Agentes del INM trafican migrantes

EDUARDO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

Cuando mencionamos el dinero que genera la migración “sin papeles” no únicamente nos referimos al salario legalmente obtenido por medio del trabajo que realizan los “exiliados económicos” fuera de sus países; a la riqueza que producen en las economías a donde llegan a laborar; a las ganancias que obtienen las compañías dedicadas al envío de las remesas; a los recursos que dejan en las comunidades que tocan a lo largo de su travesía; incluso a los millones de dólares que terminan en manos de las redes de coyotes que los mueven de país en país; también hablamos del dinero que el crimen organizado obtiene de ellos a través de los secuestros y la extorsión.

En la cadena delictiva establecida para efectuar los secuestros y cobrar los rescates, según se desprende de las declaraciones vertidas por los abogados del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), varios agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), continúan abusando de los desplazados que cruzan nuestro país en busca de la frontera para llegar al vecino del Norte. El último hecho donde se vieron involucrados agentes del INM se presentó el mes pasado en la zona denominada La Cuarentenaria en el estado de Tamaulipas, donde según la denuncia de poco más de cien “indocumentados” mexicanos y centroamericanos, en un aparente operativo oficial fueron detenidos, bajados del camión donde viajaban y posteriormente secuestrados por agentes del INM para después ser vendidos a Los Zetas en cinco mil pesos cada uno. Finalmente los plagiados fueron liberados por miembros del Ejército Mexicano en al menos dos operativos, el 19 y 25 de abril en Reynosa, Tamaulipas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirma que el año pasado fueron secuestrados 20 mil migrantes centroamericanos a su paso por México, y que presumiblemente las bandas criminales obtuvieron 50 millones de dólares por el pago de los rescates, y que al menos el 9 por ciento de los testimonios recabados denunciaron la participación de alguna autoridad en el plagio, incluidos agentes de Migración. Desde luego, estos no son los únicos casos, recordemos cuando el ex delegado del INM en Yucatán, Hernán Vega Bustos, fue acusado de participar en una red de tráfico de mujeres migrantes que eran obligadas a prostituirse; o cuando los cubanos han denunciado que en la estación de migración del sur de Veracruz las “autoridades” les cobran cinco mil pesos para dejarlos en libertad.

En el marco de esta lógica del terror que se establece contra los migrantes ¿cuántos de los ciento ochenta y nueve cadáveres que han sido localizados en las fosas clandestinas de Durango o los casi doscientos cadáveres en la narcofosas de Tamaulipas pudieran ser migrantes? ¿Qué porcentaje de los millonarios recursos obtenidos como rescates fueron a parar a manos de “servidores públicos” que lucran con la urgencia económica de los migrantes? Resulta imposible que se presenten niveles tan altos de corrupción sin que una parte del “gobierno” federal y de los gobiernos estatales y municipales no se encuentren coludidos con el crimen organizado. Es increíble que muchos ciudadanos señalen el lugar donde se encuentran las casas de seguridad que utilizan los secuestradores y diga quiénes son los policías que llegan a cobrar su cuota por la protección que brindan a las bandas criminales, y las “autoridades” no hagan nada para terminar con ese flagelo.

Las medidas anunciadas por el director del INM, Salvador Beltrán del Río para sustituir a siete de sus delegados regionales en el contexto de la depuración del organismo en los estados de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y San Luis Potosí, así como el reforzamiento del programa de Control de Confianza, aplicado a parte del personal del Instituto resultan paliativos insuficientes que lo único que intentan es maquillar los altísimos niveles de corrupción que existen en el INM.

Urge una limpia profunda en el INM pero desde los mandos superiores, porque seríamos muy inocentes si pensáramos que el dinero producto de la extorsión de migrantes se queda en los niveles inferiores del Instituto. Mientras esto no suceda los miles de migrantes mexicanos y centroamericanos que recorren la República Mexicana en busca de un lugar para vivir continuarán moviéndose por la sombra de un sistema “legal” que no les garantiza las condiciones mínimas para transitar de un lugar a otro.

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Fuente: La Jornada de Jalisco