El racismo judicial y las
policías comunitarias en Guerrero
R. Aída Hernández Castillo*
El tema del racismo en México era
hasta hace poco un tema tabú del que se hablaba y se investigaba poco en la
academia mexicana. El levantamiento zapatista en 1994 denunció la vigencia de
estructuras coloniales que siguen marcando la inserción de la población
indígena en la vida nacional y el racismo naturalizado que caracteriza nuestra
sociedad. Sin embargo, hace unos pocos años que se pasó de la denuncia a la
investigación rigurosa en torno a cómo se reproduce el racismo en México. No
nos referimos sólo a prejuicios e ideologías discriminatorias, sino a un
fenómeno estructural que caracteriza a nuestras instituciones, prácticas
políticas e imaginarios colectivos.
El libro del antropólogo Yuri
Escalante Betancourt El racismo judicial en México. Análisis de sentencias y
representación de la diversidad (Juan Pablos Editores, 2015) es un excelente
ejemplo de los aportes que la academia puede hacer a la documentación del
racismo, de sus discursos, sus prácticas y su impacto en la reproducción de la
criminalización de los pueblos indígenas. Este libro nos muestra las
limitaciones de las reformas multiculturales, que si bien a partir de la
modificación en 2001 del artículo segundo constitucional reconocen el derecho
de los pueblos indígenas a sus propios sistemas de justicia, en la práctica
judicial se sigue concibiendo a estas prácticas como primitivas y
anticonstitucionales.
A partir del análisis de
sentencias judiciales que involucran a ciudadanos o comunidades indígenas, Yuri
Escalante nos muestra cómo el racismo marca las interpretaciones y decisiones
de los jueces en torno a supuestos delitos que se configuran ignorando el
contexto cultural de los acusados. Muchas de las citas textuales de sentencias
que se reseñan en el libro parecen sacadas de documentos coloniales,
representando a los indígenas como atrasados, ignorantes e igualados. Una
sección del texto analiza las sentencias que criminalizan a las policías
comunitarias de Guerrero, mostrando las paradojas y contradicciones de un
Estado que, a la vez que emite leyes que reconocen el derecho a los sistemas de
justicia indígena, los utiliza, los coopta y, cuando se interponen a sus
intereses, los criminaliza.
En los pasados 18 años los y las
integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) han
trabajado de manera voluntaria en la Costa y Montaña de Guerrero,
constituyéndose en un sistema de justicia y seguridad indígena que ha
disminuido de manera considerable la delincuencia en estas regiones y ha
promovido procesos de reducación para evitar que el crimen organizado reclute a
sus jóvenes. A pesar de que la CRAC, conocida localmente como policía
comunitaria, está contemplada por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y
Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero y por el artículo 2
constitucional, muchos de sus dirigentes están en prisión acusados de secuestro
por detener a delincuentes y someterlos a procesos de reducación.
Lo que el libro de Yuri Escalante
no menciona es la confluencia que se da entre el racismo judicial y los
intereses del crimen organizado y el narco-estado en la región. Cada vez que
las acciones de la CRAC ponen en peligro los intereses de los gobiernos locales
vinculados con la delincuencia organizada, se enarbola el argumento de su
ilegitimidad y se criminalizan sus procesos jurídicos. Este es el caso de
Nestora Salgado, comandanta de la policía comunitaria de Olinalá; de Arturo
Campos Hernández y otros 11 compañeros de la CRAC de la comunidad de Paraíso,
municipio de Ayutla.
Surge la interrogante: ¿por qué
ellos y por qué ahora, si por casi dos décadas la comunitaria ha estado
trabajando en la región con reconocimiento e incluso apoyo gubernamental? La
respuesta a esta pregunta se puede encontrar si se investiga: ¿a quiénes
afectan las acciones que obstruían el libre tránsito del crimen organizado en
la región? Mientras los procesos contra estos luchadores sociales se acumulan y
sus compañeros se inmovilizan ante las amenazas de nuevas órdenes de
aprehensión, Los Ardillos y Los Rojos se mueven con libertad en la región,
extorsionando a la población, cobrando derecho de piso y robándose a las
jovencitas que posteriormente prostituyen. La complicidad de las autoridades
locales con estos grupos es un secreto a voces en la región.
No todos los impartidores de
justicia reproducen los discursos y prácticas racistas que documenta Yuri
Escalante: hay excepciones que nos permiten mantener alguna esperanza en el
activismo legal. Tal es el caso del juez José Luis Arroyo Alcántar, magistrado
del primer tribunal unitario del vigesimoprimer circuito, con sede en Acapulco,
quien en abril de 2014 revocó el auto de formal prisión contra Nestora Salgado,
en una sentencia que argumenta que ella se encontraba en ejercicio de sus
funciones como autoridad comunitaria y expone las distintas legislaciones
estatales, nacionales e internacionales que dan sustento legal a las policías
comunitarias. A pesar de la contundencia de estos argumentos, la sentencia no
llevó a la liberación de Nestora Salgado, porque se le han fincado nuevos
delitos. Negar el reconocimiento y la legitimidad de la justicia impartida por
la CRAC es un ejemplo más del racismo judicial. Mantener a Nestora y a los
demás comunitarios en prisión es una forma de ostentar el poder que el crimen
organizado sigue teniendo en nuestro país.
*Profesora-Investigadora de
CIESAS México
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