Un testigo protegido fue quien señaló al militar que filtraba datos a narcos

■ Conceden arraigo por 40 días contra el mayor Arturo González

Emir Olivares

El militar que presuntamente filtraba información reservada al cártel de los Beltrán Leyva sobre actividades oficiales de Felipe Calderón y de planeación e inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudo ser detenido gracias a la declaración de un ex colaborador de uno de los líderes de esa agrupación criminal considerado por la Procuraduría General de la República (PGR) como “testigo protegido”.

El viernes, un juez federal concedió a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el arraigo por 40 días contra el mayor Arturo González Rodríguez, adscrito a Guardias Presidenciales y señalado de haber proporcionado información al crimen organizado a cambio de 100 mil pesos mensuales.

Sin embargo, en el comunicado en que la PGR informó sobre la “prisión preventiva”, la dependencia no indicó qué delitos se imputan al elemento castrense y sólo se limitó a señalar que su aprehensión fue parte de las investigaciones referentes a la llamada Operación Limpieza, emprendida desde octubre pasado por el gobierno federal contra funcionarios públicos que aparentemente tienen nexos con el nacrotráfico.

De acuerdo con las investigaciones de la SIEDO contra el militar, se presume que vendió armas del Ejército al cártel de los Beltrán Leyva y que incluso capacitaba a los sicarios de la organización criminal.

Estos datos –proporcionados por un testigo protegido de la PGR, quien en las indagatorias aparece con el alias de Jennifer, es ex colaborador de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, uno de los principales sicarios del cártel mencionado– sirvieron para que las autoridades federales detuvieran y arraigaran por presuntos vínculos con el narco a varios ex funcionarios públicos, como el ex titular de la SIEDO y ex zar antidrogas del país, Noé Ramírez Mandujano, y ex director de Interpol México, Ricardo Gutiérrez Vargas, a quienes dos jueces federales extendieron por 40 y 30 días, respectivamente, los arraigos que se cumplen en su contra.