Televisoras anulan en los hechos reformas a la Carta Magna en materia electoral

■ Senadores: laguna legal permite a concesionarios litigar para desoír disposiciones del IFE

■ Cabildeo de esas firmas ha provocado opiniones confrontadas en Xicoténcatl, señala el PRD

Andrea Becerril

La reforma constitucional en materia electoral aprobada en 2007 se ha visto nulificada en los hechos por la presión de las televisoras para impedir que en el Congreso se realicen las modificaciones a leyes secundarias para sancionar, por ejemplo, a las estaciones que incumplan con las nuevas normas en materia de propaganda, señalaron legisladores.

El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, el perredista Carlos Sotelo, y el panista Ricardo García Cervantes coincidieron en que “hay una laguna legal” que ha permitido a los concesionarios acudir a litigios para pasar por alto disposiciones del Instituto Federal Electoral (IFE).

En entrevistas por separado, y en relación con el fallo reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revocó la sanción a Televisión Azteca que le había impuesto el IFE por negarse a transmitir espots de los partidos en tiempos del Estado, ambos legisladores coincidieron en que la raíz del problema es que el Congreso no ha legislado.

Desde hace un año, dijeron, tiene pendiente la modificación a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), con el fin de que sea supletoria del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en lo que se refiere a las nuevas disposiciones sobre la publicidad y propaganda de partidos y candidatos en medios electrónicos, y las sanciones a los concesionarios que violen las normas.

Sotelo explicó que ése es uno de las cambios fundamentales para cumplir con las disposiciones contenidas en la Constitución que comenzaron a discutirse desde inicios de 2008 en el Senado, sin que se pudiera llegar a un acuerdo en el periodo que terminó en abril, aunque se habló de la posibilidad de llevar el tema a un periodo extraordinario.

Inclusive, dijo, el propio García Cervantes, en ese momento integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, presentó ante la Comisión Permanente –en junio pasado– la iniciativa para que la LFRT permita la aplicación supletoria de las disposiciones del Cofipe que tienen que ver con los tiempos oficiales en medios electrónicos.

El perredista agregó que él, en su calidad de presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, elaboró un proyecto de dictamen, con miras a que la iniciativa del panista se aprobara en ese periodo extraordinario, pero ni siquiera se pudo discutir el proyecto, ya que las televisoras habían presionado lo suficiente para frenarlo.

La razón es que la iniciativa de García Cervantes faculta a las autoridades competentes en materia de radio y televisión a que, a falta de disposiciones expresas en la LFRT, apliquen las contenidas en el Cofipe, entre ellas la revocación de las concesiones en radio y televisión por “incumplimientos graves y reiterados” en la divulgación de campañas sucias o la contratación de espacios para espots en los medios, que está prohibida.

El cabildeo de las televisoras ha provocado, resaltó Sotelo, “que haya opiniones diferenciadas y hasta confrontadas y es la causa de que no se haya podido construir en todo 2008 una mayoría que respalde el dictamen de la Comisión de Radio y Televisión para que continúe el proceso iniciado con la reforma constitucional electoral”.

También desde hace un año está pendiente de dictaminar la nueva Ley de Derechos de Réplica, que se desprende de las nuevas reglas en la Carta Magna.

“Rentabilidad”

El senador García Cervantes consideró que la causa es que todas las fuerzas políticas privilegian “la rentabilidad y el cálculo electoral”, por lo cual las iniciativas relacionadas con los medios electrónicos, fundamentalmente con la televisión, ni siquiera se han discutido.

A su juicio, los coordinadores de PAN, PRI y PRD en el Senado comparten la responsabilidad de no haber impulsado las modificaciones al marco jurídico que rige a televisión y radio, a pesar de que desde el año pasado el tema quedó a su consideración.