Laura Itzel Castillo
En mis dos colaboraciones anteriores escribí acerca de la situación que prevalece en la zona de San Juan Teacalco del municipio de Temascalapa, estado de México, con relación al Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos (Cader), que se ubicó en esa región de manera provisional en 1984, a consecuencia de la contaminación generada por la apertura de un aparato médico de teleterapia, que fue desarmado para venderlo como chatarra en Ciudad Juárez, sin conocer que contenía cobalto 60.
Los habitantes de Temascalapa exigen que las autoridades asuman su responsabilidad y protejan a la población. Un Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos debiera contar con todo lo necesario para otorgar tranquilidad a quienes viven en la cercanía del cementerio.
Mínimamente se deberían generar condiciones de bienestar para los pobladores y establecer programas especiales de salud, atención psicológica y apoyo social a las comunidades vecinas.
Nada de eso existe, ni siquiera atención para las víctimas de la radiación, ni obras de infraestructura en la región afectada, no obstante que desde el 30 de abril de 1999, en la 57 Legislatura de la Cámara de Diputados se presentaron al pleno una serie de recomendaciones que tanto el gobierno federal como el estatal, se han negado a escuchar. Estas recomendaciones salieron publicadas en la Gaceta Parlamentaria, año II, número 257, del martes 4 de mayo de 1999, que en mi siguiente colaboración publicaré.
Los y las mexicanas tenemos derecho a saber cuáles son los sitios donde se encuentran confinados en nuestro país los residuos tóxicos (corrosivos, radioactivos, explosivos, infecciosos y patológicos). Debemos exigir las garantías de seguridad para las comunidades afectadas.
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