NI DEMOCRÁTICA, NI DE UN GOBIERNO DE IZQUIERDA, LA POLÍTICA LABORAL DEL DF: LÓPEZ CÁNDIDO

Junio 30, 2011

La política laboral que se ejerce en la ciudad de México pone en duda el carácter democrático o de izquierda del Gobierno del Distrito Federal (GDF), pues en la práctica no hay diferencia entre la política laboral del DF y la del gobierno federal, afirmó el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), José Arturo López Cándido al respaldar diversas denuncias que sobre injusticia laboral, ínfimas percepciones laborales, falta de seguridad social, contratación por outsorcings, inseguridad laboral y la carga de una política social en la ciudad que crece a costa de los derechos de los trabajadores, emitieron diversos sindicatos independientes del gobierno la Ciudad de México.

En conferencia de prensa y acompañado de los representantes sindicales del Metro, de la Unión de Juristas del México, del Instituto de Educación Media Superior del DF (IEMS), de la Universidad de la Ciudad de México (UACM) y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el diputado López Candido manifestó que es preocupante la situación laboral que enfrentan miles de trabajadores en el Distrito Federal, donde por intereses económicos y de querer mantener el control sindical, el gobierno ha metido las manos para no dejar avanzar a los sindicatos en su liberalización del yugo patronal.

Por eso dijo, persisten injusticias como las que padecen todos los sindicatos independientes del GDF, además de que no se deja florecer a cientos o miles de sindicatos que podrían estar surgiendo en un régimen auténticamente democrático.

El legislador por el Partido del Trabajo (PT), dijo que cuando hay problemas con estas características, que permean de manera cotidiana, "nosotros estamos dudando que sea un gobierno democrático o de izquierda".

Más aún, agregó, cuando hay recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tanto al GDF como a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), en materia de laudos y tomas de nota y éstas han sido letra muerta para el gobierno de la ciudad de México, quien ha hecho caso omiso de las mismas porque no quiere avanzar en este proceso.

En su oportunidad, Melania Hernández, secretaria de Organización de la UACM, habló de la disminución gradual del presupuesto en la institución que ha empezado a generar un cambio en las condiciones de los trabajadores, quienes recibieron además el aumento salarial más bajo en todo el país.

Denunció que a partir de la actual rectora, Esther Orozco, la violación al Contrato Colectivo de Trabajo ha sido sistemática y pese a que desde 2009 el sindicato tuvo elecciones que pasaron por un proceso en el que participó el 80 por ciento de trabajadores, la JLCA retuvo la toma de nota , "lo que se ha traducido en una suspensión administrativa ya que durante este período no hay representación legal de los trabajadores, además de que la administración de la UACM tiene retenidas las cuotas sindicales desde el mes de septiembre, lo que en la práctica significa el
ahogamiento de la instancia sindical"

Agregó que esta actitud por parte de la Universidad, con el apoyo del GDF, ha facilitado además mantener desarticulada y desactivada a la comunidad universitaria y ha facilitado además, el escenario para una serie de cambios que tienen que ver con modificar la propuesta educativa que dio origen a la UACM.

Melania Hernández denunció también que en el caso del personal académico la universidad solo paga alrededor del 20 por ciento de lo que corresponde de cuota al ISSSTE lo que tiene un impacto negativo tanto en las prestaciones como en el momento de la jubilación de los trabajadores.

En el mismo sentido se pronunció Raúl Pérez Ríos, secretario general del sindicato del IEMS, quien afirmó que padecen contrataciones ilegales, como la contratación por honorarios de los docentes del sistema semiescolarizado del IEMS a quienes se les contrata por semana, hora y mes y no se les da estabilidad laboral. En el caso de los trabajadores de intendencia está la subcontratación por outsorcing, perciben salarios de miseria y trabajan en condiciones inseguras, además de que no se les garantiza la seguridad social.

Asimismo, dijo, a los trabajadores se les da de alta y baja cada día para evitar las cuotas al IMSS, situación, que no es supervisada ni por la Secretaría del Trabajo local ni por las autoridades del Instituto, lo que deja a los trabajadores en la indefensión.

Lamentó asimismo que el gobierno capitalino recabe firmas para exigir mayores recursos federales para la educación básica cuando la educación media y superior que es la que tiene a su cargo en la ciudad, está en condiciones lamentables. Criticó también el hecho de que no se haya concluido la construcción de más preparatorias en la ciudad, así como el impulso a una programas de becas para beneficiar a estudiantes en escuelas particulares, cuando la UACM y las preparatorias capitalinas necesitan esos recursos.

Pérez Ríos dijo que es incongruente que el GDF presuma de su política social, cuando los programas de ayuda más importantes que encabeza en la ciudad, se mantienen gracias al sacrificio de la clase trabajadora, a quien mantiene en condiciones de verdadera injusticia.

Por su parte, Sergio Ortíz Gutiérrez, del sindicato independiente del Metro, denunció la falta de democracia interna y el favoritismo del gobierno capitalino al sindicato nacional que dirige Fernando Espino, situación que tapa toda oportunidad de actuar a favor de los agremiados.

Asimismo, Pablo Franco, presidente colegiado de la Unión de Juristas de México, habló de los problemas que enfrentan en la JLCA donde su titular responde a los intereses patronales en lugar de defender los derechos de los trabajadores. De ahí que todos los trabajadores de la ciudad padezcan juicios larguísimos, los más largos de todo el país, pues cuando se presenta una demanda, la ley dice que en 15 días debe estar la primera audiencia, y en la Junta se tienen hasta en 3 meses. Asimismo los juicios no deben durar más de un año y en la Junta llegan a dudar hasta 10. Además de que la autoridad se dedica a desparecer expedientes.

Finalmente Gerardo Sixto Buendía, del sindicato de la procuraduría capitalina habló también del problema que enfrentan con la toma de nota desde el 2003, la situación que enfrentan los peritos, los bajos salarios, el que no se respeta el pago de horas extras, se ponen horarios indiscriminados y que más de la tercera parte del comisionado de la policía judicial están como escoltas, como mandaderos de funcionarios o fiscales y no