Los miembros del Congreso tienen derecho de pertenecer a cualquier iglesia, así como a participar en actos clericales, siempre y cuando lo hagan a título personal, sin representar a un poder público. De lo contrario, si acuden ostentándose como legisladores lo que están haciendo es orientar su representación oficial a los intereses de un culto religioso, cuando se supone que son diputados para toda la población sin distinción de condiciones sociales, económicas o de credo.
Si no lo hacen así, están violando flagrantemente los preceptos constitucionales que permiten la libertad religiosa y establecen el Estado laico, como una manera de garantizar la pluralidad y diversidad social y cultural que domina en el país.
El argumento esgrimido por los diputados de que como fueron invitados por el Senado español el viaje adquiere un carácter oficial, y por tanto se justifica el uso de recursos públicos, es un abuso y un intento de burla para la sociedad, ya que la beatificación de cualquier personaje –sin importar de quién se trate– es en estricto sentido un acto religioso que no aporta ningún beneficio a la vida pública del país y que no tiene nada que ver con el desempeño de los legisladores locales.
México atraviesa una profunda crisis social, económica y de violencia que ha generado una estela de miles de muertos, desparecidos, desplazados y gente que ha perdido toda esperanza de un mejor futuro. Frente a estas condiciones, lo que la nación menos necesita es de caridad religiosa, beatos, rezos o diputados mojigatos. Lo que se requiere son fuerzas parlamentarias que sepan proponer y aprobar políticas públicas que resuelvan los problemas de la población. Y eso es lo que menos hacen los integrantes del Congreso local.
Fuente: La Jornada de Oriente
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