Transnacionales se apoderan de ejidos.

Empresas extranjeras operan en los ramos agrícola, turístico, inmobiliario o minero, según legisladores rurales.

Arturo Gómez / El Sol de México

Ciudad de México.- Empresas transnacionales se están apoderando de grandes extensiones de tierras, en su mayoría ejidos, ante la ambigüedad en las leyes para impedirlo y llevar un registro, advirtieron legisladores del Frente Nacional del Sector Rural.

Heladio Ramírez López, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, calificó de preocupante que la Procuraduría Agraria, lejos de cumplir con su labor de defender los derechos de los campesinos, se haya convertido en un organismo o agente de bienes raíces.

Legisladores del Frente Nacional del Sector Rural advirtieron de la compra de grandes extensiones de tierras por empresas transnacionales, ante la ambigüedad en las leyes para impedirlo y llevar un registro. Además, alertaron que el Gobierno federal impulsa "calladamente" la formación de nuevos latifundios al amparo de la reforma al artículo 27 Constitucional.

Heladio Ramírez López, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, calificó de preocupante que la Procuraduría Agraria, lejos de cumplir con su labor de defender los derechos de los campesinos, se haya convertido en un organismo o agente de bienes raíces y, como ejemplo, citó las cien mil hectáreas que mediante una "bolsa de la tierra" pretende ofertar a inversionistas nacionales y extranjeros.

Apuntó que aunque la Procuraduría Agraria refiere que únicamente un millón 500 mil hectáreas de tierras ejidales han pasado a propiedad privada, "lo que necesitamos es una evaluación precisa de la propiedad ejidal, sobre todo de aquellos núcleos agrarios ricos en recursos minerales, turísticos y forestales que sigilosamente han pasado a manos de terratenientes o transnacionales".

Coincidió con el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, en que por la propia ambigüedad en las leyes que eximen a la Secretaría de la Reforma Agraria de llevar un registro sobre la venta de tierras ejidales, no se sabe qué extensión de los 105 millones de hectáreas entregadas a los campesinos una vez concluido el reparto agrario en 1992, están en manos de empresas o transnacionales.

Ambos legisladores denunciaron que con el pretexto de que es necesaria la inversión privada para producir alimentos básicos, se está entregando el ejido y las tierras comunales a todo tipo de inversionistas que las compran a precios ínfimos ante la necesidad económica y condiciones de pobreza en que subsisten la mayoría de los campesinos.

"PUNTA DE LANZA"

Lamentaron que en este despojo a los campesinos se esté utilizando a la Procuraduría Agraria como "punta de lanza" para que vendan sus tierras o se "asocien" con las transnacionales, mediante convenios supuestamente productivos que al final los dejan sin tierras y sumidos en una mayor pobreza.

Para el diputado Enrique Benítez Ojeda, esa estrategia malsana está regresando al país a la época de los grandes latifundios del Porfiriato, lo que obliga a una revisión urgente de la situación que guarda la tenencia de la tierra y la creación de un nuevo marco legal agrario que impida que transnacionales o traficantes de tierras continúen apoderándose de la propiedad comunal o ejidal.

"El espíritu de la reforma al 27 Constitucional es que los campesinos, apoyados con financiamiento y otros programas complementarios, tengan la facultad de asociarse para hacer rendir más sus tierras y no que las vendan o las renten al mejor postor", señaló.

"En ese programa se prevé que los propios ejidatarios o comuneros se asocien con el gran capital para proyectos inmobiliarios, mineros o de producción agrícola, lo cual es impensable si consideramos que 92 por ciento de los campesinos están en extrema pobreza y de ellos un 52 por ciento siembra para el autoconsumo", puntualizó Heladio Ramírez.

Anotó que ni con el presupuesto histórico de 236 mil millones de pesos del Programa Especial Concurrente se podrá rescatar a los más de cinco millones de campesinos sumidos en pobreza extrema, debido a que las reglas de operación de esos apoyos gubernamentales están dirigidas a beneficiar a los productores medios o empresarios que sí puedan bajar esos recursos aportando una parte del capital para la siembra.

AVANZA EL LATIFUNDISMO

Heladio Ramírez Flores también sostuvo que empresas como Syrgenta, Bunge, ADM, Arcor, Unilever, CarGill y Fargo, entre otras, que han obtenido grandes ganancias con el procesamiento y encarecidas ventas de alimentos, pretenden o ya se han apoderado de grandes extensiones de tierras para sus monocultivos, aprovechando la situación de pobreza de millones de campesinos.

Dijo que un ejemplo del despojo a los campesinos de sus tierras a cambio de una magra cantidad económica, es la reciente venta de 36 parcelas ejidales de playas en Quintana Roo al empresario Roberto Hernández.

Señaló que la venta de tierras ejidales es un problema serio que debe atenderse a la brevedad, porque significa que miles de campesinos se están quedando sin su único patrimonio, lo que acentuará la pobreza, despoblación del campo y la dependencia alimentaría que hoy significa la importación del 60 por ciento de los alimentos que consumimos.

Por su parte, la secretaria general de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Hilaria Domínguez Arvizu, señaló que entre 80 y 90 por ciento de la tierra ejidal y comunal en el norte del país ha sido vendida o es rentada ante la imposibilidad económica de los campesinos para hacerla producir.

Destacó que la venta de tierras se acentuó en 2008 por la caída en las remesas que reciben las familias ejidatarias y el encarecimiento de las semillas e insumos para producir.

La dirigente cenecista urgió de las autoridades agrarias una mejor orientación de los ejidatarios o comuneros que deseen vender sus tierras porque en muchos casos, luego de la venta, se comprueba que existen en el subsuelo yacimientos minerales, acuíferos potenciales e incluso gas y petróleo.

Domínguez Arvizu subrayó que es necesario un nuevo marco legal que impida la venta de grandes extensiones de tierra a transnacionales.