AMLOTV

lunes, 11 de octubre de 2010

Ecuador: Veterano de la CIA detrás del Golpe en Ecuador

ECUADOR… ARGOS: OCTUBRE 11 DE 2010…

xEva Golinger

El ex director de la misión especial para Venezuela y Cuba de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Norman Bailey, ha liderado una operación para desestabilizar al gobierno de Rafael Correa

Al pueblo ecuatoriano no les extraña que el gobierno de Estados Unidos esté detrás del último intento de golpe de Estado en su país. Una encuesta realizada por la firma estadounidense Asisa luego de los acontecimientos el pasado 30 de septiembre en Ecuador, revela que más de 50% de los consultados creen que Estados Unidos apoyó la revuelta contra el Presidente Rafael Correa.

El ex oficial de la Agencia Central de Inteligencia, Philip Agee, relató en los años setenta, en su libro “Diario de la CIA”, como él mismo lideró la operación para socavar al gobierno progresista de José María Velasco Ibarra en Ecuador hasta lograr sacarlo del poder bajo fuerza. Agee cuenta como la CIA penetró e infiltró organizaciones sociales, movimientos políticos, medios de comunicación y sindicatos – de derecha y de izquierda – y hasta alcanzaron captar y reclutar agentes dentro de las instituciones gubernamentales para sabotear al estado desde adentro. La operación fue muy eficiente y solo tardó un año para que cayera el gobierno de Velasco.

Velasco fue reemplazado por el Vice Presidente Julio Arosemana, quien rápidamente perdió el visto bueno de Washington por su relación estrecha con Cuba, y fue derrocado en un golpe militar el 11 de julio de 1963, también patrocinado por la CIA.

El “sicario económico confesado”, John Perkins, luego cuenta en su libro “Confesiones de un Sicario Económico” como Washington asesinó al Presidente Jamie Roldós Aguilera, un progresista ecuatoriano quien murió en un “extraño” accidente aéreo en 1981, apenas dos años después de asumir el poder.

Perkins también intuyó que algo parecido podría suceder al Presidente Rafael Correa, debido a sus políticas anti-neoliberales, sus relaciones con Venezuela, Cuba e Irán, y su política petrolera que buscaba “retomar” el control de la rica industria petrolera en Ecuador para beneficiar al desarrollo de su país.

Y lo pensado se hizo realidad el pasado 30 de septiembre, cuando fuerzas golpistas intentaron ejecutar un golpe de Estado, o en lo alternativo, asesinar al Presidente Correa.

Pero hay otra figura quien desde las sombras ha estado manejando la campaña de desestabilización contra el gobierno de Correa, penetrando e infiltrando los movimientos indígenas y las organizaciones sociales y políticas de la “izquierda”.

Philip Agee contó hace décadas como la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos (USAID) fue utilizada como fachada de la CIA para canalizar fondos a organizaciones no gubernamentales (ONG), sindicatos y medios de comunicación. Y en los años ochenta, el gobierno estadounidense creyó otra entidad para realizar este trabajo, pero con una fachada más legítima.

En 1983 nació la National Endowment for Democracy (NED), creada por una legislación del Congreso de Estados Unidos. Su misión era “promover la democracia” en el mundo. Fue un proyecto impulsado por el gobierno de Ronald Reagan y sus asesores más cercanos, entre ellos, Norman A. Bailey, entonces Asistente Especial del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional.

La NED fue primero utilizada en Nicaragua para desestabilizar al gobierno Sandinista. Lograron su objetivo luego de seis años de trabajo duro, penetrando e infiltrando todos los sectores de la sociedad civil para alimentar el conflicto y desgastar al pueblo. Luego de su éxito en Nicaragua, la NED se ha convertido en la agencia principal de financiamiento y asesoría a movimientos de la ³sociedad civil² que favorecen y trabajan a favor de los intereses estadounidenses. En Venezuela, la NED financió a todos los grupos involucrados en el golpe de Estado contra el Presidente Chávez en abril 2002, y ha seguido financiando a la oposición desde entonces.

Dónde hay un gobierno que no le conviene a la agenda estadounidense, allí está la NED, financiando la desestabilización. Ecuador no se escapa de esta triste realidad.

NORMAN BAILEY, VETERANO DE LA CIA

Grupos involucrados en el último intento de golpe contra Ecuador tienen vínculos con la NED y la USAID. Pero una conexión en particular evidencia la profunda operación que Washington tenía en marcha contra el gobierno de Rafael Correa.

La policía nacional infiltrada por la embajada de Estados Unidos, hecho comprobado en un informe oficial del Ministerio de Defensa de Ecuador en 2008, fue el organismo que provocó la crisis el jueves pasado. Y fichas de la Escuela de las Américas, como el Coronel Manuel E. Rivadeneira Tello, lideraron los esfuerzos para asesinar al Presidente Correa, disparando contra el carro presidencial durante su rescate.

En 12 de julio de 2005, el jefe de comunicaciones de la División Estratégica de Desarrollo de la USAID en Ecuador envió un correo electrónico a los otros representantes de la USAID en Quito, expresando su preocupación por la influencia “chavista” en Ecuador. El mensaje incluyó una serie de textos supuestamente demostrando la creciente relación entre Venezuela, Cuba y Ecuador.

Justo ese mismo año fue fundado la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador (CEIE), organización encargada de “promover el desarrollo económico local y regional de las poblaciones indígenas”. En Ecuador, es bien conocido que los votos del sector indígena son fundamentales para gobernar de manera efectiva. Los candidatos que logran el apoyo de las redes y movimientos indígenas son normalmente los candidatos que ganan las elecciones ecuatorianas, y el Ecuador tenía elecciones presidenciales el año siguiente, en 2006.

CEIE nació con financiamiento de la NED y la USAID, creada por Ángel Medina, Mariano Curicama, Lourdes Tibán, Fernando Navarro y Raúl Gangotena. Curiosamente, entre sus tres “miembros honorarios”, figura Norman Bailey, agente de inteligencia de Estados Unidos y experto en operaciones clandestinas.

Bailey estuvo en el Ejército de Estados Unidos dónde se especializó en inteligencia estratégica. Fue economista de la empresa petrolera Mobil International Oil, estudiando y analizando el sector petrolero mundial. Fundó la empresa Overseas Equity Inc, que suministraba asesoría al sector financiero internacional y luego se juntó a la firma banquera Bailey, Tondu, Warwick & Co., asumiendo la presidencia. La firma se dedicaba a las transaciones financieras de deudas en los países en desarrollo.

En 1981, Bailey fue nombrado Asistente Especial del Presidente Ronald Reagan para Asuntos de Seguridad Nacional y Director de Asuntos Económicos Internacionales en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. A partir del 1984, Bailey fue asesor a distintas agencias gubernamentales, corporaciones, bancos, instituciones financieras y empresas multinacionales en cinco continentes.

En 2006, el entonces Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, John Negroponte, decidió crear la Misión Especial de Inteligencia para Venezuela y Cuba. Nombran a Norman A. Bailey para presidir dicha “misión”.

Fue primera vez en la historia estadounidense que la comunidad de inteligencia creyó “misiones especiales” de alto nivel para distintas países. Solo tres misiones fueron creadas en 2006: para Irán, Corea del Norte y Venezuela/Cuba.

Con un presupuesto multimillonario, Bailey incrementó las operaciones de desestabilización contra los gobiernos de Venezuela y Cuba. Al mismo tiempo, cualquier otro gobierno o movimiento en la región que se asociaba con Venezuela o Cuba estaba sujeto a las operaciones clandestinas de Bailey.

Aunque en 2007, Bailey salió de la Misión Especial de Inteligencia para Venezuela y Cuba, se mantuvo como “miembro honorario” de la CEIE en Ecuador. Bailey también seguía, y sigue, “asesorando” al gobierno estadounidense en asuntos de inteligencia.

CEIE tiene vínculos estrechos con los dos principales movimientos indígenas en Ecuador – y los dos movimientos políticos de “izquierda” que más han salido a criticar y oponerse al gobierno de Rafael Correa.

De los cinco fundadores de CEIE, las conexiones de cuatro de ellos con el gobierno de Estados Unidos son asombrosos.

- Ángel Medina también es fundador y presidente de la Fundación Q¹ellkaj, otra organización financiada por la USAID y NED que intenta penetrar y captar fuerzas dentro de la gran comunidad indígena ecuatoriana.

- Fernado Navarro es Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, obviamente representando los intereses empresariales e intentando influir sobre la comunidad indígena a favor del sector financiero. La Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador también ha recibido financiamiento de la NED y la USAID.

- Raul Gangotena ha sido Consultor del Banco Mundial, becario del Departamento de Estado con un Fulbright, fue Embajador del Ecuador en Estados Unidos del 2003-2005 e Investigador de la NED en 2005, justo cuando fue fundada la CEIE. Es además curiosa que Gangotena fue Embajador del Ecuador en Estados Unidos al mismo tiempo que trabajaba para la NED. Esto evidencia la profunda penetración de Estados Unidos en la política ecuatoriana.

- Lourdes Tibán fue Asesora del Consejo Político de la ECUARUNARI, organización fundadora de la CONAIE, que es el movimiento político indígena ecuatoriano de mayor fuerza. Sus vínculos con la NED y la USAID sin duda influyeron sobre su trabajo con la ECUARUNARI y la CONAIE.

En 2009 y 2010, la CONAIE se convirtió en una de las principales fuerzas en contra del gobierno de Rafael Correa. Durante el golpe de Estado del 30 de septiembre, la CONAIE emitió un comunicado responsabilizando al Presidente Correa por la crisis política en el país. Su contraparte política, PACHACUTIK, emitió otro comunicado apoyando al golpe y llamando para la renuncia inmediata de Correa.

El papel de Norman Bailey en los últimos planes de desestabilización en Ecuador no debe ser subestimado. La presencia de este veterano de la CIA en una organización vinculada con los sectores indígenas y empresariales del Ecuador evidencia que la huella estadounidense sigue atentando contra la soberanía del Ecuador.

Fuente: ARGOS – ECUADOR

Difusión: Soberanía Popular

De Tuskegee a Guatemala pasando por Nuremberg

Publicado el 7 de octubre de 2010

Por Amy Goodman

La semana pasada se reveló públicamente que el gobierno de Estados Unidos expuso a la sífilis a cientos de hombres en Guatemala en el marco de macabras experimentaciones desarrolladas durante la década de 1940. Apenas salió a la luz la noticia, el Presidente Barack Obama telefoneó al Presidente de Guatemala Álvaro Colom para disculparse. Colom calificó las experimentaciones de “una violación de los derechos humanos increíble”: “Es una violación de derechos humanos increíble pero ahí está y hay que afrontarla... y vamos a hacer todo lo necesario para que podamos aclarar lo más rápido posible qué profundidad tuvo y qué efectos humanos tuvo, que a nosotros nos interesan los afectados fundamentalmente y como estado pues obviamente... indignados... y si hubiese autoridades del pasado involucradas también se va a decir.” Colom afirmó además que su país evalúa la posibilidad de llevar el caso ante una corte internacional.

Las revelaciones surgieron a raíz de una investigación llevada a cabo por la historiadora médica Susan Reverby, del Wellesley College, acerca de los tristemente célebres estudios de Tuskegee sobre la sífilis. Los dos antiguos proyectos de investigación del gobierno estadounidense en Tuskegee, Alabama y Guatemala (nocivos por igual) son espejo el uno del otro. Ambos muestran a qué extremo se puede ignorar la ética a fin de obtener conocimientos médicos y ambos nos recuerdan que la investigación médica necesita constante supervisión y regulación.

Reverby es autora del libro recientemente publicado “Examining Tuskegee,” una exhaustiva historia de la investigación sobre la sífilis conocida como “Estudios de Tuskegee”.

Tuskegee, en el estado de Alabama, se encuentra en el corazón del Sur Profundo estadounidense. Desde 1932, y hasta ser revelado por la prensa en 1972, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo estudios de largo plazo sobre los efectos de la sífilis cuando no es tratada. El estudio consistió en decirle a cuatrocientos hombres con sífilis que recibirían un “tratamiento especial” para su “sangre mala.” Sin que estos hombres lo supieran, se les administraban placebos inútiles, pero no la cura prometida y su debilitamiento, causado por la sífilis no tratada, fue estudiado durante décadas. En sus fases avanzadas, la sífilis puede ocasionar desfiguración, demencia, ceguera y dolor agudo crónico. Es una manera horrible de morir. Durante los años en que se desarrollaban estas experimentaciones, se descubrió que la penicilina curaba la sífilis.

Sin embargo, no se informó a los hombres de la posible cura y se les negó tratamiento cada vez que alguno de ellos lo requería.

En Tuskegee, los hombres infectados no recibieron tratamiento. En Guatemala sucedió lo contrario.

Allí, los investigadores del gobierno de Estados Unidos infectaban con sífilis a los prisioneros y luego los trataban con penicilina para medir los efectos del antibiótico inmediatamente después de la exposición a la enfermedad. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y de esta manera es como el médico que encabezaba las operaciones, el Dr. John Cutler del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, intentaba infectar a los prisioneros. La historiadora médica Susan Reverby describió las experimentaciones de la siguiente manera: “Fueron a Guatemala porque la prostitución era legal en ese país y era legal además llevar prostitutas a las cárceles para servicios sexuales. Cuando no pudieron generar la infección al nivel esperado con el ingreso de prostitutas, comenzaron las inoculaciones y la manera en que funcionaron fue... En primer lugar la sífilis no es fácil... Hay una razón por la que es una enfermedad de transmisión sexual. No es posible simplemente sacar sangre a una persona con sífilis y pasársela a otra persona. De hecho, es necesario crear una vacuna. La bacteria que causa la enfermedad puede morir al tener contacto con el aire, es por eso que debe pasar a través de líquidos y fluidos corporales y es por eso que se transmite sexualmente. Crearon una vacuna utilizando las pruebas de campo con conejos que ya tenían la enfermedad. Raspaban o rasguñaban los brazos de personas en cárceles, asilos psiquiátricos y barracas del ejército. Utilizaron sus brazos, sus mejillas, además buscaron hombres, y francamente esta parte me resulta completamente increíble y hace que todo parezca parte de una película clase B, encontraron hombres con prepucios largos, tomaban sus penes, retiraban el prepucio hacia atrás, raspaban el glande y aplicaban la vacuna por medio de un pequeño trozo de algodón con gaza, un apósito. Hacían esto durante una hora y media o dos horas con la esperanza de que la infección se transmitiera de esa manera.”

Procedimientos similares fueron utilizados con pacientes psiquiátricos y soldados.

Irónicamente, el estudio en Guatemala comenzó a desarrollarse en 1946, el mismo año en que los tribunales de Nuremberg por primera vez juzgaron a médicos nazis, acusándolos de llevar a cabo experimentos atroces con prisioneros de campos de concentración. La mitad de los acusados fueron condenados a muerte. Durante el proceso se creó el Código Nuremberg, que establece estándares éticos para la experimentación médica con humanos y la obligatoriedad del consentimiento informado. Pero, al parecer, a los investigadores estadounidenses no les importó Nuremberg.

El Dr. Cutler, responsable del proyecto de Guatemala, participó luego de los estudios de Tuskegee. En un documental de PBS “NOVA” de 1993 llamado “Engaño mortal” afirmó: “Era importante que no se los tratara, y no habría sido deseable seguir adelante y administrarles grandes dosis de penicilina para tratar la enfermedad ya que esto hubiera interferido con el estudio.” El Dr. Cutler murió en el año 2003.

El gobierno de Estados Unidos con frecuencia ha llevado a cabo experimentos sin consentimiento informado de los sujetos. A mujeres de Puerto Rico se les administró estrógeno a niveles de riesgo mientras se probaban las pastillas anticonceptivas.

En otras investigaciones, se inyectó plutonio a pacientes hospitalizados que no se habían ofrecido como voluntarios para estudiar los efectos de ese elemento en el cuerpo humano. Dow Chemical, Johnson & Johnson y las autoridades de la cárcel de Pensilvania expusieron a los internos a químicos, entre ellos a dioxinas, para probar sus efectos. Muchas de las personas sometidas a este tipo de experimentación han muerto o han visto sus vidas dañadas de forma permanente. Todo esto en nombre del progreso o de las ganancias.

Los investigadores se apuran a señalar que este tipo de prácticas son cosa del pasado y que han dado paso a lineamientos estrictos que aseguren el consentimiento informado de los sujetos. Sin embargo, se hacen esfuerzos para suavizar las restricciones en casos de experimentación médica en cárceles. Es necesario preguntarse qué significa “consentimiento informado” dentro de una cárcel, o en una comunidad pobre donde se utiliza el dinero como incentivo para “ofrecerse” como voluntario para una investigación. La investigación médica debería llevarse a cabo únicamente si respeta estándares humanitarios y cuenta con consentimiento informado y supervisión independiente, si es que las lecciones de Nuremberg, Tuskegee y ahora Guatemala tienen algún significado.

————————–

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: Democracy Now

Difusión: Soberanía Popular

Iniciativa Mérida está por Terminar

Por Gonzalo Lara

Con el Plan Colombia, entre 1998 y 1999, los Estados Unidos apoyaron con más de 7 mil millones de dólares, inteligencia, armas y tropas militares a la nación sudamericana para supuestamente eliminar a la guerrilla y abatir al mercado de la cocaína. Actualmente Colombia sigue a la cabeza entre las naciones productoras y exportadoras de esta droga y como una de las principales proveedoras de la misma al país que más la consume en el mundo, los Estados Unidos. El balance de este Plan dista de ser satisfactorio a más de 10 años de haberse instrumentado. Las supuestas relaciones entre la guerrilla y el tráfico de cocaína, y la corrupción de los gobiernos gringo y colombiano, dificulta aceptar como logros reales el asesinato de algunos líderes de las FARC, la liberación de rehenes o la relativa disminución de la violencia imputada a los cárteles, pues los beneficios que deja el mercado de sustancias prohibidas continúa arrojando inmensas ganancias a las altas y permeables esferas del poder colombianas y norteamericanas.

Hacia el 2008, la administración federal panista se ufanaba de que México tendría el honor de que Estados Unidos colombianizara la crisis de seguridad del país desatada por el presunto combate al narco con un plan similar al aplicado en Colombia. Pese a las voces de protesta ciudadanas y políticas en torno al riesgo al que se expondría la soberanía nacional con un programa de ayuda de corte intervencionista (si es que este país puede estar más intervenido y desoberanizado), la Iniciativa Mérida entró en vigor a partir de junio de ese año. El gobierno federal recibió la cantidad de casi mil 500 millones de dólares para luchar contra el narcotráfico. Los resultados están a la vista todos los días: miles de muertos, condolencias inútiles cuando conviene darlas, detenciones espectaculares mediatizadas, balaceras, levantones y ejecuciones, funcionarios acribillados, asaltos a instalaciones policiacas, fugas de reos y un crecimiento del descontento social como no se había visto en la historia moderna de la nación.

Para Calderón y sus comparsas, como reiteradamente lo confirman, el combate al narco es igual a más armas, más ejército en las calles y más policías, aunque ambas fuerzas trabajen cada vez más para el mismo enemigo que se supone que combaten.

Sin mucho alarde mediático, se anuncia en el TEC de Monterrey de la ciudad de México que la Iniciativa Mérida concluirá este año (qué lástima, se hubieran aguantado un poquito y la podían haber metido al cirquito llamado Iniciativa México). No hay refrendo: el vecino del norte no invertirá más millones de dólares en esta iniciativa. Sin embargo, amenaza con continuar colaborando-vigilando estrechamente el combate al narco en México, pues según Hillary Clinton, secretaria de Estado del gobierno norteamericano, el asunto toma tintes de insurgencia y el escenario político está cada vez más dentro de las intenciones de las grandes bandas de comerciantes exportadores de drogas del país. Su gobierno se mantendrá muy atentos, dice ella, como lo hizo y lo siguen haciendo en Colombia y en todo el continente, pero del combate al narco y al consumo de drogas en su territorio, ni una palabra.

Fuente: Machetearte

Difusión: AMLOTV

Agenda legislativa: militares y fuero civil

Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 7 de octubre (apro).- Mujeres organizadas se dispusieron a analizar, el pasado viernes 1, cuáles son los temas de la agenda en beneficio de las mujeres. Hay uno, actual y candente, que nos tendría que hacer reflexionar.

De manera central, esta agenda debería atajar la violencia institucional contra las mujeres, como la ocasionada por el funcionamiento de policías y militares.

Hace una semana, los senadores –encabezados por Manlio Fabio Beltrones– señalaron que el gobierno mexicano debía cumplir con los señalamientos de la Corte Interamericana para sacar del Código Militar la interpretación de que los militares sólo deben ser juzgados por una Procuraduría Militar, aun cuando cometan delitos del orden civil, lo que viola la Constitución.

Bastaría leer el artículo 13 de la Constitución, que señala claramente que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, y subsiste el fuero de guerra por delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.

Hay más: “cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá el caso la autoridad civil que corresponda”.

El mandato constitucional es tan claro que provoca ira saber que las quejas realizadas a través de mecanismos nacionales e internacionales sobre abusos militares, no a paisanos, sino a paisanas, rebasa media centena, sin embargo persiste una impunidad que lacera.

Pero con frecuencia se ve que hay fiebre por legislar. Llovido sobre mojado, sin mirar lo esencial, e irse al bosque sin mirar la rama. ¿Para qué necesitamos tantas leyes, reacomodos, mejoras, si la Constitución es tan clara?

En el Congreso hay al menos tres iniciativas documentadas para que los militares respondan por delitos del orden común y penal como civiles, porque ninguna acción militar puede justificar el abuso a las mujeres.

Así también, una centena de modificaciones para perfeccionar leyes en materia de violencia contra las mujeres circulan desde que Griselda Álvarez --la primera gobernadora del país, a finales de los años 70-- puso el acento en que había que pasar del horror de considerar como mucho peor el robo de una vaca, que la violación a una mujer.

Hay ordenamientos estatales, como el de Quintana Roo, que todavía dicen eso. Las modificaciones urgen en los estados, o habría que hacer uso del 133 constitucional para hacer efectiva la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Belém do Pará, que México ratificó desde 1994.

Hoy sabemos que el estado de violencia circula y se pega como una hidra en el país, lo que hace prioritario detener el horror, donde las violaciones a manos de integrantes del Ejército son ciertas, insostenibles e inaceptables y se mantienen impunes.

Se conocen, se han documentado al menos 20 casos que no significan 20 personas, sino muchas más. Solamente en 1978, 18 mujeres fueron violadas en la región Triqui de Oaxaca; tres en Altamirano, Chiapas, en abril de 1994; otras más en San Cristobalito, en 1995, y también en Lagos de Montebello, por hablar sólo de Chiapas, pero está el caso de Soledad Atzompa, Veracruz, donde en 2007 fue violada Ernestina Ascencio, quien murió a causa de ese atropello. Y también la denuncia de dos adolescentes violadas en Ciudad Lerdo, Durango, en 1998, a manos de militares de la VI Zona Militar.

Desgraciadamente estos casos, documentados, sostenidos, tramitados en los espacios nacionales e internacionales, no han recibido la visibilidad necesaria, y la batalla por la justicia empieza a significar alguna respuesta.

Todo esto viene a cuenta porque el pasado viernes 1, cuando sesudamente se revisaba lo que había que hacerse, se supo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por miembros del Ejército Mexicano en 2002 (la primera en Barranca de Bejuco y la segunda en Barranca de Tecuani).

Evidentemente esta sentencia condenatoria se suma a la surgida por el asesinato de varias jovencitas en lo que se conoce como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En breve se conocerá oficialmente la primera sentencia relativa a la violación de mujeres a manos de elementos del Ejército, y debiera, esperamos, como la del Campo Algodonero, significar que en lo inmediato el Congreso resolverá las iniciativas que obran en sus archivos para, de una vez, juzgar en tribunales civiles decenas de casos que han sido documentados, como decía, desde 1956, entonces con el justificante de la guerrilla y hoy con el del narcotráfico.

Las denuncias de hechos similares han sucedido, según la investigación de numerosas organizaciones sociales y periodísticas, en Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Veracruz.

Por supuesto que no puede desdeñarse el comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Organización del Pueblo Indígena Me ‘phaa (OPIM), en el que resaltan que las sentencias fueron notificadas el pasado viernes 1 y significan un “reconocimiento a la búsqueda de la justicia de las mujeres indígenas”, quienes han mantenido su acusación desde 2002, año en que fueron agredidas sexualmente.

Querella similar existe desde 1994 por el atropello a las indígenas tzeltales, que también atiende Cejil y que comenzó la abogada Martha Figueroa.

El Estado Mexicano se rehusó sistemáticamente a reconocer el abuso de los militares que entonces habían cercado a cientos de comunidades en Chiapas, por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

La sentencia por los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú ocuparán miradas y comentarios, porque la CoIDH considera al Estado mexicano “directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia, a no ser torturadas, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial”.

El tribunal estima que México “ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales”, aunque la Ley General y sus similares en casi toda la República, que garantizan una vida libre de violencia para las mujeres, está, por supuesto, armonizada al derecho internacional.

Lo grave es que no se cumpla ninguna de las dos aristas y que, se sabe, “las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado”.

Lo importante es ir más allá: Las legisladoras debían concentrarse en hacer valer los contornos que ofrece la sentencia, no sólo en lo que se refiera a la reparación de daño para Inés y Valentina, sino sacar a relucir las denuncias históricas, las que están documentadas en la misma Corte, las archivadas en numerosas organizaciones de derechos humanos, y no quitar el dedo del renglón, en el sentido de señalar que el Ejército en la calle es un peligro real para las mujeres.

Es de aplaudirse la tenacidad de Cejil, que en forma sistemática e inteligente ha logrado armar un expediente tan contundente que la Corte actuó y ordenó, según las ONG, medidas para garantizar que hechos como los litigados no vuelvan a ocurrir.

Los documentos siempre dicen eso. Lo grave es que ocurre, sigue pasando, a la vista de todas y todos, sin posibilidades de juzgar a los culpables.

Al cierre de este escrito, la Secretaría de Gobernación ya había emitido un comunicado para dar cuenta de la recepción de las sentencias condenatorias, sin mencionar en ninguno de los nueve párrafos del documento que quienes agredieron sexualmente a Valentina e Inés fueron miembros del Ejército Mexicano. Lo de siempre.

saralovera@yahoo.com.mx

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV

La Familia Calderón y el Michoacanazo

Por Eduardo Ibarra Aguirre

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa no dijo una palabra sobre el más reciente y estrepitoso revés que sufrió su proyecto político de convertir a Michoacán en plaza propia. Como diría el clásico de los sueños blanquiazules, Germán Martínez Cázares: “Vamos a guanajuatizar México”. Y la frustración del sueño guajiro lo llevó a caer de la gracia del jefe y pasar al ostracismo.

Liberados 34 de los 35 funcionarios municipales y estatales de Michoacán –12 por desvanecimiento de pruebas, ocho por revocación del auto de formal prisión y nueve por sentencias absolutorias--, la Procuraduría General de la República se engalla y anuncia que litigará contra el juez Efraín Cázares López ante el Consejo de la Judicatura Federal. Solicita, también, el desafuero del diputado Julio César Godoy Toscano.

De los servidores públicos detenidos en la víspera de las elecciones federales de 2009, por presuntamente tener vínculos con el cártel de La familia, sólo permanece en prisión Armando Medina Torres, alcalde de Múgica, quien se prevé será liberado antes de dos meses. Por si lo anterior fuera poco, recientemente tomó posesión como diputado federal Julio César Godoy Toscano, burlando a la luz del día el cerco de la Policía Federal sobre la Cámara de Diputados, para cumplimentar una orden de aprehensión vigente, pero ya inviable con el fuero.

Manlio Fabio Beltrones Rivera y Carlos Navarrete Ruiz subrayaron el ridículo en que fueron puestos Calderón Hinojosa y Arturo Chávez Chávez, y éste pretende disminuirlo con la impugnación de los fallos judiciales de primera instancia, que ordenaron la liberación de los prisioneros en el transcurso de los últimos 14 meses.

El macizo golpe propinado por Felipe de Jesús Calderón a los partidos que se le oponen en Michoacán, destacadamente al gobernante de la Revolución Democrática, era del conocimiento de Luisa María Calderón Hinojosa antes de que se llevara a cabo e ignorado por el gobernador Leonel Godoy Rangel.

El protagonismo político de la exsenadora Luisa María rebasa con creces a la secretaría de Elecciones que cubre en la dirigencia estatal, al punto de que se atreve a hablar y opinar en nombre de la “sociedad michoacana”. Y sin ocupar ningún cargo público, nombró a los delegados federales de todas las secretarías de Estado, la acompaña ostentosamente un nutrido grupo de elementos del Estado Mayor Presidencial y funge como máxima representante de Los Pinos en Michoacán, aseguraron analistas locales que solicitaron omita nombres.

Los Calderón Hinojosa, sobre todo Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, están empecinados en convertir a la gubernatura de Michoacán, en 2011, en una prenda familiar y refugio para el retiro del hermano más exitoso, pero también cada vez más impugnado hasta el rechazo y con previsibles dificultades para permanecer en el país dentro de 26 meses.

Está en su pleno derecho el impugnado procurador a alegar y, sobre todo, demostrar lo que llama “exceso de atribuciones” y haber decretado “de forma cuestionable” el titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal con sede en Michoacán, la libertad de 20 de los 35 alcaldes, regidores y funcionarios estatales. Más aún: ése es su trabajo y para eso cobra sueldo y prestaciones espléndidas.

La que no está apegada ni remotamente a derecho es la conducta del titular del Ejecutivo federal, quien al erigirse en agente del Ministerio Público –como antes lo hizo de gastroenterólogo, investigador policiaco, sicólogo, sacerdote y hasta epidemiólogo-- invade atribuciones de lo que se ha dado en llamar “abogado de la sociedad”, pero es un simple empleado del presidente, como lo demostró al postular en la radiodifusora Max FM de Morelia y sin el menor de los rubores, que hay elementos incriminatorios en contra de los funcionarios liberados, “versiones de testigos” –protegidos y pagados por su gobierno-- y “según entiendo” grabaciones telefónicas.

Políticamente se comprende que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa defienda el más importante y escandaloso de los operativos policiaco y militar que, explica ahora, buscaba una “completa depuración y fortalecimiento de la fuerza pública, de la policía estatal concretamente, de la Procuraduría de Justicia y sus ministerios públicos”.

Para lograr lo anterior, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús ignoró al gobernador michoacano, pero no a Luisa María Calderón Hinojosa, a la que según sus indiscreciones pueblerinas enteró oportunamente del anticonstitucional operativo en la República federativa, que incluyó entrar al Palacio de Gobierno a detener funcionarios. Lo bueno es que en Los Pinos vive y despacha un abogado que, además, tiene como propósitos centrales construir un “gobierno de leyes” y un estado de derecho, así cueste a la sociedad 29 mil vidas, el 12 por ciento de ellas víctimas inocentes.

En todos los tonos, legisladores de los partidos de oposición aún condenan el michoacanazo de hace 18 meses y advierten ante la persistencia y tenacidad de Chávez que “todo fue un montaje de la autoridad federal armado con una intención distinta a la de combatir a la delincuencia organizada”.

Intencionalidad eminentemente política, que tiene como obsesión presidencial posicionar a su partido, Acción Nacional, y despejarle el camino a Luisa María Calderón para que sea la candidata a gobernadora en 2011 y, más tarde, despache en el Palacio de Gobierno de Morelia, y su hermano disponga de esta manera de un refugio seguro dentro del país.

Fuente: Machetearte

Difusión: AMLOTV

México: Infierno y arte

Marco Appel

Para una artista plástica mexicana radicada hace dos décadas en Europa, la sangrienta realidad que supone la violencia asociada al crimen organizado en su país entraña una emoción inefable que sólo puede expresarse con arte. Marisa Polin es su nombre, y su obra ha estremecido al público de Holanda, donde reside. En el centro cultural World Art Delft (WAD) presenta una exposición de pinturas que reflejan la violencia extrema que desató la guerra contra el narco en México. “El factor que me llevó a trabajar en este tema –confía a Proceso, en una entrevista para este reporte especial– no fue el crimen ni la crueldad, sino los límites de hasta dónde ha llegado esa falta de moral…”.

DELFT, HOLANDA, 9 de octubre (Proceso).- Ejecutados, decapitados, torturados, secuestrados... las referencias al infierno que atizó la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico son una constante en las 47 obras de la muestra titulada (No) culpable, una de las exposiciones más provocativas que hayan tenido lugar en Holanda con la violencia mexicana como tema.

Las obras son de Marisa Polin, artista mexicana radicada en Holanda, y se presentan desde el 12 de septiembre en el centro cultural World Art Delft (WAD). La muestra concluirá el próximo domingo 17.

Quizá la más inquietante de sus piezas es la imagen de un narcotraficante que sujeta con un brazo el águila del escudo nacional mientras amenaza a alguien con una pistola. El título: La revolución de la narco-independencia, obra en la que la autora se imagina que, de continuar la descomposición del país, de este tipo serán los retratos de nuestros futuros héroes patrios.

Polin nació en México pero desde hace 20 años vive fuera del país. Es esposa del exministro de Finanzas y Economía de Holanda, Hans Hoogervorst. Normalmente hace retratos de la realeza europea y de políticos.

A principios de año expuso la serie Covered (cubierto) en la galería Stevens, en Maastricht, donde exhibió pinturas con el tema del anonimato. Además ha participado en exposiciones colectivas en galerías de La Haya. (No) culpable es su primera serie de creaciones sobre la violencia en México. Todas muestran escenas reales: las tomó de fotografías publicadas por diarios y revistas mexicanos.

Polin ya no pudo integrar a la exposición la pintura de Diego Fernández de Cevallos secuestrado, que tituló El Jefe y en la que el excandidato presidencial panista aparece con los ojos vendados y el torso desnudo, tal como en la fotografía que divulgaron sus captores el 26 de julio pasado. En aquella imagen Fernández de Cevallos sostiene el número 1751 de Proceso, en cuya portada se publica una fotografía de él.

Polin dice a este semanario que planea exponer por primera vez El Jefe –y otras cinco obras de (No) culpable– en noviembre próximo, cuando participe en una exhibición colectiva en la galería Ruimtevaart en La Haya.

Extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1771 de la revista Proceso, ya en circulación.

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV

Para apoyar al candidato de las fuerzas progresistas al gobierno mexiquense, López Obrador pedirá licencia como militante del PRD

Nezahualcóyotl, estado de México

Domingo 10 de octubre de 2010

* Para apoyar al candidato de las fuerzas progresistas al gobierno mexiquense, López Obrador pedirá licencia como militante del PRD

*El PRD es un partido al servicio del pueblo y no a intereses de grandes caciques del PAN reaccionario, sostiene

*Un error, una contradicción y una aberración, la aprobación de alianzas electorales con la derecha panista, afirma

*Aclara sin embargo el presidente legítimo de México que no renunciará a su partido; quienes deben salir son otros

Andrés Manuel López Obrador advirtió que pedirá licencia como militante del PRD para poder apoyar al aspirante de las fuerzas progresistas, pero aclaró: “No nos vamos a salir del Partido de la Revolución Democrática, porque quienes tienen que salir del partido son otros”.

Afirmó que si los dirigentes del PRD quieren ser instrumentos de la mafia del poder y del dinero, “que con su pan se lo coman”; en cambio, “nosotros vamos a demostrarles aquí, en el estado de México, que el pueblo es el que manda”, puntualizó.

En el último día de gira de la tercera semana de recorrido por los 125 municipios del estado de México, el presidente legítimo de México informó que el movimiento que encabeza va a participar en las elecciones para renovar la gubernatura del estado.

Anunció que regresará a recorrer los 125 municipios para construir una alianza, abajo, con la gente, militantes del PRD, PT y Convergencia, organismos sociales, y ciudadanos sin partido, de buena voluntad.

Informó que pedirá a los dirigentes el PT y Convergencia que pongan al servicio de la alianza del pueblo su registro para poder elegir a un candidato o candidata que esté a favor de la gente de abajo del estado de México.

Recordó que el sol azteca se fundó para ser un instrumento del pueblo, pero “si los dirigentes del PRD son un instrumento de la mafia del poder que con su pan se lo coman, nosotros no vamos hacer eso”.

Postularemos a un candidato para que le gane al PRI, a Peña Nieto, a Carlos Salinas de Gortari, al PAN y a los paleros del PRD”, subrayó.

En Valle de Chalco, López Obrador nuevamente dio a conocer su rechazo a la alianza del PRD con el PAN para contender en las elecciones de julio de 2011 y mencionó que “no nos vamos a quedar nada más con los brazos cruzados, porque vamos a tener una candidatura que triunfe y se empiece a hacer justicia en el estado de México”.

“Es un error lo que están cometiendo los dirigentes del PRD nacional, ustedes saben que el PAN no es un partido que apoye a los pobres, es un partido que desde nació está a favor de los grandes caciques, ¿qué tiene que hacer el PRD aliarse con un partido reaccionario”.

López Obrador pidió a los habitantes de Valle de Chalco, Chalco e Ixtapaluca a no olvidar que el PAN y el PRI son lo mismo, no hay diferencia, se pueden pelear cuando se trata de elecciones, pero se unen para proteger los privilegios de unos cuantos.

Y por eso, prosiguió, ni un voto al PRI, ni un voto al PAN en las próximas elecciones de julio de 2006.

En Chalco, expresó que la alianza del PRD y PAN es contradictoria y una aberración, porque no hay razón para unirse al PAN, es un partido de derecha, de los potentados, donde se desprecia al pueblo.

El PRI y el PAN son los mismo, puntualizó, porque votaron a favor del aumento de los precios de las gasolinas, el diesel, la luz, y también aumentaron el Impuesto al Valor Agregado.

Asimismo, indicó “no podemos aprobar la alianza, porque hace cuatro años el PAN nos robo la Presidencia de la República, solo que no tuviéramos vergüenza iríamos en alianza con Acción Nacional.

En los cuatro municipios que recorrió este día, el presidente legítimo de México de nuevo dio a conocer que participará en las elecciones presidenciales el 2012, para ganarles a los potentados.

En Valle de Chalco, recordó que este día se cumple un año de que Calderón despidió injustamente a 44 mil trabajadores electricistas y de que el gobernador del estado de México, Enrique Peña, salió a decir que fue buena la decisión que tomó el presidente pelele.

López Obrador indicó que regresará a refrendar sus compromisos que anunció en el municipio, cuando fue candidato a la Presidencia de la República en el 2006, como por ejemplo: impulsar empleos para que el municipio salga adelante, salga de la marginación y el abandono en que se encuentra.

Además de establecer un estado de bienestar en la entidad y en todo el país, como es dar becas a discapacidad, madres solteras y los jóvenes tengan posibilidad de estudiar.

●●●●●

Fuente: Gobierno Legítimo

Difusión AMLOTV

Calderón, autoritarismo y represión

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 8 de octubre (apro).- En 2008, ante el desgaste de las tropas del Ejército por el combate al narcotráfico, el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) pidió a Felipe Calderón Hinojosa que le asegurara un marco legal para seguir accionando en las calles.

Para ello, Calderón convocó a los integrantes del gabinete de Seguridad; les planteó las demandas del Ejército y les pidió que cada área elaborara una propuesta para modificar la Ley de Seguridad Nacional.

La Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como las fuerzas armadas, se comprometieron a hacer llegar sus documentos lo antes posible.

Por su parte, el general Galván inició una serie de encuentros con diputados de la LX Legislatura para “sensibilizarlos” y allanar el camino para cuando la propuesta llegara a sus manos.

Para el 23 de abril de 2009, cuando Fernando Gómez Mont ocupaba la Secretaría de Gobernación, el general-secretario de la Defensa Nacional acudió a él para entregarle sus propuestas. Sin embargo, muy pronto supo de los alcances del nuevo secretario y de su toma de decisiones.

Gómez Mont le agradeció al secretario su presencia y el esfuerzo de su equipo jurídico; pero le aclaró que justo ese día Calderón enviaría al Senado de la República las modificaciones a la Ley que le darían legalidad a las acciones de los militares en las calles en su lucha contra el crimen organizado.

Quizá este pasaje --ocurrido hace más de dos años--, relatado por colaboradores de la Sedena nos ayude a entender las razones por las cuáles, una vez que el Senado de la República aprobó cambios a la ley, el 28 de abril de 2010, y los envió a la Cámara de Diputados, éstos, de inmediato, congelaron la minuta en la Comisión de la Defensa Nacional, por órdenes del propio general Galván.

En primer término, en la propuesta de Calderón enviada al Senado, en ningún momento participó la Sedena; en segundo, los cambios que PRD y PRI le hicieron en el Senado disgustaron a los militares. De ahí que en cuanto llegó a la Cámara la minuta fue de inmediato congelada por el operador más importante del general-secretario en el Poder Legislativo, el expolicía y exmiembro del Cisen, Ardelio Vargas Fosado, hoy diputado del PRI y presidente de la Comisión de Defensa Nacional.

De mayo a septiembre, Vargas Fosado ha venido trabajando, tanto con el PRI, como con el PAN y la Sedena, para cambiar la minuta y aprobarla en el actual periodo ordinario de sesiones.

Cinco son los puntos básicos que hoy plantea la Sedena, los cuales ya ha cabildeado con legisladores:

--Que los militares no estarán sujetos al mando de civiles, como lo establece la minuta aprobada por el Senado.

--Que no será el Senado la instancia que avale la declaratoria de “afectación” a la seguridad, sino el presidente de la República. (En este segundo punto, en la Sedena sostienen que si el presidente los metió en la lucha contra el narcotráfico, aún sin tener el marco jurídico para ello, debe ser él mismo a quien se le llame a cuentas por las acciones de los militares. Por ello invocan el artículo 89 de la Constitución, fracción VI, la cual fija como “una obligación” del presidente, mantener la seguridad nacional, la interior y la exterior del país).

--Que se les autorice a los militares, y no sólo al Cisen, hacer labores de “inteligencia”, esto es, que se le brinden atribuciones de investigación, que puedan realizar interrogatorios cuando haya susceptibilidad de obtener información.

--Que se les autorice establecer retenes, en una suerte de pequeño Estado de excepción, en donde ellos, los militares, podrán realizar su labor de investigación hacia la gente.

--Clarificar las facultades del Ejército.

En este punto, quizá el más importante, los militares plantean cuatro “niveles de gradualidad” (sic) en los cuales, de acuerdo con hipotéticas eventualidades, se define su participación y grado de responsabilidad ante las autoridades civiles y militares de las acciones que realicen los miembros de la Sedena.

Ya con la negociación en un terreno amigable --la Cámara de Diputados--, el titular de la Sedena volvió a reunirse con los legisladores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, ahora en el Heroico Colegio Militar.

El encuentro incluyó una demostración de la capacidad de fuego que tienen los cárteles de la droga; la letalidad de sus acciones, y la incapacidad que tiene el Ejército para responderles, y no por falta de armamento, sino porque no pueden utilizarlo ante una población civil expuesta.

Por ello también, sin ser parte de la Ley de Seguridad Nacional pero en sintonía con sus objetivos, ese mismo día del encuentro con el general Galván, éste les pidió a los diputados su apoyo para que autoricen a la Sedena un presupuesto adicional de 10 mil millones de pesos, con los cuales se contratarían 9 mil soldados más, quienes formarían 18 unidades especializadas para actuar en contra del crimen organizado, pero sólo en las ciudades.

Estas unidades estarían de manera fija en 13 puntos del país, distribuidos entre las zonas de mayor presencia del narcotráfico y en donde sus acciones han sido más violentas.

Para convencerlos, el general les presentó un mapa con la ubicación exacta del lugar en donde opera cada grupo del crimen organizado; sus líderes, su manera de operar y, sobre todo, les hizo una distinción entre el grupo de Los Zetas con el cártel que encabeza Joaquín, El Chapo, Guzmán.

Les aclaró que mientras El Chapo cuenta con una mando único, una estructura bien definida y se dedica únicamente al negocio ilícito del tráfico de droga, Los Zetas no tienen estructura ni líderes fijos; están involucrados en diversos delitos como el secuestro, la trata de personas, el robo de autos, etcétera. Esta desorganización, además de que dificulta combatir a dicho grupo, lo ha convertido en uno de los cárteles más violentos, debido a que constantemente ellos mismos están en pugna por liderazgos en diversas zonas del país.

Todo lo anterior forma parte del trabajo de cabildeo que Calderón no realizó y que hoy el general Galván impulsa para que la Ley de Seguridad Nacional pueda salir de la Cámara en el actual periodo ordinario de sesiones y sea avalada por el Senado de la República.

El nuevo dictamen, elaborado por la Sedena y la Comisión de la Defensa, será discutido la próxima semana con los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública, José Luis Ovando, del PAN; de Gobernación, el panista Javier Corral Jurado; de Derechos Humanos, Rubén Ignacio Moreira Valdez; y de Justicia, Humberto Benítez Treviño, ambos del PRI.

Al diputado Ardelio Vargas Fosado le interesa cumplir lo más pronto posible con la demanda del general Galván debido a que en febrero próximo dejará la diputación para convertirse en el secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla con el nuevo gobernador de la alianza (PAN-PRD), Rafael Moreno Valle, quien, en realidad, es una pieza más de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo.

De aprobarse los cambios de la Sedena, aunados a la recién avalada Ley Antisecuestros y las nuevas unidades de reacción contra el crimen organizado, el México dejará de ser un Estado de libertades y se convertirá en uno de autoritarismo y represión; de venganzas y de odios, en donde los instrumentos que le están otorgando a Felipe Calderón los diputados, pueden ser utilizados para aminorar, agraviar o desaparecer de la vida pública o política, a cualquier grupo antagónico a su manera de actuar. Todo en nombre del bien del país, de la justicia y de la seguridad pública.

mjcervantes@proceso.com.mx

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV

Narcodesafuero

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 8 de octubre (apro).- La solicitud de desafuero del diputado del PRD por Michoacán, Julio César Godoy Toscano, hecha por la PGR a la Cámara de Diputados, es la demostración más clara hasta ahora de cómo el crecimiento y expansión del narcotráfico en México no se pueden explicar sin la actividad política, ya por complicidad o manipulación del aparato de procuración de justicia.

Si la mayoría del PRI avala en la comisión instructora el procedimiento de desafuero, la PGR de Felipe Calderón tendrá que demostrar que el medio hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, forma parte o ha sido colaborador del cartel de La Familia Michoacana.

El expresidente municipal de Lázaro Cárdenas, a su vez, tendrá que desacreditar el cargo y demostrar que el Ministerio Público federal está al servicio de los intereses políticos del también michoacano Calderón.

La peculiaridad es que ambas posiciones habrán de ventilarse no por ahora más en tribunales, sino en el principal escenario de la representación política del país: la Cámara de Diputados. De ese modo, no es equivocado decir que el narco llegó al Congreso.

Y aquí empiezan las suspicacias. ¿Por qué hasta ahora la PGR decide ir contra un legislador por delitos relacionados con la delincuencia organizada si Julio César Godoy, en caso de que se compruebe, no sería el único diputado que antes o durante el ejercicio de ese cargo habría tenido relaciones con el narcotráfico?

En los diez años de gobierno del PAN, la PGR no ha hecho nada contra aquellos legisladores –diputados y senadores– cuya historia incluye probados nexos con el narcotráfico.

En el caso de legisladores panistas implicados en lo mismo que de lo que se acusa a Godoy, el gobierno federal los ha protegido. Los ha hecho diplomáticos. Han salido del país con inmunidad diplomática.

A otros no le ha dado tal protección, pero simplemente no ha actuado contra ellos por gracia presidencial, pues es de conocimiento público que el encargado del Ministerio Público federal, el titular de la PGR, es un empleado más del presidente que obedece a las órdenes de su jefe.

Tal obediencia, precisamente, es la que está en el centro de la defensa de Godoy Toscano, quien asegura que las acusaciones que le ha enderezado el Ministerio Público al servicio de Calderón actúa por consigna, como en una primera instancia indicaría la liberación de prácticamente todos los exfuncionarios locales y estatales de Michoacán detenidos en el operativo policiaco militar conocido como el michoacanazo.

Puede que ambos tengan razón: que haya indicios de colaboración con el narcotráfico y que Calderón tenga motivaciones políticas. Y es ahí donde éste lleva ventaja, aunque con riesgos.

Un eventual desafuero del diputado perredista sería un factor fundamental en la campaña para gobernador de Michoacán el próximo año. Calderón no quiere dejar la presidencia de la República sin hacerse del control político de Michoacán, su estado.

Si demuestra sus acusaciones, el ocupante de Los Pinos estará, por fin, en la posibilidad de alcanzar lo que sus paisanos siempre le han negado: el triunfo electoral. Primero lo desdeñaron cuando fue candidato a gobernador y luego le han escatimado apoyo a su partido en las presidencias municipales y en el Congreso local. Incluso, en las elecciones federales intermedias de 2009, que estuvieron enmarcadas, precisamente, por el michoacanazo, tampoco alcanzó la ansiada mayoría.

En contraparte, si Godoy desacredita la acusación, el fracaso será monumental para Calderón. No sólo político, sino en su llamada estrategia contra el narcotráfico.

Del PRI, que tiene su propia historia de políticos relacionados con el narcotráfico, dependerá el alcance de la solicitud de la PGR.

Con la petición de desafuero se le abrió un escenario favorable: apoyar a la PGR de Calderón a cambio de bloquear la alianza del PAN con el PRD en el estado de México, y de paso minar al PRD en Michoacán para allanar su regreso a la gubernatura.

Si los intereses políticos de corto plazo se imponen sobre la posibilidad de investigar no sólo las relaciones de la política mexicana con el narcotráfico, sino del uso autoritario del aparato represivo para fines políticos, dos de los Poderes del Estado mexicano –el Ejecutivo y el Legislativo– no sólo estarán ratificando su simulación, sino habrán demostrado que están en franco servicio de lo que dicen atacar.

jcarrasco@proceso.com.mx

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV

El IFE: celebración entre sospechas y desconfianza

Álvaro Delgado

El Instituto Federal Electoral llega a su aniversario número 20 en medio de una atmósfera de recelo ciudadano debida sobre todo al cuestionado desempeño del organismo en los últimos años y sus recientes casos de malos manejos administrativos. En entrevista con Proceso, su titular, Leonardo Valdés, afirma que el IFE “nació para el escrutinio público”, si bien en la institución siguen prevaleciendo prácticas poco transparentes. En los actos conmemorativos de la creación del instituto se tiene prevista la participación de un invitado controversial: el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

MÉXICO, D.F., 10 de octubre (Proceso).- En medio de imputaciones de malos manejos administrativos, nepotismo y disminuida credibilidad ciudadana, el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, proclama que este organismo “nació para el escrutinio público” pero en los hechos impone la opacidad desde lo más básico –por ejemplo, lo que el funcionario realmente cobra por el cargo– hasta las reuniones secretas con Felipe Calderón, el titular del Ejecutivo del que legalmente ya no es subordinado como cuando nació la institución.

Justo cuando el IFE cumple su vigésimo aniversario, cuyo invitado más prominente en los festejos es Carlos Salinas de Gortari –que por primera vez desde que dejó el poder, en 1994, participará en un foro público, el martes 12 en el Palacio de Minería–, Valdés accedió a entregar al reportero recibos de pago que acreditan sus percepciones –“todos los que quiera”–, y motu proprio ofreció datos de “todas” sus cuentas bancarias.

“Usted sospecha que soy corrupto”, interpretó Valdés a la petición de honrar la transparencia pero, al final, echó cerrojo a la información ofrecida, medida que también ha impuesto a las varias reuniones secretas que ha tenido con Calderón desde que, en febrero de 2008, fue electo presidente del IFE, la primera de las cuales –acepta– fue el año pasado.

–¿Por qué razón se reunió con él?

–Porque teníamos temas que abordar respecto de la seguridad del proceso electoral del 2009.

–¿Lo informó al Consejo General?

–No, porque era una reunión privada.

–¿Se ha reunido en privado más de dos veces con Calderón?

–Podría decir que sí.

El más reciente encuentro subrepticio con Calderón fue previo a la reunión que, el lunes 27 de septiembre, tuvieron todos los consejeros con él, en Los Pinos, para invitarlo a inaugurar el “Foro de la democracia Latinoamericana”, la tarde de este lunes 11 en el Palacio de Minería, auspiciado también por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Extracto de la entrevista que se publica en la edición 1771 de la revista Proceso, ya en circulación.

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV

Televisa: La rebelión de los cableros

Jenaro Villamil

Un grupo de concesionarios de televisión por cable prepara una demanda en contra de Televisa por su estrategia de concentración del mercado y por imponer compras forzadas, tarifas elevadas y sanciones arbitrarias. Así ocurrió, por ejemplo, con las transmisiones del Mundial de Futbol de Sudáfrica, que la Productora y Comercializadora de Televisión por Cable –tentáculo de Azcárraga Jean– condicionó a capricho en prácticas expresamente prohibidas por los ordenamientos y sancionadas por la Cofeco. Pruebas de esto constan en documentos obtenidos por Proceso.

En franca violación del ordenamiento de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) que le prohibió las “ventas atadas” de sus señales de televisión restringida, Televisa busca controlar, a través de sus filiales de televisión por cable (Cablevisión, TVI y, especialmente, Cablemás) y de sus socios en la estrategia comercial YOO (Megacable, Grupo Hevi y Cablecom), a la Productora y Comercializadora de Televisión por Cable (PCTV), creada por cerca de 200 accionistas que se ha convertido en “un instrumento” de la compañía de Emilio Azcárraga Jean.

Esta es la queja fundamental de un nuevo grupo de concesionarios de televisión por cable, integrantes de la recién creada Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México (ATRM), que preside José de Jesús Villaseñor Gutiérrez y tiene como vicepresidente a Salomón Padilla Duarte, así como de otros pequeños y medianos concesionarios que preparan una demanda contra Televisa por las “compras forzadas” de las señales y de eventos especiales, como la reciente Copa Mundial de Futbol “Sudáfrica 2010”, al igual que por su estrategia de concentración del mercado por medio de la PCTV.

Las prácticas monopólicas de Televisa, prohibidas por la Cofeco, están confirmadas en una serie de documentos enviados a los socios minoritarios de PCTV, en donde se les ordena como “obligatoria” la contratación de las señales de la Copa Mundial de Futbol “Sudáfrica 2010” con la tarifa de 2.31 dólares por suscriptor, bajo la amenaza de que si no realizan sus pagos correspondientes pueden ser acreedores a la rescisión de su contrato celebrado con PCTV.

Uno de estos documentos, cuya copia obtuvo Proceso, está fechado el 13 de mayo de 2010 y es una circular a todos los socios de PCTV.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1771 de la revista Proceso, ya en circulación.

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV

La recuperación de México "tomará tiempo": Cordero

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON, 10 de octubre (apro).- Por encima de los pronósticos de organismos internacionales del crecimiento positivo en la economía mexicana, la recuperación de Mexico "tomara tiempo", aseguro este domingo Ernesto Cordero el Secretario de Hacienda (SHCP).

“Yo no estoy diciendo aquí que todo este muy bien, lo que estoy diciendo es que estamos avanzando en la dirección correcta”, declaro Cordero en conferencia de prensa en la embajada de Mexico en Washington, luego de su participación en la reunion anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Nos va a llevar tiempo salir de esa crisis”, insistio Cordero en referencia a que pese a los avances macreconomicos del pais por el coletazo de la crisis economica y financiera mundial de los ultimos anos, la gran mayoria de los mexicanos que han perdido sus empleos siguen sin recuperarlos, y las condiciones economicas de la población comun y corriente se mantiene a niveles muy bajos en las estadisticas de pobreza a nivel nacional.

El titular de la SHCP anoto que aun en esta perspectiva, “Mexico esta saliendo muy rapido de la crisis”, por lo cual no contribuye a los avances el que la situación se vea como “un vaso medio vacio”,

Destaco a si mismo, que del primero de enero a la fecha 721 mil familias de mexicano han econtrado un nuevo empleo, de las cuales el 60 por ciento son trabajos permanente y no eventuales.

En esta reunion anual del Banco Mundial y el FMI, Cordero destaco que Mexico recibio “muestras de reconocimiento” con respecto a las tomas de decisiones que han colocado a Mexico como uno de los paises emergentes con mayor atractivo para los flujos de capital. Somos “un mercado emergente, solido y atractivo”, puntualizo el encargado de las finanzas publicas del pais en el gobierno de Felipe Calderon.

En materia de los flujos de inversion que llegan a Mexico, Cordero desmintion lo senalado la semana pasada en el FMI, de que autoridades mexicanos expresaron “preocupación”, a las organismo multilateral de credito por los posibles efectos negativos a los flujos de inversion extranjeros; del problema de inseguridad y violencia que generado por el narcotrafico y el crimen organizado.

“En ningun momento” declaro Cordero de manera tajante cuando se le cuestiono sobre lo expresado la semana pasada por el FMI.

Sobre el reconomiento que recibio Mexico en los organismos multilaterales de credito, el Secretario de Hacienda anoto que esto se debe a que el pais ha mantenido una estricta disciplina fiscal, ha saneado y mantiene a buen nivel las reservas internacionales; y se mantiene en la idea de manejar una estrategia monetaria de libre flotacion libre de intervención gubernamental.

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV

La cacería de Tony Tormenta

Ricardo Ravelo

Protegido siempre por gatilleros y policías de Tamaulipas, donde tiene su feudo, Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido como Tony Tormenta, es ahora uno de los capos más buscados por la agencia antidrogas de Estados Unidos, país donde lo consideran uno de los delincuentes más peligrosos, al igual que a Heriberto Lazcano y a Eduardo Costilla. En México, la PGR, el Ejército y la Marina lo siguen de cerca; incluso estuvieron a punto de capturarlo a mediados de septiembre, pero alguien le ayudó a escapar.

MÉXICO, D.F., 9 de octubre (Proceso).- Es tan poderoso y sanguinario como su hermano Osiel –el antiguo líder del cártel del Golfo– y se da el lujo de protagonizar balaceras y matanzas dentro y fuera de Tamaulipas sin que ninguna autoridad lo haya podido detener. Se trata de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, a quien sus allegados llaman Tony Tormenta.

A menudo se le ve en lugares públicos en Reynosa, Ciudad Victoria, Matamoros y otras ciudades tamaulipecas rodeado de policías estatales y municipales, cuyos mandos se mantienen leales a su organización criminal, una de las más longevas en el país, pues se formó hace más de 50 años.

Tras la captura de Osiel, el 14 de marzo de 2003, Ezequiel se quedó a la deriva, aunque siguió operando cobijado por los uniformados y gatilleros que permanecieron en el cártel del Golfo hasta que Eduardo Costilla, El Coss, llegó a la cúspide.

Hoy, junto con El Coss –quien en sus inicios fue policía ministerial en Matamoros–, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, líder del grupo armado de Los Zetas, Ezequiel conforma la tríada de narcotraficantes que constituyen “una amenaza para la seguridad nacional” de Estados Unidos, según la ficha criminal de la Drug Enforcement Administration (DEA).

De acuerdo con ese documento, Ezequiel trafica con mariguana, cocaína y drogas sintéticas y, precisamente por ser un narcotraficante “peligroso y sanguinario”, en 2009 la DEA puso precio a su cabeza: ofreció una recompensa de 5 millones de dólares a quien aporte información que permita su captura.

En México, la PGR lo incluyó en su lista de los delincuentes más buscados. La dependencia lo compara también con El Coss, El Lazca y otros capos del cártel del Golfo como Gregorio Sauceda Gamboa, Don Goyo, y ofrece una recompensa de 30 millones de pesos por cada uno.

Agentes de la DEA que le siguen los pasos desde hace una década aseguran que Ezequiel se oculta en Tamaulipas, donde lo protegen agentes policiacos, viejos aliados del cártel. Además, según la agencia antidrogas de Estados Unidos, es posible que altos funcionarios lo cuiden por encargo de su hermano Osiel, quien en 2007 fue extraditado a ese país, donde hoy purga una condena.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1771 de la revista Proceso, ya en circulación.

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV

FORO de análisis del Proyecto Alternativo de Nación

Llego la hora de reconstruir a México

Los integrantes de la Resistencia Creativa invitan a todos los ciudadanos libres de México, al Foro de Análisis del Proyecto Alternativo de Nación, donde conoceremos, discutiremos y realizaremos propuestas para enriquecer los 10 puntos de dicho Proyecto.

Por la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico.
El estado, al servicio del pueblo y de la nación.
Democratizar el acceso a los medios de Comunicación.
Nueva política y combate a la corrupción.
Crear una nueva economía.
Combatir los monopolios.
Abolir los privilegios fiscales.
Los energéticos, palanca del desarrollo nacional.
El campo y la soberanía alimentaria.
Estado de bienestar y lucha contra la desigualdad.

Domingo 17 de octubre a las 10:00 hrs. en el Auditorio del SME, en Antonio Caso No. 45 casi esq. Insurgentes.

visitanos en http://resistenciacreativadf.blogspot.com/

escribenos a resistenciacreativadf@gmail.com

Asesinan al Hijo de la Gran luchadora social, Julia Klug.

Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

Julia Klug, se manifiesta frente a palacio nacional para exigir justicia por la muerte de su hijo. Subteniente piloto aviador Ricardo Martínez Klug, Afirmando que la muerte de su hijo fue algo programado, que no fue un accidente, que es una venganza del gobierno federal y la iglesia católica por su lucha social. Haciendo responsables al cardenal Norberto Rivera Carrera y a Felipe Calderón Hinojosa.
Aclarando que “Felipe calderón, se esconde detrás de la televisión y de un ejercito entreguista, que es un asesino y que no ama a nuestra patria” ganándose así la censura y la edición en este video.

“NO ME VAN A CALLAR”

Ne vont pas me taire, do not keep silent me. from TONATIUH MALDONADO on Vimeo.

Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

Julia Klug, luchadora social, que se ha manifestado en reiteradas ocasiones afuera de la catedral metropolitana de la ciudad de México, inicio su lucha desde el 2007; Pidiendo justicia para los niños violados y abusados sexualmente por sacerdotes católicos.
Hoy domingo 10 de octubre de 2010, Afirmó, “no me van a callar”.
Expreso públicamente que a lo largo de estos años, la han golpeado, la han amenazado, la han insultado, la han atropellado, la han querido encarcelar injustamente, la han querido despojar de su naturalización como mexicana, e incluso la han intentado expulsar de México a la fuerza.
El domingo 3 de octubre, como cada domingo que se manifiesta a las afueras de la catedral metropolitana, fue agredida e insultada por los llamados caballeros de Colón y personas incondicionales del Cardenal Norberto Rivera Carrera, pero de manera particular amenazada por una mujer que le aseguró que la dañarían en lo que mas le duele.
El día miércoles 6 de octubre de 2010, personal de la fuerza aérea mexicana, se comunico con ella para informarle que su hijo el Subteniente piloto aviador, Ricardo Martínez Klug, había sufrido un accidente. Por lo cual se traslado a la base aérea militar de Acapulco Guerrero, en donde le informaron de la muerte de su hijo, bajo circunstancia muy extrañas.
Por tales hechos acusa y hace responsable de la muerte de su hijo, al cardenal Norberto Rivera Carrera y al presidente Felipe Calderón Hinojosa. Reiterando su convicción y su compromiso en seguir luchando para que se haga justicia en México a los niños violados y abusados sexualmente por sacerdotes católicos.
Aclarando que esta dispuesta a que la maten y le maten a toda su familia, y que si también son asesinados, morirán con mucha dignidad y con la frente en alto, pues su familia sabe que se esta luchando por una causa noble y justa.
Julia afirma, que este hecho fue un golpe certero y cobarde, de “ellos”, los asesinos, los violentos, los intolerantes, los fanáticos, los conservadores, los hipócritas, los que protegen sacerdotes violadores y el negocio de la institución católica para lucrar con la fe del pueblo de México.