A los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –protagonistas de despiadadas batallas internas en pos del control de la institución– parece que sólo los unifica una cosa: la defensa a ultranza de Enrique Peña Nieto. No permiten que el candidato priista sea tocado, pese a las reiteradas violaciones a la ley que han cometido él y su partido. Desde hace años el exgobernador mexiquense es su consentido. Así lo cuenta Proceso en un reportaje publicado en la edición de esta semana, que SinEmbargo.mx reproduce como parte de su oferta informativa. Por Jorge Carrasco Araizaga MÉXICO, D.F. (proceso).- El candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, ha sido el gran protegido del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ni las violaciones a la Constitución y a la ley electoral en la promoción de su imagen, reconocidas por el propio organismo, fueron suficientes para que los magistrados se atrevieran a detenerlo en su carrera hacia a Los Pinos. Desde 2009, cuando el PAN y el PRD comenzaron a impugnar el proselitismo ilegal del entonces gobernador del Estado de México, el TEPJF se convirtió en el principal defensor de Peña, del PRI y de uno de sus aliados, el Partido Verde, aun contra la propia legislación electoral. Con decisiones unánimes o de mayoría en la Sala Superior del Tribunal o de gestiones oficiosas de algunos de sus magistrados, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha sido, hasta ahora, uno de los principales soportes del PRI en su pretensión de recuperar la Presidencia de la República. Su decisión más reciente fue la de apoyar al Instituto Federal Electoral (IFE) en su negativa de congelar los fondos y cuentas del banco Monex que presuntamente utilizó el PRI para la compra de votos a favor de Peña. La medianoche del sábado 30 de junio, a unas horas de que comenzara la jornada electoral, los siete magistrados de la Sala Superior apoyaron por unanimidad y sin discusión la decisión del IFE. El TEPJF cerró así el paso a la primera denuncia sobre la utilización de alegados recursos ilegales por parte del PRI para la compra y coacción del voto, aunque después el PAN y el PRD han aportado más información sobre la utilización de las tarjetas prepagadas de Monex y de la tienda Soriana. Las nuevas pruebas, presentadas ante el IFE, el TEPJF y la Fepade constituyen, para el candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, una de las causas para invalidar la elección del domingo 1. A propuesta del magistrado Manuel González Oropeza, la Sala Superior confirmó la noche del día 30 la negativa de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE a congelar los fondos de las cuentas o contratos de Monex con personas físicas o morales supuestamente relacionadas con el PRI. Según el Tribunal, las pruebas aportadas por el PAN para solicitar la congelación de las cuentas, para evitar la compra y coacción del voto, tanto en el periodo de veda como durante la jornada electoral, no fueron suficientes para acreditar la denuncia. La dos tarjetas que el PAN presentó como prueba “no fueron suficientes para acreditar los hechos denunciados, ya que además de formar parte de una serie de 9,924 documentos contratados por una persona moral para un periodo determinado, de ellos no se sigue la supuesta compra de votos alegada”, informó el TEPJF en un comunicado emitido a la 1:07 de la mañana del día 1 de julio. Electos en noviembre de 2006 para un periodo de 10 años, los magistrados electorales están marcados por su cercanía con el PRI. El propio presidente, Alejandro Luna Ramos, fue militante de ese partido en su juventud; su antecesora, María del Carmen Alanís Figueroa, fue exhibida luego de una reunión con los operadores de Peña Nieto. El magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar también fue evidenciado luego de una reunión con el expresidente municipal de Tijuana Jorge Hank Rhon, cuando éste tenía un juicio en el TEPJF para poder registrarse como candidato a gobernador de Baja California. La reunión fue revelada por el reportero Álvaro Delgado (Proceso 1712). Tanto Alanís como Nava eran los encargados de los juicios en los que los involucrados eran Peña y Hank. Otro magistrado, Flavio Galván Rivera, quien en 2007 fue depuesto de la presidencia del Tribunal, en una maniobra de Alanís y Nava, también ha sido un sólido defensor del candidato del PRI. En 2009, cuando arreciaron las denuncias contra Peña por su promoción anticipada, dijo que sus actos no tenían carácter electoral por el mero hecho de que no estaba participando directamente en un proceso electoral en curso. Galván fue también autor del proyecto que avaló la elección de Eruviel Ávila como gobernador del Estado de México, cuya anulación había sido solicitada por el PRD al denunciar que el PRI rebasó los topes de campaña, la intervención del gobierno de Peña e inequidad en los medios. Galván, Nava y el magistrado Constancio Carrasco Daza, quien también aspiró a ser presidente del Tribunal, serán los encargados de elaborar el dictamen sobre el cómputo final de la elección presidencial, su posterior calificación y la declaratoria de presidente electo. MAGISTRADO PRESIDENTE Con apenas siete años como magistrado electoral, Alejandro Luna Ramos es el decano del Tribunal. A diferencia de los otros seis integrantes de la Sala Superior que fueron electos en noviembre de 2006, con Felipe Calderón declarado por sus antecesores como presidente electo, el actual magistrado presidente llegó al Tribunal en abril de 2005, en reemplazo del fallecido magistrado José Luis de la Peza. En mayo de 2009 quedó en medio de un escándalo cuando el empresario de origen argentino Carlos Ahumada, procesado por fraude en el Gobierno de Distrito Federal, en su libro Derecho de réplica reveló que el magistrado le solicitó en 2004 interceder ante Diego Fernández, entonces coordinador del PAN en el Senado, a favor de su hermana Margarita, quien quería ser ministra de la Corte. El PAN terminó por apoyarla. Un año después, ya como ministra, Margarita Luna Ramos participó en la propuesta que hizo la Corte para elegir a su hermano como sustituto de José Luis de la Peza. En noviembre de 2006, por un solo voto, Luna Ramos se salvó de la renovación del TEPJF pues el Senado interpretó que había sido nombrado para un nuevo periodo y no sólo como sustituto. A pesar de que siempre buscó la presidencia del Tribunal, la alcanzó apenas en agosto pasado en una votación de cuatro a tres en la que él mismo fue el desempate, luego de que los magistrados depusieran a Maricarmen Alanís. En una entrevista con Carmen Aristegui para el noticiero matutino de MVS, dijo que su designación como presidente “lo sorprendió” porque sólo pocos minutos antes de la votación sus colegas le dijeron: “Tú vas a ser el candidato”. Negó haber militado en el PRI aunque admitió que llegó a tener una credencial de ese partido “cuando tenía menos de 20 años de edad”. Tener esa credencial era un requisito para participar en un concurso de oratoria, según dijo. Para el Movimiento Progresista, Luna Ramos está impedido de participar en la calificación de la elección presidencial pues un día después de la elección ratificó su criterio de que “nadie ganará en la mesa lo que no obtuvo en las urnas”. Desde 2006 Luna Ramos quiso ser presidente del Tribunal alegando su “decanato”, pero el cargo recayó en Flavio Galván, quien como secretario general de Acuerdos de la anterior Sala Superior firmó en septiembre de 2006 la declaratoria de presidente electo de Felipe Calderón. El paso de Galván por la presidencia del Tribunal fue efímero. Duró ocho meses. En agosto de 2007 renunció en medio de una intriga de Nava y Alanís, quien se quedó con la presidencia. Alanís había sido designada magistrada con el apoyo del senador Manlio Fabio Beltrones, a pesar de los cuestionamientos de otros senadores priistas por su cercanía con Los Pinos, en especial con Margarita Zavala –su amiga de la infancia– y por haber operado a favor de Calderón en 2006. Nava acusó a la coordinadora de asesores de Galván, Norma Inés Aguilar León, de “posibles actos de corrupción” en la pretendida compra de un inmueble para el TEPJF. En su propia denuncia Nava admitió que en la compra estaban implicados dos de sus tíos dedicados al negocio de bienes raíces. Según los alegatos de Aguilar León, los familiares del magistrado pretendían una comisión de tres millones y medio de pesos por la compra de un inmueble valuado en 12 millones y medio de dólares. Se trataba del edificio donde estuvieron las instalaciones del Grupo Monitor, que desapareció al inicio del sexenio, confrontado con Calderón. Con 16 años de servicio en el órgano jurisdiccional electoral, Aguilar León fue suspendida por la Comisión de Administración del Tribunal encabezada por Alanís y en la que participaba Carrasco Daza. Sin comprobarse la acusación, en agosto de 2009 Aguilar León demandó al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la acusación nunca fue comprobada y alegó haber sido destituida “mediante un procedimiento sin las debidas garantías”. El caso sigue en el organismo interamericano. Hija de Agustín Alanís Fuentes, procurador del DF en el gobierno de José López Portillo, Maricarmen Alanís se quedó con la presidencia en agosto de 2007. Designó como su coordinador de asesores a Patricio Ballados Villagómez, quien antes de que Alanís fuera presidenta era coordinador de Relaciones Internacionales del Tribunal. Cuando Alanís fue secretaria ejecutiva del IFE, Ballados también fue su coordinador de asesores, antes de que en 2006 fuera coordinador de la Unidad Técnica del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. En 2004 fue uno de los fundadores de la agrupación política nacional Iniciativa XXI, que luego se convirtió en Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. A pesar de que el IFE le retiró el registró en agosto de 2009 por no haber alcanzado el mínimo de votos requerido por la ley, como magistrada presidenta Alanís promovió que se mantuvieran las prerrogativas para ese partido, empezando por el financiamiento público. Logró que se le siguiera dando dinero cuatro meses más, de septiembre a diciembre de 2009, con el argumento de que tenía que pagar a algunos acreedores. A su llegada al TEPJF designó como su secretario particular a Enrique Ochoa Reza, frustrado candidato a diputado federal por representación proporcional de ese partido en 2003. Después lo hizo director del Centro de Capacitación Judicial Electoral y el año pasado intentó hacerlo consejero del IFE. También llevó a Octavio Mayén Mena. Lo hizo coordinador de Comunicación Social luego de haber trabajado en el Estado de México en el gobierno de Arturo Montiel, tío de Enrique Peña Nieto. DESDE 2009 El pasado 6 de agosto Alanís dejó la presidencia del Tribunal tal y como la recibió: en medio del escándalo. Esta vez por la reunión que tuvo en su casa, en marzo de 2011, con los operadores de Peña Nieto cuando el entonces gobernador mexiquense estaba bajo juicio por el uso ilegal de los medios electrónicos para su promoción, con pretexto de su V Informe de Gobierno. En el proceso electoral federal de 2009, el Tribunal salió al rescate de Peña Nieto y sus aliados. Dio por buenos los mensajes de supuestos informes de labores de diputados del Partido Verde en pleno periodo de veda electoral. Los diputados impugnaron multas por casi 20 millones de pesos. El TEPJF dio trámite a la queja a pesar de que la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que los diputados no pueden presentar recursos de apelación y que los únicos facultados son los ciudadanos, representantes de partidos políticos, militantes, simpatizantes o afiliados. En una muestra de inequidad, en el mismo proceso multó al PAN por haber “denigrado” al PRI al publicar en medios impresos un mensaje con la leyenda “PRImitivo” y que relacionaba a ese partido con la pobreza en el país. El argumento del TEPJF fue “no es lo mismo partido que gobierno”. En agosto de ese año el Tribunal le dio otro espaldarazo a Peña Nieto al resolver que el gobernador no estaba en campaña. “No se advirtió que el mencionado gobernador estuviera promocionando su imagen en forma personalizada con motivo del procedimiento electoral, toda vez que no está contendiendo por algún cargo de elección popular. “Esas manifestaciones no promueven alguna candidatura, no invitan a la ciudadanía a votar por algún instituto político y mucho menos aluden a procedimiento electoral que se estuviera llevando a cabo en esta fecha”, señaló Galván en su proyecto avalado por el Tribunal. El juicio se debió a una queja del PAN al alegar que el IFE no fue exhaustivo al investigar sobre los recursos gastados por Peña Nieto para que Televisa transmitiera un acto de Antorcha Campesina en el Estadio Azteca el 21 de junio de 2009. Según Galván “la autoridad requirió a la empresa Televimex a fin de que informara sobre la contratación para la difusión en televisión del mencionado promocional, empresa que contestó que esa difusión no fue pagada, contratada o solicitada por persona alguna. Al ser negativa la respuesta, la autoridad responsable no tenía el deber de practicar alguna otra diligencia”. La misma “falta de relación comercial” entre Peña y Televisa la estableció el Tribunal cuando el entonces gobernador del Estado de México apareció en programas como Mexicanas, mujeres de valor y Para papá, en mayo y junio de ese mismo año. Alanís justificó la resolución: “Por lo que hace al agravio, que ni siquiera era un agravio directo, en relación a que estaba aprovechando estos eventos para hacer, para difundir, promocionarse personalmente hacia otra candidatura, es un tema que tampoco estuvo acreditado ni en los discursos, ni en los hechos, ni en la adminiculación (sic) de todas las pruebas en el expediente. “Lo que se pretendía probar era el desvío de recursos públicos y que estaba afectando la equidad del proceso electoral federal. Nada se acreditó. Fue un asunto de percepciones, dijo. Una cuestión son las percepciones… y otra cuestión es lo que el juzgado resuelve a partir de lo que obra en el expediente, de lo que denuncia y de lo que se prueba”, declaró en el seminario Balance y Perspectivas de las Normas Electorales en México. El escándalo mayor fue de la propia Alanís, quien aspira a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El periódico Reforma dio a conocer que el 9 de marzo de 2011 la magistrada prestó su casa para una reunión con enviados de Peña cuando preparaba el proyecto de resolución sobre el juicio contra éste por el uso ilegal de medios en su V Informe de Gobierno. Peña Nieto contrató 214 emisoras –casi todas repetidoras de Televisa y TV Azteca– concentradas en 12 concesionarios en 30 entidades distintas al Estado de México para la difusión de 3 mil 484 spots sobre su informe, transmitidos entre el 29 de agosto y el 10 de septiembre de 2010. En la reunión estuvieron los entonces diputados federales Sebastián Lerdo de Tejada, actual representante del PRI ante el IFE, y Luis Videgaray, en ese momento coordinador de campaña de Eruviel Ávila y luego de Peña en la presidencial y ahora coordinador de políticas públicas del candidato. El consejero electoral del IFE Marco Antonio Baños –exsocio de Alanís en la desaparecida consultora Demos– y el exsecretario particular de la magistrada Ochoa Reza, también estuvieron en la reunión. A pesar de hacerse público el encuentro y de la solicitud formal del PAN para que se excusara en el juicio, Alanís se mantuvo al frente del caso. El 4 de mayo, a cinco meses de que iniciara el proceso electoral aún en curso, el TEPJF exoneró a Peña Nieto. Pese a reconocer que sus promocionales sí violaron la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, una mayoría de cuatro ministros encabezada por Alanís estableció que no fue culpa del entonces gobernador sino de las televisoras. Junto con Alanís votaron González Oropeza, Carrasco y Galván. El principal opositor fue Esteban Penagos, cuya aspiración a presidir el IFE fue sepultada por una filtración sobre su supuesta relación económica con Jorge Hank. Un mes después vino otro aval al priista con el voto de calidad de Alanís. El Tribunal sancionó al PAN por haber emprendido una campaña en la que acusaba de corrupto al gobierno de Peña Nieto sin haber utilizado el logotipo del partido. “Gobierno del estado de México #1 en corrupción”, “En robo de autos”, “de contaminación”, decían los mensajes que se valieron del logotipo Compromisos Cumplidos utilizado por el gobierno peñista. El argumento para la sanción fue que al no utilizar su emblema, el PAN creó confusión en el electorado. Además de Alanís, a favor del PRI votaron González Oropeza, Esteban Penagos y Flavio Galván.
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