martes, 30 de diciembre de 2008

Acteal en La Jornada



Magdalena Gómez

Once años ya de la matanza de Acteal y aún se clama justicia plena para las 45 personas asesinadas el 22 de diciembre de 1997. Y tal justicia incluye tanto a autores materiales como a los intelectuales, a los que tienen responsabilidad directa como indirecta, a los que incurrieron en acciones o en omisiones propiciatorias de tan horrendos crímenes.

Sabemos que no es el único caso que la espera. Mala señal democrática para cualquier país que ostente de manera formal un estado de derecho y poco alentadora para los movimientos sociales que están detrás de estas demandas. Cuando estos asuntos se convierten en efemérides ciertamente dejan un mal sabor de boca. Once de Acteal, 40 del 68, dos de Atenco. En la lista quedan también El Charco y Aguas Blancas en Guerrero, entre otros. Ni qué decir de los aniversarios de cada desaparición forzada. Cada persona de la que no se supo jamás el paradero, cada familia que la busca, cada madre o padre, cada hijo o hija, hermano o hermana. Todas y todos tienen derecho: unos, unas a la vida; otras, otros a saber del destino y paradero de sus seres queridos.

Regresando a Acteal, un signo alentador en el empeño por obtener justicia es la recuperación de la memoria. En ello La Jornada ha cumplido un papel fundamental. Las causas sociales le son propias, ello lo entendemos bien quienes encontramos en este espacio el acceso imprescindible. Más allá de los señalamientos en algunos medios o sectores de que estamos ante un periódico que no es “neutralmente objetivo”, como si tal cosa fuera posible y una realidad en cualquiera de los otros medios.

Precisamente al revisar el periódico de esos años encontramos algunas constantes e hipótesis lamentablemente cumplidas como el señalamiento que en lo personal hiciera en el primer aniversario de la masacre: “El desenlace de las investigaciones sobre Acteal está muy ligado al destino del diálogo y éste a que existan condiciones para atender las causas que dieron origen al conflicto armado. Y en este sentido resulta inevitable constatar las escasas posibilidades de que el gobierno federal dé un giro radical a su errática política.”

Por su parte, en ese primer aniversario, Luis Hernández Navarro también escribió en La Jornada que al igual que con los asesinatos del cardenal Posadas y de Luis Donaldo Colosio, en el caso Acteal “el poder es incapaz de esclarecer los crímenes que lo involucran. La razón de Estado no admite que la verdad emerja cuando choca con sus intereses”.

Precisamente en 2000 La Jornada dio cuenta de que en dos comunicados y un breve texto, fechados el 20 de diciembre, el subcomandante Marcos aseguró que, “al contrario de lo que dice la profusa campaña publicitaria gubernamental, nada ha cambiado. Nada hay en Chiapas que permita asegurar que Acteal no se repetirá”.

Recordemos que también en esos días el EZLN realizó el último intento de acercarse al diálogo y búsqueda de la paz al fijar condiciones al foxismo, realizar la Marcha por el Color de la Tierra, que culminó con la histórica sesión en el recinto oficial del Congreso de la Unión el 28 de marzo de 2001 en la cual tanto la comandancia general como el Congreso Nacional Indígena plantearon una suerte de memorial de agravios frente al Estado, al tiempo que reiteraron su demanda de cumplimiento a los acuerdos de San Andrés. Un mes después se aprobaría en ese mismo recinto la contrarreforma indígena, votada originalmente en el Senado, para proceder entre tumbos y maniobras a obtener “los votos” de las legislaturas estatales. Esto que parece otra historia es parte de la misma. No se puede desvincular Acteal de la razón de Estado que prevaleció en 2001.

De ahí la justeza del señalamiento de La Jornada en 2002: “Como cada 22 de diciembre en que se cumple un año más de la matanza de Acteal, los balances son obligados, aunque los resultados, pese al tiempo transcurrido, son los mismos”. Qué lamentable constatar que tal afirmación sigue vigente y que la síntesis de ella se expresa en una palabra: impunidad.

Hay que tener presentes los informes del Centro Fray Bartolomé de las Casas, en especial Acteal: signo de la transición fallida, y la certera afirmación de Agustín Vázquez Ruiz, presidente de Las Abejas: “Durante los seis años de la administración de Vicente Fox no hubo ningún avance para que se haga justicia” (Elio Henríquez, La Jornada, 22/12/06) .

También en 2007 este periódico dio espacio para el debate promovido desde la revista Nexos, que, entre otras cosas, buscaba posicionar en los medios una versión distinta sobre la masacre de Acteal. A 11 años la parte oficial reitera que “el expediente sigue abierto”. Lo cierto es que estas causas trascienden los ámbitos propiamente judiciales y en este proceso la historia misma sigue abierta. Al realizar un breve análisis de saldos encontramos que a casi 15 años del levantamiento zapatista nada más justo que el nombre del Festival de la Digna Rabia.

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