Pronunciamiento conjunto de las organizaciones y comunidades asistentes al “Encuentro Nacional por la Justicia y la Seguridad de los Pueblos”.

En el marco del xv aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias (CRAC-PC), las organizaciones sociales asistentes, confluimos en este espacio para encontrarnos, intercambiar experiencias y formas de luchas con la finalidad de solidarizarnos y articular los procesos organizativos que nos permitan caminar de manera colectiva y hacer realidad nuestros derechos.

Considerando que:

1.- Ante la falta de reconocimiento integral y efectivo de nuestros derechos colectivos como pueblos originarios y afrodescendientes, en la Constitución y ante las reiteradas violaciones a los estándares internacionales que establecen los derechos de los pueblos originarios.

2.- Que los aparatos de seguridad y justicia del estado, están permeados por la corrupción siendo totalmente incapaces de brindar seguridad e impartir justicia para el pueblo. Que su utilización ha sido facciosa con el fin de diezmar, desarticular y reprimir a las organizaciones sociales y comunidades que con dignidad han decidido alzar la voz para denunciar los abusos y atropellos del gobierno y del sistema capitalista.

3.- Que a pesar de ser los primeros pobladores de este continente y de participar en los procesos sociales que dieron origen a México como nación y nuestra permanente lucha por mejores condiciones de vida, hasta la fecha no se valora ni se toma en cuenta nuestros aportes, soslayando nuestros derechos elementales al territorio, a ser sujetos de derecho público, a la autonomía y la libre determinación.

4.- Además de la negativa a reconocer nuestros derechos colectivos, se agrega la sistemática violación a nuestros derechos sociales e individuales establecidos en la constitución. Las leyes y los aparatos de justicia son utilizados para acallar las voces de los que reclaman el cumplimiento efectivo de los derechos. Este gobierno de los multimillonarios ha convertido el derecho a la protesta en un delito, dando un trato de criminales a los luchadores sociales, mientras que los verdaderos delincuentes gozan de la protección e impunidad del estado.

5.- La política entreguista de este gobierno convierte en negocio privado nuestros derechos elementales a la educación, salud, vivienda, producción y alimentación para exentar al estado de su responsabilidad social, lo que representa una flagrante violación a la Constitución, los Tratados y Convenios Internacionales. Los programas sociales de este gobierno más que una solución a la pobreza y marginación constituyen una herramienta de cooptación y manipulación política, que diezma nuestra identidad y organización comunitaria.

6.- Las leyes, políticas, programas, megaproyectos que sigue implementando el gobierno en los territorios de los pueblos originarios, ignoran la decisión y la existencia misma de los pueblos, justifican el despojo y violan flagrantemente los instrumentos jurídicos internacionales.

7.- La cultura patriarcal impuesta en nuestro país en los últimos cinco siglos ha dado un trato de objeto comercial y sexual a las mujeres y de manera racista las discrimina en lo político, económico y lo social por ser mujer, pobre e indígena. Esta concepción discriminatoria que desvaloriza los aportes de las mujeres ha permeado en todos los ámbitos de la sociedad, incluido los movimientos sociales y los partidos. Dejando en estado de indefensión a las mujeres ante las instituciones gubernamentales y las políticas públicas.

8.- Ante la voracidad de los empresarios con la complicidad del gobierno para adueñarse del espacio radioeléctrico y seguir gozando de los dividendos que genera el negocio de los medios han creado las leyes para su beneficio, dando un trato de criminales a las comunidades que impulsan las radios comunitarias, libres, populares y otros medios alternativos de comunicación en manos del pueblo, lo que impide el pleno ejercicio de libertad de expresión, dejando al pueblo a merced del monopolio de los medios masivos de comunicación, desde los cuales ejercen el control político.

9.- El Estado – Nación de México se constituyó como la expresión de las clases poderosas y no del pueblo pobre y mucho menos de los pueblos originarios, cuyos derechos han sido negados históricamente. La clase política que ejerce el poder en este país no representa los intereses del pueblo trabajador y carece de legitimidad y ha conducido al país a un desastre económico, a una guerra de exterminio por todos los medios y a un callejón sin salida. Por otra parte ha declarado la guerra a todas las formas legítimas de organización y gobierno de los pueblos originarios, desde donde se construye una nación en la que quepamos todas y todos.

Por lo tanto, con la fuerza y legitimidad que nos dan nuestros derechos ancestrales, proponemos:

Primero: Seguir luchando por el reconocimiento y respeto de los derechos colectivos de los pueblos originarios en la Constitución y seguir ejerciendo nuestra autonomía y libre determinación en la vía de los hechos, para que junto con los demás sectores oprimidos construyamos la nueva patria.

Segundo: Fortalecer y reivindicar nuestros propios sistemas de seguridad y justicia emanados desde el pueblo y para el pueblo como es el caso de la CRAC-PC, basados en los valores de servicio, honestidad y reeducación.

Tercero: Recuperar la memoria histórica de nuestros pueblos y de nuestros héroes que desde tiempos inmemoriales han resistido y se han levantado en contra de las injusticias y el sometimiento pero que la historia oficial los ha borrado; valorando los aportes que para la construcción de esta nación hemos hecho, como en los procesos de lucha por la Independencia, Revolución y las luchas de liberación de los años sesentas del siglo pasado.

Cuarto: Reconocernos todos en cada uno de los movimientos que luchan buscando mejores condiciones de vida, solidarizándonos ante la represión, fortaleciendo los lazos de apoyo mutuo, comprometiéndonos aportar nuestros modestos esfuerzos para construir un camino común.

Quinto: Fortalecer los espacios y proyectos de educación, de salud, vivienda alternativas que nacen y responden a los intereses y necesidades de las comunidades. Nos proponemos decidir lo que sembramos producimos e intercambiamos, recuperar nuestras semillas criollas, dejar de ver la tierra como algo que se puede explotar y envenenar para satisfacer una necesidad, fortalecer la conciencia colectiva de que la tierra es la parte esencial de la vida. Rescatar nuestras relaciones de intercambio de productos, donde lo más importante sea la sana alimentación antes que el comercio para el enriquecimiento. Defender y utilizar de manera racional nuestros recursos naturales.

Sexto: A no legitimar las leyes, programas, políticas públicas y megaproyectos que nos desconocen de origen, como es el caso de la reforma a la constitución que impulsa la cúpula de poder en Guerrero.

Septimo: Promover la participación plena y el respeto de los derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad y equidad de género.

Octavo: Generar, fortalecer y ampliar los sistemas de comunicación comunitaria y alternativa en manos del pueblo. Exigimos respeto y cese a la persecución y represión en contra de las comunidades y colectivos que promueven las radios comunitarias, alternativas y populares.

Noveno: Promover, fortalecer ampliar todas las experiencias y formas de participación y organización comunitaria para construir desde el aquí y ahora, desde abajo y a la izquierda una nueva nación en donde todas y todos, seamos partes integrantes.

Nos pronunciamos por:

- La desmilitarización de los territorios de los pueblos indígenas y la libertad de todos presos políticos así como el castigo a los culpables de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

- Presentación con vida de todos los desaparecidos.

- Exigimos el respeto absoluto al uso de nuestros propios sistemas normativos.