FELIPE VICENCIO ÁLVAREZ
Pocos temas de debate son tan complejos como el del aborto. En los días recientes hemos conocido nuevamente los argumentos de quienes promovieron reformas a las legislaciones estatales para proteger la vida “desde su concepción” y también los de quienes, argumentando su inconstitucionalidad, interpusieron recursos para anularlas. La complejidad de la discusión no sólo estriba en la densidad del tema mismo, sino en la dificultad de poder situarla, pues fluctúa entre argumentos jurídicos, médicos, filosóficos y religiosos. Para colmo, es muy difícil afianzar coincidencias cuando se debate a partir de convicciones irreductibles. Y el tema del aborto es por antonomasia casus belli de extremistas, para los que sólo hay dos posturas: la propia y la equivocada. Para los partidarios de su legalización, la disyuntiva es ser progresista y moderno o conservador y medieval, pero para quienes se oponen a ella se trata de ser defensores de la vida o ser sus enemigos. Ninguna discusión que parta de estas premisas podrá desembocar en un acuerdo, a pesar de lo necesario que resulta en la sociedad plural de la que formamos parte. Por eso, no hemos podido establecer siquiera un piso mínimo que permita la consideración y el respeto mutuo.
En 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el Código Penal y la Ley de Salud para definir el aborto y despenalizarlo durante las primeras 12 semanas de gestación, así como para establecer las obligaciones de las autoridades al respecto. A consecuencia de ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República presentaron sendas demandas de acción de inconstitucionalidad, pero la Corte resolvió que tales reformas sí eran constitucionales. Esa resolución motivó que 18 estados hayan legislado para incorporar en sus constituciones la protección de las personas “desde su concepción hasta su muerte”, reformas que nuevamente han suscitado acciones de inconstitucionalidad, ahora por el motivo contrario. La Suprema Corte resolvió el pasado 29 de septiembre la primera, del estado de Baja California. Siete ministros votaron contra las reformas del Congreso de este estado, sólo cuatro a favor. Pero al no alcanzar la mayoría calificada de ocho, se desestimó la acción de inconstitucionalidad.
El análisis en la Corte llevó el tema a la discusión de fondo: a partir de qué momento el producto del embarazo es un sujeto con derechos. El ministro presidente Juan Silva, dijo que “no es posible establecer una regla general que determine el momento exacto a partir del cual se debe otorgar una protección legal máxima al no nacido, sino que siempre será necesario tomar en consideración los diversos alcances de los derechos humanos e intereses estatales en juego”. Sin embargo, para los promotores de las reformas lo mismo que para la Iglesia Católica no hay duda: Desde la concepción existe un ser humano con plenos derechos. Este diferente punto de vista condiciona todo los demás. Ante la duda razonable, la posición conservadora opta por garantizar protección desde el comienzo mismo de la vida, mientras que la progresista se arriesga a determinar un momento diferente. Las reformas del DF, por ejemplo, establecen que no hay problema en interrumpir un embarazo hasta el tercer mes.
Los grupos autodenominados pro-vida han celebrado que la Corte no haya alcanzado la mayoría calificada para echar abajo las reformas de Baja California. Exultantes exclaman “sí a la vida”, pero hipócritamente se desentienden de las implicaciones de una consigna tan exigente. Se conforman con promover el mayor número de partos y no parece importarles nada la vida del nacido. Su obstinación distrae con un falso debate. Con razón el ministro Arturo Zaldívar afirmó: “Todos estamos a favor de la vida y nadie está a favor del aborto, el aborto no es un deporte o un hobby para las mujeres, es un drama humano al cual llega la mujer en situaciones que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar”. ¿Sería mucho pedir que un tema tan complejo y sobre el que no hay certezas absolutas se abordara con más prudencia y humildad? ¿Es posible que las discusiones sobre el tema no desborden en acusaciones personales? Mientras no sea así el debate será territorio de la intransigencia, que es una de las formas de la ignorancia y la antidemocracia.
Fuente: La Jornada de Michoacán
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