miércoles, 5 de febrero de 2014

Anaversa, muerte e impunidad



En concreto
Laura Itzel Castillo
5 de Feb de 2014

El 3 de mayo de 1991, en la ciudad de Córdoba, la fábrica Anaversa, Agricultura Nacional de Veracruz, SA, especializada en plaguicidas, se incendió, por lo que se produjeron diversas explosiones y derramamientos de alrededor de 38 mil litros de sustancias tóxicas.

Esta empresa tenía sus instalaciones en medio de una zona habitacional rodeada de escuelas, un mercado y una guardería. Durante 25 años estuvo funcionando de esa manera, sin cumplir con medidas mínimas de protección civil. Por tal motivo, cuando se dio el accidente, considerado el mayor en su tipo en nuestro país, los bomberos sólo tenían agua para apagar el fuego y por tanto regaron los tóxicos en el ambiente, por la zona agrícola, el drenaje, los arroyos, ríos y pozos.

A pesar de esto, a más de 20 años del accidente químico, no se ha indemnizado a los afectados, y tampoco se ha limpiado el terreno, que está plagado de sustancias tóxicas cancerígenas denominadas dioxinas. Recientemente el alcalde de Córdoba, Tomás Ríos, anunció la posibilidad de convertir el predio de Anaversa en un mercado público. Ante tal barbaridad se desató una oleada de rechazo.

Por cierto, no es casual que en diciembre pasado el apoderado legal de la empresa se presentara ante la Dirección Municipal de Protección Civil para que autorizara los permisos para tirar las paredes del predio y ponerlo a la venta.

Conforme a la ley, si la autoridad no contesta antes de 45 días, aplica la denominada afirmativa ficta, figura jurídica que otorga la autorización de manera casi automática, al no haber respuesta de la autoridad. Es decir que en teoría se castiga la burocracia, pero en realidad se afecta a la población y se premia a los empresarios, mediante la complicidad obvia de los funcionarios.

Una de las principales activistas, Rosalinda Huerta Rivadeneyra, representante de los afectados por la explosión, exige con diversos órganos un estudio químico financiado por la empresa y supervisado por un organismo internacional para el muestreo, evaluación e interpretación de los resultados. Es hora de hacer justicia, sobran testimonios de damnificados y muertes por esta causa.