México, DF a 29 de agosto de 2013
A los familiares, amistades y organizaciones de las víctimas de la desaparición forzada por motivos políticos y sociales en México y el Mundo
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A los organismos de defensa de los derechos humanos no
gubernamentales del pueblo mexicano y otros pueblos del mundo
Al pueblo de México en general
Este 30 de agosto a nivel mundial, como cada año, se conmemora el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, fecha conmemorativa impulsada gracias a la lucha de más de 30 años de los familiares de los desaparecidos integrados en la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM).
La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que en nuestro país tiene sus antecedentes más atroces y masivos en los años sesenta-setentas con la implementación de la guerra sucia de parte del Estado mexicano, contra el pueblo en lucha.
En la última década se ha reactivado de forma generalizada en el país siendo más cruel y más masiva que en aquellos años de represión y persecución política. En tiempos actuales con los panistas Fox-Calderón en la administración federal y su estrategia mediática-contrainsurgente de “guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico” colmaron el territorio nacional de sangre y dolor popular. Violencia institucionalizada que el impuesto Enrique Peña Nieto, el régimen neoliberal y el Estado pro oligárquico continúan al estilo priista.
La Desaparición Forzada es una medida extrema que gobiernos capitalistas autoritarios utilizan sistemáticamente contra opositores, disidentes y críticos al régimen. En esencia la práctica de la Detención Desaparición Forzada es una medida fascista hacía toda mujer u hombre que manifieste desacuerdo con las políticas antipopulares y represivas del gobierno en turno y que además se organiza para hacer exigir el respeto a los derechos humanos y constitucionales fundamentales.
Basta recordar los más de 90 mil detenidos-desaparecidos en lo que va del lustro. De los cuales, el 80% corresponde a los últimos 7 años. Estadística que inicia un crecimiento exponencial a partir del 2007, año en el que fueron detenidos-desparecidos: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en Oaxaca, reivindicados como militantes del PDPR-EPR; de Francisco Paredes Ruíz en Michoacán, defensor de Derechos Humanos; de Daniela y Virginia Ortiz en Oaxaca, indígenas triquis integrantes del MULT; Lauro Juárez en Oaxaca, indígena chatino, a la que le sigue una larga lista en la que también se encuentran personas sin actividad política-organizativa, es decir los desaparecidos por motivos sociales como presuntos ¿?…
A partir de la lucha que desde los años 60’s y 70´s hasta la fecha, emprendimos y mantenemos los familiares y amigos de las víctimas de Desaparición Forzada, por motivos políticos, junto a organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y organizaciones populares iniciamos un proceso de búsqueda y exigencia de su presentación con vida y por el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes. ¡Hasta ahora! El Estado se ve obligado a responder, nada más 50 años después, medio atiende la exigencia popular de nueva cuenta con el priismo en la administración federal: Demagogia y represión.
Las acciones tomadas hasta ahora son únicamente medidas y leyes que pretenden mediatizar y diluir la responsabilidad del Estado, sus instituciones y proteger a servidores públicos perpetradores intelectuales y materiales de este lesivo crimen para la humanidad. Con dicha finalidad tipifico el delito de DESAPARICIÓN FORZADA en 15 entidades del País y en el Distrito Federal y creo una comisión a nivel federal “especial” gubernamental más, que no es otra cosa que un laberinto burocrático y siniestro que busca perder a los familiares, amigos y compañeros de lucha de las víctimas mediante el desgate, el calambre policiaco, cansancio, olvido y corrupción para que desistan en su demanda.
Sin embargo, una característica que revelan estas descripciones del delito, que sólo muestran diferencias formarles entre sí, es que no tienen la posibilidad de concretarse, la conducta que describen es inocua para efectos jurídicos, es imposible responsabilizar a quienes en ellos son indicados como posibles sujetos activos porque durante la creación de esta norma jurídica, los legisladores “olvidaron” describir la necesidad de medios para su comisión, “olvidaron” establecer la condición subrepticia de la conducta, y dejaron la puerta abierta a la duda razonable en favor de quienes pudieran ser los presuntos responsables, por tanto, la legislación de este delito desde nuestra perspectiva, sigue insuficiente en contenido y forma.
Es una instancia atada a las instrucciones de Seguridad Nacional (SEGOB, CISEN, PGR, SEDENA y marina) lo que la imposibilita para sancionar a los responsables intelectuales y materiales de este crimen. Y lo más indignante nos coarta autoritariamente una vez más a familiares, amigos y organismos populares de los detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales del derecho de crear una instancia del pueblo con poder político-jurídico para investigar en libertad el paradero de nuestros seres queridos y exigir juicio y castigo a los responsables.
Esta argucia legal de los congresistas se une a la demagogia de Peña Nieto que asume la existencia de 26 mil detenidos-desaparecidos, y que de manera perversa institucionaliza y mediatiza por medio de fiscalías especiales para la localización de las víctimas, eufemísticamente llamados por los gobiernos federal y estatales como desaparecidos, extraviados o levantados, tratando con ello de eximir su responsabilidad por comisión, omisión o aquiescencia en la detención-desaparición y en la no presentación de las víctimas de este delito de lesa humanidad.
Además que faltan alevosamente los tres poderes de la “unión”, al derecho humano universal y a los tratados internacionales signados diligentemente por el Estado mexicano, que establecen que para sancionar cabalmente este crimen, conforme a los derechos humanos universales invocados, es a partir de la Constitución política-legal de la República, la jurisdicción política y territorio nacional, es la especificación geográfica-política donde se cometió y la responsabilidad directa de entes públicos para sancionar o ser sancionados por comisión, omisión y aquiescencia con respecto al crimen de lesa humanidad que no prescribe. En el entendido de que es responsabilidad del Estado que en el país persista el crimen de detención desaparición forzada.
Como FNLS reafirmamos que la lucha por la exigencia de todos los detenidos-desaparecidos es una obligación moral y demanda nacional que el pueblo mexicano, personalidades y organizaciones populares y progresistas debemos enharbolar con determinación de manera permanente. Es un deber mantener latente la exigencia de presentación con vida de nuestros detenidos-desaparecidos que en su mayoría han sido hombres y mujeres del pueblo, luchadores sociales que han puesto consecuentemente sus conocimientos y práctica al servicio de las cusas populares, para transformar las condiciones de explotación, pobreza, miseria y opresión política que produce el sistema capitalista, que actualmente se refleja en los más de 87 millones de mexicanos en la pobreza.
!!Presentación con Vida de todos los Detenidos-Desaparecidos
por motivos Políticos y Sociales del País!!
¡Vivos se los Llevaron, Vivos los Queremos!
¡Libertad a Todos los Presos Políticos y de Conciencia del País!
¡Juicio y Castigo a los Culpables!
Fraternal y Combativamente
Federación de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de América Latina
FEDEFAM
Comité Hasta Encontrarlos
CHE
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS
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