CONFLICTO POR TIERRAS EN CAMPECHE

SAMULA, EL PRÓXIMO EBULÁ.

CONFLICTO SOCIAL EN CAMPECHE.

Miguel Valladares y Roberto Grajales.

En el año 2003, miles de familias sin hogar ocuparon predios del ejido de Samulá, que se encuentra dentro de la ciudad de San Francisco de Campeche, capital del Estado de Campeche; las tierras ocupadas se encontraban desde hace años en estado ocioso y ante la necesidad de construirse una vivienda les dieron utilidad.

Varios autodenominados líderes dirigieron la ocupación de estas tierras, dividiéndose así en cuatro colonias. Todos ellos cobraron el derecho de asentamiento como si se tratara de terrenos bajo su propiedad. Uno de estos “líderes” se llama Noé Quijano, agrupó a 350 familias al suroeste del ejido y mantuvo un control autoritario sobre ellas, comenzando con poner tiempos definidos para la construcción de las viviendas y en caso de que alguien no cumpliera el plazo, los porros a su servicio desalojaban con violencia o los dejaban terminar a cambio de dinero.

Los colonos trazaron sus calles, hicieron sus postes para energía eléctrica y tiraron sus cables, hicieron su red de agua potable y, luego de percatarse del avance, llegaron la Comisión Federal de Electricidad a instalar sus medidores para cobrar el servicio, lo mismo la Comisión de Agua Potable con el suministro de agua, sin devolver ni un centavo a los pobladores por el empleo de su mano de obra o sus recursos.

La terrateniente y las divisiones.

Hace un año aproximadamente entró a foco la adjudicada dueña de la mayoría de los predios, Deysi Calderón, viuda del ex funcionario federal Arcadio Echeverría, quien muriera junto a Juan Camilo Mouriño en el supuesto accidente de avión del 2008 y que forma parte de la oligarquía política de abolengo en Campeche. Durante años la familia Echeverría Calderón no se ocuparon o preocuparon por los predios que acapararon durante años de influencia política; pero al convertirse en albacea, Deysi Calderón dio cuenta de que tenía 7 años que las tierras eran aprovechadas por familias de escasos recursos y comenzó a planear los desalojos.

Aprovechando la división y enemistad que había entre los ”líderes” de los colonos, los convenció de confrontarse para que los pobladores de una colonia desalojaran a la otra, a cambio de respetar los predios de la que resultase victoriosa. Noé Quijano fue quien más acercamiento tuvo con la terrateniente y el 15 de noviembre del 2009 convenció a 200 jefes de familia de la colonia bajo su yugo de realizar un desalojo a la colonia vecina, bajo promesas de regularización de su terreno y amenazas de sacarlos si no lo apoyaban.

Uniformados con camisetas blancas, cortesía de Calderón, acudieron al predio y agredieron a los que se encontraban en ese momento trabajando en la zona destinada a cultivos. El saldo de violencia fue altísimo, pero Deysi Calderón logró su cometido y utilizando su poder político logró el encarcelamiento de uno de los pseudo líderes, Alejandro Estrella y de varios pobladores más. Incluso, la viuda de Echeverría donó parte de esos terrenos al ejército de la 33va zona militar residida en Campeche, ganándose así el beneplácito de los altos mandos quienes enviaron soldados para terminar de desalojar el predio. Hoy día se encuentra cercado y ostenta un letrero que dice “Propiedad del Ejército Mexicano”.

Como premio, la terrateniente y su hermano Gabriel, patrocinaron los festejos navideños de la colonia bajo control de Quijano que además, por petición de la viuda, bautizaron “Arcadio Echeverría Lanz” en memoria del fallecido funcionario.

Amenazas de desalojo, el Ejército al servicio de un particular.

En enero del 2010, Noé Quijano comenzó a amenazar de desalojo a sus otrora subordinados de la colonia Arcadio Echeverría, para beneficio de la construcción de un Wall-Mart (versión que no ha sido confirmada, pero que no es descartable ya que Samulá tiene ahora una importante zona urbana). Quijano se vanaglorió de tener el apoyo de la Policía Judicial y para demostrarlo llevó una camioneta oficial con policías de la dependencia, quienes secuestraron a dos jóvenes de la colonia, los golpearon y luego los liberaron con la orden de advertir a todos que pronto iban a ser desalojados. Nadie denunció los hechos por temor.

El 29 de junio desde un vehículo Quijano voceo con un altoparlante que todas las familias debían abandonar sus hogares porque los iban a desalojar con la fuerza pública. Los vecinos de la colonia, preocupados decidieron irse a manifestar al palacio del gobierno estatal donde luego de unas horas fueron atendidos por un funcionario (que no supieron identificar), quien les dijo que no había ninguna orden de desalojo en su contra, que se mantuvieran tranquilos y abandonaran el palacio cuanto antes porque el “gobernador se podía encabronar”. Ese día nos sumamos a su protesta algunos adherente a la Otra Campaña en Campeche, quienes luego de conocer el contexto general del conflicto les advirtieron que no cesaría tan fácilmente y les señalaron el gravísimo error de haberse confrontado con personas de la colonia vecina que se encuentran en la misma condición que ellos.

El 1 de julio volvió Quijano, amenazando con desalojarlos utilizando a los porros a su servicio, por lo que los vecinos preocupados se organizaron y solicitaron la presencia de los adherentes a la Otra Campaña que los apoyaron en la protesta, quienes acudimos a acompañarlos en la vigía nocturna. Alrededor de las 11:30 p.m., intentaron ingresar decenas de personas vestidas de negro por la parte norte y sur de la colonia quienes hicieron disparos al aire en forma amenazante, pero huyeron al ser descubiertos por un grupo de vecinos que hicieron volar 4 fuegos artificiales para avisar al resto de la colonia. Se dio parte de los hechos a la Policía Estatal Preventiva (PEP), donde acudieron 2 patrullas pero no hicieron más que tomar testimonio de los vecinos y se retiraron bajo la excusa de que no tenían orden de proceder.

Media hora después acudieron al lugar un convoy del Ejército, uno de la Marina y una patrulla de la Policía Federal, quienes interrogaron sobre el origen de los balazos. Los vecinos les explicaron lo sucedido y les pidieron que se quedaran a resguardar el orden, pero los elementos castrenses y la policía federal se marcharon alegando que era asunto de la PEP y que sólo fueron porque se había reportado una balacera. Al día siguiente la prensa local publicó de forma distorsionada los hechos, inculpando a los vecinos de la colonia Arcadio Echeverría de los balazos.

“No vayan a convertir a Samulá en otro Ebulá”

Gobernación citó a una reunión el día 3 de julio, a donde acudieron una comisión representativa de los colonos, la terrateniente Deysi Calderón y como supuestos mediadores funcionarios de la Secretaría de Gobernación del Estado.

En la junta los funcionarios advirtieron que el gobierno no tiene dinero para expropiar los terrenos, a lo que los colonos respondieron que ellos estaban dispuestos a pagarlos, a lo que Deysi Calderón se negó y amenazó que si el gobierno no la apoya con el desalojo contrataría a particulares para hacerlo, sin importar si hay niños o ancianos e incluso si alguien se muere en el proceso, por lo que dio un plazo dos meses para buscar a dónde irse, para luego rectificar diciendo que tenían un mes.

La comisión de colonos señalaron que no se marcharían pues esas tierras y lo que han trabajado en ellas, los hogares que han construido, son su único patrimonio; a lo que los representantes del gobierno de Campeche, encabezado por el priísta Fernando Ortega (quien irónicamente tiene como eslogan del sexenio: gobierno justo y solidario) dijeron: “piénsenlo, tienen un mes, no vayan a convertir a Samulá en otro Ebulá”[1] según testimonio de los propios colonos.

La reunión terminó con la explícita amenaza de la viuda de Echeverría de realizar un desalojo fuera de los marcos legales, por lo que los colonos, apoyados por adherentes a la Otra, realizaron una rueda de prensa el 5 de julio ante medios locales para dar a conocer el problema, pero éstos se han dedicado a condenar a los pobladores de la colonia Arcadio Echeverría.

Este artículo es en respuesta a este cerco mediático que se construyó en torno al conflicto en Samulá, pues los medios comerciales responden a los intereses de las clases poseedoras, por lo cual les pedimos que difundan ampliamente esta información entre sus contactos y de ser posible la publiquen en los medios alternativos que tengan a su alcance.

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[1] La referencia se debe al conocido conflicto en San Antonio Ebulá, Campeche, donde otra familia de terratenientes y políticos, los Escalante, realizaron un ilegal y violento desalojo en el 2009 a finales del sexenio de gobierno de Jorge Carlos Hurtado, sellado por diversos actos represivos a movimientos sociales y que heredó el conflicto a su correligionario del gobierno actual. El hecho fue condenado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, además de que diversas organizaciones civiles y de derechos humanos nacionales e internacionales realizaron un amplio informe documentando las diversas violaciones, que las autoridades de este y el anterior sexenio pasaron por alto, en perjuicio de más de 70 familias humildes.

Fuente: Notas Rebeldes

Difusión: Soberanía Popular