Las minas de carbón

En concreto | Laura Itzel Castillo

Un ejemplo claro de las precarias condiciones de trabajo persistentes en nuestro país son las que viven a diario los mineros del carbón. La violación a los preceptos constitucionales es la constante, no la excepción. Con la reforma laboral recientemente aprobada, lejos de avanzar, hay un grave retroceso, que se traduce en la pérdida de los derechos de los trabajadores, con los contratos de aprendizaje, pago por hora, la contratación por terceros y la derogación de la facultad que tenía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para clausurar las minas, frente al inminente riesgo que pueden representar para la vida de los trabajadores.

A siete años de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, los familiares de las víctimas siguen reclamando justicia. El poder del Grupo México con la complicidad del gobierno, son la causa más importante para que hasta el día de hoy, no haya sido posible llegar al fondo en las investigaciones; así como también que a pesar de las condiciones inhumanas para laborar, sigan funcionando los llamados Pocitos para la extracción del carbón, donde por sus dimensiones, es común la contratación infantil, prohibida claramente en nuestra Carta Magna, y donde la inexistencia de clausuras significa directamente la muerte de personas.

Cuando ocurrió el accidente de Pasta de Conchos, donde murieron sepultados 65 mineros, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estaba facultada para realizar inspecciones a las empresas que violaban la normatividad laboral y proceder a la clausura de instalaciones, ante un riesgo inminente. Sin embargo, los inspectores, avalados por sus superiores, como se dice coloquialmente, se hacían de la vista gorda para no aplicar la ley.

Cuando fungió como secretario del Trabajo Javier Lozano, en una comparecencia en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoció no haber clausurado ni un solo Pocito de la región carbonífera, a pesar de estar legalmente facultado para ello, como se señalaba en el artículo 512-D de la anterior Ley Federal del Trabajo.

Desde el 22 de junio de 2011 el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad exhortar a la Auditoría Superior de la Federación para que investigara a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo de la STPS mediante una auditoría excepcional de legalidad y desempeño sobre el cumplimiento de los objetivos de las inspecciones laborales en la zona carbonífera de Coahuila. Nunca se hizo nada. La diferencia entra la vida y la muerte de los trabajadores del carbón puede deberse a que la STPS sólo restringe el acceso a pozos y minas, en lugar de clausurarlas como la ley lo ordena.

De acuerdo a la organización no gubernamental Fundar, se han entregado más de 27 mil títulos de concesión para la exploración y explotación minera en nuestro país, que representa más de 25% de nuestro territorio, superficie que se encuentra actualmente en manos de las empresas privadas nacionales y extranjeras, que al mejor estilo del Porfiriarto, explotan el territorio a la par que a los trabajadores, sin informarle a las comunidades sobre los proyectos ni sobre las consecuencias ambientales y sociales.

Lo peor es que las mineras solamente pagan el derecho por el uso del aprovechamiento de bienes del dominio público, directamente relacionado con la cantidad de hectáreas concesionadas, lo que implica que no pagan absolutamente nada por el oro y la plata o el carbón que extraen. Quizá a eso se refiera el gobierno federal cuando habla de modernizar a Pemex, y ese sea su verdadero proyecto de reforma energética y ese quieran que sea el futuro del oro negro.