CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 14 de septiembre. El coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, criticó que las autoridades encargadas de impartir y procurar justicia están dejando en la impunidad casos de desaparición forzada, como el de Javier Ayala Tapia, presidente del Frente Libre Hermenegildo Galeana, desaparecido el año pasado.
El 14 de septiembre del año pasado, Ayala Tapia fue desaparecido y hasta el momento, sus familiares no han recibido ningún avance de las investigaciones por parte de las autoridades judiciales.
Al respecto, el dirigente del Tadeco comentó que “la falta de compromiso de las autoridades judiciales está dejando en la impunidad esta desaparición”, argumentando que la violencia en el estado no les permite resolver todos los casos de desaparición y que suman más de 300 en menos de 6 años.
Monroy Hernández dijo que la falta de investigaciones o de resultados en el caso de esta y de otras desapariciones, puede ser señalada como presunta violación a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad, al acceso a la justicia, al debido proceso tanto para el desaparecido, como para su familia.
“Suman 300 desapariciones registradas desde abril de 2005 al 30 de agosto de 2011, de las cuales tampoco ha habido investigación ni resultados, y a pesar del cambio de gobernador esta línea de impunidad se mantiene y se extiende cada vez más”, dijo.
Monroy Hernández lamentó que el gobierno de Ángel Aguirre sólo demuestra una falta de compromiso con el pueblo así como el incumplimiento a los acuerdos pactados entre el presidente municipal de Tecpan, Nadín Torralba Mejía y el Frente Libre Hermenegildo Galeana.
Dichos acuerdos, recordó, fueron firmados el 14 de septiembre de 2009, un año antes de la desaparición, y el presidente municipal se comprometió a hacer recubrimiento de caminos, vados y alcantarillas.
“Esto revela la ausencia de voluntad política por resolver problemas de infraestructura básica hacia una zona de su municipio y en consecuencia en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de dicha zona. Lo cual por omisión, es un daño al derecho de petición, de acceso a un nivel de vida dig y al desarrollo”, indicó.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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