El encarcelamiento de latinoamericanos que ingresan indocumentadas a Estados Unidos es un negocio donde se coluden empresas privadas con autoridades de gobierno, según un documento firmado por 103 organizaciones de refugiados, migrantes y activistas.
La migración de personas sin documentos desde América Latina hacia Estados Unidos está canalizada en modelos económicos descritos como "esclavitud" por la declaración de la Cuarta Asamblea Internacional de Migrantes y Refugiados (IAMR).
"Compañías de prisiones privadas, como la Corrections Corporation of America (CCA), gastan cientos de millones para cabildear por la legislación de inmigración que asegure un flujo constante de redadas, detenciones y deportaciones de inmigrantes en los EE.UU", cita.
Las 103 organizaciones de 108 países que emitieron la declaratoria desde Washington, capital de Estados unidos, describe al sistema carcelero de ese país como un "complejo industrial" en el que los migrantes latinos son carnada y fuente de dinero.
También relacionaron al sistema productivo de ese país como cómplice del fenómeno de empobrecimiento de los países expulsantes de migrantes en edad productiva para garantizar la mano de obra barata.
"Los monopolios capitalistas explotan esta condición para garantizar el aumento de la obra barata e insegura para alimentar sus industrias, el trabajo en sus campos, operar sus buques, y llenar los trabajos en el sector de los servicios y en los servicios públicos privatizados", dice el documento.
También señalaron el papel de víctima que están adquiriendo las mujeres, que llegan a lugares donde hay "demanda" de trabajo sexual con una "oferta" obligatoriamente baja, por su condición de "migrantes indocumentadas".
"Las políticas neoliberales se perpetúan, endosan y normalizan el patriarcado en su forma más opresiva, a través de una dinámica de la oferta y la demanda, como se ve en la mercantilización creciente de la mente y el cuerpo de la mujer".
Esos señalamiento fueron llevados en días recientes al Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) anual que fue iniciado por el primer Diálogo de Alto Nivel (DAN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre In Migración y Desarrollo Internacional en 2006.
Los activistas acusan al programa de la ONU (el DAN) de ser pasivo ante la migración y de sólo ayudar a que el flujo de personas sea más organizado, sin que ello impida la explotación de personas.
"El FMMD y el DAN de la ONU hacen poco caso a la protección de los derechos de los migrantes. En realidad ellos están interesados principalmente en la gestión de la migración”.
El texto emitido por las 103 organizaciones refuerza su postura con un ejemplo, el del Programa Bracero México-Estados Unidos de 1942-1964 al que entraron 4.6 millones de trabajadores mexicanos que "fueron engañados de sus pensiones".
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