miércoles, 18 de mayo de 2011

Privatización de empresas públicas, consecuencia de las políticas predominantes


Arturo Huerta González

Felipe Calderón, al igual que sus antecesores desde Miguel de la Madrid a la fecha, sigue recibiendo premios internacionales por instrumentar políticas a favor del gran capital internacional. El 11 de mayo recibió el Premio al Liderazgo en Asuntos Internacionales 2011, en la ciudad de Washington. El día anterior había anunciado en una entrevista en la televisora Bloomberg (un medio dedicado a informar al sector empresarial y financiero de Estados Unidos), que enviará en septiembre al Congreso una iniciativa de reforma a Pemex, que incluya la posibilidad de vender acciones de la empresa, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En tal entrevista, Calderón dijo que ello puede ser una alternativa, y que habría que hacer otros cambios a la ley, ya que la idea “es que puedan llegar a todos los ciudadanos que las quieran adquirir”.

La justificación a todo proceso de privatización siempre es la misma. Se dijo que “el objetivo es modernizar a la paraestatal y estimular la producción”. Si ello fuera así, el país debería ser de los más modernos del mundo y con producción creciente, considerando la cantidad de empresas publicas que se han privatizado en las últimas décadas. Cabe recordar que en 1982 el país contaba con alrededor de mil 170 empresas públicas y actualmente quedan menos de 200. Los hechos demuestran que tales objetivos no se cumplen. Dicha política solo ha reducido el tamaño del Estado, e incrementado el tamaño y poder de la cúpula empresarial, sin que ello se haya traducido en mayor modernización y crecimiento del aparato productivo. Sólo ha habido un cambio patrimonial, y mayor enriquecimiento de los grupos económicos que han adquirido las empresas públicas, y que han pasado a invertir donde el gobierno ha dejado de hacerlo.

Ante la preocupación del régimen, como de la cúpula empresarial de lo que acontecerá en 2012, Calderón manifestó su deseo de que le gustaría hacer dicha Reforma antes del final de su administración.

Surge la pregunta de ¿por qué la prisa? Cabe reiterar que la economía mexicana no tiene condiciones endógenas de acumulación y crecimiento, ni para estabilizar el tipo de cambio, ni reducir la inflación, ni para financiar el libre movimiento de mercancías y capitales. Todo ello es posible por la entrada de capitales. De ahí que toda la política económica (monetaria, cambiaria y fiscal), conjuntamente con las reformas estructurales se encaminen a fomentar la entrada de capitales, para a través de ellos viabilizar la estabilidad monetaria–cambiaria y nuestra inserción en el proceso de globalización.

La gran cantidad de reservas internacionales y la línea de crédito otorgada por el FMI a México por 73 mil millones de dólares, son sólo para actuar como colchón amortiguador ante una eventual salida de capitales que se de cómo consecuencia de la vulnerabilidad de los mercados financieros internacionales que se pueda derivar de alzas de las tasas de interés, como de los problemas de insolvencia en los países de la zona euro, como de la especulación del precio de las materias primas y alimentos, y por otras causas relacionadas a dichos mercados. La economía nacional requiere asegurar flujos de capital permanentes para financiar el desequilibrio externo, como para mandar señales al capital financiero internacional, de que la economía tiene los recursos financieros para convalidar la estabilidad cambiaria, como la convertibilidad de la moneda nacional al tipo de cambio existente, y para seguir permitiendo la libre movilidad de mercancías y capitales. De ahí la urgencia del gobierno de colocar a Petróleos Mexicanos en la BMV para promover gran entrada de capitales a dicho mercado bursátil. Cabe recordar que en el período de Salinas de Gortari la venta de la banca, como de Telmex, así como de la industria minera, y de Mexicana de Aviación, se realizó a través de la Bolsa Mexicana de Valores, y generó entradas de capitales por 90 mil millones de dólares de 1991 a 1993, y la economía en ese período sólo creció en 3.2 por ciento promedio anual y terminamos con la crisis de diciembre de 1994. El gobierno sigue sin entender de que la política económica que impulsa no genera condiciones internas de acumulación, estabilidad y crecimiento, sino que nos lleva a privatizar y extranjerizar al país, sin que ello redunde en bienestar de las grandes mayorías de los mexicanos, sino solamente a favor de la cúpula empresarial nacional e internacional (para la cual gobierna), además de llevarnos a crisis económicas cada vez más profundas que comprometen la seguridad nacional.

Fuente: La Jornada de Oriente

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