LEOPOLDO GAVITO NANSON - MARTES, OCTUBRE 04, 2011
La semana pasada el presidente Calderón Hinojosa se reunió en Los Pinos con el relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Rodrigo Escobar Gil. El propio gobierno federal lo había invitado a realizar la visita. El boletín oficial de la Presidencia dice que dialogaron sobre diversos temas, pero especialmente sobre el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos “y los avances recientes de México en esa materia”.
También estuvo en México el embajador Yuri Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Dio ese mismo día, junto con la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, también una conferencia de prensa. Las primeras palabras del embajador fueron las siguientes: “Acabo de sostener en la oficina del señor presidente Felipe Calderón una plática bastante amplia. Y antes de contestar sus preguntas, quisiera yo hacer una breve declaración. Reconozco que los ciudadanos comunes y corrientes de México buscan una existencia pacífica. Y ellos, desgraciadamente, son los que han pagado un precio muy alto por el crimen organizado trasnacional y tráfico de drogas. Antes que nada, le doy mi más sentido pésame a aquellos que perdieron algún miembro de la familia, algún ser querido, o algún amigo, frente a esta violencia sin sentido causada por el crimen y el tráfico de drogas organizado”.
Singular instrucción diplomática que sin demasiadas sutilezas se deslinda de la apática (por contraria a la empática) postura gubernamental que suele considerar a los muertos civiles de su guerra como bajas colaterales.
También durante la semana pasada fue difundido un segundo video de las personas que se identifican como Los Matazetas. El grupo ya había hecho presencia en otras oportunidades y puntos del país pero nunca de manera tan claramente pública. Más de un analista y observador ha relacionado la aparición de Los Matazetas con los antecedentes y experiencias referenciales más cercanas: los paramilitares o paras colombianos.
El video junto con el asesinato de 35 personas abandonadas frente al WTC, donde se celebraría la reunión de procuradores, llevó al gobierno federal a un esfuerzo de desmentido con la declaración de la nueva vocera de seguridad para que en el país hubiera grupos paramilitares.
El gobierno por medio de su nueva vocera negó que tenga indicios o elementos “para suponer” que el grupo que se atribuyó la muerte de más de tres decenas de personas en Veracruz “pueda definirse bajo la categoría militar”. El absurdo es mayúsculo, se reconoce la existencia de Los Zetas, los cuales a todas luces funcionan paramilitarmente, pero se niega la existencia paramilitar del grupo explícitamente opuesto, aun cuando en el primer video donde anunciaban su llegada exhibían, todos, diversas armas de asalto. Para el gobierno de Calderón es un problema “de rivalidad entre grupos delincuenciales”. Desde luego, pero eso no niega el paramilitarismo si se acepta la definición del diccionario de la RAE de “organización civil con estructura o disciplina de tipo militar”.
Así, entre tumbos y balbuceos, el gobierno federal trata de salvar cara con base en toda suerte de mentiras y manipulaciones, pero jamás con base en reconocer la realidad como es. Y es comprensible que lo haga así. De aceptar la existencia de grupos paramilitares, equivaldría a reconocer el rotundo y cruento fracaso de sus decisiones.
En contraste y contrasentido de los deseos gubernamentales, el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del ejército estadounidense describe a los grupos paramilitares de los cárteles del narcotráfico en México como parte de la tercera generación del crimen. Más grandes y poderosos que las pandillas, usan la violencia y la intimidación para debilitar a las instituciones gubernamentales y corromper la autoridad del Estado.
Entre ignorancia, torpezas, y mala fe el gobierno federal corona la penosa semana anterior con la modificación de las condiciones del diálogo con los caravaneros.
En junio pasado el Presidente se sentó en la mesa del diálogo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, al terminar el encuentro Calderón dijo textual “nos vemos en tres meses”.
Cumplido el plazo y a pocos días el presidente Calderón intentó modificar las condiciones aceptadas del diálogo. Uno, haciéndolo ahora a puerta cerrada, sin que los medios de comunicación atestigüen; dos, con la inclusión de otros movimientos sociales potencialmente más afines, dúctiles, con el insincero argumento de que “permitiría optimizar y articular las reflexiones sobre puntos de interés común de manera integral e incluyente”. La razón es clara, el gobierno no tiene intención de modificar un ápice el sentido de sus decisiones. Por el contrario, quiere avalarlas y dar la idea de que hay una parte de la sociedad que las apoya o por lo menos las acepta. Pese al demostrado fracaso de sus métodos, Calderón insiste en apostar a la percepción y a las apariencias, no a los contenidos y compromisos reales.
Una vez tras otra, el gobierno de Calderón quiere manipular la percepción de la realidad. Hacer del intercambio de observaciones con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y producto mediatizado para salvar cara pero nada más.
A 10 meses del fin de la administración es muy consciente de que es un fracaso rotundo y sabe que si cede en algo eso equivaldría a reconocer que durante todo su gobierno ha tomado decisiones equivocadas que han agravado la situación de cómo la recibió y con un muy alto costo en vidas. Por no mencionar los costos de la guerra que nunca dan a conocer.
Es Cosa Pública
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Fuente: La Jornada de Veracruz
