Impedirán que sus tierras sean invadidas, advierten campesinos en la ciudad de México
CITLAL GILES SÁNCHEZ Y
LUCIANO TAPIA ( Reportera y corresponsal)
Chilpancingo, 14 de noviembre. El juez primero de Distrito con sede en Guerrero otorgó el amparo interpuesto por habitantes de la comunidad San Miguel El Progreso, municipio de Malinaltepec contra las concesiones otorgadas a empresas mineras; el amparo prohíbe cualquier tipo de actividad ya sea de exploración o explotación minera en su territorio.
Este jueves habitantes de la comunidad indígena me'phaa de San Miguel El Progreso, informaron que presentaron el juicio contra el gobierno federal por considerar inconstitucional la entrega de concesiones a empresas extranjeras para exploración y explotación de las minas que están dentro de su territorio.
En un comunicado enviado por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan se informó que en el juicio los comuneros argumentaron que la entrega de las concesiones mineras a la empresa inglesa Hochschild Mining, en los lotes Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, “contraviene la Constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado”.
La demanda -destacó el comunicado- fue puesta el pasado 15 de julio de este año en el Juzgado Primero de Distrito, la cual quedó asentada con el número de expediente 1131/2013.
El juicio de amparo establece que las concesiones entregadas por la Secretaría de Economía “contravienen el derecho colectivo a la propiedad territorial indígena, el derecho constitucional a la protección integral de las tierras indígenas, el derecho a la consulta, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho a la protección de las tierras comunales”.
Además se exige al Poder Judicial de la Federación que analice si la Ley Minera vigente es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales firmados y ratificados por México.
El juicio de amparo promovido por los habitantes de San Miguel El Progreso fue concedido por el juez Primero de Distrito, y con el que queda establecida la prohibición de cualquier actividad de exploración o explotación minera en dicho territorio.
Tlachinollan destacó que en los últimos años el territorio indígena de La Montaña y Costa Chica “ha despertado la ambición económica”, pues en dicho territorio existen 42 yacimientos mineros, lo que ha provocado que el gobierno federal haya otorgado alrededor de 30 concesiones por 50 años para que se realicen actividades de exploración y explotación minera, “sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas”.
Detalló que los títulos entregados para La Montaña corresponden a 200 mil hectáreas, equivalentes a un tercio de la extensión territorial de esta región.
Ante esta situación, destacó Tlachinollan, las comunidades indígenas y campesinas están en lucha de resistencia contra la minería mas no al desarrollo.
En la ciudad de México, mientras tanto, comuneros de San Miguel El Progreso advirtieron que por considerar inconstitucional la entrega de concesiones para la exploración y explotación minera, por ningún motivo permitirán que sus tierras sean invadidas,
En conferencia de prensa en la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, ubicado en Serapio Rendón 57 B de la colonia San Rafael, expresaron que defenderán las tierras “hasta con nuestras vidas”.
Expusieron que ya interpusieron un amparo en el juzgado primero de Distrito en Guerrero.
Estuvieron, entre otros, Madga Gómez, experta en derechos humanos indígenas; Abel Barrera Hernández, director de centro de derechos humanos Tlachinollan, y Santiago Aguirre, abogado del mismo, quienes coincidieron en señalar que ante las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas acudirán, si es necesario, ante los altos tribunales internacionales para defender lo que históricamente les pertenece.
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