MEXICO, D.F. (apro).- Al menos 79 organizaciones nacionales e internacionales, así como intelectuales, exhortaron al presidente Felipe Calderón a hacer efectivo su compromiso de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por soldados en 2002.
Luego de los dos fallidos actos de reconocimiento público de responsabilidad por parte del gobierno federal en los agravios a las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Campo Algodonero y la desaparición forzada de Rosendo Radilla en Atoyac, en una carta las ONG instaron a Calderón a evitar las fallas que han llevado a los familiares de las víctimas y a sus representantes a desconocer los eventos organizados por la Secretaría e Gobernación (Segob), dependencia encargada de coordinar el cumplimiento de las sentencias de la CoIDH.
En la misiva, demandan “evitar una repetición de los desafortunados hechos ocurridos en los actos públicos realizados en el marco de las sentencias conocidas como Campo Algodonero y Rosendo Radilla, los cuales no cumplieron con las expectativas de las víctimas ni con los mínimos ordenados por el tribunal interamericano”.
En esos casos, los familiares de las víctimas y sus representantes no acudieron a los actos luego acusar a la Segob de incumplir con los acuerdos pactados en meses de negociaciones; de ahí que a ninguno de esos eventos acudieran los familiares de las víctimas ni sus representantes.
En vísperas del evento sobre el caso Campo Algodonero, llevado a cabo el lunes 7, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe Zamora Castro, advirtió que no se incluirían en un memorial por lo menos 200 nombres de las víctimas del feminicidio en Juárez, Chihuahua, como ordena la sentencia de la CoIDH, y tampoco asistiría algún funcionario de alto nivel al acto.
En cuanto al acto de reconocimiento de responsabilidad en el caso de Rosendo Radilla, que estaba programado una semana después, el lunes 14, fue suspendido por la familia Radilla desde el miércoles 9, tras ser notificada de que no asistiría el entonces titular de la Segob, Francisco Blake.
El 16 de noviembre, de forma inesperada, la titular de la Unidad de Promoción y Derechos Humanos de la Segob, Omeheira López Reyna, avisó a la señora Tita Radilla que la disculpa pública se llevaría a cabo al día siguiente y que encabezaría el acto quien en ese momento era encargado de despacho de la dependencia, Juan Marcos Gutiérrez.
Por la premura y la falta de acuerdos, la familia Radilla no asistió.
Y frente a los preparativos para que se lleve a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad para la sentencia de Valentina Rosendo, los firmantes piden a Calderón que “se garantice la coordinación de esfuerzos entre las diversas instituciones para hacer del mismo un hito en la política de derechos humanos del Estado mexicano”.
Explicaron que Rosendo Cantú ya presentó a la Secretaría de Gobernación su propuesta, en la que se considera “el contenido y formato del acto, solicitando que éste se realice antes de que termine el año y lo encabecen funcionarios del más alto nivel, incluyendo una representación del Ejecutivo federal, Procuraduría General de la República y Secretaría de la Defensa Nacional”.
Otras características exigidas por la víctima son “la presencia de diversos actores sociales y políticos comprometidos con la defensa y promoción e los derechos humanos, que sea público y transmitido por diversos medios de comunicación”.
En su carta a Calderón, las ONG destacaron que de acuerdo con los parámetros de la CoIDH establecidos en las sentencias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega, el acto de reconocimiento público de responsabilidad “es una de las medidas de reparación más trascendentales”, sobre todo para las víctimas.
Se trata, resaltaron, de “un evento solemne y público en el cual el Estado reconoce la veracidad de su denuncia (de las víctimas) y reafirma públicamente el compromiso del Estado con el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y el combate a la violencia en contra de las mujeres”.
Insistieron en que las sentencias de la CoIDH tienen que ser acatadas en su totalidad y, en el caso del acto de reconocimiento de responsabilidad, el propio tribunal señaló que “la modalidad y contenido del evento, la presencia de las autoridades, el lugar que se llevará a cabo y la fecha de su realización deben acordarse” previamente con los familiares de las víctimas.
Entre los firmantes están el escritor Adolfo Gilly, el actor Bruno Bichir, la actriz Ofelia Medina, los analistas Carlos Fazio, Gilberto López y Rivas, el general Francisco Gallardo, el padre Miguel Concha, el obispo Raúl Vera López y la actriz Julieta Egurrola.
Entras las ONG, destacan Católicas por el Derecho a Decidir; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Centro de Análisis e Investigación, Fundar; Documenta Análisis y Acción por la Justicia Social; Amnistía Internacional; Centro por la Justicia y los Derechos Humanos, Robert F. Kennedy; Consejo General para la Abogacía Española; Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México; Washington Office of Latin America (WOLA).
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
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