Como los cangrejos, el gobierno federal y el Congreso de la Unión caminan hacia atrás en materia de instrucción pública. A contracorriente de lo que sucede en los países democráticos, donde la descentralización de la administración pública es la tendencia dominante, primero acordaron centralizar la evaluación, luego la política educativa, para rematar, ahora, con la nómina de los trabajadores de la educación.
No es un hecho aislado. La obsesión centralizadora del gobierno de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México parece no tener límite. Los gobernadores desfilan por las oficinas de Luis Videgaray para negociar sus presupuestos, en lugar de hacerlo con el Poder Legislativo. Unilateralmente, ha establecido una política de contratación masiva y centralizada de bienes y servicios, medicamentos incluidos, mediante compras consolidadas, contratos marco y subastas en reversa. Finalmente, en lo que constituye un grave asalto al pacto federal, se dispone a desaparecer los institutos electorales de los estados y a sustituirlos por uno de competencia nacional.
La decisión de que el gobierno federal quite a los estados el control sobre el pago de nómina a los maestros de educación básica fue justificada en nombre de la transparencia, del afán por evitar la duplicidad de plazas y de la decisión de cancelar la doble negociación gremial.
La medida fue anunciada por el jefe del Ejecutivo el pasado 19 de agosto, durante el inicio del ciclo escolar 2013-2014, en Xochitepec, Morelos. Peña Nieto advirtió allí que se revisaría a fondo el financiamiento de la educación pública”, derivado de la descentralización educativa de 1992. A 20 años de distancia, la federalización del pago de los maestros y las insuficientes transferencias de recursos federales han debilitado las finanzas estatales y acentuado importantes inequidades entre las entidades federativas, señaló.
En los hechos, la recentralización es la expedición del certificado de defunción del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica. Es, por tanto, la confesión pública del fracaso de una política que hizo de la descentralización la panacea a todos los males de la enseñanza en el país.
Efectivamente, desde comienzos de los años 80 del siglo pasado, la descentralización se convirtió en una obsesión gubernamental. El diagnóstico oficial asoció el bajo nivel educativo con la centralización, hasta equiparar automáticamente descentralización con mejoramiento pedagógico.
Sin embargo, al aterrizar el acuerdo las cosas resultaron diferentes. Como señaló el Observatorio Ciudadano de la Educación, más que una verdadera descentralización educativa, lo que se puso en práctica fue una descentralización centralizadora, conducida con una lógica centralista e inequitativa, en la que la Federación nunca pretendió perder el control del proceso educativo. Fue más una medida administrativa que pedagógica. Se exigió a los gobiernos estatales que hicieran con menos dinero lo que la SEP hacía con más.
No obstante este fracaso, la descentralización de la enseñanza acordada en 1992 tuvo como telón de fondo un elemento real: el enorme e incontrolable aparato burocrático de la SEP impedía que los recursos educativos fueran bien administrados. Por ejemplo, en lo que es una prefiguración de lo que viene, en 1980 estallaron decenas de conflictos magisteriales en todo el país, por graves problemas de pago, propiciados por el manejo centralizado de la nónima.
Lo que hoy se propone con la recentralización de las plazas es hacer crecer aún más la burocracia de la SEP. Con ello, se están creando las condiciones para fabricar un problema de magnitud insospechada. Sin flexibilidad alguna, las autoridades educativas van a administrar ahora mucho más de un millón de plazas que tienen, de por sí, una gran movilidad.
Los maestros de nuevo ingreso cambian constantemente de centro escolar, combinan su trabajo en una escuela primaria con horas de clase en secundaria, cotizan al Issste y/o a los institutos de seguridad social de los estados, adquieren préstamos que se descuentan de su salario. Otros toman días económicos o se incapacitan. Miles de profesores de primaria laboran como directores de escuela sin el contrato apropiado, con tan sólo una comisión de por medio, porque no existen las plazas presupuestales para que lo hagan. Pretender manejar centralizadamente un sistema laboral tan fluido y complejo, es absurdo.
Efectivamente, hay muchas cosas que no funcionan en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Hay problemas serios para establecer la matrícula y uso indebido de los recursos educativos por las autoridades en los estados. Pero, lejos de resolver estos problemas, la recentralización creará nuevos problemas sin solución.
El uso indebido de los recursos y la doble negociación no se resuelven así. La corrupción en el manejo de las plazas no es algo que suceda sólo en el nivel estatal. Toda la administración federal está llena de prácticas de este tipo. Es falso que la centralización permita combatir la corrupción, lo único que hace es concentrarla.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) negocia con las autoridades federales un aumento anual y sus secciones estatales acuerdan con los gobernadores prestaciones adicionales como días de aguinaldo y primas vacacionales. La medida corresponde al ámbito laboral; es allí donde debe solucionarse.
La autoridad educativa debe estar cerca de las escuelas y de las regiones en las se educa a niños y jóvenes, no a cientos o miles de kilómetros de distancia. Requiere estar en contacto con la labor docente, con los maestros y padres de familia, no pertrechada en una torre de marfil informática.
La recentralización educativa no es más que una fuga hacia adelante. Es un intento de la actual administración por huir de los problemas provocados por su insensibilidad y autoritarismo. Lejos de resolver los graves problemas de instrucción pública que hay en el país, los profundizará aún más.
Twitter: @lhan55
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