente, la actual situación hace obligado que el gobierno emprenda medidas de racionalización y austeridad en la inversión pública, pero estos recortes no pueden ni deben hacerse en ámbitos estratégicos como la educación, la salud y el gasto social: los recursos necesarios deben provenir, en cambio, de disminuciones a los salarios y prestaciones principescas de que goza la alta burocracia.

Es significativo, al respecto, que ayer se haya firmado un decreto que imposibilita a los servidores públicos a ganar más que el titular del Ejecutivo federal, medida necesaria, pero insuficiente para moralizar el régimen de percepciones de los altos funcionarios gubernamentales y del conjunto de la clase política.

Un factor adicional para deplorar el recorte presupuestario anunciado ayer por Lujambio es la profunda insensibilidad que reviste con respecto de sus posibles consecuencias sociales. En países como el nuestro, donde las perspectivas de empleo y desarrollo personal de los jóvenes son por demás escasas, los centros universitarios del Estado desempeñan funciones de contención de inconformidad y tensiones sociales. En la medida en que el gobierno no emprenda una dignificación presupuestaria de esas instituciones estará contribuyendo a la gestación de escenarios de inconformidad como los que ya se han presentado en el Distrito Federal y Oaxaca, producto del alto número de rechazados de los ciclos de educación superior.

En suma, y como advirtió pertinentemente el rector de la UNAM, la medida encierra una lamentable falta de visión de Estado, de perspectiva hacia el futuro y de proyecto de nación por parte de la presente administración, que debe ser corregida si lo que se quiere es garantizar la viabilidad del país.