La ideología neoliberal de Enrique Peña Nieto y sus aliados en el Pacto por México indica que el Estado debe limitarse a tender la cama y lavar los platos sucios del gran capital. En contraste, un enfoque pragmático facilitaría la liberación del Estado de su servidumbre actual y lo llevaría a trabajar junto con las fuerzas populares para generar un robusto desarrollo social para todos. En esta tarea son grandes aliados el texto vigente del artículo 27 constitucional y el régimen de control estatal sobre la renta petrolera. Ambos proporcionan al Estado herramientas fundamentales para garantizar los derechos constitucionales de la población a la vida, la salud, la alimentación, la educación y el trabajo.
Es necesario rechazar las reformas energéticas privatizadoras no solamente porque constituirían un robo al patrimonio nacional, sino también porque minarían los cimientos del Estado social emergido de la Revolución Mexicana. Es nuestro avanzado texto constitucional lo que ha evitado que más ciudadanos caigan en la pobreza, la miseria y la violencia durante la larga noche neoliberal. No podemos permitir que los mitos y las fantasías de los oligarcas opaquen el pensamiento racional y ponderado que caracterizan la cultura popular mexicana.
En principio, aumentar el control de empresas trasnacionales sobre la renta petrolera no generaría ganancia alguna para el pueblo, sino todo lo contrario. En lugar de que el gobierno reciba las ganancias para poder gastarlas en escuelas, centros de salud y carreteras, las recibirían estas empresas para poder complacer a sus accionistas. La privatización tampoco ayudaría con el combate a la corrupción. Las últimas dos décadas con experiencias similares en los sectores bancario, minero, telecomunicaciones, aviación, entre otros, han demostrado claramente que la desincorporación de activos estatales genera más, no menos, enriquecimiento ilícito.
Tampoco existe garantía alguna de que las empresas transnacionales realmente vayan a invertir grandes cantidades de recursos en la extracción o la refinación del petróleo mexicano. Lo que les interesa a estas empresas es poder reportar a sus accionistas su control sobre los recursos (el famoso booking de las reservas) y no necesariamente su explotación directa. Asimismo, los numerosos desastres ecológicos causados por la irresponsabilidad de las empresas petroleras, incluyendo, por ejemplo, el masivo derramamiento en el Golfo de México por British Petroleum en 2010, demuestran que su tecnología tiene peligrosas fallas.
Resulta evidente que la estrategia más pragmática y menos riesgosa para fortalecer la industria petrolera nacional sería reducir la carga fiscal a Pemex, combatir seriamente la corrupción no sólo en el sindicato, sino también en la licitación de jugosos contratos a empresas privadas, así como aumentar significativamente la inversión estatal en tecnología petrolera. México cuenta con grandes científicos e ingenieros en el Instituto Mexicano del Petróleo, la UNAM y el IPN quienes evidentemente están a la altura del reto histórico. Estas inversiones podrían ser financiadas con un pequeño aumento en los impuestos para las personas físicas y morales más ricas, junto con un fuerte combate a la evasión fiscal.
Pero a Peña Nieto y sus socios no les interesan las soluciones pragmáticas, sino cumplirles a sus patrocinadores. Para la clase política reunida en el Pacto por México el objetivo de la reforma energética no es económico o técnico, sino netamente político e ideológico.
La regla básica de la ideología económica vigente es la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Desde este punto de vista, el Estado no tiene derecho a generar ganancias propias, para después invertirlas en el desarrollo social, sino que su única función es mantener condiciones favorables para el aumento de los ingresos de las empresas privadas. De acuerdo con esta lógica, el Estado también debe asumir las pérdidas del sector privado por medio de costosos rescates cuando los integrantes de la oligarquía despilfarran sus recursos. El caso del millonario y fraudulento rescate bancario por medio de Fobaproa a finales de los años 90, para lo cual el pueblo hoy sigue pagando las deudas vencidas de las familias más adineradas del país, es solamente uno de muchos botones de muestra.
Habría que invertir totalmente esta perversa lógica. Los ganadores tendrían que ser los ciudadanos más humildes y, en caso de que haya pérdidas, las empresas más poderosas deberían asumir los costos de manera solidaria. Afortunadamente, en México todavía contamos con una Constitución de vanguardia, surgida de una revolución social, que está basada precisamente en el principio de priorizar el bienestar general por encima de la avaricia personal o empresarial. Los ciudadanos conscientes tienen la responsabilidad de defender su valiosa Constitución, reflejo de un verdadero pacto nacional, del ataque de un grupo de personajes públicos desacreditados cuyos únicos intereses son el enriquecimiento personal y el poder político.
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