Militares poderosos

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, D.F.(apro).- Después de dos años de enfrentamientos al interior del gabinete de seguridad, la cúpula del Ejército logró reducir al mínimo el poder del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Reducido a la nada en su fuerza operativa, García Luna cuenta todavía con el respaldo político de su amigo Felipe Calderón, quien decidió mantenerlo como secretario pero con una incómoda y fuerte presencia militar.
Calderón no pudo sostener más las fuertes presiones del Ejército y la desconfianza de la opinión pública por el control e influencia que tenía García Luna dentro del gabinete presidencial, a pesar de las evidencias en contra de sus principales allegados.
Las detenciones y arraigos de las semanas recientes en contra de quienes durante años habían sido algunos de sus más cercanos colaboradores, acusados de protección a narcotraficantes y secuestradores, derivaron en el desplazamiento de García Luna en las decisiones y operaciones de seguridad.
Desde el pasado jueves 4, los militares se quedaron con la fuerza que tenía García Luna. Calderón designó al general de División en activo, Javier del Real Magallanes, como subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, el centro neurálgico de la Secretaría de Seguridad Pública.
Desde ese cargo, el general que hasta la semana pasada era el comandante de la IV Región Militar -que abarca a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí- se quedó con el control de lo que será la Policía Federal, el ambicioso proyecto que García Luna quería para sí y que el próximo año sustituirá a la Policía Federal Preventiva.
El jefe militar concentrará prácticamente la mitad del presupuesto de la Secretaría -de 33 mil millones de pesos- y 75% de sus plazas, al disponer de 38 mil hombres que integrarán la nueva corporación policial.
De esa manera, la cúpula del Ejército tomará decisiones no sólo en su propio ámbito, la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que tendrá el control operativo de la Secretaría de Seguridad Pública.
Más por lealtad que por conveniencia política, Felipe Calderón mantiene a García Luna dentro de su gabinete. Seguramente le está agradecido por el respaldo que le dio cuando fue candidato presidencial.
Pero el movimiento, más que una salida a las pugnas al interior del gabinete, representa otro paso de Calderón hacia la militarización de la seguridad pública en el país.
Con el argumento de que ante la crisis de inseguridad que padece el país no hay nada más confiable que las Fuerzas Armadas, Calderón está entregando a la milicia las funciones que son propias de la autoridad civil.
Calderón no es el primer presidente del país que toma esa decisión, pero ninguno como él ha entregado tanto poder operativo y de decisión a los militares. Con ello, los militares adquieren preponderancia sobre la autoridad civil.
No sólo el presidente, sino casi todos los gobernadores del país han tomado el camino fácil de designar militares al frente de las funciones de seguridad pública.
Tampoco es la primera vez que ocurre. Pero la experiencia indica con claridad que esa presencia de los militares ha sido benéfica.
Basta con revisar lo ocurrido desde mediados de la década pasada a la fecha. Los militares han ocupado lugares preponderantes en tareas de seguridad pública y administración de justicia, además de una participación creciente en acciones directas de represión del narcotráfico.
Peor aún, han dado lugar a la creación de fuerzas paramilitares que actúan para los cárteles de la droga, como el grupo de elite que desertó para crear el grupo de Los Zetas.
Los actuales niveles de delincuencia organizada no son sólo responsabilidad de los militares, pero su presencia no ha sido garantía de mejora. Y hasta ahora no hay nada que nos diga que las cosas van a cambiar con la nueva Policía Federal que estará en manos militares.
jcarrasco@proceso.com.mx