La comparecencia de Calderón

Cuando en septiembre de 2007 el Senado aprobaba el nombramiento de Arturo Chávez Chávez en la Procuraduría General de la República, lo hacía en medio de una polémica que rayaba en el escándalo. Organizaciones ciudadanas y defensoras de derechos humanos denunciaban la improcedencia de nombrar a alguien que había ya sido procurador en Chihuahua cuando muchas mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez. Feministas y madres de mujeres asesinadas lo acusaban de omisión y negligencia en las investigaciones. En su comparecencia en el Senado, Pablo Gómez exhibía al inminente procurador en sólo algunos aspectos de sus limitaciones. Bastaba eso para evidenciar su indiscutible incompetencia. Le pidió definir el concepto “control de la delincuencia”. Chávez Chávez respondió con que a la delincuencia se tenía que combatirla, no controlarla. Y abundó con “si una persona comete un delito tiene que ser perseguida por eso, no controlado por eso”.

Era evidente que el señor Arturo Chávez no había entendido la pregunta. El legislador pedía la definición de un concepto cuyo entendimiento elemental es base para la instrumentación de cualquier política de seguridad pública. No pedía el cómo proceder con un delincuente. La distancia entre una y otra cosa es abismal. El procurador o no conocía el concepto o, peor aún, no entendía lo que se le preguntaba. Pablo Gómez le pidió entonces una definición sociológica del delito. Convenía saber la comprensión del eventual nuevo funcionario sobre un fenómeno que desde 2005 atravesaba por el eje el cuerpo social del país. El ahora procurador decidió antes de responder precisar algunas ideas. Emprendió entonces con un balbuceo de algunos minutos en donde, pese a todo, logró arribar a conceptos tan elaborados como el de “sin lugar a dudas el tema de la delincuencia es un fenómeno”, para inmediatamente articularlo con otra observación de una acuciosidad apabullante “…pero precisamente nace de la comisión de delitos y consecuentemente de los delincuentes…” Ambicioso como seguramente es, continuó con la elaborada reflexión “…si se pudiera suprimir la comisión de delitos y castigar a los responsables, desde luego que el fenómeno de la delincuencia se abatiría”. No tiene desperdicio.

Uno, el tema de la delincuencia no es un fenómeno, es un tema. La delincuencia es un concepto sociológico relativo matizado por las particularidades de códigos penales específicos, aunque en general la delincuencia comprende aquello que viola, vulnera o agrede las normas que cuidan de los bienes fundamentales de la sociedad. Vida, propiedad, instituciones, por ejemplo.

En su confusión, Chávez Chávez le dijo al senador Gómez que si se refería a políticas delincuenciales, desde luego tendría que ver estrictamente con el tema de la prevención. Verborrea se le llama a eso. Era claro que el designado procurador tenía problemas para entender lo que se le preguntaba. Pidió entonces al senador que le repitiera la pregunta. Patético.

Chávez Chávez llegaría a la PGR con señalamientos explícitos de madres de víctimas en Ciudad Juárez de haber hecho nada, ni siquiera recibirlas.

Los diferendos del antiguo procurador Medina Mora con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se resolvían con la gris figura de Arturo Chávez.

Ayer, en medio de los rumores y trascendidos de las dos últimas semanas en el sentido de que el procurador dejará el cargo, La Jornada publicó algunos de los cables de Wikileaks firmados por la nueva figura improcesable para el presidente, el embajador Carlos Pascual, de quien hizo pública su intolerancia, asunto que lo puso frente a un tapón de boca del gobierno norteamericano cuando éste simplemente le dijo que el representante del gobierno estadunidense en México es Carlos Pascual.

Para la embajada estadunidense, las características destacables del que entonces estaba a punto de ser procurador lo describen como un cuadro menor leal al fallecido Carlos Abascal. Puede darse por descontado entonces que el encargado de investigar la explosión de feminicidios en Ciudad Juárez debió haber compartido las trasnochadas y atípicas valoraciones sobre la mujer y su papel en la sociedad que tenía el ex secretario de gobernación de Vicente Fox. Más de 100 asesinatos, todos sin resolver, durante su gestión como procurador en Chihuahua ilustran sus capacidades. Su indiferencia hacia la tragedia se resume en la frase “las matan porque se visten como prostitutas”. Cuando Calderón lo postuló como procurador ya se sabía de la recomendación 44/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar la pesadilla femenina en Ciudad Juárez. El informe de la Comisión lo ubica como “responsable directo y personal” de esos crímenes porque no atendió debidamente las múltiples atribuciones de su puesto. Pero eso a Calderón le tenía sin cuidado.

Es posible pensar que la singular animadversión con la que Felipe Calderón ha tomado contra el embajador Pascual obedezca más a crudeza del lenguaje empleado por el diplomático que al deterioro de la relación bilateral que el Presidente le atribuye. No es difícil. El presidente Calderón ha exhibido en diversas y frecuentes ocasiones sus dificultades para procesar las opiniones que le son adversas. Enterarse, leer directamente del inglés incluso, que su estrategia de seguridad “carece de un aparato de inteligencia efectivo para producir información de calidad y operaciones dirigidas” debe ser algo muy difícil de encajar para la particular irascibilidad del señor Calderón. Afirmaciones como “funcionarios de la embajada que trabajan con funcionarios mexicanos reportan que el uso mexicano de inteligencia táctica y estratégica es fracturado, ad hoc, y se confía al apoyo norteamericano... pese a sus innumerables ineficiencias y deficiencias (cable 06MEXICO6871 SECRET SECTION 01 OF 05 MEXICO 003195 del 07/24/2019). Frases que equivalen a decir que el uso de información de inteligencia es punto menos que nulo y que las decisiones se toman sobre bases distintas al conocimiento preciso de la realidad. Lo que a su vez significa que las decisiones sobre seguridad en momentos de inseguridad tan acentuada se toman sobre consideraciones políticas cortoplacistas y necesidades de grupo, antes que por consideraciones de interés nacional. Las consecuencias de esta administración panista van mucho más allá de la barbarie de más de 36 mil muertes directamente asociadas a la naturaleza de sus particulares procesos de toma de decisiones. Las dos últimas administraciones han agotado, debilitado al Estado.

Fuente: La Jornada de Veracruz