ARTURO ALFARO GALÁN
Representantes de 62 organizaciones sociales se pronunciaron en contra de la militarización y el patrullaje del Ejército Mexicano en las calles de Puebla, pues el combate a la delincuencia y al crimen organizado debe realizarse de diferentes formas y no sólo “generando más violencia”.
Asimismo, consideraron que la instalación de cinco bases de operación mixta entre el gobierno estatal y el Ejército; así como los siete puntos de revisión en la capital para blindar a la ciudadanía del crimen organizado, debe entenderse como una posibilidad para recrudecer la actividad criminal, como sucede en estados del norte del país.
“Nos parece muy importante que haya operativos en la ciudad, lo que no creemos que sea viable es la presencia militar en las calles. Es obligación del gobierno cuidar la seguridad de los ciudadanos, pero la presencia de los militares podría desatar más violencia de la que se ve”, afirmó Óscar Castro Soto, titular del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” de la Ibero Puebla.
En rueda de prensa, el académico afirmó que los gobiernos federal y estatal tienen la obligación de detener y frenar la delincuencia organizada de múltiples formas no violentas, como el establecimiento de políticas económicas para mejorar por un lado las condiciones de vida de las personas y por otro, detectar los delitos y transferencias bancarias, relacionadas con el crimen.
“El gobierno ha establecido una política federal equivocada que provoca más violencia, porque mientras mueren miles los jóvenes están orillados a delinquir, sin educación, en pobreza y sin empleo, lo cual es un caldo de cultivo a la delincuencia. La propuesta de Felipe Calderón empezó con el empleo y está terminando con una guerra”, puntualizó Castro Soto.
En su turno, Ingrid Van Beuren, defensora de Derechos Humanos, se pronunció en contra de la aplicación, en Puebla y Tlaxcala, de la Ley de Seguridad Nacional, pues criminalizaría las marchas sociales y recrudecería la violencia en esta zona, lo cual pone en riesgo la seguridad para miles de habitantes.
Van Beuren afirmó que durante los primeros meses en la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas han existido intentos de represión hacia los grupos sociales, por lo que el apego a la Ley de Seguridad Nacional provoca mayor zozobra entre los defensores de derechos humanos.
“Nos preocupa que Puebla se militarice porque esta idea de la Ley de Seguridad Nacional se oriente a una seguridad del estado, de las instituciones, y no de la ciudadanía, por lo que deja en desprotección a los habitantes. Nos parece que puede haber un riesgo y eso nos afectaría dándonos más violencia en lugar de más seguridad”, acotó.
De acuerdo con las conclusiones del Foro de Organizaciones Civiles, expuestas ayer en la Ibero Puebla, existe una falta de perspectiva de derechos humanos y de género en la interpretación y aplicación de las leyes; además del contubernio de las policías federales, estatales y municipales en muchos crímenes, como en el caso de la extorsión y secuestro de migrantes o la trata de personas, entre otras.
Fuente: La Jornada de Oriente
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