ANTONIO HERAS
TIJUANA, B.C. (apro).- Agentes aduanales decomisaron en el puerto fronterizo de San Luis Río Colorado, Sonora, una camioneta de la caravana “Abriendo puertas a la esperanza” que encabeza el padre Alejandro Solalinde, director del albergue “Hermanos en el camino”.
La camioneta Van, modelo 2006 de 20 pasajeros, fue decomisada desde el pasado 13 de febrero, cuando cruzó la frontera de San Luis, Arizona, para rotularla con los logos de la caravana, pero no se había dado a conocer hasta que las autoridades aduanales informaron a los organizadores de la caravana que la liberación del vehículo podría tardar hasta cuatro meses.
Por ello, unos cincuenta activistas de la organización “Ángeles sin fronteras”, que organizan la movilización, se plantaron hoy frente a la Aduana de San Luis, Río Colorado para protestar por el decomiso irregular de la camioneta y exigir que se les devuelva.
La caravana partirá el próximo 29 de abril desde el bordo Caléxico-Mexicali, hacia Washington D.C. para plantear a los congresistas estadunidenses la urgencia de una reforma a las leyes de migración que implique la legalización de más de 11 millones de indocumentados que viven en ese país.
Hugo Castro, coordinador internacional de “Ángeles sin fronteras” comentó al portal de Los Ángeles Press que un asesor legal de la organización, quien se desempeñó como agente de aduanas durante años, revisó el proceso del decomiso de la camioneta y confirmó su irregularidad: desde la falta de expedición de documentos que dieran cuenta del decomiso y por qué, hasta el maltrato institucional contra los activistas.
“Esta situación es una arbitrariedad más de las autoridades mexicanas. Si eso le hacen a los activistas de derechos humanos como el Padre Solalinde y el presidente de la Coalición Promigrantes, Irineo Mújica, ¿qué no le hacen a la gente que no se puede defender?” cuestionó Castro.
El activista advirtió que permanecerán en plantón hasta que tengan un resultado favorable de la autoridad aduanal y sostuvo que el decomiso es una “arbitrariedad” que está afectando el éxito de la caravana porque la camioneta es uno de los tres transportes principales que utilizarán para llegar a Washington.
Por su parte Irineo Mújica, dirigente de la Coalición Humanitaria Internacional ProMigrantes (CHIP Migrante) calificó el decomiso de la camioneta como “un claro boicot” porque fue confiscada con sus documentos en regla a un miembro del grupo de trabajo de ciudadanía estadunidense.
El activista relató que sin dar mayor explicación, las autoridades le arrebataron el vehículo y le dieron un documento como prueba de la confiscación con fecha vencida.
De acuerdo con el relato del conductor, al momento de cruzar el puente fronterizo de San Luis, Arizona, le tocó luz verde para pasar la revisión pero un agente aduanal lo detuvo y le ordenó que le diera las llaves. Al preguntar por qué le respondieron que el auto estaba “restringido”.
El conductor intentó entonces gestionar el regreso de la camioneta a Arizona, pero el oficial federal le indicó que no podía llevársela porque estaba confiscada.
Una semana después del decomiso, el 21 de febrero, Castro se dirigió a la oficina de asuntos legales de Aduana de San Luis para hacer el reclamo del vehículo. Ahí fue atendido por el subadministrador, Abel Otero, quien se comprometió a dar una respuesta el 14 de abril, ya que la camioneta sería utilizada para una serie de conferencias en Baja California a las que asistiría el padre Solalinde.
En atención a los protocolos impuestos por Aduana, Castro esperó a la fecha señalada, pero no hubo respuesta.
El martes pasado martes 23 volvió a las oficinas de la Aduana y solicitó una audiencia con el administrador, Tobías Marcelo Echeverría, a quien le informó de la urgencia de tener listo el transporte antes del 29 de abril.
De plano, Marcelo Echeverría le dijo que tendría que esperar hasta cuatro meses para una resolución, porque la oficina aduanal está a la espera de “una respuesta del Departamento de Vehículos de Arizona”, para validar los documentos presentados por el conductor.
Por ello, los activistas decidieron instalar un plantón frente a la Aduana, hasta que les den una respuesta positiva.
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