ARTURO ALFARO GALÁN
El director del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla, Óscar Castro Soto, consideró que el Arzobispado de Puebla –encabezado por Víctor Sánchez Espinoza– debe exigir explicaciones al párroco de San Rafael Tlanalapan, Ascensión Benítez González, por la supuesta incitación de la comunidad católica en contra de un grupo de 70 familias cristianas.
Asimismo, precisó que es urgente que la iglesia católica realice un llamado al ecumenismo, con la intención de promover el respeto a la libertad de culto de toda la población –perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan– donde hasta ahora 70 familias de evangélicos viven en constante zozobra por las agresiones en contra de ellos y sus propiedades por la intolerancia religiosa.
“La iglesia tiene la obligación de mandar a pedir cuentas al párroco por las declaraciones que, entiendo, se han hecho al respecto. En todo caso debería removerlo de ahí, entiendo que es un párroco de edad avanzada, pero se tiene que tomar una decisión, lo más sano posible que permita restituir la vida en comunidad y la normalidad comunitaria”, señaló.
En entrevista con La Jornada de Oriente, el director del IDHIE, puntualizó que la Secretaría General de Gobierno (SGG) debe adoptar una postura más proactiva para la restitución de la vida comunitaria y “apaciguar los ánimos” entre los pobladores católicos, quienes han hostigado a las familias cristianas.
“La autoridad debe tomar cartas en el asunto para la libre expresión religiosa en las personas. Este asunto debe tratarse como un delito y garantizar que las personas retornen a su comunidad y apaciguar los ánimos. Que vayan las autoridades a la comunidad para establecer un mecanismo de diálogo, porque se trata de una violación a la Constitución y a la Ley para la Libertad de Cultos Religiosos”, señaló Castro Soto.
Cabe señalar que hasta el momento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos –a cargo de Adolfo López Badillo– no se ha pronunciado sobre el caso, que estalló hace ocho días, cuando un grupo de 200 personas amagó con “linchar y crucificar” a los evangélicos que habitan la comunidad.
Fuente: La Jornada de Oriente
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