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La Suprema Corte no puede proteger al régimen de garantías del país, nos quedamos desamparados
La conclusión es que no hay obligaciones, sanciones, coerción, ante hechos que se demostraron como violaciones graves a los derechos humanos, señaló Ernesto López Portillo en Fórmula Detrás de la Noticia, luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en torno al Caso Atenco.
El presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Isyde), dijo a Ricardo Rocha que el mensaje político del fallo de la SCJN es lamentable. Lo que nos han dicho, es que la Corte intervine, encuentra una violación masiva de derechos y no puede ejercer una función coercitiva que proteja al régimen de garantías de este país.
En entrevista con Ricardo Rocha, Ernesto López Portillo dijo que la resolución de la Corte es la expresión clara de un vacío institucional, ya que primero, los Ministerios Públicos, no actuaron para resolver el caso, por lo que fue retomado por la Suprema Corte, quién decidió, reformando el artículo 97, eliminarse la facultad para adjudicar responsabilidades de los crímenes.
(La SCJN) establece que sí hay conductas que tienen hechos que debieran ser castigados, pero la Corte no tiene esa atribución en el ejercicio de las facultades del 97 constitucional. En consecuencia, nos quedamos en el desamparo, termina la investigación, termina el caso, expresa López Portillo a Rocha, esto implica, dice, reproducir un sistema de impunidad, donde no se sancionará nunca a nadie.
El director del Isyde explica que jurídicamente es difícil trazar una responsabilidad directa sobre una conducta que no realiza una persona, como en el caso de los altos mandos, pero asegura que la ley es muy clara sobre la orden que emite un mando operativo sobre un policía de rango inferior que cumple dicha orden.
En ese sentido, la Corte no encontró elementos para establecer que se hubieran dado órdenes, instrucciones precisas que implicaran un ejercicio desproporcionado de la fuerza. El mensaje entonces es que el sistema político mexicano, todo él, todavía no genera costos para quién viola derechos humanos, comentó Ernesto López Portillo.
En contraste, de acuerdo con el especialista, la Corte dio un buen paso al anunciar que entregará el memorial, Amicus Curiae, desarrollado por distintas instituciones, entre ellas el Isyde, que es una serie de elementos técnicos sobre regulación del uso de la fuerza empleada por las corporaciones policíacas.
Es una buena noticia, por primera vez se construye un referente público, con autoridad moral de la Corte -la que tenga-, para emitir lineamientos específicos que debería incorporar la policía en materia del uso de la fuerza, no sabemos si lo van a hacer, pero sería importante que lo hiciera, apuntó Ernesto López Portillo en Grupo Fórmula.
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domingo, 15 de febrero de 2009
Caso Atenco expresión clara de un vacío institucional
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