Exigen a Gobernación revisar el caso de dos indígenas violadas

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú siguen en vueltas, reclaman a Osorio Chong

CORRESPONSALÍA

Tlapa, 2 de junio. El centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan, el Centro Para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (Opim), demandaron al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que se revise la aplicación de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de lnés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, debido a que el próximo 9 de octubre se cumplen tres años.

A través de una carta, las organizaciones le expresaron al responsable de la política interna del país que las sentencias no se están cumpliendo.

En entrevista, el director del centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, aseguró que la carta que enviaron al secretario de Gobernación busca que se dé prontitud a la aplicación de la sentencia en contra del Estado Mexicano.

En entrevista vía telefónica, informó que a casi tres años de las violaciones que sufrieron Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de elementos del Ejército, no ha habido algún avance en las investigaciones de responsabilidades de los militares que las atacaron.

Consideró lamentable la respuesta que ha dado la Segob sobre el tema, al decir “de manera irresponsable” que ha cumplido con las sentencias, porque, dijo, están mintiendo a la nación mientras “siguen afectando los derechos y sobre todo la integridad y seguridad de las afectadas”.

Indicó que la actitud de Inés y Valentina ha sido respetable por el hecho de tenerse que trasladar desde sus comunidades y viajar 10 horas a la ciudad de México para darle seguimiento a sus casos; “es tortuoso el camino que han pasado las víctimas pero han demostrado una fuerza muy grande, desenmascarando al Estado mexicano por denigrar la lucha y la verdad con la que se manejó el caso”.

Destacó que la mayor preocupación es que no se ha cumplido con la creación de un fideicomiso para los hijos de las afectadas además de que no se ha cumplido con la cobertura de becas para el estudio a los que tienen derecho y la atención médica garantizada, lo que “sólo fue un acuerdo burocrático que hasta el momento no ha tenido resultados”.