El día de hoy se cumplen dos años de que trascendió públicamente el hallazgo de una fosa con los cuerpos de decenas de migrantes en el municipio de San Fernando, en el fronterizo estado de Tamaulipas.
El 23 de agosto de 2010 una banda criminal asesinó a 72 migrantes procedentes de Centro y Sudamérica en el municipio de San Fernando. Durante el año siguiente, en ese mismo municipio se descubrieron cerca de 200 cuerpos más en fosas comunes, parte de los cuales podrían pertenecer a migrantes aún sin identificar.
A los pocos días de encontrarse la primera fosa el gobierno mexicano anunció que pondría en marcha un plan coordinado para poner fin a los secuestros y asesinatos de personas migrantes.
Este plan incluiría el compromiso de garantizar la coordinación efectiva de las autoridades federales, estatales y municipales para impedir los secuestros, documentar e investigar estos crímenes cuando tuvieran lugar así como castigar a los responsables y garantizar asistencia a los migrantes víctimas de abusos.
“A casi dos años de que las autoridades prometieran poner en marcha un plan de protección, no hay indicios de que la aplicación de esta política tan ampliamente anunciada haya tenido algún impacto”, afirmó Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional México.
La organización considera preocupante que, a pesar de la grave indignación pública que siguió a estos terribles crímenes y de los compromisos públicos para evitar su repetición, hasta el momento no existan señales claras de que estas promesas se estén materializando.
“Es también preocupante la falta de información clara sobre los avances de las investigaciones de de los responsables por los abusos cometidos contra migrantes en el municipio de San Fernando.” Agregó Herrera.
Más allá de la retorica, las autoridades deben tomar medidas efectivas para que los abusos contra migrantes sean adecuadamente documentados, investigados y los responsables llevados ante la justicia. Es también fundamental que se establezca la identidad de los restos humanos descubiertos en el municipio y se ponga urgentemente en marcha su anunciado plan para prevenir los secuestros y asesinatos a migrantes.
“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que pongan en marcha un registro nacional de agresiones contra migrantes, de tal forma que podamos contar con información clara que permita dimensionar la magnitud de este escándalo de derechos humanos y tomar medidas adecuadas para enfrentarlo”, concluyó Herrera.
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